El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la Casación Nro. 683- 2018/Nacional, el cual versa sobre el caso de gran corrupción: el “Club de la Construcción”. La referida sentencia presenta elementos complejos que permiten realizar un análisis, con base en la doctrina y jurisprudencia, sobre el momento de la consumación del delito de tráfico de influencias cometido en el marco de una organización criminal a fin de evaluar la prescripción de la acción penal. Para ello, se empleará el método dogmático-jurídico a través del cual se analizarán los fundamentos, conceptos y categorías de las instituciones jurídicas relacionadas con el delito de tráfico de influencias, delito de organización criminal, prescripción de la acción penal, concurso real de delitos, delito medio, entre otros. Es con base a ello, en el presente trabajo se ha llegado a la conclusión de que la comisión del delito de tráfico de influencias en el marco de una organización criminal no afecta su plazo de prescripción de la acción penal, ya que la participación debe ser analizada de manera independiente del delito de organización criminal, pues éste último ilícito es un delito medio para la comisión de varios delitos contra la administración pública, entre los cuales, se tiene el delito de tráfico de influencias. / The general objective of this legal report is to analyze Cassation Nro. 683- 2018/National, which concerns the case of major corruption: the “Construction Club.” The referred sentence presents complex elements that allow for an analysis, based on doctrine and jurisprudence, of the moment of the consummation of the crime of influence peddling committed within the framework of a criminal organization to evaluate the statute of limitations of the criminal action. For this purpose, the dogmatic-legal method will be used, through which the foundations, concepts, and categories of the legal institutions related to the crime of influence peddling, crime of a criminal organization, statute of limitations of the criminal action, real concurrence of crimes, intermediary crime, among others, will be analyzed. Based on this, the present work has concluded that the commission of the crime of influence peddling within the framework of a criminal organization does not affect its statute of limitations for criminal action, as participation must be analyzed independently of the crime of a criminal organization. This latter offense is an intermediary crime for the commission of various crimes against public administration, among which the crime of influence peddling is included.

El presente informe jurídico aborda el análisis de la Sentencia de Casación N° 526-2022/CORTE SUPREMA, la cual fue emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. En esta sentencia se discutió el recurso planteado por la defensa del abogado Juan Monroy Gálvez, a quien se le imputó la presunta comisión del delito de colusión agravada en contra del Estado. La decisión emitida por los Supremos Magistrados, y los argumentos que la sustentan, formarán parte de la discusión que se plantea en el presente informe, el cual aborda temas teóricos de derecho penal y procesal penal. El problema principal que se ha identificado, luego de analizar los fundamentos y la decisión emitida en la sentencia, es la siguiente: ¿Se puede calificar la conducta del abogado Juan Monroy como una conducta neutral que se realiza dentro de su rol como abogado? Para responder a esta pregunta, se analizarán aspectos teóricos tales como la imputación objetiva, las conductas neutrales y la participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Respecto a temas de derecho penal especial, se discutirá la naturaleza de la concertación en el delito de colusión, y finalmente se evaluará el medio técnico de defensa empleado en el proceso penal. El estudio del presente caso implicará revisar las posturas dogmáticas y doctrinales que se han desarrollado en los últimos años por destacados penalistas; y, sobre todo, comprender el sentido interpretativo que se ha plasmado en la jurisprudencia peruana sobre los temas en cuestión. / This legal report addresses the analysis of Cassation Decision No. 526- 2022/CORTE SUPREMA, which was issued by the Permanent Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic. In this judgment, the appeal filed by the defense of attorney Juan Monroy Gálvez, who was charged with the alleged commission of the crime of aggravated collusion against the State, was discussed. The decision issued by the Supreme Magistrates, and the arguments that support it, will be part of the discussion raised in this report, which addresses theoretical issues of criminal law and criminal procedure. The main problem that has been identified, after analyzing the foundations and the decision issued in the sentence, is the following: Can the conduct of lawyer Juan Monroy be classified as neutral conduct that is carried out within his role as a lawyer? To answer this question, theoretical aspects such as objective imputation, neutral conduct and participation in corruption crimes of officials will be analyzed. Regarding issues of special criminal law, the nature of the concertation in the crime of collusion will be discussed, and finally the technical means of defense used in the criminal process will be evaluated. The study of this case will involve reviewing the dogmatic and doctrinal positions that have been developed in recent years by prominent criminal experts; and above all, understand the interpretative meaning that has been reflected in Peruvian jurisprudence on the topics in question.

Esta investigación nace a la luz de una interrogación del estado de la corrupción y cómo esta permanece activa en el orden internacional a pesar de que se le combate tenazmente en distintos ámbitos e instituciones del sistema internacional. Es un tema complejo, pero es imperante dilucidarlo desde varios frentes. Uno de ellos surge en el orden regional sudamericano con el caso de la Operación Lava Jato y el rol de ODEBRECHT en el soborno a autoridades para conseguir obras de infraestructura y mejores condiciones de sus contratos. Así, lo que se busca indagar son las conexiones y efectos en la relación bilateral de Brasil y Perú en los años 2005 – 2007, con la acciones colusorias de ODEBRECHT para ganar la licitación de la IIRSA. Este análisis explora el nivel de influencia de ODEBRECHT en la ejecución del eje de infraestructura de la Alianza Estratégica Perú Brasil durante esos años, así como pretende identificar la relación de los actores políticos y burocráticos peruanos y los actores económicos de ODEBRECHT para potenciar la IIRSA. Lo cual orientaría a señalar la coexistencia de una economía para-legal que ha influido en la política exterior peruano brasileña los años 2005 – 2007. Las conclusiones que se hallan hablan de una relación simbiótica entre empresarios y burócratas que puede entenderse como una burocratización corruptora, que ha nacido influenciada por la interrelación de la política de estado brasileña, el neodesarrollismo, y el apoyo gubernamental para que sus multinacionales inviertan en distintos países de la región. De tal forma esta investigación propone un atisbo a la intrincada conexión entre economía, política exterior y corrupción; que tiene como fin modesto aportar interrogantes al debate vivo de hasta qué punto el capital internacional afecta a las democracias liberales en el siglo XXI. / Tesis

El presente informe jurídico tiene como objetivo realizar un análisis crítico sobre los problemas jurídicos identificados en la Casación N° 231-2017-Puno, a través de la cual, se absolvió por el delito de negociación incompatible a los acusados -alcalde y miembros del comité especial de la provincia de Melgar- en referencia a un proceso de contratación bajo la modalidad de proceso exonerado realizado en el año 2010. En la sentencia en mención se ha identificado tres problemas jurídicos: el primero, hace referencia a que el bien jurídico del delito de negociación incompatible es el patrimonio, el segundo es que en la sentencia se identifica al delito de negociación incompatible como un delito de peligro concreto y, el tercer problema jurídico identificado es que de acuerdo con la Corte Suprema, el interés indebido no es una mera parcialización, sino que este interés se tiene que ver reflejado en un beneficio de carácter económico sobre el propio sujeto activo o terceros. Al respecto, a lo largo del trabajo, a través de un análisis teórico, jurídico y, además, normativo se postulará que esta lectura de la Corte Suprema es errada en tanto estas conclusiones no se derivan de la estructura típica de este delito, así como que la misma no es acorde con una lectura de proscripción de la corrupción, menos aún, es una línea de interpretación conforme las Convenciones Internacionales sobre la lucha contra la corrupción. / The purpose of this legal report is to make a critical analysis of the legal problems identified in Cassation N°. 231-2017-Puno, through which the defendants -mayor and members of the special committee of the province of Melgar- were acquitted for the crime of incompatible negotiation - in reference to a contracting process under the modality of exonerated process carried out in 2010. In this work, have been identified three legal problems in the sentence: the first refers to the fact that the legal asset of the crime of incompatible negotiation is the patrimony, the second is that in the sentence the crime of incompatible negotiation is identified as a crime of specific danger and, the third legal identifying problem is that according to the Supreme Court, the undue interest is not a mere bias, but rather this interest must be reflected in an economic benefit on the active subject or third parties. In this regard, throughout the work, through a theoretical, legal and, in addition, normative analysis, it will postulate that this reading of the Supreme Court is wrong insofar as these conclusions are not derived from the typical structure of this crime, as well as it is not consistent with a reading of the prohibition of corruption, even less, it is a line of interpretation in accordance with the International Conventions on the fight against corruption.

El delito de Colusión, tipificado en el artículo 384° del Código Penal, en la actualidad, es uno de delitos más comunes realizados por malos funcionarios públicos. A pesar de ello, no se ha logrado uniformizar la interpretación respecto a algunos de sus elementos típicos. En esa línea, la Casación N° 542-2017, Lambayeque, plantea diferentes posturas respecto a los elementos del delito de colusión, sin llegar una decisión uniforme, la cual definitivamente incide en la resolución del caso. En esa línea, a partir del análisis de la casación en mención se han identificado los siguientes problemas: i) el bien jurídico en el delito de colusión, ii) ¿La colusión agravada requiere de un perjuicio patrimonial para su configuración?, y iii) La naturaleza y denominación del primer y segundo párrafo del delito de colusión en el Código Penal peruano (¿colusión simple y agravada o conspiración colusoria y colusión desleal?). Para la resolución de estos problemas, hemos diferenciado algunos de los elementos típicos de la colusión simple y la colusión agravada. En ese sentido, se ha propuesto que el bien jurídico en el delito de colusión sea i) la asignación eficiente de los recursos basados en los principios de imparcialidad, transparencia, etc. y ii) la protección del patrimonio Estatal. Asimismo, hemos concluido que en el delito de colusión agravada es necesario un perjuicio efectivo al patrimonio del Estado, para su configuración y que los delitos conspirativos y de tendencia interna transcendente no son acorde a los elementos objetivos que exige el delito de colusión / The crime of Collusion, typified in article 384° of the Penal Code, is currently one of the most common crimes carried out by bad public officials. Despite this, it has not been possible to standardize the interpretation regarding some of its typical elements. Along these lines, Cassation No. 542-2017, Lambayeque, raises different positions regarding the elements of the crime of collusion, without reaching a uniform decision, which definitely affects the resolution of the case. Along these lines, based on the analysis of the cassation in question, the following problems have been identified: i) the legal interest in the crime of collusion, ii) does aggravated collusion require patrimonial damage for its configuration?, and iii) The nature and denomination of the first and second paragraph of the crime of collusion in the Peruvian Penal Code (simple and aggravated collusion or collusive conspiracy and unfair collusion?). To solve these problems, we have differentiated some of the typical elements of simple collusion and aggravated collusion. In this sense, it has been proposed that the legal interest in the crime of collusion is i) the efficient protection of resources based on the principles of impartiality, transparency, etc. and ii) the protection of state assets. Likewise, we have concluded that in the crime of aggravated collusion, an effective damage to the patrimony of the State is necessary, for its configuration and that conspiracy crimes and crimes of transcendent internal tendency are not in accordance with the objective elements required by the crime of collusion.

El presente informe jurídico se origina ante la decisión de la Corte Suprema de absolver al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado por considerar que la Constitución no le otorga vínculo funcional especial con los recursos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional. La Corte también considera a este delito como uno de infracción del deber institucional al que solo se le debe aplicar la teoría del autor único que no diferencia autores de partícipes mediante un criterio material, sino bajo el criterio de la infracción del deber institucional. La investigación busca determinar si el artículo 118 inciso 17 de la Constitución puede otorgar al presidente de la república vinculación funcional con los caudales públicos y si la teoría de los delitos de infracción de deberes institucional es aplicable en el sistema penal peruano, con los efectos que ello conlleva para la interpretación del delito de peculado y de las instituciones dogmático-penales de la autoría y participación. Para elaborar el trabajo nos basamos en las teorías de los delitos especiales desarrolladas por Claus Roxin, Günter Jakobs y Bernd Schünemann y en las investigaciones y jurisprudencia relativas al delito de peculado. Para ello, empleamos un método de investigación documental y dogmática. Los resultados del informe señalan que las teorías de infracción del deber de Roxin y Jakobs no son adecuadas para nuestro ordenamiento penal y que el artículo 118 inciso 17 de la Constitución si otorga la vinculación funcional requerida por el tipo de peculado. La conclusión para el caso concreto es que la Corte debió haber condenado a Alberto Fujimori como coautor del delito de peculado. / This legal report originates from the decision of the Supreme Court to acquit former President Alberto Fujimori of the crime of embezzlement on the grounds that the Constitution does not grant him a special functional link with the public resources of the National Intelligence Service. The Court also considers this crime as one of breach of institutional duty to which only the single perpetrator theory should be applied, which does not differentiate perpetrators from participants through a material criterion, but rather under the criterion of breach of institutional duty. The investigation seeks to determine if article 118, paragraph 17 of the Constitution can grant the president of the republic a functional relationship with public funds and if the theory of crimes of infraction of institutional duties is applicable in the Peruvian penal system, with the effects that This entails for the interpretation of the crime of embezzlement and the dogmatic-criminal institutions of authorship and participation. To elaborate the work, we are based on the theories of special crimes developed by Claus Roxin, Günter Jakobs and Bernd Schünemann and on the investigations and jurisprudence related to the crime of embezzlement. To do this, we use a documentary and dogmatic research method. The results of the report indicate that the Roxin and Jakobs theories of infraction of duty are not adequate for our criminal system and that article 118, paragraph 17 of the Constitution does grant the functional link required by the type of embezzlement. The conclusion for the specific case is that the Court should have convicted Alberto Fujimori as co-author of the crime of embezzlement.

El informe jurídico ofrece un análisis de los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de negociación incompatible, a través de la Casación N° 23-2016 ICA. Se desarrolla un estudio sobre el rol y responsabilidad penal del tercero o sujeto particular debido a la falta de tratamiento univoco en los tribunales. También, un análisis sobre la “finalidad indebida” como búsqueda de un provecho o beneficio que no requiere concretización. Por último, una reflexión general sobre la aplicación del principio de confianza o principio de desconfianza en los delitos de corrupción de funcionarios, con atención a la división horizontal y vertical de roles. / This legal report offers an analysis of the elements of the objective and subjective typicity of the crime of incompatible negotiation, through Casación No. 23-2016 ICA. It develops a study on the role and criminal responsability of the third party or private individual due to the lack of univocal treatment in the courts. Also, an analysis on the "undue purpose" as a search for an advantage or benefit that doesn’t require concretization. Finally, a general reflection on the principle of trust or the principle of distrust in crimes of corruption of officials, with attention to the horizontal and vertical division of roles.

La presente investigación tiene como finalidad determinar si la intervención de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) a través de los informes técnicos sobre verificación de la idoneidad de la gestión del modelo de prevención de delitos de corrupción en las personas jurídicas, es razonable. En efecto, se demostrará que la Ley Nº 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y que otorga carácter vinculante a los informes técnicos de la SMV, colisiona con las prerrogativas constitucionales del Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción penal. Dada la complejidad de los delitos de corrupción y las ventajas competitivas de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) frente a la SMV, se propone que se modifique el artículo 18 de la Ley Nº 30424 para que se excluya a la SMV de la verificación de la idoneidad de los modelos de prevención y se incluya a la CGR como organización oficial encargada de la emisión de los informes técnicos sin carácter vinculante para el Ministerio Público.

En esta investigación se aborda el fenómeno de la criminalización de la corrupción privada y el análisis de los artículos 241-A y 241-B del Código Penal peruano. Con ello, se busca analizar la legitimidad de la sanción penal en ambos tipos penales, así como su adecuada interpretación dogmática, toda vez que la corrupción privada es un tema de especial trascendencia para el correcto funcionamiento del mercado. Para ello, la presente tesis consta de tres capítulos. En el primero, se aborda cómo la corrupción ha dejado de ser percibida como un asunto exclusivo de funcionarios públicos para convertirse en un problema que también involucra a los particulares. Por su parte, en el segundo capítulo, se desarrolla la necesidad político criminal de sancionar como delito la corrupción privada en el ordenamiento jurídico peruano y, finalmente, en el tercer capítulo se analizan los artículos 241-A y 241-B y se propone una interpretación jurídico penal que pueda ser aplicada por los operadores de justicia. De este modo, se llega a la conclusión de que político criminalmente es viable incorporar tipos penales dirigidos a sancionar actos de soborno realizados en el sector privado debido a las graves consecuencias económicas que se generan para la competencia leal y para el patrimonio de las personas jurídicas. No obstante, para una correcta aplicación de estas figuras, por ejemplo, se analiza cuál es el bien jurídico protegido y se cuestiona la incorporación del socio y accionista como sujetos cualificados en ambos tipos penales, entre otros importantes temas.

El presente estudio tiene como objetivo identificar las causas de la corrupción en la construcción de obras públicas a partir de dos casos de estudio: Vía de Evitamiento y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. Se argumenta que corrupción presente en estos dos casos responde a una racionalidad utilitaria y de interacción estratégica presente en las relaciones entre actores públicos y privados (variable independiente 1), y la existencia de deficiencias normativas en el proceso de contratación (variable independiente 2). Para probar la hipótesis planteada se emplea una metodología multimétodo: un experimento por encuesta aplicado a funcionarios públicos que laboraron en el Gobierno Regional del Cusco entre el 2011 al 2014, entrevistas semiestructuradas a actores clave y revisión de fuentes secundarias. En este estudio, el enfoque de políticas públicas permite ponderar el poder y recursos de los actores, los procesos burocráticos politizados y los conflictos de interés dentro del proceso de contratación de obras públicas. Se encuentra que la toma de decisiones responde a un pacto entre las partes que surge de los sobornos ofrecidos por las constructoras. A su vez, las decisiones de los actores se explican por el sesgo cognitivo de aversión a pérdida, es decir, personas prefieran evitar una perdida segura, el no involucrarse en actos de corrupción, en favor de una perdida potencial, perder el trabajo e ir a prisión. / This study analyzes corruption in public construction procurement to identify its causes. This, based on two case studies: “Avenida de Evitamiento y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. It is argued that corruption present in these two cases responds to an utilitarian rationality and strategic interaction present in the relationships between public and private actors (independent variable 1), and the existence of regulatory deficiencies in the contract procurement. (independent variable 2). To test the hypothesis, this study uses a multi-method methodology: an experiment by survey applied to public officials who worked in the Regional Government of Cusco between 2011-2014, semi-structured interviews with key actors and review of secondary sources. Likewise, the public policy approach allows to consider the power and resources of the actors, politicized bureaucratic processes and conflicts of interest within the construction public procurement. In that sense, the study proves that decision-making responds to an agreement between the actors involved in the construction public procurement. This agreement arises from the bribes offered by construction companies. Also, it responds to the cognitive bias of aversion to loss, that is, actors avoid a certain loss, not receive a bribe; in favor of a potential loss, lose their job and go to prison.