El informe jurídico ofrece un análisis de los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de negociación incompatible, a través de la Casación N° 23-2016 ICA. Se desarrolla un estudio sobre el rol y responsabilidad penal del tercero o sujeto particular debido a la falta de tratamiento univoco en los tribunales. También, un análisis sobre la “finalidad indebida” como búsqueda de un provecho o beneficio que no requiere concretización. Por último, una reflexión general sobre la aplicación del principio de confianza o principio de desconfianza en los delitos de corrupción de funcionarios, con atención a la división horizontal y vertical de roles. / This legal report offers an analysis of the elements of the objective and subjective typicity of the crime of incompatible negotiation, through Casación No. 23-2016 ICA. It develops a study on the role and criminal responsability of the third party or private individual due to the lack of univocal treatment in the courts. Also, an analysis on the "undue purpose" as a search for an advantage or benefit that doesn’t require concretization. Finally, a general reflection on the principle of trust or the principle of distrust in crimes of corruption of officials, with attention to the horizontal and vertical division of roles.

La presente investigación tiene como finalidad determinar si la intervención de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) a través de los informes técnicos sobre verificación de la idoneidad de la gestión del modelo de prevención de delitos de corrupción en las personas jurídicas, es razonable. En efecto, se demostrará que la Ley Nº 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y que otorga carácter vinculante a los informes técnicos de la SMV, colisiona con las prerrogativas constitucionales del Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción penal. Dada la complejidad de los delitos de corrupción y las ventajas competitivas de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) frente a la SMV, se propone que se modifique el artículo 18 de la Ley Nº 30424 para que se excluya a la SMV de la verificación de la idoneidad de los modelos de prevención y se incluya a la CGR como organización oficial encargada de la emisión de los informes técnicos sin carácter vinculante para el Ministerio Público.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los diversos supuestos que se generan en relación con la entrega de viáticos a funcionarios y servidores públicos, y sus consecuencias; es decir, si cabe la posibilidad de imputar responsabilidad penal al sujeto por la comisión del delito de peculado cuando realiza un inadecuado manejo de los caudales o efectos públicos o, por el contrario, nos encontramos frente a una infracción administrativa que debe ser canalizada al derecho administrativo disciplinario. Es decir, lo que intentamos es analizar de manera general la administración pública y la finalidad que tiene para con los administrados, esto nos ayudará a comprender que el fin prestacional que cumple la Administración es importante a la hora de evaluar la posible comisión de un delito, pues recordemos que son los funcionarios y servidores del Estado los que tienen el manejo inmediato de los fondos públicos que son, finalmente, destinados al servicio de la comunidad. Sin embargo, somos conscientes que el fin prestacional no puede ser el único elemento diferenciador a la hora de distinguir un ilícito penal de una infracción administrativa. Es por esto que, postulamos tres etapas en las que se desenvuelven los funcionarios y servidores públicos; el primero, en el ámbito de la ética que es intrínseca a cada individuo, pero que pueden ser materializados, por ejemplo a través del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815. Un peldaño más arriba, tenemos las normas sobre el derecho administrativo disciplinario que las podemos encontrar en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Por último, siendo el mecanismo de intervención que debe ser activado solo cuando la vulneración al bien jurídico sea grave e insoportable, y los demás mecanismos de intervención no sean idóneos para proteger el bien jurídico, nos encontramos ante el derecho penal. Pero el problema no queda ahí, buscaremos diferenciar un ilícito penal y una infracción administrativa; ya que, esto es importante a la hora de analizar y dar una solución a nuestro trabajo.

En esta investigación se aborda el fenómeno de la criminalización de la corrupción privada y el análisis de los artículos 241-A y 241-B del Código Penal peruano. Con ello, se busca analizar la legitimidad de la sanción penal en ambos tipos penales, así como su adecuada interpretación dogmática, toda vez que la corrupción privada es un tema de especial trascendencia para el correcto funcionamiento del mercado. Para ello, la presente tesis consta de tres capítulos. En el primero, se aborda cómo la corrupción ha dejado de ser percibida como un asunto exclusivo de funcionarios públicos para convertirse en un problema que también involucra a los particulares. Por su parte, en el segundo capítulo, se desarrolla la necesidad político criminal de sancionar como delito la corrupción privada en el ordenamiento jurídico peruano y, finalmente, en el tercer capítulo se analizan los artículos 241-A y 241-B y se propone una interpretación jurídico penal que pueda ser aplicada por los operadores de justicia. De este modo, se llega a la conclusión de que político criminalmente es viable incorporar tipos penales dirigidos a sancionar actos de soborno realizados en el sector privado debido a las graves consecuencias económicas que se generan para la competencia leal y para el patrimonio de las personas jurídicas. No obstante, para una correcta aplicación de estas figuras, por ejemplo, se analiza cuál es el bien jurídico protegido y se cuestiona la incorporación del socio y accionista como sujetos cualificados en ambos tipos penales, entre otros importantes temas.

El presente estudio tiene como objetivo identificar las causas de la corrupción en la construcción de obras públicas a partir de dos casos de estudio: Vía de Evitamiento y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. Se argumenta que corrupción presente en estos dos casos responde a una racionalidad utilitaria y de interacción estratégica presente en las relaciones entre actores públicos y privados (variable independiente 1), y la existencia de deficiencias normativas en el proceso de contratación (variable independiente 2). Para probar la hipótesis planteada se emplea una metodología multimétodo: un experimento por encuesta aplicado a funcionarios públicos que laboraron en el Gobierno Regional del Cusco entre el 2011 al 2014, entrevistas semiestructuradas a actores clave y revisión de fuentes secundarias. En este estudio, el enfoque de políticas públicas permite ponderar el poder y recursos de los actores, los procesos burocráticos politizados y los conflictos de interés dentro del proceso de contratación de obras públicas. Se encuentra que la toma de decisiones responde a un pacto entre las partes que surge de los sobornos ofrecidos por las constructoras. A su vez, las decisiones de los actores se explican por el sesgo cognitivo de aversión a pérdida, es decir, personas prefieran evitar una perdida segura, el no involucrarse en actos de corrupción, en favor de una perdida potencial, perder el trabajo e ir a prisión. / This study analyzes corruption in public construction procurement to identify its causes. This, based on two case studies: “Avenida de Evitamiento y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. It is argued that corruption present in these two cases responds to an utilitarian rationality and strategic interaction present in the relationships between public and private actors (independent variable 1), and the existence of regulatory deficiencies in the contract procurement. (independent variable 2). To test the hypothesis, this study uses a multi-method methodology: an experiment by survey applied to public officials who worked in the Regional Government of Cusco between 2011-2014, semi-structured interviews with key actors and review of secondary sources. Likewise, the public policy approach allows to consider the power and resources of the actors, politicized bureaucratic processes and conflicts of interest within the construction public procurement. In that sense, the study proves that decision-making responds to an agreement between the actors involved in the construction public procurement. This agreement arises from the bribes offered by construction companies. Also, it responds to the cognitive bias of aversion to loss, that is, actors avoid a certain loss, not receive a bribe; in favor of a potential loss, lose their job and go to prison.

La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, esta se ha tornado más compleja y peligrosa, especialmente a nivel subnacional, puesto que ha empezado a surgir de forma organizada desde dentro del Estado y se ha vinculado a actores ilegales -narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros-. En este contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash durante la gestión de César Álvarez 2007-2014; diversas investigaciones judiciales dan cuenta de que el Presidente Regional (PR) formó una organización de corrupción conformada presuntamente por empresarios, policías, funcionarios públicos, grupos de organizaciones civiles, sicarios, entre otros. La pregunta a la que se responde es ¿cómo surge una red de corrupción con altos niveles de organización desde dentro del gobierno? en el caso ya mencionado. En este trabajo, además del caso de Ancash, se analizó otras tres regiones (Loreto, Tumbes y Cusco) donde la corrupción se dio de forma diferente, esto con el objetivo de fortalecer las variables explicativas propuestas. Para el recojo de información además de revisar informes, periódicos, entre otros, se realizaron 49 entrevistas a profundidad a actores claves. Se postula que tres son las variables que explican la creación de una red de corrupción con altos niveles de organicidad a nivel regional: i) importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos económicos; ii) las alianzas que se conforma con actores a nivel local, nacional y de las instituciones encargadas de fiscalizar son importantes para lograr el control local, realizar de forma eficaz la actividad ilícita, y evitar que la red sea descubierta -importa mucho el uso de estrategias como clientelismo, ataques mediáticos, entre otros, para fortalecer dichas alianzas- ; iii) y finalmente los posibles vínculos del PR con el sicariato genera la posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles. En definitiva, esta modalidad de corrupción organizada desde dentro del gobierno es un nuevo desafío para el Estado central, por tanto, es necesario plantear nuevas estrategias de lucha contra la corrupción.

El presente artículo académico analiza los regímenes de responsabilidad administrativa de los funcionarios y de los servidores públicos frente a posibles actos de corrupción, ello analizado desde el rol que cumple la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante, SERVIR) y la CGR (en adelante, CGR). Al respecto, se analizarán cuatro objetivos. El primero de ellos versará respecto a las funciones de SERVIR y de la CGR en relación al ejercicio de la función pública, en otros términos, se realizará un análisis del sistema disciplinario y del sistema sancionador respectivamente. Sin perjuicio de ello, el segundo objetivo versará sobre la determinación de las infracciones, pasibles de ser cometidos por los servidores civiles, los cuales están consideradas en el catálogo de faltas administrado por SERVIR y la CGR, relacionados a actos de corrupción. Respecto al tercer objetivo este versará sobre la propuesta de los mecanismos a implementar por parte de SERVIR y la CGR para mejorar el combate a la corrupción, desde el ámbito de la responsabilidad administrativa. Finalmente, esbozaremos las conclusiones del presente artículo de investigación, ello en concordancia de las propuestas y mejoras en la regulación de infracciones a cargo de SERVIR y CGR, en relación a actos de corrupción. / This academic article analyzes the regimes of administrative responsibility of civil servants and public officials in the face of possible acts of corruption, analyzed from the perspective of the role of the National Civil Service Authority (SERVIR) and the Office of the CGR. In this regard, four objectives will be analyzed. The first one will deal with the functions of SERVIR and the Office of the CGR in relation to the exercise of the public function, in other words, an analysis of the disciplinary system and the sanctioning system, respectively, will be carried out. Notwithstanding, the second objective will deal with the determination of infractions, in the exercise of the public function, which are considered in the catalog of offenses administered by SERVIR and the CGR, related to acts of corruption of both public officials and civil servants. Regarding the third objective, this will deal with the proposal of mechanisms to be implemented by SERVIR and the CGR to improve the fight against corruption, from the scope of administrative responsibility. Finally, we will outline the conclusions of this research article, in accordance with the proposals and improvements in the regulation of infractions by SERVIR and the CGR, in relation to acts of corruption. / Trabajo académico

La complicidad en el delito de Negociación Incompatible ha traído un sinfín de debates en nuestra legislación, pues aún no hay una postura definida para abordar la intervención de un extraneus en el mencionado delito, ya que el tipo penal, al ser de carácter especial, solo responsabiliza penalmente aquel funcionario que se interesa indebidamente en un negocio jurídico determinado (contrato u operación). A raíz del Acuerdo Plenario 3-2016-CJ-116, se estableció que la participación sí es posible en delitos de infracción de deber, sin la ruptura del Título de imputación. Sin embargo, no hay criterios jurisprudenciales que definan cómo atribuir responsabilidad a este extraneus, sin llegar a confundirlo con el interesado que participa en el delito de colusión. Por ello, en el presente artículo, se desarrollará y analizará el bien jurídico protegido del delito de negociación incompatible, su naturaleza jurídica, la diferenciación del injusto con el delito de colusión y los criterios jurisprudenciales al momento de fundamentar un caso sobre complicidad del extraneus. / Complicity in the crime of Incompatible Negotiation has brought about endless debates in our legislation, since there is still no defined position to address the intervention of an extraneus in the aforementioned crime, since the criminal type, being of a special nature, only criminally liable is that official who takes an undue interest in an economic legal transaction (contract or operation). As a result of Plenary Agreement 3-2016-CJ-116, it was established that participation is possible in crimes of violation of duty, without breaking the Title of imputation. However, there are no jurisprudential criteria that define how to attribute responsibility to this extraneus, without confusing it with the interested party who participates in the crime of collusion. Therefore, in this article, the legal good protected from the crime of incompatible negotiation, its legal nature, the differentiation of the unjust with the crime of collusion and the jurisprudential criteria when substantiating a case on extraneus complicity will be developed and analyzed. / Trabajo académico

El presente articulo académico tiene como finalidad exponer los posibles problemas teóricos y prácticos que enfrentaría nuestro sistema jurídico ante un posible reconocimiento de personas naturales o un grupo de ellas, como víctimas o agraviados de hechos ilícitos de corrupción. El panorama no resulta lejano, ya que, si bien nuestro país se encuentra lejos de reconocer un posible derecho a una vida, sociedad o gobierno libre de corrupción, las tendencias internacionales apuntan cada vez más a reconocer la relación entre las consecuencias de actos corruptos con la afectación a derechos humanos. En ese sentido, concluiremos que, como se encuentra planteado nuestro sistema jurídico, resulta dificultoso armonizar los principios y derechos del proceso penal que resguardan a las partes. No obstante, de contar con una iniciativa legislativa que tome en cuenta los problemas teóricos y prácticos a presentarse, no resulta tan distante la idea de poder reparar directamente a las personas o pueblos que han sido afectados por actos corruptos. / The purpose of this academic article is to present the possible theoretical and practical problems that our legal system would face in the event of a possible recognition of individuals or a group of individuals as victims or aggrieved parties of unlawful acts of corruption. Although our country is far from recognizing a possible right to a life, society or government free of corruption, international trends increasingly point to the recognition of the relationship between the consequences of corrupt acts and the affectation of human rights. In this sense, we will conclude that, as our legal system is set out, it is difficult to harmonize the principles and rights of the criminal process that protect the parties. However, if there is a legislative initiative that takes into account the theoretical and practical problems to be presented, the idea of being able to make direct reparations to individuals or peoples who have been affected by corrupt acts is not so distant. / Trabajo académico

El presente informe tiene como objeto principal realizar el análisis del Recurso de Casación Nro. 178-2022-Loreto. La referida sentencia reviste particular importancia en la medida que permite desarrollar las sanciones que corresponde imponer a quienes cometen el delito de colusión agravada de forma omisiva, figura que no ha sido del todo aceptada por todos los sectores. Por dicho motivo, el presente trabajo de investigación busca esclarecer la posibilidad de que aquella modalidad del delito se perpetre, motivo por el cual, su punibilidad corresponde cuando se logra acreditar su concurrencia. Adicionalmente, dado el contexto del delito, donde la recaudación de pruebas directas del acuerdo colusorio resulta de suma dificultad, se postulará la trascendencia de la prueba indiciaria para acreditar el delito. Además, en tanto el caso que se analiza presenta un pronunciamiento revocatorio a como se pronunciaron los magistrados de inferiores instancias sobre la reparación civil, se buscará aportar criterios que en nuestra consideración debieron tenerse en cuenta al determinar el monto de aquel, considerando tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial. A fin de lograr sustentar el presente informe se recopiló diversa doctrina, jurisprudencia y legislación que permite corroborar la tesis a la que se arribó luego de concluir el mismo. La conclusión a la cual se arribó consiste en que es posible que el delito de colusión agravada tenga lugar bajo una modalidad omisiva, siendo la prueba indiciaria fundamental para su acreditación. Por tanto, se comparte el pronunciamiento de la Corte Suprema en el presente caso, donde se confirmo el extremo penal de la sentencia contra los imputados. Sin embargo, se discrepa del extremo civil de la misma al no haber sido determinado el monto del mismo acertadamente. / The main objective of this report is to analyze Cassation Appeal No. 178-2022- Loreto. The aforementioned ruling is of particular importance to the extent that it allows for the development of the sanctions that must be imposed on those who commit the crime of aggravated collusion in an omissive manner, a figure that has not been fully accepted by all sectors. For this reason, the present research work seeks to clarify the possibility that that type of crime is perpetrated, which is why its punishment corresponds when its concurrence can be proven. Additionally, given the context of the crime, where collecting direct evidence of the collusive agreement is extremely difficult, the importance of the circumstantial evidence to prove the crime will be postulated. Furthermore, since the case being analyzed presents a revoking pronouncement of the ruling by lower court magistrates on civil reparation, we will seek to provide criteria that in our opinion should have been taken into account when determining the amount of that, considering both the damage patrimonial and nonpatrimonial damage. In order to support this report, various doctrine, jurisprudence and legislation were compiled that allow corroborating the thesis arrived at after concluding it. The conclusion reached is that it is possible for the crime of aggravated collusion to take place under an omissive modality, with the circumstantial evidence being essential for its accreditation. Therefore, the Supreme Court's ruling in the present case is shared, where the criminal nature of the sentence against the accused was confirmed. However, it disagrees with the civil end of it as its amount has not been correctly determined.