Esta investigación surge por la necesidad de profundizar en el fenómeno de la corrupción desde el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, tratando de llenar el vacío de estudios formales desde un enfoque de análisis relacional y de captura del Estado. Así, se busca generar un análisis de los modus operandi y los factores institucionales que generaron un desenlace como el del caso. Al respecto, se ha aterrizado el presente estudio bajo un enfoque de captura del Estado, tomando en consideración las complejidades de las relaciones sociales desde una metodología de Social Network Analysis y entrevistas semiestructuradas. Los resultados muestran que la red se estructuró en base al funcionamiento orgánico de las instituciones judiciales, con una intención legitimadora y hegomonizadora que tenía como finalidad el copamiento del sistema judicial a partir de una red ilícita conformada por jueces, fiscales, empresarios y políticos que conformaron su grupo desde una identidad colectiva común y el objetivo de ascender socialmente mediante la carrera judicial pública. De este modo, este análisis es una primera mirada a los fenómenos de corrupción de altos funcionarios desde el sistema judicial, siendo los mismos funcionarios los captores del aparato estatal. / This investigation arises from the need to delve into the phenomenon of corruption from the case of Los Collars Blancos del Puerto, trying to fill the gap of formal studies from a perspective of relational analysis and capture of the State. Thus, it seeks to generate an analysis of the modus operandi and institutional factors that generated an outcome such as the one in the case. In this regard, the present study has been landed under a State capture approach, taking into account the complexities of social relations from a Social Network Analysis methodology and semi-structured interviews. The results show that the network was structured based on the organic functioning of the judicial institutions, with a legitimizing and hegomonizing intention that had the purpose of taking over the judicial system from an illegal network made up of judges, prosecutors, businessmen and politicians who formed his group from a common collective identity and the objective of social promotion through the public judicial career. In this way, this analysis is a first look at the phenomena of corruption of high officials from the judicial system, the officials themselves being the captors of the state apparatus.

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la materialización de la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública, busca establecer si en nuestro ordenamiento jurídico nacional se determinan de manera clara, precisa y rigurosa los lineamientos jurídicos que fundamentan la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, y de ser así, identificar los criterios que la sostienen y si éstas guardan relación con los principios esenciales del Derecho Penal. La investigación iniciará con los fundamentos que sostienen la figura de la imprescriptibilidad propiamente dicha, cuyo análisis tendrá el objeto de entender las circunstancias, razones y motivos que originaron la institución jurídica señalada y si éstas se sostienen bajo los preceptos de un Estado Democrático de Derecho. Luego de identificar los fundamentos de la institución jurídica bajo mención se establecerán los preceptos que incorporaron dicha figura a nuestra legislación nacional, analizando su regulación en el Código Penal Peruano y una descripción de su regulación en el Derecho Comparado. Luego de analizar la referida institución en la legislación peruana, se planteará los fundamentos de su vinculación con los delitos de Lesa Humanidad comprendidas en la Corte Penal Internacional y su conectividad con el ordenamiento jurídico internacional referidos a los Derechos Humanos, para así determinar con mayor precisión la viabilidad de la aplicación de la imprescriptibilidad a los delitos contra la Administración Pública establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. De manera posterior, se identificarán las razones que, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, justificarían la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y su posterior materialización en nuestro Código Penal. Se realizará un análisis crítico de cada uno de sus fundamentos y se procurarán establecer prístinamente los delitos que estarían sujetos a la institución jurídica en mención. En la actualidad existen razones que cuestionan dicha institución jurídica las cuales en épocas de desbordante y grave corrupción crean espacios de impunidad, lesionando bienes jurídicos que afectan a la colectividad, los cuales se pretenden aminorar y prevenir con el presente planteamiento. Como resultado de la investigación se concluirá que la imprescriptibilidad de la acción penal y su materialización en nuestro ordenamiento sancionador contienen una razón de ser, la de aminorar y prevenir la comisión de delitos de grave corrupción que impliquen la lesión de bienes jurídicos colectivos y más aún si estos contienen una estrecha relación con delitos que involucren la lesión de derechos fundamentales. / The present objective of the present work is to determine the materialization of imprescriptibility in crimes against public administration, it seeks to establish whether in our national legal system the legal guidelines that base the imprescriptibility of crimes against crimes are clearly, precisely and rigorously determined. public administration, and if so, identify the criteria that support it and whether they are related to the essential principles of Criminal Law. The investigation will begin with the foundations that sustain the figure of the prescription and the imprescriptibility itself, whose analysis will aim to understand the circumstances, reasons and motives that originated the legal institution indicated and if these are sustained under the precepts of a Democratic State. of Law. After identifying the foundations of the legal institution under mention, the precepts that incorporated this figure into our national legislation will be established, analyzing its regulation in the Peruvian Penal Code and a description of its regulation in Comparative Law After analyzing the aforementioned institution in Peruvian legislation, the rationale for its connection with crimes against Humanity included in the International Criminal Court and its connectivity with the international legal system referring to Human Rights will be considered, in order to determine with greater precision the feasibility of applying imprescriptibility to crimes against the Public Administration established in our legal system. Subsequently, the reasons that, according to doctrine and jurisprudence, would justify the imprescriptibility of crimes against the public administration and their subsequent materialization in our Penal Code will be identified. A critical analysis of each of its foundations will be made and an effort will be made to establish pristinely the crimes that would be subject to the legal institution in question. Currently there are reasons that question this legal institution which in times of overflowing and serious corruption create huge spaces of impunity, damaging legal assets that affect a community which are intended to lessen and prevent with this approach. As a result of the investigation, it will be concluded that the imprescriptibility of the criminal action and its materialization in our sanctioning order contain a reason for being, that of reducing and preventing the commission of crimes of serious corruption that involve the injury of collective legal assets and even more if these contain a close relationship with crimes that involve the injury of fundamental Rights of the people.

El presente informe tiene como objetivo referirnos a la Casación N° 102-2016/LIMA de fecha 11 de julio de 2017. Dicha casación resuelve el proceso penal seguido en contra de Violeta Rocío Rentería Valdelomar, quien entre el periodo de los años 2003 y 2004 laboraba como habilitada del Órgano de Control Institucional de la Fuerza Aérea del Perú, a quien se le imputó la comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado en calidad de cómplice primario. La Corte Suprema resolvió revocar la sentencia que condenó a Violeta Rentería Valdelomar como cómplice primario del delito de peculado y la absolvió, sosteniendo principalmente que para argumentar que ella actuó como cómplice primario del referido delito debió de actuar de manera dolosa, sin embargo, este elemento no pudo acreditarse. A opinión nuestra, la imputación que realizó el Ministerio Público en contra de Violeta Rentería Valdelomar fue errónea, ya que al ser esta una servidora pública y tener un vínculo funcional con los caudales del Estado, ella no podía responder penalmente como cómplice primario de un delito de infracción de deber. En el presente informe desarrollaremos los alcances de figuras que debieron de tomarse en cuenta para resolver el caso, haciendo mención a la autoría y participación en los delitos de infracción de deber, específicamente en el delito de peculado doloso. Finalmente, nos referiremos brevemente al principio de confianza debido a que este fue invocado por la defensa de la sentenciada. / The purpose of this report is to refer to Casación N° 102-2016/LIMA dated July 11, 2017. Said appeal resolves the criminal proceeding against Violeta Rocío Rentería Valdelomar, who between 2003 and 2004 She worked as an authorized member of the Órgano de Control Institucional de la Fuerza Aérea del Perú, who was charged with committing the crime of fraudulent embezzlement to the detriment of the State as a primary accomplice. The Supreme Court resolved to revoke the sentence that convicted Violeta Rentería Valdelomar as a primary accomplice of the crime of embezzlement and acquitted her, mainly maintaining that to argue that she acted as a primary accomplice of the aforementioned crime, she must have acted maliciously, however, this element could not be credited. In our opinion, the accusation made by the Public Ministry against Violeta Rentería Valdelomar was erroneous, since as she is a public servant and has a functional link with State funds, she could not respond criminally as a primary accomplice of a crime of breach of duty. In this report we will develop the scope of figures that should have been taken into account to resolve the case, mentioning the authorship and participation in the crimes of breach of duty, specifically in the crime of fraudulent embezzlement. Finally, we will briefly refer to the principle of trust because it was invoked by the defense of the sentenced person.

A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno. Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa

La corrupción es un mal endémico en nuestro país. No es gratuito que el Poder Judicial es percibido, hasta el día de hoy, como una de las instituciones más corruptas del Perú, por lo que sus decisiones, más aún, en los casos considerados emblemáticos, eventualmente son materia de controversia, no sólo en el mundo jurídico, sino incluso político y a nivel de la opinión pública. En el presente informe se examina una de estas polémicas decisiones: la sentencia de casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (expediente 374-2015 LIMA) en el caso del excongresista y ministro de estado Aurelio Pastor Valdivieso, sentenciado en primera y segunda instancia por el delito de tráfico de influencias y absuelto por la instancia suprema, al considerar su actuar como uno de gestión de intereses dentro del ejercicio de la profesión de abogado, como causa de justificación prevista en el Código Penal, adoptando una posición contraria a la de las instancias judiciales previas, decisión con la que no estoy de acuerdo. Este informe tiene como objetivo revisar los problemas jurídicos identificados en la sentencia de casación, como establecer si la conducta de Aurelio Pastor constituye efectivamente un delito de tráfico de influencias o, por el contrario, se enmarca dentro de lo señalado por el Colegiado supremo. Además, busca determinar cuál es el bien jurídico de este delito, a raíz de la postura de la Sala Penal Permanente, como elemento importante para garantizar su punibilidad. Para responder a estas preguntas, el informe revisa el marco teórico y doctrinario aplicable, así como jurisprudencia vinculada. Finalmente, sienta su posición fundamentada al respecto, como un aporte para el debate de un delito que, preocupantemente, en el contexto actual, es visto por algunos sectores jurídicos como mínimamente lesivo para el ordenamiento jurídico y la sociedad.

El propósito de esta investigación es demostrar la cooptación institucional de varias instancias clave del sistema de justicia para el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el cual, desde el escándalo de corrupción, ha generado un grave daño a las instituciones del impartimiento de justicia. La aproximación desde la cooptación institucional judicial sostiene que las estrategias de búsqueda de hegemonía y legitimidad de los actores de la red en instituciones clave del sistema judicial responden a las características de la estructura de la red, la cultura judicial imperante y las características de los actores en relación a la red y sus cargos públicos. Esto genera una perversión en el funcionamiento del sistema judicial a partir de la influencia indebida en las instituciones de control de los funcionarios del impartimiento de justicia mediante el uso de operadores políticos, empresariales y judiciales que buscan consolidar el liderazgo y sostenibilidad de la red en altas instancias de decisión.

¿Qué factores explican la corrupción en obras públicas? ¿Qué problemas se encuentran en la gobernanza del sector y qué papel cumple el poder económico? Esta tesis busca desarrollar una respuesta al fenómeno de la corrupción en la construcción de obras públicas. Se sostiene que las características de la débil gobernanza del sistema de infraestructura en el Perú, y la captura corporativa de las instituciones a cargo de autorizar obras públicas, explican el alto grado de corrupción y colusión presente en el periodo 2002-2016. Analizando el caso Club de la Construcción, y empleando una metodología cualitativa, la tesis realiza un primer acercamiento al fenómeno de corrupción en obras públicas y el papel de los actores privados coludidos con políticos y funcionarios en este entramado corrupto. De esta forma, se evidencia la existencia de un marco normativo cambiante y manipulable, donde la corrupción es una institución informal presente en diferentes modalidades a lo largo del proceso de contratación de una obra pública. En este sector, prima la ausencia de autonomía para la toma de decisiones al interior de las instituciones de contratación donde se observa la influencia política y empresarial, y la debilidad de las instituciones de control gubernamental. Por su parte, en el sector privado, se encontró una alta concentración de poder económico en un grupo de constructoras que emplearon mecanismos legales e ilegales de captura (lobby, sobornos y financiamientos de campañas políticas), actuando como cartel, para establecer una red de influencias al interior del Estado. Así se logran sobrevaloraciones en las obras asignadas con un impacto en la calidad de la infraestructura, la legitimidad de las instituciones a cargo de estos procesos y la reputación del sector de construcción. / Which factors explain corruption in public procurement of instraestructural projects? Which problems are found in the governance of this sector and which role does economic power plays? This thesis seeks to develop a response to the phenomenon of corruption in the public procurement of infraestructural projects. It is argue that the characteristics of the weak governance of the infraestructure system in Peru and the corporate capture of the institutions in charge of public procurements, explain the high degree of corruption and collusion present between 2002-2016. By analyzing the “Club de la Construcción” case and using a qualitative methodology, this thesis makes a first approach to the phenomenon of corruption in public procurement and the role of private actors in collusion with politicians and public workers. It was evidenced the existence of a changing and manipulable regulatory framework, where corruption persist as an informal institution thoughout the process of public procurement. In this sector, the lack of autonomy for decision- making within institutions where political and business influence is observed, and the weakness of government control institucions prevail. On the other hand, in the private sector was found a high concentration of economic power in a group of enterprises that used legal and illegal capture mechanisms (lobby, revolving door, party financing and brivery), acting as a cartel, to develop a network of influences within the State. As a consequence, they gained cost overruns of the assigned infrastructure project at the expense of the quality of the infrastructure, the legitimacy of the public institucions and reputation of the construction sector.

Los delitos contra la administración pública son delitos que han significado un gran reto para las teorías del caso postuladas por el Ministerio Púbico, debido a que, el estándar probatorio de estos delitos es elevado ya que suelen ser actuaciones que se realizan en la clandestinidad. Sin embargo, es problemático también identificar correctamente el título de participación en estos delitos, en virtud a la complejidad en la se desarrolla la contratación estatal, más difícil es todavía, para el Ministerio Público demostrar que el extraneus contratista en el delito de negociación incompatible debería de ser responsable penalmente, no solo porque es difícil demostrar su responsabilidad en grado de certeza, sino porque de la estructura típica de este delito no se desprende responsabilidad penal para este ajeno a la administración pública. Este escenario se torna más oscuro aún cuando, ni si quiera, la Corte Suprema tiene una línea jurisprudencial sobre la participación del extraneus en este delito. Es por ello que, a partir de este trabajo, se trata de demostrar por qué no es posible que se impute responsabilidad al penal del contratista, siendo que concluimos que pese a la negociación incompatible sea un delito de infracción de deber, ello no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a aquel contratista que se encuentre vinculado con la administración pública, más aún, cuando existen otros delitos como el de colusión o cohecho que sí permiten la participación necesaria entre le funcionario público y contratista. / Crimes against public administration are crimes that have meant a great challenge for the theories of the case postulated by the Public Prosecutor's Office, due to the fact that the evidentiary standard for these crimes is high since they are usually carried out clandestinely. However, it is also problematic to correctly identify the title of participation in these crimes, due to the complexity of the state contracting process, and it is even more difficult for the Public Prosecutor's Office to demonstrate that the extraneus contractor in the crime of incompatible negotiation should be criminally responsible, not only because it is difficult to demonstrate his responsibility with certainty, but also because the typical structure of this crime does not imply criminal liability for this extraneus contractor. This scenario becomes even more obscure when not even the Supreme Court has a jurisprudential line on the participation of the extraneus in this crime. That is why, from this work, we try to demonstrate why it is not possible to charge criminal liability to the contractor, being that we conclude that despite the incompatible negotiation is a crime of breach of duty, this is not enough to attribute criminal liability to the contractor who is linked to the public administration, even more when there are other crimes such as collusion or bribery that do allow the necessary participation between the public official and contractor. / Trabajo académico

El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a diferentes interpretaciones de cada uno de sus elementos. Así pues, por ejemplo, se cuestiona cuál sería el bien jurídico penalmente protegido por este delito o la modalidad de influencias simuladas. Siendo ello así, la presente tesis se propone plantear una postura que permita dotar de ciertas herramientas para una interpretación del delito de tráfico de influencias desde la óptica de lucha contra la corrupción en el Perú. La tesis inicia explicando los antecedentes históricos, fuentes legislativas y modificaciones al tipo penal de tráfico de influencias. Luego de ello, se revisan las principales posiciones planteadas sobre el bien jurídico protegido por este delito. Al identificarse ciertas críticas a cada una de estas posturas, se responde por qué es indispensable sancionar el tráfico de influencias tomando en cuenta cómo se desarrolla en la cotidianeidad. De esta manera, entenderemos que el tráfico de influencias forma parte de las dinámicas de redes de intereses que configuran un sistema paralelo de Administración Pública. Desde esta lógica, se puede plantear una postura sobre el bien jurídico, que estaría asociado con la protección del proceso de toma de decisiones de la Administración Pública. Así también, nos va a permitir proponer algunas líneas de interpretación para la modalidad de influencias reales, simuladas y de cada uno de los elementos que componen el delito de tráfico de influencias.

La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.