Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / El autor comienza realizando un recorrido histórico por la legislación penal de los delitos sexuales, específicamente, en cuanto a los bienes jurídicos protegidos. Para ello, comienza analizando los distintos modelos históricos de regulación de los delitos sexuales imperantes en occidente, a partir del siglo XII hasta el siglo XXI; dilucidando, en cada caso, los bienes protegidos, incluso, delito por delito. Luego se procede a exponer la historia de la legislación nacional respecto al tema, tanto las fuentes que dieron origen al Código Penal en cuanto a las disposiciones de carácter sexual, como las modificaciones posteriores, al menos, las más importantes; para luego dar cuenta de la situación actual, tanto lo que dispone el ordenamiento, como las diversas posturas que existen respecto a cuál es el objeto jurídico protegido y las corrientes que tratan el tema, para así finalizar, con una crítica al tratamiento que se le ha dado y que se le da a los delitos sexuales y adquirir una postura respecto al bien jurídico protegido en la actualidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 18/10/2019

En el acuerdo plenario N° 2-2009/CJ-116, emitido por el V Pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias, se determinaron los efectos penales de la regularización tributaria legislada en el artículo 189 del Código Tributario, en el que se establece que no procederá acción penal por parte del Ministerio Público ni formulación de denuncia cuando se regularice la situación tributaria. Es decir, se aborda la institución de la regularización como un freno pare la investigación fiscal. Luego de haber revisado diferentes ejecutorias supremas, muchas de ellas con criterios contradictorios , el pleno determina que el hecho de reconocer la deuda y su imposibilidad del pago oportuno al igual que la emisión de la correspondiente resolución administrativa que acepta el fraccionamiento, en modo alguno tiene relevancia jurídico penal cuando se trata de satisfacer el interés fiscal en la comisión de delitos tributarios, esto es que la única causa material de exclusión de punibilidad es la regularización tributaria entendida como el pago total de la deuda determinada y reconocida por el agente infractor. Después de las afirmaciones precedentemente expuestas no podemos dejar de sostener que existen diferentes problemas en el referido acuerdo plenario, el cual se fundamenta en legislaciones tanto tributarias como penales. El más trascendental es el hecho de que sea la satisfacción del interés fiscal respecto a la recaudación de ingresos a favor del Estado el único aspecto del bien jurídico protegido cuando se trata de promover la acción penal contra los defraudadores tributarios.

La presente investigación trata sobre los criterios normativos de la fase negativa de la acción penal en la teoría jurídica del delito, estos criterios buscan descartar la acción penal dentro de la teoría jurídica del delito; por ello, preexiste la necesidad del reconocimiento de la acción como una categoría más de la teoría jurídica del delito. Uno de estos criterios está referidos a la parte interna del ser humano enfocados en su capacidad mental al realizar una conducta; es decir, se considerará acción en la medida que la persona realice un comportamiento en la plenitud de sus facultades mentales y sin intervención de factores externos; Los otros criterios para el análisis de la acción provienen de los patrones sociales que son prexistentes a la sociedad, entre los más generales tenemos a los usos y las costumbres; las máximas de la experiencia y la vía impuesta sobre algunos escenarios propios del Derecho Consuetudinario.

La presente investigación tuvo por objetivo crear un proyecto de ley para despenalizar el delito de desobediencia a las medidas de protección en casos de violencia familiar, contribuyendo de este modo con la correcta regulación de delitos que conforman nuestro Código Penal Peruano. Para ello fue necesario analizar e interpretar la controversia generada en el delito de desobediencia a las medidas de protección en casos de violencia familiar tanto a nivel legal como social, pues su doble regulación ha traído consigo incertidumbre jurídica en el ordenamiento jurídico peruano; y segundo, fundamentar las razones para despenalizar el delito de desobediencia a las medidas de protección en casos de violencia familiar, las cuales nos llevan a proponer esta ley enmarcada dentro de la normativa vigente y orientada a su aplicación práctica en todo el territorio nacional peruano. Todo este estudio nos permitió plantear nuestro problema de investigación, aplicando un abordaje metodológico de carácter social y jurídico enfocado en garantizar el respeto de la dignidad de la persona, a través de propuestas normativas basadas en el análisis del conjunto de normas y principios que regulan la conducta de los ciudadanos, así como de las instituciones jurídicas fundamentales.

En Niñas sin infancia. La normalización del abuso en la selva peruana de Mayté Ciriaco, se congregan los casos, las historias y los testimonios de niñas y adolescentes víctimas de violación, quienes deben afrontar estas injusticias y vivir con el temor de ver frustrados sus sueños para siempre. Este es el libro que hace visible una realidad que sentimos ajena y le presta una voz a la niñez olvidada de nuestro país.

“La determinación judicial de la pena sigue siendo una práctica insatisfactoria que comparten los operadores del sistema penal en el Perú. El objetivo de aplicar penas justas resulta todavía de muy limitada realización para la comunidad jurídica nacional”3, lograr este propósito, ante la inacción del Congreso, a veces, ante la promulgación de leyes populistas sin el menor criterio científico, demanda una postura activa de nuestros magistrados en salvaguarda de los principios constitucionales; que, sin embargo, provocan a su vez críticas por la generación de una inseguridad jurídica. La doctora MARCILLA CORDOVA, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla –La Mancha, señala que la falta de certeza del derecho no es sólo el efecto de un legislador poco esmerado, impreciso, y que (…) posterga los problemas dejándolos pendientes de resolución judicial, vía lagunas y conflictos normativos, y abriendo así notables espacios a la discreción judicial. (…) sino que sería una consecuencia intrínsecamente unida a un modo de entender el Estado Constitucional, que al parecer, permite al Juez desvincularse de la Ley y ampararse directamente en los Principios Constitucionales4. Una de las aristas de este complejo fenómeno, que aborda el presente trabajo, se traduce en el Perú, en una pugna de competencias, que ha enfrentado, al Poder Legislativo y la administración de Justicia. Tema que vamos abordar en el marco teórico del presente trabajo. Respecto de este último punto, podemos señalar que en el año 2009, el Congreso de la República, mediante el Proyecto de Ley 14321/2005-CR, trató de recortar las facultades del Tribunal Constitucional, señalando que el mismo, se está convirtiendo en legislador positivo violando el principio de separación de poderes; que sus sentencias constituyen un exceso en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley; que sus pronunciamientos generan una inseguridad jurídica y finalmente que no existe fundamento constitucional para sostener que dicho órgano es el supremo intérprete de la Constitución5. Ante este tipo de afirmaciones la respuesta en la doctrina no se ha hecho esperar y se ha señalado que “la Constitución no es simplemente un nivel más en la pirámide; sino que está pensada como un conjunto plural de valores, a través de los cuales se controla la legislación (…) la oposición entre jurisdicción y legislación se traduce en la juridificación de toda cuestión política: no queda espacio libre para la voluntad del legislador. Con una Constitución que encamina al legislador, que lo guía y dirige, es decir, con una Constitución sustancialmente regulativa, el Poder Legislativo no sirve más que para traducir en normas los principios superiores; en este caso, el Poder Judicial puede sustituirlo sin ninguna usurpación de poder ya que se trata de una mera aplicación. La democracia se expresa –o, más bien, se sublima- a través de la aplicación de los valores enunciados en el texto fundamental” / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación está orientada a determinar cuáles son aquellas consecuencias jurídicas de los delitos más allá del cumplimiento de una condena privativa de libertad. En esta labor se aborda la actual legislación sobre esta materia, con énfasis en la pena de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y además de la incorporación de dichas inhabilidades en la sección especial en el Registro Nacional de Condenas, conocido popularmente como el “Registro de Pedófilos”. Para ello se hace un análisis crítico no sólo de la normativa sobre delitos sexuales, sino que también de la política criminal en la persecución de estos, además de determinar los fines de estas penas y si cumplen realmente un fin preventivo como lo señala el espíritu de la ley o sólo constituyen una forma de generar una pena más gravosa para el condenado. También se hará un análisis de las consecuencias que tiene el “Registro de pedófilos” y si este significa una irrogación de un mal post penitenciario en los condenados. Por último, se busca determinar si es posible la reinserción social del agresor sexual y si es factible en definitiva corroborar la arraigada creencia de que un condenado por estos delitos tiene una alta tasa de reincidencia contrastando no solo la experiencia nacional, sino que también la comparada, a través de diversos estudios criminológicos, psicológicos y estadísticos a fin de otorgar certeza científica a los datos abordados. / 26/11/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para abordar el tema dividiremos el presente trabajo en tres capítulos, en el primero indagaremos en los antecedentes históricos del atentado contra el jefe de Estado y como éste fue evolucionando en el tiempo, tanto en su tratamiento filosófico por la doctrina, como en la penalidad asignada a este delito. Continuaremos con las diferencias existentes entre el delito calificado como “terrorista” y el delito político, ya que si bien se encuentran en íntima relación, dichos conceptos no deben confundirse, dado el distinto tratamiento punitivo que tienen uno y otro. Finalizaremos este capítulo, estudiando la evolución en el tratamiento del magnicidio en las últimas décadas, poniendo especial énfasis en la forma en que se ha abordado el tema mundialmente después del atentado terrorista contra las Torres Gemelas en el mes de septiembre del año 2001. En el capítulo segundo, nos avocaremos a estudiar el magnicidio como delito inserto en la legislación chilena, para lo cual indagaremos en la génesis de la ley 18.314 y cual ha sido su evolución y sus modificaciones en el tiempo, y si éstas han ido acorde a los cambios internacionales en la materia. Continuaremos con el análisis del tipo penal, sus elementos objetivos y subjetivos, los fundamentos político criminales que rigen la legislación terrorista, para terminar refiriéndonos a los diversos problemas concursales producidos principalmente con el Código Penal y la Ley de Seguridad Interior del Estado. Para finalizar el estudio, en el capítulo tercero veremos el tratamiento jurisprudencial que tribunales nacionales le han dado al tema, escogiendo para ello dos fallos emblemáticos en la materia, el atentado contra el senador Jaime Guzmán Errázuriz, y el atentado contra el entonces jefe de Estado, el general Augusto Pinochet Ugarte. La importancia de estos casos radica, además del carácter de sus víctimas, en el hecho de que los atentados fueron cometidos en momentos históricos diversos, el primero en un gobierno democrático de “transición”, y el segundo en un régimen de “facto”, circunstancias que sustancialmente influyen en la decisión de ambos fallos.

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria de prueba tiene por objeto analizar de que forma opera la figura del consentimiento en los delitos sexuales, en especial, su importancia en el delito de estupro, diferenciando su aplicabilidad del llamado perdón del ofendido, para establecer que rol juegan ambas instituciones en esta clase de delitos. Para lograr este propósito, analizaremos, primeramente, el desarrollo que ha tenido la figura del consentimiento en el Derecho Penal, abordando las dos principales posturas que la doctrina ha adoptado respecto a su ubicación sistemática en la teoría del delito. Paralelamente, se analizará la figura del perdón del ofendido, evidenciando que su análisis no se agota en las situaciones en que nuestra legislación lo menciona expresamente. Para luego analizar las principales implicancias que estas figuras tienen en los delitos sexuales en general. Por último, se hará un estudio de los aspectos generales del delito de estupro, y de las modalidades comisivas de éste, con el fin de determinar la relevancia que tienen las figuras estudiadas respecto de este tipo penal