Este informe tiene por objeto realizar un análisis de las solicitudes de reconocimiento de créditos a favor del Ministerio de Energía y Minas dentro del procedimiento concursal ordinario al cual se sometió Doe Run Perú S.A. A entender del Ministerio, el incumplimiento de Doe Run de i) llevar a cabo un proyecto contenido en su programa de adecuación y manejo ambiental y ii) no renovar dos cartas fianza producto de la última prórroga del plazo para ejecutar el proyecto genera en a su favor dos créditos concursales del quinto orden. En este informe se analizan las instituciones jurídicas de Derecho de Obligaciones, Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, las cuales fueron abordadas por las partes, la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI y la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI. Se utiliza una metodología bibliográfica al emplear la jurisprudencia y doctrina especializada en la revisión y análisis del caso. Las conclusiones principales son i) que el incumplimiento de Doe Run de llevar a capo proyecto contenido en su programa de adecuación y manejo ambiental sí genera un crédito concursal en favor del Ministerio, en la medida que la sanción administrativa prevista para este incumplimiento no excluye la posibilidad de responsabilidad civil; y, ii) que el incumplimiento de Doe Run de no renovar las cartas fianza no genera un crédito concursal en favor del Ministerio, en tanto las cartas fianza no son una obligación independiente, sino un instrumento para garantizar una obligación.

Mediante la presente investigación, buscamos realizar un análisis y crítica de los principales pronunciamientos existentes sobre el Principio de Adecuación Social en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales. Para ello evaluaremos los pronunciamientos emitidos en virtud de las normas que han existido sobre la materia a lo largo de estos años, tanto por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, así como por parte del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. En base a ello, junto a lo desarrollado por parte de la doctrina, buscamos resaltar y diferenciar los aciertos y desaciertos contenidos en dichos pronunciamientos. De esta manera, buscamos establecer que, a nuestro criterio, dicho principio debe ser interpretado considerando los siguientes parámetros interpretativos: i) “inducir”, debe ser considerado como convencer y determinar la comisión del acto ilegal, de manera objetiva y fácticamente comprobable; ii) “acto ilegal” es solo norma de rango de ley; iii) para acreditar una inducción a cometer un acto ilegal, se deben presentar pruebas suficientes que constaten una relación causal entre la visualización de la publicidad y un aumento en la comisión del acto ilegal, y; iv) una modalidad de inducción a cometer actos ilegales sería convencer al destinatario que dicha conducta no es ilegal y que, en base a ello, este la replique. / By means of this research, we seek to analyze and criticize the main existing pronouncements on the Principle of Social Adequacy in the modality of inducement to commit illegal acts. For this purpose, we will evaluate the pronouncements issued under the rules that have existed on the matter over the years, both by the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property, as well as by the National Council for Advertising Self-Regulation. On this basis, together with what has been developed by the doctrine, we seek to highlight and differentiate the rights and wrongs contained in such pronouncements. In this way, we seek to establish that, in our opinion, such principle must be interpreted considering the following interpretative parameters: (i) "inducing", must be considered as convincing and determining the commission of the illegal act, in an objective and factually verifiable manner; (ii) "illegal act" is only a norm of the rank of law; (iii) in order to prove an inducement to commit an illegal act, sufficient evidence must be presented to prove a causal relationship between the visualization of the advertising and an increase in the commission of the illegal act, and; (iv) a modality of inducement to commit illegal acts would be to convince the recipient that such conduct is not illegal and that, based on this, the recipient would replicate it. / Trabajo académico

El presente informe versa en torno al Expediente Nº 374-2013-OEFA/DFSAI-PAS, el cual culmina con un Precedente de Observancia Obligatoria contenida en la Resolución Nº 021-2014-OEFA/TFA-SEP1 emitido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En el mencionado precedente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), interpreta las obligaciones contenidas en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 016-93-EM, ya que este tema ha sido materia de cuestionamiento en numerosos expedientes del OEFA. En ese sentido, lo que se analiza es la interpretación dada por la autoridad respecto del mencionado artículo y las obligaciones que contiene, siendo una de ella la de: “(…)adoptar medidas de prevención necesarias para impedir o evitar que los elementos y/o sustancias generados como consecuencia de la actividad minera causen o puedan causar efectos adversos al ambiente1”. Asimismo, se analiza el desarrollo de las resoluciones decisoras que se emitieron a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, al amparo de los principios tanto del derecho administrativo como ambiental, tomando en cuenta la legislación aplicable, jurisprudencia y doctrina. El análisis de este expediente concluye que, en este procedimiento administrativo sancionador se vulneraron principios importantes tales como el de legalidad, tipicidad, razonabilidad y otros. Lo cual trae consecuencias perjudiciales para los titulares mineros en tanto que con el precedente de observancia obligatoria, se podría inferir que en virtud del principio de prevención la autoridad decisora puede sancionar de manera discrecional, en tanto que el precedente dota de un numero indeterminados de hechos que pueden ser sancionados, pues no tiene en cuenta si este hecho configura efectivamente un daño ambiental o no, además tampoco tipifica exhaustivamente los hechos que configura una infracción del Artículo Nº 5 del Decreto Supremo Nº 016-93-EM.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la innegable transgresión del Principio de causalidad en materia de Contrataciones del Estado a partir de la atribución de responsabilidad administrativa a una persona jurídica integrante de Consorcio al encontrarse impedida de ejercer los derechos para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado por efecto de la extensión de una sanción administrativa que fuera impuesta única y exclusivamente a su co-consorciada vinculada. Esto último como resultado de la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción de contratar estando impedido prevista en el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, configurada por el impedimento para contratar con el Estado del literal s) del artículo 11 de dicha Ley. Para tales efectos, se analizan los cuatro (4) supuestos de excepción a la regla general de responsabilidad solidaria para personas jurídicas que participan en consorcio cuando se le atribuye la comisión de la referida infracción, así como la naturaleza jurídica del impedimento aplicable en el caso particular. Asimismo, en el marco de ese procedimiento administrativo sancionador, se analiza la afectación de los derechos de las personas jurídicas que participan en consorcio en su calidad de administrados. En la misma línea, se analiza los otros principios transgredidos bajo esos parámetros que a su vez rigen y delimitan el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalmente, se analiza si el OSCE ha desarrollado uniformidad de criterio o predictibilidad a partir del principio de confianza legítima sobre la atribución de responsabilidad para integrantes de Consorcio. En consecuencia, se aprecia la afectación del principio de causalidad y de los otros principios que rigen la potestad sancionadora.

El presente trabajo académico gira en torno a un tema que a primera mano se podría pensar que poco o nada tiene relación con el derecho registral: el régimen de playas. Empezando desde los antecedentes normativos a dicho concepto al igual que su definición y zonas comprendidas en el mismo régimen. Importante conocer su naturaleza jurídica mediante el tratamiento jurídico, los problemas que presenta y su análisis y estudio por parte de Registros Públicos, puesto que se viene desarrollando desde lo técnico o conceptual sin conocer su base jurídica y social. También, no quise dejar a un lado la problemática que se genera al momento de solicitar autorizaciones y derechos otorgados por las municipalidades y entidades administrativas a favor de los particulares, trayendo consigo problemas más severos como la falta de ordenamiento territorial en torno a la ubicación de las mismas. Pero este problema no solo se presenta en nuestro país, es por ello que se desarrolla los casos de países vecinos que en algunos casos han desarrollado con mayor énfasis el régimen de playas y su estudio a lo largo de los últimos años.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación en la Resolución N° 006- 2012-TSC/67-2012-TSC-OSINERGMIN de la excepción al pago de compensaciones por transgresiones a la calidad del suministro prevista en la Primera Disposición Final de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, y si es posible su inaplicación por parte del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN mediante el control de legalidad. La Primera Disposición Final señala que las compensaciones por deficiencias en las redes de transmisión, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de las ventas semestrales por servicios de transmisión de la respectiva empresa transmisora. Por lo tanto, se configura una excepción al pago de resarcimientos por interrupciones en el servicio de suministro, ya que si la transmisora no percibe ventas semestrales, se encontrará exenta de cumplir con esta obligación

La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y según la legislación vigente, Ley 30424 puede ser penalmente responsable, en consecuencia, condenada por la comisión de delitos, además está proscrita cualquier tipo de arbitrariedad contra ella, razón por la cual el ordenamiento jurídico constitucional garantiza que sus derechos le sean reconocidos, más aún si tiene como uno de sus roles contribuir al bienestar de la sociedad, a través del cumplimiento de su objeto social. La sanción penal es consecuencia de la responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, siendo el órgano jurisdiccional el que la impone bajo las reglas de un debido proceso en el cual se formula una imputación penal por parte del órgano persecutor, que es el Ministerio Público. Un modelo de imputación penal garantista es la que debe sustentar el hecho fáctico que es el presupuesto para imponerle una sanción a la persona jurídica. Por eso corresponde explicar porque debe ser garantista el modelo de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo a la legislación peruana y analizar su capacidad jurídica, su rol social, su organización, el riesgo permitido de su actividad, la culpabilidad y los programas de cumplimiento como elementos del modelo de imputación garantista. El modelo propuesto considera los principios del derecho penal, en el sentido que la responsabilidad penal de la persona jurídica es por un hecho propio, expresión de sus decisiones como sistema autopoiético, considerando también que su actuación está vinculada con un determinado rol social, para el cual se organiza, controlando los riesgos que su actividad social implica, debiendo regir ésta de acuerdo al ordenamiento jurídico, como un buen ciudadano corporativo fiel al derecho que la Ley le permite autorregularse, siendo culpable de tener un comportamiento que vaya contra el derecho

El presente informe jurídico problematiza desde la perspectiva constitucional y laboral sobre la Sentencia STC N° 00013-2021-PI/TC la cual analiza la constitucionalidad de la Ley N° 31131 "Ley que implementa medidas para eliminar la discriminación en los regímenes laborales del sector público". A partir de los fundamentos de la sentencia se discute principalmente sobre el problema de dispersión normativa del empleo público y de cómo la coexistencia de regímenes con derechos disminuidos como el del régimen CAS afectan, en primer término, los derechos de los servidores públicos, así como a los principios del empleo público y demás principios reconocidos en la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. A partir del análisis realizado previamente se exponen las razones por las que la Ley N° 31 131 afecta, en particular, el principio de igualdad en el acceso al empleo público, el principio de equilibrio y estabilidad presupuestal, así como la competencia constitucional del ejecutivo para realizar la gestión de recursos humanos, los cuales son principios constitucionales reconocidos también en instrumentos de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Se usa la metodología de investigación dogmático jurídica, la cual se sirve del análisis de las normas, así como de la jurisprudencia y doctrina a través de los métodos de interpretación jurídica aplicables al caso concreto.

En múltiples ocasiones, los conflictos socioambientales en el Perú han sido una muestra panorámica del arraigo institucional a una visión netamente antropocéntrica que, con gran frecuencia, tiende a desconocer la significación de la naturaleza en sí misma, invalidando las proposiciones reinvindicatorias de los pueblos originarios y generando condiciones de evidente rechazo a su identidad étnica y cultural, fragmentando el país y debilitando el rol de la administración pública. Consciente de ello, se pretende analizar la validez constitucional del Decreto Legislativo 1079, que precisamente se emite en un contexto agitado por los conflictos socioambientales a raíz de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos (en adelante TLC). En ese sentido, se propone abordar históricamente el contexto en el que se desarrolla el Decreto referido, a fin de identificar los principales puntos problemáticos de su emisión, y confrontarlos de cara a la casuística, doctrina y regulación nacional como internacional. De tal forma, se hace necesario fomentar una discusión académica sobre las implicancias y consecuencias en torno a la posición adoptada por el Tribunal Constitucional; por lo cual, propongo una evaluación socio – jurídica que cuestiona una gestión pública que desconoce las obligaciones asumidas por el Estado y que redunda en la transgresión de derechos, afirmando la necesidad de consolidar el rol de la administración ambiental en defensa de las Áreas Naturales Protegidas (en adelante ANP’s), pero con un enfoque transversalmente intercultural. / On multiple occasions, socio-environmental conflicts in Peru have been a panoramic example of the institutional roots of a clearly anthropocentric vision that, very often, tends to ignore the significance of nature itself, invalidating the original peoples' vindicatory proposals and generating conditions of evident rejection of their ethnic and cultural identity, fragmenting the country and weakening the role of public administration. Aware of this, we intend to analyze the constitutional validity of Legislative Decree 1079, which was issued precisely in a context agitated by socio-environmental conflicts as a result of the accession of our country to the Trade Promotion Agreement signed with the United States (hereinafter FTA). In this sense, it is proposed to historically approach the context in which the Decree is developed, in order to identify the main problematic points of its issuance, and to confront them in the face of casuistry, doctrine and national and international regulation. Thus, it is necessary to promote an academic discussion on the implications and consequences of the position adopted by the Constitutional Court; therefore, I propose a socio-legal evaluation that questions a public management that ignores the obligations assumed by the State and that results in the transgression of rights, affirming the need to consolidate the role of the environmental administration in defense of the Natural Protected Areas (hereinafter NPA's), but with a cross-cultural approach.

La Apelación N° 12-2019 de la Sala Permanente de la Corte Suprema es el proceso por el cual, el ex juez superior Luis Alberto Vásquez Silva, fue sentenciado por el delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada. En la sentencia, la Sala profundiza en la prueba indiciaria sobre ofrecimiento de influencias; por lo cual, en el presente informe jurídico analizaremos la resolución con el objetivo de conocer cuáles son los lineamientos para la valoración de la prueba indiciaria como elemento generador de convicción en dicho delito. En razón a ello, en primer lugar, describimos el tipo penal del delito de tráfico de influencias para; posteriormente, encontrar su vinculación con la prueba indiciaria y explicar su importancia, sus límites frente al principio de presunción de inocencia y el principio de debida motivación, y sus requisitos de validez para; en tercer lugar, con lo desarrollado en las dos primeras secciones, evaluaremos la postura de la Corte respecto a los alcances y la valoración de la prueba indiciaria en el ofrecimiento de influencias en el caso concreto como medio para otorgar credibilidad y desvirtuar la inocencia del imputado, mediante el análisis de los indicios recopilados y fundamentados por la Sala como parte del razonamiento para su decisión