Mediante el presente trabajo busco proveer un análisis de los problemas jurídicos hallados en el Expediente N° 038-2011, referido a un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa minera Gold Fields La Cima por OSINERGMIN respecto de infracciones a normativa reglamentaria sectorial minera. Este expediente tiene suma relevancia, en vista de que ilustra el actuar común de este ente regulador en el ejercicio de sus facultades administrativas sancionadoras, en tanto la discusión central versa respecto de supuestos vacíos en el ordenamiento jurídico sectorial minero que, a criterio de dicho ente, no constituyeron óbice para que decidiera imputar a Gold Fields La Cima las infracciones materia de análisis en este informe. En sí, este expediente contiene la clásica experiencia que todo abogado experimenta al momento de debatir el Principio de Tipicidad en materia sancionadora con la administración, mas, este resultó de mi especial interés por la particularidad de los hechos del caso: no solo aquellos que dieron origen al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, sino también aquél que determinó su conclusión, la constatación de la inexistencia de la regulación en que se basó la infracción al momento de iniciarse el Procedimiento. Al final, concluyo que existieron sendas vulneraciones al Principio de Tipicidad, así como a varios otros Principios del Derecho Administrativo y Procedimiento Sancionador.

El objetivo del presente artículo académico es establecer cuáles son las dificultades de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Para ello, se determina qué se entiende por la potestad sancionadora del Estado y el desarrollo de sus manifestaciones. Asimismo, delimita cuáles son los elementos comunes entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, entre los cuales se encuentran: las sanciones, las garantías y los principios jurídicos. A partir de ello, el artículo se centra en indicar cuáles son las dificultades que enfrenta la Administración en la aplicación de los principios jurídicos del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. En ese sentido, la autora circunscribe su análisis a los problemas relacionados a la interpretación del principio de legalidad y, su garantía material, el principio de tipicidad, en el Derecho Administrativo Sancionador. A fin de mostrar cuál es el problema, se analiza la controversial sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema de Control de la Contraloría General de la República, la cual evidencia una errada interpretación del principio de legalidad entendido bajo las restricciones de una interpretación conectada, básicamente, al Derecho Penal. De esta manera, el artículo concluye estableciendo la necesidad de mejorar la técnica de interpretación de principios jurídicos en el Derecho Administrativo Sancionador por parte de los operadores jurídicos de Tribunales Administrativos y, así, dotar progresivamente de mayor autonomía al Derecho Administrativo Sancionador.

La presente investigación se justifica en la existencia de una presunta conducta anticompetitiva que se habría materializado mediante el abuso de posición de dominio ejercido por Consettur Machupicchu S.A. en la prestación del servicio de transporte turístico de acceso a la Ciudadela Inka de Machupicchu. Los objetivos del informe consisten en determinar si la conducta realizada por Consettur Machupicchu S.A. es una conducta de abuso de posición de dominio sancionable por la Ley de Libre Competencia peruana, y si el proceso de selección para el otorgamiento de la concesión de la ruta y la prestación del servicio en cuestión, fueron desarrollados en condiciones competitivas. Con dicha finalidad, revisaremos el objetivo de las políticas de competencia y la aplicación de la norma en el tiempo, para luego analizar las características del proceso de selección de la ruta materia de análisis. Como principales conclusiones, se pudo identificar que la normativa de libre competencia peruana no sanciona las conductas de abuso de posición de dominio con efecto explotativo. Asimismo, se corroboró que, si en algún momento hubo discrepancias sobre la posibilidad de sancionar conductas de abuso de dominio con efecto explotativo, estas fueron superadas mediante el Decreto Legislativo 1034 que resultaba aplicable por retroactividad benigna. Finalmente, se pudo verificar que el desarrollo del proceso de selección para el otorgamiento de la ruta de Acceso a la Ciudadela Inka de Machupicchu no favoreció la competencia, y que el comportamiento de Consettur Machupicchu S.A. no cumplió con las obligaciones legales como postor y concesionario, lo que generó una prestación ineficiente del servicio de transporte turístico en la ruta indicada. El presente informe desarrollará las perspectivas dogmática y empírica, utilizando el método analítico y hermenéutico.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT – tributos internos, dentro de su Facultad de Fiscalización ejecuta diversas acciones de control con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e incrementar su presencia entre sus administrados. Como estrategia en el cumplimiento de sus objetivos institucionales se han implementado durante los últimos años a las Acciones Inductivas como un plan de alcance masivo y de verificación puntual a los contribuyentes a nivel nacional. El presente trabajo de investigación permitirá obtener una respuesta a la interrogante de si dichas acciones son un acto administrativo o no lo son, se revisará su naturaleza jurídica y su estrecha relación con los principios del derecho administrativo y los que corresponde a todo administrado, finalmente quedará en evidencia la necesidad de implementarse una normatividad legal que regule su procedimiento y el actuar de la SUNAT, de tal manera que se protejan los derechos de las empresas, los contribuyentes y se logre un equilibrio en la relación jurídica tributaria del ente recaudador con sus administrados. / Trabajo de investigación

El presente versa sobre una controversia sometida a arbitraje entre el Consorcio de Alimentos SAC (en adelante, EL CONTRATISTA) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (en adelante, LA ENTIDAD). La controversia surge cuando uno de los medios de transporte en los que llevaba EL CONTRATISTA el producto papilla para la entrega a LA ENTIDAD, sufre un accidente y como consecuencia no puede cumplir con la entrega en el tiempo pactado, se detectan bolsas rotas, con fechas borradas, así como bolsas sucias con muestras de haberse mojado, etc., y ante una inmovilización del producto en los almacenes de LA ENTIDAD realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito y remitiendo una muestra a DIGESA para su verificación, ésta da como resultado no apto para el consumo humano, siendo así que LA ENTIDAD no efectúa el pago correspondiente. Dado el no pago, EL CONTRATISTA procede a resolver el contrato suscrito con LA ENTIDAD y recurre a la vía arbitral para reclamar el mismo, aplicando la cláusula arbitral contenida en el suscrito. En la vía arbitral, EL CONTRATISTA solicita como pretensión que se le pague la factura pendiente, en segundo lugar, que se reconozca el pago de una indemnización por daños y perjuicios, aspectos que van a ser analizados en adelante. Asimismo, analizaremos el proceso arbitral, si se cumplió con los parámetros de éste, las pretensiones que se solicitaron, si fueron correctamente formuladas, así como la posición del Tribunal Arbitral. / This is about an arbitration dispute between the Consorcio de Alimentos SAC (hereinafter, CORAL SAC) and the National Food Assistance Program (hereinafter, PRONAA). The dilemma arises when one of the means of transport in which the papilla product is transported suffers an accident and cannot comply with the delivery in the agreed time, for which reason THE ENTITY, due to this delay in the second delivery, does not pay the invoice. correspondent. Made before which. THE CONSORTIUM resorts to resolving THE CONTRACT and chooses to go through arbitration, a possibility enabled by the arbitration clause agreed upon by the parties involved. Given this, THE CONSORTIUM not only requests as a claim that the invoice that remains pending be paid, but also requires compensation for damages that will be analyzed in the following pages. Likewise, we will analyze the arbitration process, if it complied with its parameters, the claims that were requested, if they were correctly formulated and I will make an analysis of the position of the Arbitral Tribunal. Not being less important, I will carry out a brief study on the fortuitous event and force majeure applied additionally from Civil Law to Administrative Law, since this is a clear example of what happens every day in the delay and / or dilation of the deliveries of the administrative contracts, sometimes justified and sometimes not.

El Control Difuso propiamente dicho, define que ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, ha de prevalecer esta última; esta facultad para un sector respetable de la doctrina solo ha sido encargada a jueces. El Control Difuso de la constitucionalidad de las leyes, es competencia de cualquier órgano constitucional, sin importar la especialidad; la ley no deja de estar vigente, sólo se inaplica al caso litigioso. La discusión de si el Control Difuso debe ser ejercido por entes administrativos encuentra su génesis, en una sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 3741-2004- AA/TC, donde se le reconoció a la administración pública la facultad de ejercer el Control Difuso, estableciendo para ello algunos presupuestos que deben concurrir para el ejercicio de dicha facultad. Sin embargo, creemos que los entes administrativos no tienen competencia para ejercer la constitucionalidad de la norma aplicable a un caso concreto; independientemente de la obligación que tienen de respetar y defender la Constitución, pues una de las razones por las cuales se deja sin efecto el Control Difuso administrativo, es porque estas entidades forman parte del Poder Ejecutivo; esto es, que se permitiría un control de constitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, con respecto a las normas emitidas por el Poder Legislativo; y esto sin lugar a dudas menoscaba el sistema de control dual de la jurisdicción constitucional, y en esa línea de razonamiento también afecta el Principio de División de Poderes, y por tanto, consideramos que otorgar facultades a tribunales administrativos para que ejerzan el Control Difuso, conllevaría al quebrantamiento del equilibrio entre democracia y constitucionalismo.

El objetivo central del presente trabajo académico es analizar si la competencia que ostenta la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI cuando declara la ilegalidad de una norma disponiendo su oponibilidad general produce un efecto derogatorio o no de la norma. Esto último con la finalidad de determinar si esta competencia, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1256, contraviene lo establecido en la Constitución Política del Perú de 1993. A la fecha, no se ha realizado formalmente un cuestionamiento constitucional a esta nueva competencia de la Comisión; es por ello, que el análisis realizado en el presente trabajo es importante, ya que nos permite conocer el impacto que se va a generar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia Nro. 0014-2009-AI, en la cual el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la competencia de la Comisión para declarar la ilegalidad de una barrera burocrática establecida en una norma, pero sólo al caso en concreto.

El presente artículo académico tiene por finalidad evidenciar la vulneración al derecho a la libertad de empresa, en especifico, el derecho a libertad de organización, correspondiente a la cadena de cines CINEPLEX S.A transgredido mediante la decisión emitida en la Resolución N° 0219-2018/SPC-INDECOPI donde se calificó a la restricción establecida por la cadena de cines consistente en la prohibición del ingreso con productos comestibles adquiridos fuera de sus establecimientos a sus salas como una cláusula abusiva de ineficacia absoluta. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante considerar la legislación y doctrina administrativa y constitucional que coadyuvarán a realizar el análisis de este caso. Finalmente, el presente artículo concluye que la cadena de cines CINEPLEX S.A. en virtud a su derecho a la libertad de empresa tiene la posibilidad de organizar y estructurar su negocio de la manera que le parezca más conveniente y, asimismo, esto no implica la vulneración de los derechos de los consumidores como el derecho a elegir o el derecho a la información como lo asegura INDECOPI. / The purpose of this academic article is to demonstrate the violation of the right to freedom of business, specifically, the right to freedom of organization, corresponding to the cinema chain CINEPLEX SA violated by the decision issued in Resolution No. 0219-2018 / SPCINDECOPI by the INDECOPI where the restriction established by the chain of cinemas consisting of the prohibition of entering their rooms with food or beverages purchased outside their establishments was classified as an abusive clause of ineffectiveness absolute. In this way, it is important to consider the administrative and constitutional legislation and doctrine that will contribute to the analysis of this case. Finally, this article concludes that the cinema chain CINEPLEX S.A. By virtue of your right to freedom of business, you have the possibility of organizing and structuring your business in the way that seems most convenient to you and, likewise, this does not imply the violation of consumer rights such as the right to choose or the right to the information as assured by INDECOPI.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi se ha pronunciado sobre las universidades públicas, en específico lo correspondiente a los requisitos para que los estudiantes y egresados puedan acceder a los grados y títulos otorgados por estas a nombre de la nación. En base a ello, surge el principal problema que analizamos en el presente trabajo académico, si la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas sería competente para verificar a las universidades privadas y, de ser esto posible, cuáles serían las implicancias y consecuencias de ello. De esta manera, tomamos como primera interrogante si la educación superior es un servicio público y como segunda interrogante, bajo qué supuesto las universidades privadas podrían ser consideradas como entidades de la administración pública en virtud del artículo I título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. A partir de este estudio, se concluye que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se encontraría facultada para verificar los requisitos de grados y títulos que solicitan las universidades privadas o si afectan las normas de simplificación administrativa; sin embargo, es importante señalar, que debe existir un límite, no se debe afectar su autonomía ni su régimen privado, por ello, únicamente se podría verificar los requisitos para los grados y títulos. En este sentido, resulta peligroso considerar que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas puede verificar el cobro de algún requisito solicitado por una universidad privada, pues sería una afectación a la iniciativa privada o incluso, yendo más allá, considerar que puede regular el cobro de los créditos académicos.

La Contraloría General de la República, es una de las entidades que impone las sanciones más gravosas en nuestro país, como es el caso de inhabilitaciones de hasta 5 años por responsabilidad administrativa funcional, por lo que resulta indispensable que durante el procedimiento sancionador se apliquen los principios establecidos, para así garantizar un debido procedimiento, pues de lo contrario, su no aplicación estaría afectando los derechos de los administrados. Lo que se pretende con el presente trabajo académico es realizar en primer lugar un análisis del principal medio probatorio en este procedimiento, el Informe de Control, pues a raíz de este se decidirá el inicio o no de un procedimiento administrativo sancionador en materia de responsabilidad administrativa funcional. Asimismo, determinar si la naturaleza del informe de control y su carácter de prueba preconstituida, podría vulnerar las garantías que tiene el administrado de tener un debido procedimiento. El carácter de prueba preconstituida y la presunción de veracidad que tiene el informe de control, pone en situación de desventaja al administrado, pues finalmente, la única forma de desvirtuar los cargos imputados será acreditando su inocencia o actuar diligente. A ello se suma el sustento técnico y legal con el que debe contar el informe. Estas características que tiene el Informe se encuentran en conflicto con principios que constituyen garantía del debido procedimiento, como lo son el impulso de oficio, presunción de licitud, verdad material y motivación, por lo que es obligación de la Contraloría General de la República hacer cumplir todos los parámetros establecidos para la elaboración del Informe de Control, así como la aplicación de las garantías que implican el debido procedimiento.