Mediante el presente trabajo busco proveer un análisis de los problemas jurídicos hallados en el Expediente N° 038-2011, referido a un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa minera Gold Fields La Cima por OSINERGMIN respecto de infracciones a normativa reglamentaria sectorial minera. Este expediente tiene suma relevancia, en vista de que ilustra el actuar común de este ente regulador en el ejercicio de sus facultades administrativas sancionadoras, en tanto la discusión central versa respecto de supuestos vacíos en el ordenamiento jurídico sectorial minero que, a criterio de dicho ente, no constituyeron óbice para que decidiera imputar a Gold Fields La Cima las infracciones materia de análisis en este informe. En sí, este expediente contiene la clásica experiencia que todo abogado experimenta al momento de debatir el Principio de Tipicidad en materia sancionadora con la administración, mas, este resultó de mi especial interés por la particularidad de los hechos del caso: no solo aquellos que dieron origen al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, sino también aquél que determinó su conclusión, la constatación de la inexistencia de la regulación en que se basó la infracción al momento de iniciarse el Procedimiento. Al final, concluyo que existieron sendas vulneraciones al Principio de Tipicidad, así como a varios otros Principios del Derecho Administrativo y Procedimiento Sancionador.

El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de exponer la aplicación del artículo 95 del Reglamento General de los Registros Públicos. Dicha norma cumple una función esencial en el Registro, la cual es depurar los asientos bajo los supuestos que se establecen en ella. Es crucial considerar las implicancias de los efectos de las inscripciones, ya que el artículo en mención enerva dichos efectos. No obstante, es importante destacar que esta depuración se realiza de manera justificada, dado que no siempre acceden al Registro asientos que hayan sido parte de una calificación regular. En este contexto, resulta fundamental delimitar cuándo se puede o no cancelar un asiento en atención al artículo 95 del Reglamento General de los Registros Públicos. Esta delimitación es vital para garantizar la integridad y fiabilidad del Registro, asegurando que solo permanezcan inscripciones que cumplen con los criterios legales y reglamentarios establecidos.

En los últimos años, han surgido posiciones difusas en relación a los límites de la compensación bancaria cuando se trate de los fondos de la Cuenta de Ahorro Sueldo cuyos depósitos son remuneración. No obstante, en el trasfondo, no se realiza un análisis sustantivo de las figuras jurídicas como la compensación legal, la compensación convencional, la inembargabilidad de las remuneraciones, los contratos de consumo, entre otros, que resulta necesario para brindar una protección adecuada a la remuneración sustancial y al ahorro del público, que a su vez son fundamentos jurídicos de la protección al consumidor y la compensación bancaria, respectivamente. En este sentido, el objetivo principal de este informe ha sido realizar un análisis sustantivo de las figuras jurídicas indicadas en la Resolución N° 476-2013/ILNCPC; con la finalidad de determinar si la compensación realizada por el Banco se realizó de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico y, por ende, acorde con el deber de idoneidad y motivación de la resolución administrativa. Análisis sobre el cual se concluyó que la interpretación sistemática de Indecopi sobre los límites de la compensación resulta aplicable a los créditos salariales en el marco de una relación laboral, mas no una relación consumo con el caso de análisis. Por lo tanto, el Banco sí realizó la compensación bancaria conforme al ordenamiento jurídico peruano. Cabe indicar que, para el presente análisis, se han utilizado instrumentos normativos como la legislación peruana y extranjera, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. / In recent years, diffuse positions have arisen in relation to the limits of bank compensation when dealing with the funds of the Salary Savings Account whose deposits are remuneration. However, in the background, there is no substantive analysis of legal figures such as legal compensation, conventional compensation, unseizability of remunerations, consumer contracts, among others, which is necessary to provide adequate protection to substantial remuneration and public savings, which in turn are legal foundations of consumer protection and bank compensation, respectively. In this sense, the main objective of this report has been to perform a substantive analysis of the legal figures indicated in Resolution No. 476-2013/ILN-CPC; with the purpose of determining whether the compensation made by the Bank was carried out in accordance with the provisions of the legal system and, therefore, in accordance with the duty of adequacy and motivation of the administrative resolution. Analysis on which it was concluded that Indecopi's systematic interpretation of the limits of compensation is applicable to salary credits within the framework of an employment relationship, but not a consumer relationship with the case under analysis. Therefore, the Bank did perform the bank compensation in accordance with the Peruvian legal system. It should be noted that, for this analysis, normative instruments such as Peruvian and foreign legislation, jurisprudence and national and international doctrine have been used.

Producto del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Nutrifish S.A.C. contra el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (INDECOPI), se declaró como barreras burocráticas ilegales todas las exigidas por esta empresa. Este órgano determinó que existía una vulneración al principio de legalidad por la contravención del artículo 9 de la Ley General de Pesca – Decreto Ley 25977. Dicha resolución final quedó firme, imposibilitando al administrado utilizar algún recurso administrativo para solicitar la nulidad de este. Ante ello, lo que procede a realizar PRODUCE es una solicitud de nulidad de oficio ante la secretaria técnica de la Comisión, el cual eleva al superior jerárquico para que dé respuesta a esta. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (Sala) admite a trámite la solicitud procediendo a evaluar la existencia de un vicio que afecte la validez de la resolución emitida por la Comisión y la existencia de una vulneración de un derecho fundamental o un grávido a un interés público. Así pues, la elección del presente expediente evidencia la posibilidad de realizar un análisis sobre las decisiones tomadas por estos dos órganos sobre el cual es posible cuestionar su análisis jurídico sobre barreras burocráticas y la petición de gracia para la toma de sus decisiones de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444, y la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas – Decreto Legislativo 1256. / As a result of the administrative proceeding initiated by the company Nutrifish S.A.C. against the Ministry of Production (PRODUCE) before the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Commission) of the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI), all requirements imposed by this company were declared illegal bureaucratic barriers. This body determined that there was a violation of the principle of legality due to the contravention of Article 9 of the General Fisheries Law – Decree Law 25977. The final resolution became final, preventing the party from using any administrative remedy to request its annulment. In response, PRODUCE is required to file a request for annulment ex officio with the technical secretariat of the Commission, which then forwards it to the hierarchical superior for a response. The Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Chamber) admits the request and proceeds to evaluate the existence of a defect affecting the validity of the resolution issued by the Commission and the existence of a violation of a fundamental right or harm to a public interest. Thus, the selection of this case file demonstrates the possibility of conducting an analysis of the decisions made by these two bodies, which may be subject to legal scrutiny regarding bureaucratic barriers and the discretionary power for their decisions in accordance with the General Administrative Procedure Law – Law 27 444 and the Law on the Prevention and Elimination of Bureaucratic Barriers – Legislative Decree 1256.

El presente informe jurídico corresponde a la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, que aborda la aplicación del principio de supletoriedad en el Procedimiento de Oficio por abuso de posición de dominio iniciado contra Telefónica del Perú S.A.A. Es así que el análisis del presente trabajo se centra en determinar si Telefónica debió ser sancionada bajo las normas de competencia o por las normas regulatorias del sector de telecomunicaciones. En tal sentido, el informe analiza si el mercado de acceso a internet mediante tecnología ADSL se encontraba regulado por OSIPTEL. De igual forma verifica si el Principio de Supletoriedad puede aplicarse en el presente proceso en base a jurisprudencia emitida por las agencias de competencia, como son el caso de INDECOPI y OSIPTEL. De igual forma, en el presente informe jurídico se cuestiona las afirmaciones emitidas por el Tribunal de Solución de Controversias, analizando los criterios con los que sustento su decisión y analizándolos para dilucidar si la sanción a Telefónica fue apropiada o, por el contrario, se generó una afectación indebida a la empresa operadora. Finalmente, concluiremos el informe determinando si OSIPTEL aplicó de manera incorrecta el Principio de Supletoriedad y si la conducta que se imputo a Telefónica estaba autorizada por el regulador. / The present legal report pertains to Resolution No. 004-2013-TSC/OSIPTEL, which addresses the application of the principle of subsidiarity in the ex officio procedure for abuse of dominant position initiated against Telefónica del Perú S.A.A. Thus, the analysis of this work focuses on determining whether Telefónica should have been sanctioned under competition rules or the regulatory norms of the telecommunications sector. In this regard, the report analyzes whether the internet access market through ADSL technology was regulated by OSIPTEL. It also verifies whether the Principle of Subsidiarity can be applied in this process based on jurisprudence issued by competition agencies, such as INDECOPI and OSIPTEL. Similarly, this legal report questions the statements issued by the Dispute Resolution Tribunal, analyzing the criteria with which it based its decision and examining them to determine whether the sanction imposed on Telefónica was appropriate or, on the contrary, caused undue harm to the operating company. Finally, we will conclude the report by determining whether OSIPTEL incorrectly applied the Principle of Subsidiarity and whether the conduct attributed to Telefónica was authorized by the regulator.

Este informe jurídico se enfoca en analizar determinados aspectos relevantes de la resolución N° 4357-2014/SC2. El caso abordado en dicha resolución surge a raíz de la negativa de Pacífico Seguros de cubrir ciertas condiciones médicas del Señor Segovia. Dichas condiciones, que venían siendo cubiertas bajo un plan de salud EPS, fueron consideradas por la aseguradora como preexistentes en un nuevo seguro de salud contratado bajo el "beneficio de continuidad". En esa línea, el principal problema jurídico en este caso es determinar si Pacífico Seguros, conforme al Código del Consumidor, infringió el deber de idoneidad respecto al producto adquirido por el Sr. Segovia. Para abordar este problema, se emplearon varios instrumentos normativos, tales como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley del Contrato de Seguro, entre otros. El análisis también incorporó principios del Código, como el pro consumidor y buena fe. Se concluyó que Pacífico Seguros infringió el deber de idoneidad que mantenía respecto al seguro contratado por el Señor Segovia, al considerar como preexistentes condiciones médicas previamente cubiertas, contraviniendo así no solo el mencionado deber de idoneidad, sino también las garantías del producto adquirido. Asimismo, el presente caso permite evaluar las competencias y facultades INDECOPI y SuSalud, en relación con las infracciones cometidas por proveedores privados de servicios de salud a nivel nacional. Además, permite analizar las facultades que la legislación otorga a INDECOPI, respecto a la difusión de decisiones no firmes, explorando así los límites de la discrecionalidad administrativa y sus implicancias. / This legal report focuses on analyzing relevant aspects of Resolution N° 4357- 2014/SC2. The case addressed in this resolution arises from Pacífico Seguros' refusal to cover certain medical conditions of Mr. Segovia. These conditions, previously covered under an EPS health plan, were considered pre-existing by the insurer in a new health insurance policy contracted under the "continuity benefit." The main legal issue in this case is to determine whether Pacífico Seguros, in accordance with the Consumer Code, violated the duty of suitability concerning the product acquired by Mr. Segovia. To address this problem, several normative instruments were employed, such as the Consumer Protection and Defense Code and the Insurance Contract Law. The analysis also incorporated principles from the Code, including pro-consumer and good faith. It was concluded that Pacífico Seguros violated the duty of suitability by considering previously covered medical conditions as pre-existing, thus contravening not only this duty but also the guarantees of the acquired product. Moreover, this case allows for evaluating the competencies and faculties of INDECOPI and SuSalud, particularly regarding infractions committed by private health service providers at the national level. Additionally, it permits an analysis of the powers granted by legislation to INDECOPI concerning the dissemination of non-definitive decisions, thus exploring the limits of administrative discretion and its implications.

El objetivo del presente artículo académico es establecer cuáles son las dificultades de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Para ello, se determina qué se entiende por la potestad sancionadora del Estado y el desarrollo de sus manifestaciones. Asimismo, delimita cuáles son los elementos comunes entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, entre los cuales se encuentran: las sanciones, las garantías y los principios jurídicos. A partir de ello, el artículo se centra en indicar cuáles son las dificultades que enfrenta la Administración en la aplicación de los principios jurídicos del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. En ese sentido, la autora circunscribe su análisis a los problemas relacionados a la interpretación del principio de legalidad y, su garantía material, el principio de tipicidad, en el Derecho Administrativo Sancionador. A fin de mostrar cuál es el problema, se analiza la controversial sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema de Control de la Contraloría General de la República, la cual evidencia una errada interpretación del principio de legalidad entendido bajo las restricciones de una interpretación conectada, básicamente, al Derecho Penal. De esta manera, el artículo concluye estableciendo la necesidad de mejorar la técnica de interpretación de principios jurídicos en el Derecho Administrativo Sancionador por parte de los operadores jurídicos de Tribunales Administrativos y, así, dotar progresivamente de mayor autonomía al Derecho Administrativo Sancionador.

La finalidad de este artículo jurídico es evidenciar que el Estado y las entidades públicas, a nivel nacional, también pueden ser representadas y defendidas por algún abogado-apoderado que designe el titular de cada entidad y no solo por el procurador público. De esta manera, se busca establecer que, en determinados casos, es jurídicamente viable que algunas entidades públicas que no cuentan con procurador público por diversos motivos puedan intervenir directamente en las investigaciones, procesos o procedimientos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y/o materia, a través de un abogado-apoderado que acredite el titular de la institución. / The purpose of this legal article is to show that the State and public entities, at the national level, can also be represented and defended by a lawyer-attorney designated by the head of each entity and not only by the public attorney. In this way, it seeks to establish that, in certain cases, it is legally viable that some public entities that do not have a public attorney for various reasons can intervene directly in investigations, processes or procedures, jurisdictional and non-jurisdictional, whatever their nature and /or matter, through a lawyer-representative who certifies the owner of the institution. / Trabajo académico

La presente investigación se justifica en la existencia de una presunta conducta anticompetitiva que se habría materializado mediante el abuso de posición de dominio ejercido por Consettur Machupicchu S.A. en la prestación del servicio de transporte turístico de acceso a la Ciudadela Inka de Machupicchu. Los objetivos del informe consisten en determinar si la conducta realizada por Consettur Machupicchu S.A. es una conducta de abuso de posición de dominio sancionable por la Ley de Libre Competencia peruana, y si el proceso de selección para el otorgamiento de la concesión de la ruta y la prestación del servicio en cuestión, fueron desarrollados en condiciones competitivas. Con dicha finalidad, revisaremos el objetivo de las políticas de competencia y la aplicación de la norma en el tiempo, para luego analizar las características del proceso de selección de la ruta materia de análisis. Como principales conclusiones, se pudo identificar que la normativa de libre competencia peruana no sanciona las conductas de abuso de posición de dominio con efecto explotativo. Asimismo, se corroboró que, si en algún momento hubo discrepancias sobre la posibilidad de sancionar conductas de abuso de dominio con efecto explotativo, estas fueron superadas mediante el Decreto Legislativo 1034 que resultaba aplicable por retroactividad benigna. Finalmente, se pudo verificar que el desarrollo del proceso de selección para el otorgamiento de la ruta de Acceso a la Ciudadela Inka de Machupicchu no favoreció la competencia, y que el comportamiento de Consettur Machupicchu S.A. no cumplió con las obligaciones legales como postor y concesionario, lo que generó una prestación ineficiente del servicio de transporte turístico en la ruta indicada. El presente informe desarrollará las perspectivas dogmática y empírica, utilizando el método analítico y hermenéutico.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT – tributos internos, dentro de su Facultad de Fiscalización ejecuta diversas acciones de control con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e incrementar su presencia entre sus administrados. Como estrategia en el cumplimiento de sus objetivos institucionales se han implementado durante los últimos años a las Acciones Inductivas como un plan de alcance masivo y de verificación puntual a los contribuyentes a nivel nacional. El presente trabajo de investigación permitirá obtener una respuesta a la interrogante de si dichas acciones son un acto administrativo o no lo son, se revisará su naturaleza jurídica y su estrecha relación con los principios del derecho administrativo y los que corresponde a todo administrado, finalmente quedará en evidencia la necesidad de implementarse una normatividad legal que regule su procedimiento y el actuar de la SUNAT, de tal manera que se protejan los derechos de las empresas, los contribuyentes y se logre un equilibrio en la relación jurídica tributaria del ente recaudador con sus administrados. / Trabajo de investigación