El presente estudio tiene como objetivo demostrar que las instituciones jurídicas creadas por el hombre deben buscar detener el deterioro de nuestro planeta producto de las distintas actividades económicas, debido a que ellas son las que vulneran lo más profundo de nuestro ser: los derechos fundamentales. Además, pretendemos establecer puentes de comunicación entre el derecho administrativo y constitucional, ya que consideramos que estas dos ramas, fundamentales para el ordenamiento, tienen la obligación de acercarse y comunicarse mutuamente para hacer frente a los nuevos retos que este futuro incierto nos depara. Para lograr este objetivo, buscamos demostrar que el ejercicio de la potestad de inspección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el sector minero establece como fundamento jurídico la conversión en realidad de los deberes y obligaciones del Estado de contribuir a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y saludable que asiste a todas las personas. Esto se logrará mediante la revisión del concepto de deber y obligación, el análisis del derecho fundamental al medio ambiente, y los deberes y obligaciones de protección que posee el Estado frente a este derecho. Además, se evaluará las potestades de intervención del Estado en la esfera jurídica de los privados; se describirá el marco teórico sobre el que se construye la potestad de inspección; se determinará la figura jurídica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por medio del estudio de sus instrumentos normativos; se contrastará la inspección como figura doctrinaria frente al desarrollo normativo de la supervisión directa en el sector minero realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, finalmente, se desarrollará la conexión entre la supervisión directa en el sector minero y el deber de protección del Estado frente al derecho fundamental al medio ambiente.

En marzo del año 2010, cuando comenzamos esta investigación, el diario “El Comercio” informó que pobladores de la provincia de Ica, específicamente del caserío de Comatrana habían bloqueado el acceso al desierto iqueño impidiendo el pase de seis camiones recolectores de basura, los que pretendían descargar su contenido en un botadero improvisado debido a que el botadero de La Huega había colapsado luego de casi 25 años de funcionamiento. La noticia fue confirmada por el diario local “La voz de Ica” que indicaba que la ciudad de Ica se encontraba en emergencia ambiental puesto que había amanecido con montes de basura por la falta de recojo de la misma por parte de la empresa concesionaria. De acuerdo con el diario, el Alcalde Provincial de Ica Mariano Nacimiento, sería el culpable de dicha situación debido a que las críticas a su gestión lo habrían llevado a ordenar que se detuviera la recolección de residuos sólidos. Para empeorar la situación, las instalaciones de un campo ferial cercano al caserío de Comatrana, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica, habría sido utilizado como botadero informal para descargar estos residuos.

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su aprovechamiento está sujeto al pago de una retribución económica que debe ser determinada en función a criterios económicos, sociales y ambientales. En el caso de los recursos hidrobiológicos, la retribución económica se denomina “derecho de pesca” y se distingue en función del destino que se le da al recurso, donde el recurso anchoveta destinado a la elaboración de productos para el consumo humano indirecto - CHI (harina y aceite de pescado) asume mayores cargas. Estos derechos de pesca estuvieron estabilizados durante un periodo de 10 años desde 2008. Transcurrido el periodo de estabilidad (28 de junio de 2018), se generó una corriente de presión pública para que el Estado revise y aumente el pago por este derecho de pesca. Lo que finalmente concluyó con la emisión de una norma que aumentó en 73% su valor. Si bien todos los que aprovechen los recursos naturales deben retribuir al Estado compartiendo así los beneficios obtenidos, las cargas que el Estado impone deben ser definidas utilizando criterios técnicos objetivos y basándose en la realidad de la actividad regulada. Por ello, la determinación de la retribución debe responder a una evaluación que respete los parámetros legales establecidos, lo que comprende realizar un análisis de impacto regulatorio integral que desarrolle los componentes de esta herramienta regulatoria, e identifique finalmente la opción más viable para atender la problemática o necesidad identificada. El presente análisis se desarrolla con la finalidad establecer si para el establecimiento de los derechos de pesca antes mencionados se priorizó la recaudación o se determinó técnicamente un aumento justificado, cumpliendo con el marco legal vigente y con un adecuado análisis de impacto regulatorio, evidenciando que la medida no afectaría el desempeño y competitividad de este sector de la economía nacional. Finalmente, luego de la evaluación del marco legal vigente y la información recogida en la presente investigación se puede afirmar que, para la aprobación de los nuevos derechos de pesca para la anchoveta destinada al CHI, el Estado no ha cumplido con respetar los parámetros normativos vigentes, así como tampoco ha cumplido con realizar un adecuado análisis de impacto regulatorio, habiendo promovido un proceso regulatorio en base a una premisa que no identifica ni busca atender un problema real y termina dirigiendo el análisis a justificar una decisión preconcebida, lo que genera una alta posibilidad de traer como consecuencia un daño mayor al beneficio obtenido.

La finalidad del presente trabajo es exponer y analizar los instrumentos jurídicos concernientes al medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo la normativa de diferentes sistemas jurídicos de Latinoamérica y de Europa. La importancia del tema, con el propósito señalado es contribuir al conocimiento y a la puesta en práctica del derecho al medio ambiente, para formar una conciencia personal y colectiva sobre su trascendencia, mas que una disposición sancionatoria se busca la exposición de casos y de la importancia que cada miembro de la sociedad adopte la conciencia ecológica que permita el cumplimiento de dicha normativa y de las declaraciones internacionales.

El presente trabajo académico, analiza a la actividad minera que se desarrolla sin cumplir con todos los requisitos, condiciones o títulos habilitantes requeridos por nuestro ordenamiento jurídico, la cual ha sido denominada en nuestra legislación como minería informal, enfocándose principalmente en los impactos ambientales que genera esta actividad. Asimismo, este trabajo académico analiza las principales motivaciones que han llevado a nuestras autoridades a promover la inserción de esta actividad en la formalidad, mediante los procesos de formalización, a diferencia de la actividad de minería ilegal, la cual ha sido proscrita. Igualmente, este trabajo académico analiza críticamente y valora los vehículos creados por el Estado para lograr la formalización de la actividad de minería, con especial énfasis en el vigente Proceso de Formalización Minera Integral y sus resultados, los cuales no son demasiado alentadores; todo esto además, de analizar críticamente las decisiones de las autoridades ambientales en el marco de este proceso, las cuales no han sido adoptadas necesariamente ponderando intereses ambientales, sino sociales, políticos o económicos.

El Acuerdo de Escazú constituye un hito ambiental para América Latina y el Caribe. Su objetivo es asegurar el derecho al acceso a la información, participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Aunque el Perú suscribió dicho acuerdo, terminó rechazando su ratificación. Uno de los principales argumentos fue la falta de innovación de este tratado, puesto que su contenido ya se encontraría regulado en la legislación nacional. Ante la duda del contenido de las disposiciones de dicho acuerdo, es necesario corroborar los impactos reales, que puede generar en la legislación nacional. De esa manera, se puede determinar la necesidad de contar con dicha ratificación. Uno de los aspectos regulados en el acuerdo es la justicia ambiental. Esta busca que toda persona que sufre impactos ambientales desproporciónales cuente con las herramientas necesarias para reparar los daños sufridos. Considerando que la justicia ambiental es uno de los pilares, este trabajo tiene como objetivo analizar la legislación nacional con relación a la justicia ambiental, a fin de determinar cómo dicho acuerdo podría beneficiar o fortalecerlo. Como resultado, se podrá observar que la regulación actual es una de las más avanzadas de la región. Incorpora gran cantidad de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Además, pueden alcanzarse las exigencias del tratado a través de instrumentos infralegales. En ese sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú, en materia de justicia ambiental, responde a intereses políticos, más que a vacíos o falta de protección de la justicia ambiental. / The Escazu Agreements is the first treaty on environmental matters. this treaty aims to ensure the Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters. Even thought, Peru has agreed to this treaty, it decided to reject its adoption formally. The reason was the lack of substance, due to the legal framework has already regulated its content. However, it is important to analyze its provisions in order to determine the impacts in our legal framework. Thus, we can conclude the necessity of its adoption. One of the key elements of the agreement is the environmental justice. This aims to give the necessary legal instrument to any person who suffers an environmental impact. Considering the relevance of the environmental justice, this article intends to analyze and compare the legal framework with the agreement in order to determine the benefits of it. As a result, we can observe that our current legal framework is one of the most advance compared to the region. Also, it has already incorporated some of the rules from the treaty. Besides, we can achieve the agreement purpose through infralegal regulations. For that reason, the adoption of the Escazu Agreement, responds to politics decisions, more than the environmental justice lack of legal protection. / Trabajo académico

En el presente trabajo académico, se realizará un análisis sobre el Decreto Legislativo Nº 1500 y su impacto en la regulación sobre participación ciudadana en el sector ambiente. Como resultado de la investigación realizada, se plateará la necesidad de adaptar el referido Decreto Legislativo a la regulación actual vigente. Lo cual conlleva también a identificar la importancia de actualizar los Reglamentos de Participación Ciudadana relacionados al sector ambiente, para poder regular los mecanismos virtuales de participación ciudadana. Como parte del análisis, se concluirá que así como ha cambiado el contexto en relación a la Emergencia Sanitaria y el Estado Nacional de Emergencia, se han modificado los fundamentos del Decreto Legislativo Nº 1500. Por lo tanto, es necesario analizar cuales son los efectos de la modificación de sus fundamentos. Teniendo en consideración que si bien la virtualidad ha implicado una gran oportunidad para la participación ciudadana, existen factores sobre la presencialidad que no pueden ser reemplazados, a razón de las características del Perú, como falta de acceso a energía o medios virtuales por parte de la población. Para sustentar las conclusiones planteadas en el presente trabajo, se realizará un estudio del marco normativo sobre la participación ciudadana en el sector ambiente, y cómo impactó la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1500 en dicho marco normativo. De igual forma, se tomará en cuenta los informes de Defensoría del Pueblo para identificar cómo ha impactado la implementación de mecanismos virtuales en la población. / In this academic work, an analysis will be made of Legislative Decree No. 1500 and its impact on the regulation of citizen participation in the environmental sector. As a result of the research carried out, the need to adapt the referred Legislative Decree to the current regulation in force will be presented. This also leads to identify the importance of updating the Regulations of Citizen Participation related to the environmental sector, in order to regulate the virtual mechanisms of citizen participation. As part of the analysis, it will be concluded that just as the context has changed in relation to the Sanitary Emergency and the National State of Emergency, the foundations of Legislative Decree No. 1500 have been modified. Therefore, it is necessary to analyze the effects of the modification of its foundations. Taking into consideration that although virtuality has implied a great opportunity for citizen participation, there are factors that cannot be replaced due to the characteristics of Peru, such as the lack of access to energy or virtual media by the population. To support the conclusions raised in this paper, a study will be made of the regulatory framework on citizen participation in the environmental sector, and how the enforcement of Legislative Decree No. 1500 impacted this regulatory framework. Likewise, the reports of the Ombudsman's Office will be taken into account to identify how the implementation of virtual mechanisms has impacted the population. / Trabajo académico

La presente investigación se centra en distinguir y aclarar los argumentos jurídicos que se ciernen sobre una futura adecuación normativa de la legislación nacional ambiental peruana al Acuerdo de Escazú. La justificación de la presente investigación es la de aclarar el sustento de los argumentos jurídicos debatidos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República referidos a la conveniencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú con respecto a su impacto en la legislación ambiental peruana. Nuestra hipótesis de investigación es que la adecuación normativa de la legislación nacional ambiental al Acuerdo de Escazú extiende el alcance de los derechos de acceso ambiental (participación ciudadana, acceso a la información, acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales) a nivel convencional, constitucional y administrativo. Sobre el marco teórico a emplear, utilizamos los contenidos del derecho internacional ambiental, los principios de buen gobierno y el constitucionalismo ambiental para el análisis de la mencionada adecuación normativa. La metodología empleada es la revisión documentaria de fuentes normativas y doctrinarias que nos permite identificar categorías jurídicas para dilucidar la interpretación integral de ambos cuerpos normativos. Una de nuestras más importantes conclusiones es que la adecuación de la legislación ambiental peruana al Acuerdo de Escazú dota de mayor protección constitucional y convencional los derechos de acceso a ambiental, limitando al legislador y el poder reglamentario de la administración a afectar la naturaleza jurídica de estos derechos, más bien guiándolos a desarrollar sus contenidos en base a la idoneidad de las normas ambientales, la transparencia y participación de los procedimientos administrativos relacionados a la evaluación ambiental, la rendición de cuentas y la efectividad de la administración en el marco de la fiscalización ambiental, es decir, a tener una legislación más consistente desde el enfoque de los principios de buen gobierno

El presente informe analiza los actos administrativos y su vinculación con las reglas del procedimiento para el otorgamiento del título de concesión minera en el Perú. El análisis se realiza a partir del petitorio minero “Dos Amigos II”, el cual fue cancelado por la Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET, en base al informe técnico emitido por el INRENA (actualmente, “SERNANP”). En ese sentido, partir de un análisis normativo y doctrinario, se sustentan las posturas respecto a la naturaleza jurídica y validez de la opinión vinculante del INRENA; asimismo, la validez del acto administrativo de última instancia, mediante el cual el Consejo de Minería declara la nulidad de oficio de la resolución que canceló el petitorio minero; finalmente, la relevancia y falencias de la Compatibilidad y Viabilidad Ambiental para el destrabe del procedimiento administrativo objeto de estudio. / This report analyzes the administrative acts and their relationship with the procedural rules for the granting of the mining concession title in Peru. The analysis is carried out based on the mining request "Dos Amigos II", which was canceled by the Presidency of the Board of Directors of INGEMMET, based on the technical report issued by INRENA (currently, "SERNANP"). In this sense, based on a normative and doctrinal analysis, the positions regarding the legal nature and validity of the binding opinion of INRENA are supported; likewise, the validity of the administrative act of last resort, through which the Mining Council declares the nullity ex officio of the resolution that canceled the mining petition; finally, the relevance and shortcomings of the Compatibility and Environmental Viability for the unblocking of the administrative procedure under study.

A partir de la ocurrencia de derrames de petróleo en nuestro país, los cuales han generado afectaciones al medio ambiente y, en particular, contaminado las fuentes de agua de las cuales se sirven muchos individuos para atender sus necesidades básicas, resulta necesario analizar la actuación del Estado y plantear soluciones alternativas ante dichos problemas. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca comprender la efectividad de las medidas implementadas por el Estado Peruano ante la ocurrencia de dichos eventos y cómo es que tutela el derecho de acceso al agua de las poblaciones afectadas, a partir del análisis del marco normativo peruano y de las competencias que el mismo otorga a distintas entidades. Desde dicho punto, se han analizado diversos aspectos, tales como el concepto de derecho de acceso al agua, el concepto de derrame de petróleo desde nuestra legislación, los mecanismos y herramientas con las que cuenta el Estado para atender tales contingencias ambientales conforme a la normativa peruana y el análisis de un caso en particular, así como las medidas implementadas en este caso por el aparato estatal. De esta manera, la evaluación realizada concluye que, sin perjuicio de que a través de diversas normas se han otorgado competencias a las distintas autoridades administrativas y estas han desplegado acciones para atender las consecuencias de los derrames de petróleo, no se ha logrado brindar una efectiva tutela al derecho de acceso al agua de los individuos afectados, ya sea porque las medidas, en su mayoría, de índole administrativa, han implicado mayores formalidades, o bien, hasta la fecha, no han llegado a rehabilitar por completo las fuentes de agua afectadas por los derrames de petróleo. En consecuencia, se hacen necesarias medidas más efectivas e individualizadas que verdaderamente restituyan el estado anterior de la situación que fue alterada.