Muchas personas recuerdan con seguridad la película Una Mente Brillante del 2001, ganadora de cuatro Oscar de la Academia, Russell Crowe representa al matemático John Nash. Ante el ingreso de unas señoritas en un bar, en el grupo de amigos de Nash todos se preparan para cortejar a la más bonita. Entonces Nash manifiesta:”si todos vamos por la bonita, no conseguimos nada. Ni con ella ni con las amigas, que se sentirán tratadas como una segunda opción. Pero si vamos por las amigas, tendremos más posibilidades”. El plan funcionó, John Nash años después en 1994, ganó el premio Nobel de Economía y la teoría de juegos pasa a ser estudiada por todo el mundo. La escena descrita grafica lo ocurrido en nuestro sistema financiero en los últimos 20 años, en un periodo donde fue necesario reestructurar a las empresas, en tanto hubo adquisiciones y necesidad de 9 negociar por el control social por terceros o como el empleado por el grupo que domina la sociedad para consolidar su posición de control.

El año 2015 ha sido un periodo lleno de cambios económicos que han motivado una serie de acciones de parte del Poder Ejecutivo para superar esta situación. Acciones realizadas en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo y que se han materializado en una serie de dispositivos legales. Dentro de estos dispositivos, tenemos el D.L. N° 1177 y N° 1196 que establecen mecanismos de acceso a la vivienda bajo las figuras del arrendamiento, el arrendamiento con opción de compra, el arrendamiento financiero y el contrato de capitalización inmobiliaria. Este último objeto de análisis en el presente trabajo vista la novedosa regulación y operatividad que se pretende implementar en el mercado nacional.

Este trabajo nace con la idea de implementar un nuevo producto en el mercado financiero peruano que permita el acceso al financiamiento para la adquisición de vivienda. El producto propuesto es el llamado Leasing habitacional que será la competencia directa para el conocido crédito hipotecario que ofrecen los bancos. Actualmente, las entidades financieras que ofrecen el crédito hipotecario limitan su público objetivo toda vez que las condiciones para el acceso no son accesibles a todos. La cuota inicial alta y las elevadas cuotas mensuales hacen que determinado sector de la población no pueda insertarse al mercado financiero, centrando al crédito hipotecario como la única opción de financiamiento para adquirir una vivienda. El Leasing habitacional va a satisfacer la demanda de un sector de la población que no puede acceder al crédito hipotecario ya que las características de este nuevo producto son de un arrendamiento con requisitos y cuotas accesibles para el sector no atendido. Este producto también será ventajoso para las entidades financieras toda vez que ofrecerán un nuevo producto el cual permitirá que un sector no atendido pueda insertarse al mundo financiero, generando así mayor penetración en el mercado.

Durante las últimas décadas, en nuestro país, la actividad económica se ha ido incrementando haciendo que las empresas busquen y opten por nuevas alternativas de financiamiento para poder operar, esto requiere entre otros muchos aspectos el disponer de bienes muebles, entendiendo que la carencia de estos, paralizaría el desarrollo de muchas empresas, es así que surge la necesidad de contratar mediante una no tan conocida forma de financiamiento denominada Arrendamiento Financiero o Leasing, como una atractiva alternativa frente al crédito tradicional, donde una persona o cliente contrata con una entidad financiera para que le ceda en uso el bien requerido (previamente adquirido según indicaciones del arrendatario), para que la empresa arrendataria pueda hacer uso y beneficiarse del mismo.

En la presente investigación se profundiza en la regulación (Circular SBS N° B-2101- 2001) y concepciones doctrinarias de lo que es la Carta Fianza, toda vez que al existir problemáticas en su interpretación y en como se concatenan en forma sistemática las disposiciones de la Carta Fianza con las del contrato de fianza del Código Civil, es necesario encontrar los conceptos adecuados de esta figura. Al respecto, proponemos: (i) acercamientos conceptuales, más adecuados de las características sustanciales de la Carta Fianza como figura jurídica, (ii) criterios que la normativa puede recoger para una mejor regulación sin remisiones normativas al Código Civil y, (iii) criterios que nos permitan proteger mejor a las entidades del Sistema Financiero ante una ejecución correcta y clara de cartas fianza, considerando que debemos asimilar la Carta Fianza a las Standby Letters of Credit y no al contrato de fianza. Para esta finalidad, se recurre una revisión comparada con soft law de la International Chamber of Commerce (ICC) y recolección de la jurisprudencia pertinente. El resultado de esta investigación y conclusión principal radica en que la Carta Fianza es un Crédito o Garantía Contingente más cercano, a las Standby Letters of Credit conforme a la ISP98 de la ICC, por lo que se recomienda no hacer remisiones normativas al Código Civil, asimilar criterios más generales pero correctos para esta figura en la regulación bancaria e inclusive, se sugiere la posibilidad de abandonar el término “Carta Fianza”. / In this research, we have reviewed both banking regulations (SBS Circular N ° B-2101- 2001) and conceptions of what the “Carta Fianza” is, since there are problems in its understanding and systematic interpretation with the rules for the “fianza civil” contract of the Civil Code, deeming necessary to find the appropriate concepts of this figure. In this regard, we propose: (i) conceptual approaches, more appropriate of the substantial characteristics of the “Carta Fianza”, (ii) criteria for better regulation without references to the Civil Code and, (iii) criteria to better protect the banks when correct and clear payment of a “Carta Fianza” is made, considering that we must assimilate this with the Standby Letters of Credit and not to the “fianza civil” contract. A legal analysis is used and contrasted with the rules of the International Chamber of Commerce (ICC), as well as a review of the relevant jurisprudence. The result of this investigation and its main conclusion is that the “Carta Fianza” is an instrument closer to standby letters of credit, (ISP98 of the ICC), so it is recommended not to make references to the Peruvian Civil Code, assimilate more general but correct criteria for this instrument in the banking regulation and it also is suggested a possibility of abandoning the term “Carta Fianza”. / Trabajo de investigación

La contribución de las Administradoras de Fondos Pensiones en el Buen Gobierno Corporativo de las empresas en las cuales invierten es un tema desarrollado de manera diferente por los países latinoamericanos y Europeos. En algunos países no existe regulación previsional que haga referencia a este tema en particular, sin embargo, la tendencia a nivel mundial es a mejorar las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las empresas invertidas en vista a la importancia y valor agregado que puede generar no solo a los accionistas mayoritarios, administradores y demás grupos de intereses que giran en torno a la empresa invertida sino además a los propios afiliados, quienes por intermedio de las AFPs son los beneficiarios indirectos del éxito de la empresa. Chile, es uno de los países que presenta un completo desarrollo sobre las responsabilidades de las administradoras en las empresas donde se invierte los fondos, en tanto que se ha regulado la concurrencia a Junta de Accionistas de las empresas, estableciéndose el deber de pronunciarse en cada una de las materias tratadas. En Republica Dominicana se ha establecido que las AFPs deben definir políticas para votación en elección de Directores de sociedades, para de esta manera evitar conflicto de interés. Asimismo se ha señalado en su normativa interna que las AFP deben concurrir a las Asambleas de Accionistas y emitir su voto, salvo que presente una inversión inferior al 3% del emisor. En Colombia si bien no se ha establecido en la ley, en la práctica las AFPs tienen la obligación de velar porque los emisores que reciban inversión de los fondos de pensiones obligatorios cuenten con estándares de gobierno corporativo que cumplan con las políticas internas de las AFP.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad efectuar un análisis apoyado en un enfoque normativo de la estructura del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y las fallas que presenta abarcando factores institucionales que implican aspectos regulatorios, de supervisión y promoción, que se han venido presentando desde el inicio de sus operaciones en mayo del año 2011; así como factores económicos que sirven de sustento técnico, para efectuar propuestas que abarquen cada uno de los aspectos mencionados a raíz de las fallas que serán descritas. A raíz de la integración regional bursátil en la región latinoamericana, los mercados de valores de Perú, Chile y Colombia abrieron sus plazas bursátiles a un número indeterminado de potenciales inversionistas aun mayor al que anteriormente estaban expuestos; esto gracias a una iniciativa de promoción tanto privada como pública. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), como veremos a lo largo del presente trabajo de investigación, se ha mantenido con modestos montos de negociación debido a impedimentos normativos, los cuales desde un punto de vista teórico y al mismo tiempo práctico han introducido una tendencia que coloca a algunos mercados de valores en desventaja frente a otros dentro de este modelo de negociación. Con la finalidad de desarrollar los aspectos mencionados se ha dividido el presente trabajo en cuatro secciones. La primera sección se enfocará en la explicación teórica del funcionamiento del Mercado Integrado Latinoamericano, identificando sus características y objetivos principales, explicando el enrutamiento intermediado dado que resulta elemental para entender la integración regional bursátil en Latinoamérica, así como la relación bidireccional del sistema de liquidación y compensación de valores mobiliarios, para finalmente efectuar el análisis normativo. En la segunda sección, se explicará, en base a experiencias pasadas de integración bursátil, cuales son las características comunes de aquellas experiencias con la integración materia del presente análisis y posteriormente se detallarán las diferencias entre ambas, con la finalidad de poder identificar claramente el panorama descrito en la sección primera y distinguirlo de las experiencias que se describirán en esta sección. En la tercera sección se presentarán algunas cifras relevantes, en base a datos oficiales, con los cuales se promociona al Mercado Integrado Latinoamericano dentro de su plataforma virtual, con la finalidad de evidenciar la situación actual del mercado de valores peruano en el actual contexto. En la cuarta sección, a la que se ha denominado Fortalecimiento del Mercado Integrado Latinoamericano, se identificarán sus fallas, analizando dos factores que considero abarcan los aspectos más importantes, como son los factores institucionales y los factores económicos. Estos mismos factores se emplearán para efectuar propuestas que subsanen las deficiencias descritas, teniendo como base el contexto en el que se desenvuelve esta integración y partiendo desde la experiencia de las integraciones anteriores. Finalmente, se expondrá una conclusión que puede resultar poco atractiva para quienes mantienen una posición conservadora respecto del Mercado Integrado Latinoamericano, pero que, como se argumentará y demostrará, es la más realista.

La inclusión financiera en el Perú, en la actualidad, posee una de las tasas más bajas en Sudamérica debido a que su índice de bancarización solo alcanza al 30% del total de la población, quienes acceden a los servicios financieros por medio de créditos o la apertura de cuentas de ahorro, ya que estos son los canales más comunes de acceso al sistema financiero. En ese sentido, con el fin de promover políticas inclusivas, el Estado emitió diversas normas destinadas a promover el desarrollo de la inclusión financiera. Es así que, mediante la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, creada el año 2014 mediante Decreto Supremo N° 029-2014-EF, se elaboró los parámetros para la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es producir marcos de acceso y uso de los servicios financieros de calidad para toda la población; para ello será necesario incentivar la mejora de herramientas innovadoras que permitan elevar los porcentajes de inclusión financiera. Asimismo, en agosto del 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 255-2019- EF, normativa a través de la cual se aprueba la Política Nacional de Inclusión Financiera con el fin de establecer una serie de objetivos prioritarios que contribuyan a remediar el problema de la inclusión financiera. Dentro de los canales innovadores propuestos por las entidades del sistema financiero se encuentran los medios electrónicos de pago, entre estos el que más resalta es el Dinero Electrónico; este medio electrónico innovador puede llegar a aquellos sectores de la población donde la banca tradicional no tiene alcance, reduciendo los costos operativos de establecer oficinas o sucursales bancarias en diversas localidades. Esta plataforma operativa se vale de los recursos que ofrece la telefonía móvil, debido a que se pueden realizar diversas operaciones financieras mediante teléfonos celulares a través mensajes de texto, por lo que se debe considerar la facilidad de uso y potencial de acceso a través de las líneas de telefonía celular. El dinero electrónico se perfila como una posible herramienta de gran potencial para la inclusión financiera considerando el notable despliegue de la telefonía móvil en nuestro país que según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada al 2018 superan los 40 millones de líneas activas, y la penetración de la telefonía alcanza las 130 líneas por cada cien habitantes en Perú en el primer trimestre. / Trabajo de investigación

La presenta investigación tiene como propósito determinar si las entidades del sistema financiero están en la capacidad de asumir los riesgos que se derivan de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos dados en arrendamiento financiero, puesto que debido a su calidad de propietarios del bien arrendado vienen siendo responsabilizados civilmente por las faltas de los arrendatarios. Esta investigación se desarrolla siguiendo el enfoque metodológico de tipo jurisprudencial y comparativo. Para estos efectos, revisamos diversos pronunciamientos emitidos en sede casatoria en los que se ha puesto en discusión este tema, los cuales ponen en evidencia la falta de predictibilidad al momento de resolver este tipo de casos, además del desconocimiento de la naturaleza mercantil de los contratos de arrendamiento financiero. Ahondado a ello, realizamos un análisis comparativo de un grupo de legislaciones a nivel latinoamericano y europeo, las mismas que han optado por reconocer la naturaleza especial del contrato de arrendamiento financiero en la normativa de accidentes de tránsito. De ahí que, podamos concluir que las entidades del sistema financiero no deben asumir los costos de los accidentes de tránsito ocasionados por los vehículos dados en arrendamiento financiero, siendo necesaria la modificación del artículo 29 de la Ley General de Tránsito, a fin de excluir de su ámbito de aplicación a las entidades del sistema financiero y adecuar su regulación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 299. De esta forma, podremos evitar el encarecimiento del producto, lo cual permitirá que más personas puedan acceder al mismo

Las transacciones bancarias conllevan a una diversidad de escenarios que ponen a prueba la suficiencia de las medidas adoptadas por las empresas y los reguladores para mantenerse alineadas a la regulación existente en materia de protección al consumidor financiero. Por ello, se debe analizar si las técnicas de autorregulación, como las prácticas de buen gobierno corporativo y, a través de éstas, los programas de “compliance” voluntarios, pueden cumplir dicho objetivo. Al respecto, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad de que las empresas bancarias cuenten con programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor, más allá de los sistemas de control de riesgos legales que puedan tener para la generalidad de la legislación; ello, atendiendo a los incumplimientos en los que incurren dichas empresas en el desarrollo de sus actividades, lo cual se encuentra evidenciado en los reportes emitidos por la entidad fiscalizadora y sancionadora en materia de consumo. La propuesta hace, especial énfasis en identificar las contingencias a las que se enfrentan las empresas por el incumplimiento de las normas de protección al consumidor en el ámbito pecuniario, esto es, por imposición de sanciones, como a nivel cualitativo en lo referido a la pérdida reputacional frente a otros competidores del mercado. Al mismo tiempo, se busca elaborar un mapa de riesgos en materia de protección al consumidor, a raíz de la normativa vigente y los pronunciamientos del Indecopi en los que dicha entidad haya dado a conocer sus criterios sobre el cumplimiento del deber de idoneidad, cuyo conocimiento puede permitir implementar y reforzar las políticas de cumplimiento ya existentes. Finalmente, se sostiene la hipótesis que el registrar tales políticas y programas de cumplimiento ante la autoridad de consumo, bajo un esquema de incentivos, puede mostrar como resultado la reducción de contingencias entre las empresas bancarias y consumidores. / Trabajo de investigación