Conforme se detalla en el Examen Diagnóstico de Protección al Consumidor y Alfabetización Financiera en el Perú, elaborado por el Banco Mundial en el año 2013, el 20.5% de los peruanos adultos indicó, en una encuesta realizada para la base de datos “Global Findex”, que tiene una cuenta de ahorro en una institución financiera. Asimismo, un 8.6% de los encuestados ahorró en una institución financiera el año anterior, mientras que un 12.7% de la muestra admitió haber recibido un préstamo otorgado por una empresa del sistema financiero el año anterior. A pesar de lo desolador que, “prima facie” puede parecer este panorama, máxime si comparamos el caso peruano con otros países latinoamericanos, el mismo informe detalla que, en la primera década del siglo XXI, el sector financiero peruano ha experimentado un crecimiento sostenido, ello gracias a la estable situación financiera y macroeconómica que se evidenció en dicha década. También asevera el referido informe que los peruanos recurren frecuentemente al mercado formal de créditos bancarios. No obstante, en lo que se refiere al consumo de productos pasivos, la población peruana sigue manteniéndose rezagada con respecto al promedio latinoamericano de titularidad de cuentas bancarias y ahorro.

El presente informe jurídico procura analizar por medio de la casuística y la interpretación legal del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito junto al Código de Protección y Defensa del Consumidor, las nociones de medidas de seguridad (respecto al monitoreo y realización de operaciones) y la validez de las operaciones, en aras de dilucidar si la decisión adoptada en la Resolución N°3210-2023/SPC-INDECOPI se encuadra dentro de las nociones y posturas que ha tomado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en los últimos años. En tal sentido, se hará un énfasis especial en la tendencia de Indecopi de tomar en consideración la aplicación de todas las medidas de seguridad contempladas en la normativa sectorial, lo cual incluye factores como la frecuencia, el máximo importe individual consumido por el cliente, la totalidad de canales utilizados por el consumidor, entre otros. De esa forma, se concluirá que la Sala Especializada en Protección al Consumidor no efectuado el análisis de la totalidad de medidas de seguridad de la normativa sectorial en el presente caso. Asimismo, se evidenciará la necesidad de que la Sala Especializada en Protección al Consumidor emita pronunciamiento respecto del factor frecuencia para los casos en los cuales las operaciones no reconocidas se realicen en minutos, así como para los casos en que se utilicen distintos canales a los habituales. / This legal report pursue to analyze by means the casuistry and legal interpretation of the Credit and Debit Card Regulations in conjunction with the Code of Consumer Protection and Defense, the notions of security measures (regarding the monitoring and implementation of transactions) and the validity of transactions, in order to elucidate whether the decision adopted in Resolution No. 3210-2023/SPC-INDECOPI falls within the notions and positions taken by the Specialized Chamber on Consumer Protection in recent years. In this sense, special emphasis will be made on Indecopi´s tendency to take into consideration the application of all the security measures contemplated in the sectorial regulations, which includes factors such as frequency, the maximum individual amount consumed by the client, the totality of channels used by the consumer, among others. Thus, it will be concluded that the Specialized Chamber on Consumer Protection did not analyze the totality of the security measures of the sectorial regulation in the present case. Likewise, it will be evidenced the need for the Specialized Chamber on Consumer Protection to issue a pronouncement regarding the frequency factor for cases in which the unrecognized operations are carried out in minutes, as well as for cases in which different channels than the usual ones are used.

El acceso al crédito es en definitiva uno de los más grandes obstáculos que podrían enfrentar las MIPYMES o emprendedores en general cuando quieren acceder a un financiamiento para crecer o iniciar un negocio. En ese contexto, aparece el Título de Crédito Hipotecario Negociable, también llamado “TCHN”, como una alternativa adicional de financiamiento en el Mercado de Valores. Este instrumento de deuda tiene aproximadamente más de 25 años en el mercado y nace como una innovación peruana; sin embargo, se han identificado algunas trabas y/o fallas, a las cuales se pretende dar solución en el presente trabajo de investigación, pero siempre enfocándose en una metodología de aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio, ya que servirá para identificar las trabas o fallas en torno al instrumento, así como para también poder evaluar las posibles consecuencias que se podrían generar por las soluciones planteadas. En ese sentido, se propone que, solucionando las trabas o fallas identificadas, el TCHN podría competir sin ningún problema con otros instrumentos, y así iniciar un mayor dinamismo de financiamiento para las MIPYMES, pero en el Mercado de Valores.

El principal objetivo de esta investigación ha sido demostrar que la libertad de Elección notarial para celebrar un contrato accesorio de Constitución de garantía hipotecaria luego de haberse realizado un contrato principal de mutuo hipotecario con una entidad bancaria o financiera en nuestro país, es eficiente y se sustenta teniendo como base el Análisis económico del Derecho. Se demostró que existen limitaciones a la libertad de contratación notarial por parte de las entidades bancarias, dicha restricción se manifiesta al momento que el consumidor bancario quiere elegir una notaría de su preferencia cuando decide celebrar el contrato accesorio. Dicha restricción que la entidad bancaria realiza al consumidor da como resultado la reducción de diversos costos de transacción como: gastos administrativos para el banco, tiempo de búsqueda para el consumidor, menores costos de arancel Notarial, menores costo del crédito, menores costos de traslado del banco a la notaría, reducción del stress y otros. Partiendo de un análisis comparativo con España, se evidencia que la libertad de elección notarial se encuentra regulado por el estado con el fin de que todo consumidor bancario luego de haber realizado un contrato de mutuo hipotecario con la entidad bancaria, no vea restringido su derecho de elección notarial, ya que como afirman los Colegios de Notarios españoles, las entidades bancarias presentan enormes incentivos para que los consumidores no ejerzan sus derecho de libertad de elección notarial. Además, debido a que el arancel notarial se encuentra regulado, es más difícil que las entidades bancarias puedan vulnerar dicho derecho, sin embargo, al consumidor bancario aún le cuesta reconocer la calidad del servicio notarial. Los resultados de nuestra investigación demostraron que pese a que existe limitaciones a la libertad de contratación en la elección de servicios notariales por parte de la entidad bancaria o financiera, existe un mayor beneficio no solo económico sino además, de reducción de costos de transacción para el consumidor bancario y la sociedad en general. Por lo que, si se buscara regular la libertad de elección notarial para realizar contratos accesorios derivados de contratos de mutuo hipotecario con una entidad bancaria en nuestro país, los únicos beneficiados serían las notarías, que eso explicaría por qué buscan regular algo que hasta el momento resulta siendo eficiente.

El presente trabajo de investigación desarrolla el alcance e importancia del principio de interoperabilidad en la formación de ecosistemas de pago digital y en la promoción de la inclusión financiera en el Perú. Para ello, se analiza el funcionamiento de los diferentes niveles de interoperabilidad entre las billeteras electrónicas ofrecidas en el mercado peruano, a fin de identificar oportunidades de mejora en su funcionamiento para proponer lineamientos para su regulación. La investigación concluye que las limitaciones en los diversos niveles de interoperabilidad entre las billeteras digitales del mercado peruano afectan el surgimiento de un ecosistema de pagos digital inclusivo y de uso masivo, recomendando que el marco normativo actual incorpore estándares internacionales desarrollados en cada uno de los niveles de interoperabilidad a fin de permitir el surgimiento de un sistema de pagos electrónicos abierto que propicie la competencia e inclusión financiera. El marco teórico utilizado para definir el alcance y los niveles de interoperabilidad es el elaborado por el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP), la Asociación Mundial de Operadores Móviles y Compañías Participantes del Mercado de Dinero Móvil; incorporando también en el análisis los fundamentos económicos que sustentan que la interoperabilidad permite un uso más eficiente de los recursos de la economía en beneficio de usuarios y proveedores de servicios financieros, al aminorar los costos operativos en la provisión de servicios financieros a través del aprovechamiento de economías de escala y economías de ámbito. Asimismo, se considerado los estándares internacionales propuestos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Grupo del Banco Mundial, la Alianza para la Inclusión Financiera y The Better Than Cash Alliance para los ecosistemas de pago inclusivos, incorporando una metodología de análisis comparativo entre los estándares internacionales desarrollados respecto a los niveles de interoperabilidad y el marco normativo peruano.

La presente investigación desarrolla un tema de actualidad muy relevante para la promoción de nuestro mercado de valores especialmente para el mercado primario de instrumentos representativos de deuda, las Ofertas Híbridas o Profesionales. La promoción, desarrollo e implementación de estas Ofertas Híbridas facilitaría el incremento de las emisiones de instrumentos de deuda y el ingreso de nuevos emisores; lo cual podría ampliar las alternativas de inversión actualmente disponibles para los inversionistas. La conceptualización de Ofertas Híbridas es una terminología introducida por el Banco Mundial, a partir del estudio de experiencias exitosas en países con economías emergentes y también en países desarrollados que en sus regulaciones diseñaron ofertas flexibles en cuanto a la carga regulatoria para la inscripción de los valores, el rol del regulador, las obligaciones informativas periódicas, restricciones a la negociación de los valores, los destinatarios de la oferta, entre otros aspectos; a partir de la combinación de características de las ofertas públicas y de las ofertas privadas de valores. La justificación de la presente investigación se centra en que a pesar del crecimiento económico obtenido por nuestro país durante los últimos veinte años, nuestro mercado de valores es aún pequeño en comparación a otros países latinoamericanos como el chileno y el colombiano. Ello debido a una serie de factores como los altos costos de acceso para que una empresa pueda financiarse, por los trámites y plazos muy prolongados en el tiempo para la aprobación de las inscripciones, empresas con tamaños pequeños para los estándares que el mercado de valores requiere y que no cuentan con políticas de buen gobierno corporativo e información financiera elaborada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), desconocimiento de los beneficios del mercado de valores y poca cultura financiera, entre otros temas que desincentivan el ingreso al mercado de valores. En consideración a ello, el desarrollo y posible implementación en nuestra regulación de esquemas como las Ofertas Híbridas podría constituir una alternativa diferente al régimen general de ofertas públicas primarias y a los regímenes especiales, como el regulado mediante el Reglamento de Oferta Pública Primaria dirigido exclusivamente a Inversionistas Acreditados – ROPPIA, el cual a diferencia de dichos regímenes promoverá el ingreso de nuevas empresas al mercado de valores y de ampliar las opciones de financiamiento a los emisores, constituyéndose en una fuente alternativa al sistema bancario.

En nuestro contexto regulatorio si bien el término compliance es relativamente reciente, algunas normas vigentes lo han incorporado implícitamente; debido a que, las tendencias legislativas del sector financiero internacional se orientan a implementar estándares internacionales de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad financiera. No obstante, la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance (SGC) efectivo en el sector financiero no solo debe incorporar la normativa vigente; sino que, también deben aplicarse normas de soft law como ISO 31 000 Gestión de Riesgos, ISO 37 001 Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance, debido a que el sistema financiero peruano actualmente trasciende los límites fronterizos. La relevancia de la propuesta radica en que el implementar un SGC en una entidad del sistema financiero peruano contribuye a incrementar su valor, al mismo tiempo que busca mitigar el impacto económico y reputacional que producen los riesgos de incumplimiento, tales como pérdidas financieras derivadas de fraudes internos, incremento de egresos producto de la imposición de sanciones, pérdidas económicas por la disminución del valor de cotización e incluso una salida forzada del mercado. Por lo antes expuesto, el presente trabajo contrastó los componentes que la vigente regulación y las normas de soft law proponen para implementar SGC, y los aplicó a un caso concreto de análisis: la crisis financiera del banco Credit Suisse. Finalmente, se formuló una propuesta de componentes mínimos necesarios para implementar un SGC efectivo en una entidad bancaria del sistema financiero en el Perú. / In our regulatory context, although the term compliance is relatively recent, some current regulations have implicitly incorporated it, because the legislative trends in the international financial sector are oriented to implement international standards of good practices in the development of financial activity. However, the implementation of an effective Compliance Management System (CMS) in the financial sector should not only incorporate current regulations, but also soft law standards such as ISO 31 000 Risk Management, ISO 37 001 Anti-Bribery Management Systems and ISO 37301 Compliance Management Systems, because the peruvian financial system currently transcends borders. The relevance of the proposal lies in the fact that implementing a CMS in an entity of the peruvian financial system contributes to increase its value, at the same time that it seeks to mitigate the economic and reputational impact produced by the risks of non-compliance, such as financial losses derived from internal frauds, increased expenses due to the imposition of sanctions, economic losses due to the decrease in the value of the stock exchange and even a forced exit from the market. For the above reasons, this paper contrasted the components proposed by current regulations and soft law standards for implementing CMS and applied them to a specific case of analysis: the financial crisis of the Credit Suisse bank. Finally, a proposal was formulated for the minimum components necessary to implement an effective CMS in a Peruvian financial system bank.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sin lugar a dudas, el actual desarrollo tecnológico y el aumento del comercio a nivel global, han hecho cada vez más competitivas a las economías internacionales, ante lo cual, las políticas de trasparencias se tornan un requisito fundamental para poder lograr una justa competencia entre los distintos actores del ya complejo sistema económico internacional. Consecuencia lógica de este hecho, es la de cuestionar instituciones que en tiempos pasados parecían inmutables y que en la actualidad son motivo de un acalorado y no menos interesante debate. Es así como el Secreto Bancario, que aún cuando en sus orígenes sentó las bases del crecimiento económico y consolidó el establecimiento de instituciones bancarias, hoy en día se ve cada vez más restringido y cuestionado. En la actualidad, las legislaciones se unifican y esfuerzan cada vez más para establecer límites claros bajo los cuales sea posible aplicarlo como una garantía para el mercado, en el cual sus distintos actores no se vean inmersos en una competencia desleal producto del origen ilícito de los capitales. Nuestro país no ha podido quedar ajeno frente a la actual problemática, que plantea una evidente tendencia internacional hacia la limitación del sigilo bancario, tema que no nos deja indiferentes como estudiantes, los que modestamente intentaremos no sólo explicar en forma sucinta la naturaleza y alcances del Secreto Bancario, sino que, además, previo análisis de las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, examinaremos cómo el mayor o menor ejercicio del secreto ha influido en el desarrollo y crecimiento tanto de la banca como de la inversión nacional, y las ventajas y desventajas que tiene la aplicación estricta del Secreto Bancario en la economía de los países en desarrollo

Presenta una problemática relacionada al sistema financiero y a los jóvenes de 20 a 30 años. Por un lado, tenemos a jóvenes a quienes les hace falta educación financiera sobre sus finanzas personales y por otro lado tenemos al sistema financiero con sus diferentes y elevadas tasas de interés, y una sobreoferta de productos financieros crediticios. Por ello queremos identificar ¿Cómo se estructura el nivel de endeudamiento en el sistema bancario en jóvenes de 20 a 30 años? Y ¿Cómo impacta esto al momento de afrontar sus compromisos de pago? / Tesis

El trabajo aborda la compleja problemática de las compensaciones en el sistema financiero peruano, especialmente en relación con los depósitos de remuneraciones y pensiones. A pesar de estar regidas por eI artículo 132 de Ia Ley GeneraI deI Sistema Financiero y de Seguros, surgen debates sobre cuáIes son Ios alcances de Ia exclusión a la que hace referencia dicha norma. Se destaca la falta de uniformidad en los criterios aplicados por Ias instituciones competentes en sede administrativa y judiciaI, generando incertidumbre en la resolución de casos, siendo que, respecto de la última, se favorece aI consumidor remitiéndose aI artícuIo 1290 deI Código CiviI y aI 648 deI Código ProcesaI CiviI. Frente a la falta de un criterio uniforme al resolver controversias particulares, se analiza la viabilidad de una corrección preventiva por parte de los organismos supervisores. Sin embargo, debido a la falta de positivización del criterio empleado por Ia Corte Suprema respecto a la norma aplicable, se Iimitan los esfuerzos de corrección de la conducta, tanto de forma preventiva como posterior en los casos concretos. Por tal motivo, el presente trabajo analiza la necesidad y viabilidad de modificar eI artícuIo 132 de Ia norma especial, a fin de solucionar Ias problemáticas y estabIecer Iímites en Ias compensaciones sobre Ios fondos de remuneración y pensión. La propuesta busca equilibrar la eficiencia operativa y Ia protección deI consumidor, reconociendo la especial protección legaI de Ia remuneración y Ia pensión en el contexto financiero. / The work addresses the complex issue of compensations in the Peruvian financial system, particularly concerning remuneration and pension deposits. Despite being governed by Article 132 of the General Law for the Financial System and Insurance, debates arise regarding the scope of the exclusion referred to in said norm. The lack of uniformity in the criteria applied by competent institutions in administrative and judicial proceedings is highlighted, creating uncertainty in case resolution, and with respect to the latter, the consumer is favored by referring to article 1290 of the Civil Code and 648 of the CiviI Process Code. Faced with the absence of a uniform criterion in resolving specific disputes, the feasibility of preventive correction by supervisory bodies is analyzed. However, due to the lack of positivization of the criterion used by the Supreme Court regarding the applicable norm, efforts to correct behavior are limited, both preventively and subsequently in specific cases. Therefore, this work examines the need and feasibility of amending Article 132 of the special regulation to resolve the problems and establish limits on compensations regarding remuneration and pension funds. The proposal aims to balance operational efficiency and consumer protection, recognizing the special legal protection of remuneration and pension in the financial context. / Trabajo académico