El Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que recibe un mal servicio o un producto defectuoso, determinando como obligación que todos los proveedores con establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con el Libro, ya sea en físico o virtual. El Indecopi, al tener como una de sus funciones la protección de los derechos de los consumidores, realiza acciones de supervisión a nivel nacional orientadas a la verificación de este cumplimiento normativo; inicia procedimientos administrativos sancionadores en aquellos casos donde comprueba que el proveedor no ha implementado esta herramienta; y posteriormente impulsa el procedimiento de ejecución coactiva donde se impuso una multa al proveedor infractor. En estas tres etapas, aproximadamente, pueden transcurrir por lo menos 2 años. En ese sentido, la implementación del Libro de Reclamaciones debe ser lo más eficiente posible a efectos que el Estado no tenga que incurrir en gastos en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Motivo por el cual, en el presente trabajo de investigación se evalúan como alternativas que la obligación de la implementación de este instrumento sea incluida como requisito para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, así como también que el Indecopi pueda determinar la responsabilidad objetiva por estas infracciones, de modo que pueda imponer la multa correspondiente en el preciso momento en que detecte su incumplimiento. / Trabajo de investigación

El derecho en la actualidad es objeto de una transformación lenta, pero sostenida: los abogados son valorados cada vez más en el ámbito preventivo tanto en el sector privado como el público. De esta forma, el presente trabajo de investigación plantea una solución a los diversos riesgos legales vinculados a la competencia en la celebración y ejecución del contrato de category management (CATMAN) desde un enfoque legal preventivo, toda vez que esta estrategia de trademarketing es un mecanismo exitoso para el mejoramiento de las ventas para los supermercados como para las empresas de consumo masivo; sin embargo, en su aplicación pueden darse situaciones vinculadas a riesgos legales entre competidores, riesgos legales entre distribuidores y supermercados, riesgos en el seno del área de ventas de la empresa que ejecuta el servicio de CATMAN, riesgos de incumplimiento normativo vinculado a faltas administrativas reguladas por el INDECOPI y riesgos reputacionales para la empresa. De esta forma,se plantea que la implementación de una estrategia de compliance en materia de libre competencia es un mecanismo eficiente para regular los diversos riesgos legales antes mencionados en la celebración y ejecución del contrato de CATMAN, para tal fin los objetivos de la investigación son determinar la naturaleza contractual del CATMAN, identificar y describir los diversos riesgos legales derivados del contrato y finalmente el desarrollo de la estrategia de compliance para la empresa que brinda del servicio de la administración de la categoría. La investigación se apoya en los enfoques metodológicos del análisis de riesgos para identificar una solución a la problemática del CATMAN y en el enfoque del derecho comparado para entender la naturaleza de esta figura contractual importada del extranjero. Finalmente, la conclusión de este trabajo ha demostrado que la aplicación de una estrategia de compliance es efectiva para administrar los riesgos de la libre competencia al momento de celebrar y ejecutar el contrato de CATMAN, pues permite al área legal o al oficial de cumplimiento ejecutar medidas que puedan hacer que el contrato se desarrolle con un control adecuado de las áreas trademarketing, marketing y ventas al ejecutar la estrategia comercial.

Globalmente, la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida es reducida en comparación con la de los hombres, y ello se evidencia aún más en los escalones de mayor jerarquía de toma de decisiones en las empresas, como son los directorios. En el mercado de valores, si bien existe una mayor exigencia por parte de los inversionistas institucionales, bolsas de valores, reguladores, entre otros actores del mercado, para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los directorios, esta exigencia no solo se demanda por ser un derecho fundamental, sino porque al tener un órgano de decisión con una composición diversa -ésta entendida en sus distintas dimensiones como conocimientos, edad, disponibilidad de tiempo, permanencia en el cargo, nacionalidad – se fortalecerá el gobierno corporativo de la compañía, generando valor tanto para la empresa, sus accionistas y sus demás grupos de interés. El Perú se encuentra comprometido con el gobierno corporativo y el desarrollo sostenible, no obstante, la composición de la gran mayoría de directorios de las empresas que listan valores en la Bolsa de Valores de Lima, únicamente se encuentra conformada por hombres, los cuales permanecen en sus cargos de forma indefinida o son reemplazadas por otros de su mismo género y que ellos mismos propusieron. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación cobra relevancia, pues se pretende realizar un análisis de la relación entre el ingreso de una mujer al directorio de una empresa que lista valores en la Bolsa de Valores de Lima, compuesta mayoritariamente por hombres, y la diversidad de la composición del directorio en sus dimensiones de conocimiento, edad, disponibilidad de tiempo, origen, permanencia en el cargo. / Trabajo de investigación

En los últimos años, viene surgiendo un grupo de consumidores que antes de adquirir un bien o servicio toma en cuenta los impactos ambientales o sociales relacionados a su producción, uso o disposición final, con el fin de orientar sus preferencias hacia aquellos que generan un menor impacto, incluso, aun cuando el precio pueda ser superior. Estos consumidores, son denominados en diversa literatura como “consumidores responsables”; y a través de su decisión de compra no solo procuran satisfacer sus propias necesidades, sino que además, van más allá del ámbito particular, toman en cuenta las posibles consecuencias públicas derivadas de su consumo, e intentan utilizar su poder adquisitivo como un medio para impulsar cambio en la sociedad premiando con su decisión de compra a aquellas empresas que ofrecen productos o servicios con menores impactos sociales o ambientales, es decir, a aquellas empresas que operan con formas de producción sostenibles. La información que requiere este consumidor para formar una decisión de compra es diversa, especializada y muchas veces no se encuentra fácilmente a su alcance. Y, por otro lado, aparentemente el alcance del derecho al acceso a la información de la que gozan todos los consumidores no sería suficiente para permitirle al consumidor responsable acceder a la información que requiere. En este sentido, en esta investigación abordaremos el fenómeno social de la aparición de los consumidores responsables y si sus expectativas de información sobre los impactos sociales o ambientales de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado encuentran o no un respaldo en la legislación peruana. / Trabajo de Investigación

La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación contiene algunas debilidades que podrían incrementar la probabilidad de materialización del riesgo del lavado de activos proveniente de la corrupción. Ante ello, en el presente trabajo se identifican y analizan las principales amenazas a las que está expuesta la regulación de las PEP: (i) el plazo de permanencia de un cliente con la calificación de PEP; (ii) la situación de los familiares, del cónyuge o concubino y allegados de una PEP; (iii) administradores y representantes legales PEP de personas jurídicas; (iv) miembros y directivos PEP de personas jurídicas sin fines de lucro; (v) personas jurídicas cuyos ex titulares y/o ex directivos tienen la condición de PEP; (vi) funcionarios de mandos medios e inferiores, (vii) los proveedores y contrapartes PEP; (viii) la inexistencia de una base de datos consolidada de autoridades, funcionarios y empleados públicos; (ix) dificultades para identificar el origen de los fondos y la fuente de riqueza del cliente; y, (x) las señales de alerta aplicables a las PEP. Para hacer frente a dichas amenazas se proponen oportunidades de mejora, a modo de modificaciones normativas, a fin de convertir el modelo regulatorio de las PEP en un mecanismo eficaz de mitigación del riesgo de lavado de activos derivado de actos de corrupción. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cómo las empresas del sector construcción han venido abordando la dimensión ética en sus organizaciones en los últimos cinco años y qué valor ha adquirido la ética para la reputación y la sostenibilidad de sus negocios. En un contexto donde las prácticas de corrupción se manifiestan en las personas, en las organizaciones y en la sociedad en general, se analiza y reflexiona sobre el significado de la corrupción, la ética, la cultura y la regulación, relacionando estos conceptos a las prácticas de gestión que vienen impulsando las empresas desde el gobierno corporativo, el compliance y la responsabilidad social. A través de tres casos de estudio se identifican estas prácticas de gestión y se analiza la importancia que estas prácticas tienen en la gestión empresarial y la forma de hacer negocios de tres de las principales empresas del sector construcción. Este trabajo permite repensar conceptos que desde las ciencias sociales y humanas y el derecho han sido ampliamente discutidos, relacionándolos a la gestión empresarial. Asimismo, permite reflejar la importancia que tiene el sector privado en la lucha contra la corrupción y en la posibilidad que tienen las empresas de asumir un rol activo frente al fortalecimiento de una cultura basada en principios de ética e integridad. El desarrollo de esta investigación permite concluir que si bien las tres principales empresas del sector construcción vienen impulsando importantes cambios en su gestión, es fundamental que estos cambios se orienten a una transformación sostenible que en el transcurrir del tiempo puedan reflejar comportamientos diferentes a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones. Si bien los cambios identificados en la gestión empresarial pueden ser positivos, es importante que estos cambios busquen una transformación cultural que se refleje en el comportamiento de las empresas / Trabajo de investigación

Considerando todos los procedimientos que se realiza cuando una sociedad jurídica se extingue, se ha evaluado las distintas problemáticas que puede presentar una empresa extinguida al momento de someterse a este procedimiento, y de las cuales tomaremos en cuenta a una de las más importantes, la cual versa sobre los bienes activos que no han sido considerados por el liquidador en su momento a fin de regularizar y sanear todos los procesos, bienes e incluso la formalización de actos celebrados por la empresa que se va a extinguir. Esta problemática nos conlleva a la investigación que se realiza en esta tesis y a su vez a los mecanismos jurídicos de solución que presentamos a fin de determinar un procedimiento eficaz y ágil para la formalización de actos jurídicos celebrados por sociedades extinguidas. Ante tales situaciones, surgen una serie de preguntas, las cuales en muchas ocasiones no encontramos respuesta alguna, o tal vez si la encontramos no es el mecanismo de solución idóneo para acceder, como por ejemplo nos cuestionamos:  ¿Qué acciones legales podemos considerar para hacer efectivo y formalizar debidamente nuestro acto jurídico celebrado cuando la empresa ya se encuentra extinguida?, o  ¿Qué medidas se debe tener en cuenta para que dicha formalización sea asequible y sencilla? Estos cuestionamientos serán desarrollados y solucionados a través de los mecanismos de solución que brindamos en esta tesis; así tratamos de llenar el vacío legal en nuestra legislación societaria respecto a la formalización de actos jurídicos celebrados por empresas extinguidas, cuya finalidad es alcanzar la oponibilidad que brinda únicamente registros públicos.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT – tributos internos, dentro de su Facultad de Fiscalización ejecuta diversas acciones de control con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e incrementar su presencia entre sus administrados. Como estrategia en el cumplimiento de sus objetivos institucionales se han implementado durante los últimos años a las Acciones Inductivas como un plan de alcance masivo y de verificación puntual a los contribuyentes a nivel nacional. El presente trabajo de investigación permitirá obtener una respuesta a la interrogante de si dichas acciones son un acto administrativo o no lo son, se revisará su naturaleza jurídica y su estrecha relación con los principios del derecho administrativo y los que corresponde a todo administrado, finalmente quedará en evidencia la necesidad de implementarse una normatividad legal que regule su procedimiento y el actuar de la SUNAT, de tal manera que se protejan los derechos de las empresas, los contribuyentes y se logre un equilibrio en la relación jurídica tributaria del ente recaudador con sus administrados. / Trabajo de investigación

La presente investigación versa sobre la causalidad de los gastos para la realización de acciones de responsabilidad social empresarial a favor de comunidades por parte de empresas mineras, bajo la hipótesis de que estos sí cumplen con dicho principio. La justificación de este estudio radica en el hecho que está directamente relacionado con la resolución de un problema práctico controvertido, como es el tratamiento tributario de los gastos de responsabilidad social empresarial que efectúan las empresas mineras. Asimismo, es una contribución al respecto, considerando que no existe una opinión uniforme y definitiva de operadores jurídicos, tanto públicos como privados; por lo tanto, no hay seguridad jurídica para los contribuyentes que realizan acciones de responsabilidad social empresarial. Para poner a prueba la hipótesis planteada, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad con la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Asimismo, se realizó un estudio respecto de la responsabilidad social empresarial con base en los elementos que frecuentemente la identifican. Finalmente, luego de analizar críticamente la doctrina nacional y jurisprudencia sobre la materia, se concluyó que son causales los gastos de responsabilidad social empresarial que corresponden a aquellas iniciativas de la empresa que tengan por objeto la gestión de los impactos que genera su propia actividad, que forme parte de estrategia empresarial y ligada estrechamente a su actividad en los ámbitos de valor compartido por la empresa y la sociedad con miras a alcanzar del desarrollo sostenible con la participación de los grupos de interés afectados. De este modo, acotamos la definición de RSE respecto de lo que coloquialmente se entiende por dicho concepto

En esta investigación afirmamos que los individuos y las organizaciones empresariales tienen el deber general de actuar diligentemente con la finalidad de no lesionar a los demás en su vida, patrimonio y otras instituciones creadas para la convivencia pacífica. Para ello, las conductas que – por su propia naturaleza – ponen en riesgo bienes jurídicos deben adecuarse a lo prescrito por las normas estatales y, cuando estas no resultan suficiente por la especialidad de la materia, al propio expertis que brinda el oficio o desarrollo del ejercicio profesional. A estos conocimientos que se gestan en la práctica de la profesión u oficio se denominan “conocimientos especiales”. Entre los escenarios más proclives a la formulación de conocimientos especiales se encuentran las actividades económicas de carácter empresarial, resultando muy limitada la capacidad del Estado para regular sus alcances de forma plena. Esto ha llevado a que los privados busquen autorregularse. Siendo este contexto favorable para plantear la pregunta de la presente investigación: ¿deben los privados utilizar sus conocimientos especiales en la fase de inicial de elaboración de un modelo de prevención de delitos de una organización para asegurar su futura eficacia como eximente conforme al artículo 17 de la Ley 30424 y sus modificatorias? Concluimos afirmando que la autorregulación capaz de exonerar de cargos penales supone una elevación del estándar de control respecto a lo previsto por la normativa estatal. Por tanto, creemos obligatorio incluir a los conocimientos especiales en el trabajo de identificación de riesgos penales de las empresas. / In this investigation, we affirm that individuals and business organizations have the general duty to act diligently in order to avoid damaging other’s lives or patrimony besides other institutions created to maintain for peaceful convivence. To achieve this goal, kind of behaviour that – for ich own nature – put legal assets in risk must be adapted to fulfil state standards and, when these are not sufficient due the specificity of the matter, to the expertise provided by the trade or development of the professional practice. The knowledge that arises from the practice of the profession is called "special knowledge". Among the most likely scenarios for the generation of special knowledge we can find economic activities with business nature. Here, the State has a very limited capacity to fully regulate and this has led the private sector to seek self-regulation. Given this situation, we can raise the question of the present research: ¿Should private sector use their special knowledge in the initial phase of developing a crime prevention model of an organization to ensure its future effectiveness as an exemption under Article 17 of Law 30424 and its amendments? We conclude by stating that self-regulation capable of dismiss legal charges carries an increase the standard of control above the said statal regulations. Therefore, it is mandatory that special knowledge is included in the work of identifying criminal risks in companies.