Considerando todos los procedimientos que se realiza cuando una sociedad jurídica se extingue, se ha evaluado las distintas problemáticas que puede presentar una empresa extinguida al momento de someterse a este procedimiento, y de las cuales tomaremos en cuenta a una de las más importantes, la cual versa sobre los bienes activos que no han sido considerados por el liquidador en su momento a fin de regularizar y sanear todos los procesos, bienes e incluso la formalización de actos celebrados por la empresa que se va a extinguir. Esta problemática nos conlleva a la investigación que se realiza en esta tesis y a su vez a los mecanismos jurídicos de solución que presentamos a fin de determinar un procedimiento eficaz y ágil para la formalización de actos jurídicos celebrados por sociedades extinguidas. Ante tales situaciones, surgen una serie de preguntas, las cuales en muchas ocasiones no encontramos respuesta alguna, o tal vez si la encontramos no es el mecanismo de solución idóneo para acceder, como por ejemplo nos cuestionamos:  ¿Qué acciones legales podemos considerar para hacer efectivo y formalizar debidamente nuestro acto jurídico celebrado cuando la empresa ya se encuentra extinguida?, o  ¿Qué medidas se debe tener en cuenta para que dicha formalización sea asequible y sencilla? Estos cuestionamientos serán desarrollados y solucionados a través de los mecanismos de solución que brindamos en esta tesis; así tratamos de llenar el vacío legal en nuestra legislación societaria respecto a la formalización de actos jurídicos celebrados por empresas extinguidas, cuya finalidad es alcanzar la oponibilidad que brinda únicamente registros públicos. / Tesis

Las empresas de Casinos han presentado problemas con el Sector Bancario desde hace varios años, ello se debe al alto grado de incidencia de prácticas de lavado de activos dentro de estos establecimientos, motivo por el cual han sido catalogados como blancos fáciles. Por otro lado, las entidades bancarias con el animus de preservar sus intereses dentro ellos su reputación, han optado por establecer políticas de índole interna, donde han señalado taxativamente las actividades económicas consideradas riesgosas en sí mismas, dentro de las cuales encontramos a los Casinos. Esta clasificación ha traído como consecuencia directa que no sean sujetos de crédito, inclusive algunas entidades bancarias han restringido la prestación de servicios bancarios, impidiendo cualquier tipo de vinculación comercial. Esta situación ha generado graves perjuicios a las empresas de Casinos; ya que han sido apartados del Sistema Financiero, constriñéndoles a buscar mecanismos alternativos que les permitiera seguir desempeñando su actividad comercial de manera normal. Frente a las adversidades reportadas por la Industria de Casinos, consideramos necesario incorporar mecanismos legales, que permitan demostrarle a los Bancos que los Casinos cumplen con las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido, proponemos que las empresas de Casinos refuercen su Sistema de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, así como también la incorporación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo; toda vez que esto permite la generación de un valor añadido para las empresas de Casinos, a través de la transparencia en la información, implementación de sistemas de gestión de riesgos entre otros. / Tesis

Mediante esta investigación se plantea analizar el existente marco normativo sobre el Programa de Clemencia en el Perú, el Proyecto de Guía de Clemencia y su versión final. Dicho análisis se realiza con el objetivo de diseñar un Programa de Clemencia que logre los objetivos de las políticas de libre competencia: permitir erradicar las prácticas colusorias horizontales, detectar las existentes y desincentivar la comisión de dichas conductas. El Indecopi posee distintas herramientas para poder investigar y sancionar prácticas colusorias horizontales. Así, el Programa de Clemencia cobra especial relevancia en tanto es la herramienta más exitosa que poseen los organismos para la detección de las prácticas colusorias horizontales en el mundo. Sin embargo, no solo es suficiente incorporar dicho programa dentro de la legislación peruana, sino realizarlo de una manera que permita certeza y seguridad jurídica por parte de los administrados. Por lo tanto, para la presente tesis se investiga la experiencia comparada, la realidad jurídica peruana y la doctrina especializada en la materia a fin de proponer un marco normativo eficaz para el caso peruano. Asimismo, se analizan las funciones y competencias de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y su Secretaría Técnica, determinando su interrelación con los investigados, con las empresas y con otras agencias de competencia. De igual manera, se realiza un análisis sobre los derechos que poseen los solicitantes de clemencia. Por otro lado, se identifica las principales características del Programa, determinando sus objetivos y la forma en que debe estar regulado. También analiza otras herramientas de enforcement utilizadas para la investigación de prácticas colusorias, analizando cómo se relacionan con el Programa de Clemencia y qué efectos podría tener en ellas su implementación. Finalmente, se proponen soluciones a los problemas planteados que logren los objetivos de las políticas de competencia.

En la actualidad, es innegable la influencia que ha tenido las prácticas corporativas anglosajonas en el mundo y en el derecho. Nuestro país no ha sido la excepción, por lo que áreas como fusiones y adquisiciones (M&A) han adoptado la estructura de contratos, cláusulas y documentos precontractuales utilizados en los países anglosajones. Sin embargo, al pertenecer a distintas tradiciones jurídicas (derecho común y derecho civil, correspondientemente), se han generado dudas respecto a las consecuencias del incumplimiento de ciertas de las cláusulas importadas al no existir una regulación o norma supletoria sobre éstas en nuestro país. Justamente, ese es el caso del incumplimiento de las representations and warranties cuando el comprador conoce o ha podido conocer de dicho incumplimiento antes del cierre del contrato, lo que se conoce como sandbagging en el mundo de los contratos. A diferencia de lo que podría creerse, la falta de un regla supletoria sobre sandbagging (permitiéndola o restringiéndola) e incluso la elección de una u otra (pro-sandbagging/anti-sandbagging) genera o puede generar costos en las partes. Por lo dicho, la presente investigación busca determinar, en línea con la eficiencia, la regla supletoria sobre sandbagging aplicable en nuestro país teniendo en cuenta instituciones como las obligaciones, los vicios ocultos, los vicios de la voluntad y la buena fe

La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada (por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de corrupción.

Cuando uno habla de franquicia se viene a la mente negocios con reconocido nombre, ya sea a nivel nacional como internacional, y es así que muchos se sienten atraídos por incursionar en este mundo y obtener un contrato de franquicia que tenga prestigio para poder operarlo de igual manera. Si bien las franquicias han sido utilizadas a nivel internacional desde hace mucho tiempo atrás, las franquicias nacionales datan recién desde el año 1992, las cuales tienden a crecer dados los beneficios que se derivan de este tipo de negocios. Hoy en día pequeñas empresas toman la decisión de arriesgarse y escoger este modelo. En este contexto la presente investigación me interesa porque siendo la franquicia un foco de inversión con riegos limitados en función al desarrollo de una experiencia anterior por parte del franquiciante, considero que es una buena opción analizar este tipo contractual así como la información que se maneja, en especial la reservada y vincularla con nuestra legislación societaria, de esa manera inquirir si existe algún tipo de protección a esta (información reservada). La validez del estudio se da en razón a que el contrato de franquicia constituye una de las herramientas más utilizadas hoy en día por los pequeños empresarios ya sea a través de los diferentes tipos societarios que ofrece nuestra legislación, sin embargo nuestra legislación solo regula el manejo de información reservada de manera limitada y genérica. Es por ello que se pretende proponer un proyecto de ley que involucre el reconocimiento del know how como información reservada así como su debida manipulación, enfocándonos en el derecho a guardar reserva y no brindar la misma en la administración de la sociedad. Para de esa manera absolver preguntas como ¿qué pasa en los contratos en los cuales el franquiciado este constituido con otro tipo societario distinto a una S.A., se le aplica la reserva o no? Así como también ¿en un caso de una franquicia cómo se ve plasmada la confidencialidad? O ¿cuál es el manejo de la información en relación a los socios?.

Las empresas se interrelacionan unas con otras a través del envío de información de carácter “confidencial” (en muchos casos), ello a efectos de que las partes tengan un conocimiento informado sobre la operación a concretar. Si bien por un lado se genera un conocimiento informado, por el otro, se podría estar generando riesgos legales en contra de la parte que suministra su propia información confidencial, toda vez que un tercero tendrá acceso a la misma y podrá utilizarla; el problema nace cuando dicha utilización se da con fines distintos a los que las partes inicialmente se representaron, pudiendo ocurrir que el tercero utilice dicha información para competir y sacar una ventaja comercial/económica respecto de la parte que suministró su información. En ese sentido, resulta importante generar resguardos que permitan mantener dicha información “confidencial” con absoluta reserva y que sea utilizada únicamente para el propósito por el cual se compartió. Bajo ese marco, surge la necesidad de que las partes antes de compartir su información confidencial suscriban acuerdos, contratos y/o convenios de confidencialidad que regulen de antemano, entre otros, (i) los alcances de la confidencialidad de la información, (ii) las limitaciones entorno al uso y acceso a la información confidencial, y (iii) el plazo por el cual sobrevivirán las obligaciones de confidencialidad respecto de la parte que recibió dicha información. A través de este instrumento legal las partes ya son conscientes de los derechos y obligaciones a su cargo; lo cual permite obtener algún nivel de seguridad, o en todo caso, por lo menos tener remedios jurídicos disponibles que se puedan aplicar a fin de salvaguardar la confidencialidad y/o resarcir el daño generado por el incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad.

Actualmente, existe en el Perú una gran corriente de opinión respecto a la necesidad de restringir la comercialización de alimentos procesados industrialmente, especialmente en los sectores considerados más vulnerables: los niños y adolescentes. Así tenemos la promulgación de la Ley N° 30021 – Ley de Promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes (en adelante, la Ley), que restringe la venta de este tipo de alimentos en todos los colegios del país, así como limitaciones a las publicidades de estos productos que vayan dirigidos a menores de 16 años. Aquí nos encargaremos de estudiar a los alimentos que siendo procesados industrialmente, son altos en azúcar, grasas y calorías; razones por las que el Estado Peruano ha decidido restringir su comercialización en los colegios, alegando que su habitual consumo produce obesidad y por tanto genera un problema de salud pública en los niños y adolescentes que dichas restricciones busca combatir.

La normatividad laboral tiene como principal sujeto de protección al trabajador, sin embargo no nos ponemos a pensar que en las relaciones laborales de carácter privado; el empleador se puede ver afectado en tanto los propios trabajadores cometen ilícitos penales en contra de la propia empresa es el caso de los trabajadores de confianza, quienes según los procesos en investigación y sentenciados que hemos incluido como muestra que tuvieron lugar en el distrito Fiscal y Judicial de Cusco y Madre de Dios, se han venido cometiendo el delito de Apropiación Ilícita. Por lo que hemos demostrado a través de un análisis material de las fuentes del derecho la insuficiencia de un marco normativo laboral de previsión para este tipo de situaciones que se dan en la relación laboral de carácter privado, es por ello la necesidad de liberalizar la legislación laboral los cuales nos permitan el cobro de los perjuicios patrimonial de derechos disponibles de los trabajadores con la finalidad de evitar procesos judiciales laborales y penales latos y evitar crisis, desaliento empresarial y en el peor de los casos quiebras de algunas empresas. El principal instrumento metodológico utilizado ha sido la argumentación, matizada con adecuados criterios hermenéuticos y demás herramientas jurídico-legales teniendo como áreas de investigación el Derecho laboral, constitucional y penal. Se ha demostrado entonces la hipótesis planteada inicialmente la cual es que existe una insuficiencia del marco normativo laboral vigente, ya que son escazas las posibilidades que tiene el empleador de cautelar el patrimonio empresarial en este escenario penal que es la Apropiación Ilícita, teniendo como conclusión final que no existe posibilidad de retención de sus beneficios laborales solo el de retención temporal de la Compensación por Tiempo de Servicios pero por un plazo muy breve de no más de 30 días pero previa demanda laboral de despido por falta grave del trabajador; entonces hacerse un cobro de cualquier beneficio laboral de carácter remunerativo o no remunerativo sería ilegal, quedando solo el campo penal para tratar de resarcir el daño patrimonial ocasionado, por lo cual hemos planteado una modificación del Artículo 2 numeral 6 del Código Procesal Penal, que en buena medida ayudarían a las empresas a recuperar el daño patrimonial ocasionado.

En los proyectos de infraestructura y/o de construcción públicos y privados se producen algunos de los fenómenos más complejos para el derecho cuando alguna de las partes realiza un reclamo considerando eventos que generan impactos en plazo o costo que no son de su responsabilidad. Para resolver esta situación, cada vez es más común que intervengan Expertos que realicen un análisis imparcial e independiente. Ante ello, el presente trabajo de investigación busca analizar los aspectos relevantes de los informes de expertos en proyectos de construcción y ofrecer un protocolo con la finalidad de superar o gestionar los retos que se generan por la presencia de un “no especialista en derecho” que realiza una evaluación del contrato y de los hechos para determinar qué parte debe responder por el impacto de los eventos. Para ello ofrecemos un Protocolo en diez puntos que permitirá la gestión de riesgos vinculados a los retos epistemológicos, de generación de confianza en el Experto y de sustento de la evaluación forense. / Trabajo de investigación