El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cómo las empresas del sector construcción han venido abordando la dimensión ética en sus organizaciones en los últimos cinco años y qué valor ha adquirido la ética para la reputación y la sostenibilidad de sus negocios. En un contexto donde las prácticas de corrupción se manifiestan en las personas, en las organizaciones y en la sociedad en general, se analiza y reflexiona sobre el significado de la corrupción, la ética, la cultura y la regulación, relacionando estos conceptos a las prácticas de gestión que vienen impulsando las empresas desde el gobierno corporativo, el compliance y la responsabilidad social. A través de tres casos de estudio se identifican estas prácticas de gestión y se analiza la importancia que estas prácticas tienen en la gestión empresarial y la forma de hacer negocios de tres de las principales empresas del sector construcción. Este trabajo permite repensar conceptos que desde las ciencias sociales y humanas y el derecho han sido ampliamente discutidos, relacionándolos a la gestión empresarial. Asimismo, permite reflejar la importancia que tiene el sector privado en la lucha contra la corrupción y en la posibilidad que tienen las empresas de asumir un rol activo frente al fortalecimiento de una cultura basada en principios de ética e integridad. El desarrollo de esta investigación permite concluir que si bien las tres principales empresas del sector construcción vienen impulsando importantes cambios en su gestión, es fundamental que estos cambios se orienten a una transformación sostenible que en el transcurrir del tiempo puedan reflejar comportamientos diferentes a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones. Si bien los cambios identificados en la gestión empresarial pueden ser positivos, es importante que estos cambios busquen una transformación cultural que se refleje en el comportamiento de las empresas / Trabajo de investigación

Globalmente, la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida es reducida en comparación con la de los hombres, y ello se evidencia aún más en los escalones de mayor jerarquía de toma de decisiones en las empresas, como son los directorios. En el mercado de valores, si bien existe una mayor exigencia por parte de los inversionistas institucionales, bolsas de valores, reguladores, entre otros actores del mercado, para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los directorios, esta exigencia no solo se demanda por ser un derecho fundamental, sino porque al tener un órgano de decisión con una composición diversa -ésta entendida en sus distintas dimensiones como conocimientos, edad, disponibilidad de tiempo, permanencia en el cargo, nacionalidad – se fortalecerá el gobierno corporativo de la compañía, generando valor tanto para la empresa, sus accionistas y sus demás grupos de interés. El Perú se encuentra comprometido con el gobierno corporativo y el desarrollo sostenible, no obstante, la composición de la gran mayoría de directorios de las empresas que listan valores en la Bolsa de Valores de Lima, únicamente se encuentra conformada por hombres, los cuales permanecen en sus cargos de forma indefinida o son reemplazadas por otros de su mismo género y que ellos mismos propusieron. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación cobra relevancia, pues se pretende realizar un análisis de la relación entre el ingreso de una mujer al directorio de una empresa que lista valores en la Bolsa de Valores de Lima, compuesta mayoritariamente por hombres, y la diversidad de la composición del directorio en sus dimensiones de conocimiento, edad, disponibilidad de tiempo, origen, permanencia en el cargo. / Trabajo de investigación

Los directores empresariales son aquellas personas designadas por la junta de accionistas para que tomen las riendas de la empresa, por lo que las decisiones que ejecuten son de suma importancia, ya que podrían definir el éxito o fracaso empresarial. Nuestra Ley General de Sociedades (“LGS”) establece que los directores deben desempeñar sus funciones con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal; así como también que los directores serán responsables en caso de dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Ahora bien, bajo dichas premisas es donde se tiene que ubicar a las decisiones de negocio. La LGS no hace distinción alguna para los casos en los cuales los directores actuaron de buena fe, se informaron debidamente y siguieron el procedimiento correspondiente, pero que aun así generaron pérdidas a la empresa; con aquellos supuestos donde los directores incumplieron con sus deberes y obligaciones, actuando negligentemente al momento de adoptar un acuerdo, por lo que en ambos supuestos los directores sí podrían ser juzgados por un tercero, juez o árbitro, quien evaluará de forma retrospectiva una decisión empresarial y determinará la existencia de responsabilidad. La figura del Business Judgment Rule (“BJR”) es una figura jurídica que nace del problema expuesto, con la finalidad de ser un escudo protector para los directores que actuaron de buena fe y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Actualmente el BJR no se encuentra recogido en nuestra normativa, lo cual genera una indefensión por parte de los directores ante reclamos por negligencia grave por las decisiones de negocio que hayan podido adoptar. En ese sentido, el presente trabajo busca desarrollar la figura del BJR y demostrar la necesidad de su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano. / Trabajo de investigación

En los últimos años, viene surgiendo un grupo de consumidores que antes de adquirir un bien o servicio toma en cuenta los impactos ambientales o sociales relacionados a su producción, uso o disposición final, con el fin de orientar sus preferencias hacia aquellos que generan un menor impacto, incluso, aun cuando el precio pueda ser superior. Estos consumidores, son denominados en diversa literatura como “consumidores responsables”; y a través de su decisión de compra no solo procuran satisfacer sus propias necesidades, sino que además, van más allá del ámbito particular, toman en cuenta las posibles consecuencias públicas derivadas de su consumo, e intentan utilizar su poder adquisitivo como un medio para impulsar cambio en la sociedad premiando con su decisión de compra a aquellas empresas que ofrecen productos o servicios con menores impactos sociales o ambientales, es decir, a aquellas empresas que operan con formas de producción sostenibles. La información que requiere este consumidor para formar una decisión de compra es diversa, especializada y muchas veces no se encuentra fácilmente a su alcance. Y, por otro lado, aparentemente el alcance del derecho al acceso a la información de la que gozan todos los consumidores no sería suficiente para permitirle al consumidor responsable acceder a la información que requiere. En este sentido, en esta investigación abordaremos el fenómeno social de la aparición de los consumidores responsables y si sus expectativas de información sobre los impactos sociales o ambientales de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado encuentran o no un respaldo en la legislación peruana. / Trabajo de Investigación

El acceso irrestricto al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas, el acoplamiento del servicio de abastecimiento de agua de manera continua y saneamiento higiénico es esencial para vida y los derechos humanos. Sin embargo, el suministro de agua potable en términos de calidad, continuidad y cobertura, sigue manteniéndose como un reto en diferentes partes del mundo y Perú no es la excepción. En ese sentido, el Gobierno Peruano a través de la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 ha establecido metas ambiciosas para cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento estimando lograr el acceso al servicio de agua potable para el 100% de la población urbana en el año 2021 y para el 100% de la población rural para el año 2030, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento. Sin embargo, todo este esfuerzo no es suficiente para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio, si no se cuenta con un adecuado proceso de monitoreo, operación y mantenimiento de las obras culminadas, generando un nuevo problema por el deterioro e inadecuada operación de la infraestructura entregada. Algunas de las causas son la limitada capacidad de los gobiernos locales, los operadores del ámbito rural para la gestión de saneamiento, las inversiones insuficientes y un marco legal que no incentiva la participación de las empresas privadas en el ámbito rural. En relación a lo señalado, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la normativa vigente en el ámbito de agua y saneamiento rural, con el fin de determinar si esta es adecuada para asegurar la administración de estos servicios de saneamiento y la posibilidad de intervención del sector privado, para así poder proponer alternativas o propuestas que permitan mejorarla y lograr una adecuada gestión de los servicios. / Trabajo de investigación

El Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que recibe un mal servicio o un producto defectuoso, determinando como obligación que todos los proveedores con establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con el Libro, ya sea en físico o virtual. El Indecopi, al tener como una de sus funciones la protección de los derechos de los consumidores, realiza acciones de supervisión a nivel nacional orientadas a la verificación de este cumplimiento normativo; inicia procedimientos administrativos sancionadores en aquellos casos donde comprueba que el proveedor no ha implementado esta herramienta; y posteriormente impulsa el procedimiento de ejecución coactiva donde se impuso una multa al proveedor infractor. En estas tres etapas, aproximadamente, pueden transcurrir por lo menos 2 años. En ese sentido, la implementación del Libro de Reclamaciones debe ser lo más eficiente posible a efectos que el Estado no tenga que incurrir en gastos en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Motivo por el cual, en el presente trabajo de investigación se evalúan como alternativas que la obligación de la implementación de este instrumento sea incluida como requisito para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, así como también que el Indecopi pueda determinar la responsabilidad objetiva por estas infracciones, de modo que pueda imponer la multa correspondiente en el preciso momento en que detecte su incumplimiento. / Trabajo de investigación

El sistema de protección al consumidor aborda diferentes estrategias de regulación a fin de alcanzar el mandato constitucional de protección de los derechos de este grupo, combinando métodos blandos como la autorregulación regulada y los métodos autocompositivos con métodos duros como los procedimientos administrativos sancionadores. En ese esquema la regulación actual promueve una tutela eficaz y eficiente de los derechos del consumidor, impulsando medidas como los programas de cumplimiento normativo en protección al consumidor a quienes dota del carácter atenuante de sanción en caso se demuestre una implementación eficaz. No obstante, este impulso teórico no ha tenido su correlato en la realidad, descuidándose el enfoque preventivo y de gestión oportuna y eficiente de los conflictos de consumo en el sistema de protección al consumidor. Sobre la base de un método de análisis de impacto regulatorio y argumentativo, la presente investigación tiene como objetivo principal demostrar que el impulso de los programas de compliance eficaces en materia de protección al consumidor a través de su consideración como criterio de exoneración de sanción y la reducción del tiempo de registro de la infracción en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, constituye una medida más eficaz y eficiente para el sistema de protección al consumidor y los agentes del mercado, tanto para la tutela de los derechos de los consumidores, como para la gestión de riesgos y generación de valor de los proveedores, beneficiando a todos los agentes del mercado y al sistema de protección al consumidor en general, debido a que los beneficios de un mayor incentivo a la prevención y gestión oportuna de los conflictos de consumo superan a los costos de implementación de dicha medida superando la falta de eficacia y eficiencia de las actuales medidas de tutela.

Esta investigación aborda un problema recurrente en la ejecución de los contratos públicos: la posibilidad de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual. Por ejemplo, una Entidad identifica que aprobó una ampliación de plazo basada en información falsa o errada que presentó el contratista. ¿Puede declarar la nulidad de oficio de esa decisión? La normativa no aclara esta problemática. El OSCE y los árbitros han tenido criterios distintos e incluso contradictorios para resolver esta problemática. Esta investigación analiza si la Entidad puede declarar la nulidad de tales decisiones con base a la nulidad de los actos administrativos o en la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General / This investigation addresses a recurring problem in the execution of public contracts: the possibility of the Entity to declare the nullity ex officio of the decisions taken during the contractual execution. For example, an Entity identifies that it approved an extension of term based on false or erroneous information submitted by the contractor. Can you declare the nullity ex officio of that decision? The regulations do not clarify this problem. The OSCE and the arbitrators have had different and even contradictory criteria to solve this problem. This investigation analyzes whether the Entity can declare the nullity of such decisions based on the nullity of the administrative acts or in the application of the General Administrative Procedure Law.

El derecho en la actualidad es objeto de una transformación lenta, pero sostenida: los abogados son valorados cada vez más en el ámbito preventivo tanto en el sector privado como el público. De esta forma, el presente trabajo de investigación plantea una solución a los diversos riesgos legales vinculados a la competencia en la celebración y ejecución del contrato de category management (CATMAN) desde un enfoque legal preventivo, toda vez que esta estrategia de trademarketing es un mecanismo exitoso para el mejoramiento de las ventas para los supermercados como para las empresas de consumo masivo; sin embargo, en su aplicación pueden darse situaciones vinculadas a riesgos legales entre competidores, riesgos legales entre distribuidores y supermercados, riesgos en el seno del área de ventas de la empresa que ejecuta el servicio de CATMAN, riesgos de incumplimiento normativo vinculado a faltas administrativas reguladas por el INDECOPI y riesgos reputacionales para la empresa. De esta forma,se plantea que la implementación de una estrategia de compliance en materia de libre competencia es un mecanismo eficiente para regular los diversos riesgos legales antes mencionados en la celebración y ejecución del contrato de CATMAN, para tal fin los objetivos de la investigación son determinar la naturaleza contractual del CATMAN, identificar y describir los diversos riesgos legales derivados del contrato y finalmente el desarrollo de la estrategia de compliance para la empresa que brinda del servicio de la administración de la categoría. La investigación se apoya en los enfoques metodológicos del análisis de riesgos para identificar una solución a la problemática del CATMAN y en el enfoque del derecho comparado para entender la naturaleza de esta figura contractual importada del extranjero. Finalmente, la conclusión de este trabajo ha demostrado que la aplicación de una estrategia de compliance es efectiva para administrar los riesgos de la libre competencia al momento de celebrar y ejecutar el contrato de CATMAN, pues permite al área legal o al oficial de cumplimiento ejecutar medidas que puedan hacer que el contrato se desarrolle con un control adecuado de las áreas trademarketing, marketing y ventas al ejecutar la estrategia comercial.

La imagen corporativa debe ser una prolongación o proyección de la estructura y comportamiento de la empresa en la cual conviven todos los grupos de interés, por lo que, la imagen corporativa no debe pensarse como una máscara externa que puede adaptarse convenientemente a las situaciones de la organización. Cabe preguntarse, entonces, si una empresa que cumple políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es percibida de manera diferente, o si la RSE toca directamente su imagen, derivando en su éxito o fracaso comercial. A partir de esta interrogante, nace la necesidad de demostrar si la RSE, por sí sola, le otorga un valor agregado a la imagen corporativa de una empresa, logrando con ello un mejor posicionamiento y participación en el mercado. La metodología de esta investigación, netamente documental y de carácter exploratorio y explicativo, permite analizar y comparar diversos indicadores de una muestra de diez empresas, todas ellas pertenecientes a rubros de reputación sensible y que operan en el Perú, a fin de exponer su comportamiento en relación a sus actividades. Esta investigación ha permitido concluir que, las políticas de RSE no son, por sí solas, un indicativo certero de generación de valor en la imagen corporativa, siendo de vital importancia para el favorable desarrollo de una empresa el cumplimiento de ciertos estándares o indicadores que complementen las políticas de RSE implementadas dentro de la organización; por lo que una empresa, además de ser socialmente responsable, debe contar con una apropiada gestión de riesgo, analizar los índices de satisfacción, preocuparse por fidelizar a sus stakeholders y desarrollar un plan estratégico donde el cumplimiento de políticas de RSE adecuadas, coadyuven a que la empresa logre alcanzar sus objetivos.