Nuestro trabajo de investigación presenta presenta una mirada innovadora y multidisciplinaria que conjuga el mundo jurídico con el mundo de la empresa, bajo una perspectiva, jurídica, económica, de gestión y estratégica. Para su desarrollo hemos construido la estructura de la empresa fiduciaria como organización económica y desarrollado las fases del proceso de constitución a nivel jurídico y a nivel de gestión, teniendo como base la LGS, la Ley de Banca y reglamentos de la SBS. Como ventaja competitiva de nuestra investigación hemos diseñado una serie de diagramas y cuadros que nos permiten visualizar, describir y justificar la problemática de nuestra investigación que son las barreras legales de entrada que genera el marco normativo del fideicomiso para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado fiduciario. Para demostrar la existencia de estas barreras, nos apoyamos de conceptos económicos como economía social de mercado, estructura de mercado, libre iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de competencia, costo beneficio, incentivos, costo de oportunidad y del análisis de razonabilidad y proporcionalidad aplicado por INDECOPI para determinar la existencia de barreras legales en el mercado. Finalmente llegamos a estructurar un modelo de negocio que simplificamos a través de una fórmula que consideramos se puede replicar a menor escala en todo tipo de empresas y como propuesta de valor planeamos la creación de sociedades anónimas cerradas fiduciarias, SACF, y un mercado alternativo fiduciario, MAVF, teniendo como base los regímenes especiales y las modalidades societarias de la LGS y la flexibilización del MV para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al MAVF. / Our research work presents an innovative and multidisciplinary view that combines the legal world with the business world, from a legal, economic, management and strategic perspective. For its development, we have built the structure of the trust company as an economic organization and developed the phases of the constitution process at a legal level and at a management level, based on the LGS, the Banking Law and SBS regulations. As a competitive advantage of our research, we have designed a series of diagrams and tables that allow us to visualize, describe and justify the problems of our research, which are the legal entry barriers generated by the regulatory framework of the trust for the access of small and medium-sized companies. to the fiduciary market. To demonstrate the existence of these barriers, we rely on economic concepts such as social market economy, market structure, free private initiative, freedom of enterprise, freedom of competition, cost benefit, incentives, opportunity cost and the analysis of reasonableness and proportionality. applied by INDECOPI to determine the existence of legal barriers in the market. Finally we came to structure a business model that we simplified through a formula that we believe can be replicated on a smaller scale in all types of companies and as a value proposition we plan the creation of closed trust companies, SACF, and an alternative trust market, MAVF, based on the special regimes and corporate modalities of the LGS and the flexibility of the MV for the access of small and medium-sized companies to the MAVF.

El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas legales generados por las actividades de la empresa en el marco de una regulación cada vez más abundante y a diseñar reglas que sistematicen todas normas en guías o principios básicos de comportamiento que al ser seguidos previenen que los colaboradores incurran en conductas prohibidas. Este fenómeno, proveniente del mundo de las grandes empresas ha ido evolucionando y difundiéndose hasta el punto que hoy en día todas las grandes corporaciones cuentan con programas de cumplimiento que abarcan temas como corrupción, derechos humanos, no discriminación, ética, etc. Lo que en principio fue una iniciativa particular de las empresas por autorregularse, fue dando paso a legislaciones nacionales que buscan imponer a las empresas la obligación de implementar programas de cumplimiento que coadyuven a la función estatal de prevenir y sancionar determinados delitos. En 2002 se publicó en el Perú la primera norma destinada a imponer un programa de cumplimiento legal, específicamente destinado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta primera legislación introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, funcionario que forma parte de la organización de la empresa y cuya función es la de velar por el funcionamiento del programa de cumplimiento y dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones sospechosas. Posteriormente, en el marco de una corriente que se va extendiendo alrededor del mundo, se ha venido desarrollando una legislación que atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por algunos delitos cometidos por sus colaboradores, estableciendo como eximente o atenuante de dicha responsabilidad que la empresa voluntariamente cuente con un programa de cumplimiento. El presente trabajo busca establecer la pertinencia de regular lo que nació como una iniciativa privada, convirtiéndola en una obligación por mandato legal, y qué tan adecuada resulta, para los fines para los que fueron creados los programas de cumplimiento el contar con dichas normas. Nuestra posición es que la legislación peruana en realidad no introduce una figura voluntaria, sino que en el fondo sanciona a aquellas empresas que no cuenten con un programa de cumplimiento y, aunque existen razones que justifican ello, pierde una magnífica oportunidad de prevenir algunos de los más importantes riesgos generados por las actividades empresariales. / Trabajo de investigación

La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación contiene algunas debilidades que podrían incrementar la probabilidad de materialización del riesgo del lavado de activos proveniente de la corrupción. Ante ello, en el presente trabajo se identifican y analizan las principales amenazas a las que está expuesta la regulación de las PEP: (i) el plazo de permanencia de un cliente con la calificación de PEP; (ii) la situación de los familiares, del cónyuge o concubino y allegados de una PEP; (iii) administradores y representantes legales PEP de personas jurídicas; (iv) miembros y directivos PEP de personas jurídicas sin fines de lucro; (v) personas jurídicas cuyos ex titulares y/o ex directivos tienen la condición de PEP; (vi) funcionarios de mandos medios e inferiores, (vii) los proveedores y contrapartes PEP; (viii) la inexistencia de una base de datos consolidada de autoridades, funcionarios y empleados públicos; (ix) dificultades para identificar el origen de los fondos y la fuente de riqueza del cliente; y, (x) las señales de alerta aplicables a las PEP. Para hacer frente a dichas amenazas se proponen oportunidades de mejora, a modo de modificaciones normativas, a fin de convertir el modelo regulatorio de las PEP en un mecanismo eficaz de mitigación del riesgo de lavado de activos derivado de actos de corrupción. / Trabajo de investigación

La gestión de los riesgos legales es de vital importancia para las compañías, puesto que es necesario identificar y anticiparse a las contingencias que puedan acaecer en el día a día de sus operaciones. Por ello, desde un rol proactivo de la Gerencial Legal, resulta necesaria la implementación de un compliance regulatorio en la compañía, a pesar de que pueda ser una tarea compleja o que algunos órganos decisorios puedan ordenar solo cumplir con lo mínimo legal exigido (en el caso del compliance penal), sin embargo, es responsabilidad de la Gerencia Legal poder plantear esta nueva mirada y convencer a los órganos decisorios de la compañía sobre las ventajas de este modelo de gestión. De esta forma, en el capítulo I se desarrolla una breve introducción al presente trabajo, el cual incluye una aproximación al nuevo modelo de gerencias legales en las empresas; en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico del presente trabajo, el cual incluirá definiciones relevantes al presente trabajo, tales como Compliance Regulatorio, Generación de Valor, Cadena de Valor, SCRUM y Barreras Burocráticas. En el capítulo III se desarrolla el problema de investigación, el cual es: ¿La implementación del compliance regulatorio industrial en la división de tratamiento de agua genera valor en ARIS Industrial S.A? Para responder esta pregunta se realizó un balance del sector económico elegido, se investigó sobre la pérdida de competitividad de la compañía al no contar con un compliance regulatorio y, finalmente, se explica la forma de implementación del compliance con la herramienta del SCRUM en ARIS Industrial S.A. En el capítulo IV se discuten los conceptos planteados con el problema de investigación, con la finalidad de demostrar la hipótesis del trabajo, el cual es que se genera valor al implementar el compliance regulatorio industrial con la metodología SCRUM en la división de tratamiento de agua de la empresa ARIS Industrial S.A. Finalmente, se tienen las conclusiones del trabajo los cuales apuntan a realizar un resumen de lo investigado y demostrar los resultados obtenidos de la implementación en la empresa Aris Industrial S.A.

El trabajo que se presenta tiene como objetivo determinar en qué medida el Compliance preventivo para la función notarial permite identificar, evaluar y dar solución a los problemas de infracciones normativas que cometen los trabajadores en las notarías públicas en la certificación de firmas de documentos extra protocolares. El impacto de la globalización en cuanto a la tecnología nos ofrece un mundo de oportunidades de información y conocimientos, pero también formas de evitar formalidades con evasiones o procesos ilícitos con simulaciones o encubrimientos. El estudio analiza las bases conceptuales y fundamentos teóricos del Compliance y su aplicación en escenarios donde se releva su carácter preventivo, así como ayudar a la calidad en la gestión. Asimismo, aborda la función, principios del notario y el rol del oficial de cumplimiento quién es responsable de conducir los procesos de supervisión y control para garantizar la legalidad de los documentos y evitar faltas e infracciones. Como conclusión, luego de describir la problemática, fundamentar con el estado del arte y emerger la discusión resulta necesario que se incorpore en las notarías el Compliance preventivo, el cual se convierte en herramienta fundamental para asegurar los procesos de certificación de firmas en documentos extra protocolares. / Trabajo de investigación

Considerando todos los procedimientos que se realiza cuando una sociedad jurídica se extingue, se ha evaluado las distintas problemáticas que puede presentar una empresa extinguida al momento de someterse a este procedimiento, y de las cuales tomaremos en cuenta a una de las más importantes, la cual versa sobre los bienes activos que no han sido considerados por el liquidador en su momento a fin de regularizar y sanear todos los procesos, bienes e incluso la formalización de actos celebrados por la empresa que se va a extinguir. Esta problemática nos conlleva a la investigación que se realiza en esta tesis y a su vez a los mecanismos jurídicos de solución que presentamos a fin de determinar un procedimiento eficaz y ágil para la formalización de actos jurídicos celebrados por sociedades extinguidas. Ante tales situaciones, surgen una serie de preguntas, las cuales en muchas ocasiones no encontramos respuesta alguna, o tal vez si la encontramos no es el mecanismo de solución idóneo para acceder, como por ejemplo nos cuestionamos:  ¿Qué acciones legales podemos considerar para hacer efectivo y formalizar debidamente nuestro acto jurídico celebrado cuando la empresa ya se encuentra extinguida?, o  ¿Qué medidas se debe tener en cuenta para que dicha formalización sea asequible y sencilla? Estos cuestionamientos serán desarrollados y solucionados a través de los mecanismos de solución que brindamos en esta tesis; así tratamos de llenar el vacío legal en nuestra legislación societaria respecto a la formalización de actos jurídicos celebrados por empresas extinguidas, cuya finalidad es alcanzar la oponibilidad que brinda únicamente registros públicos.

Today, Peruvian legislation has an exorbitant amount of laws, which is why it is not uncommon to find that in a specific subject there is more than one legislation, precisely this work will be responsible for analyzing why in many cases both Indecopi as an organ supervisor and protector of the rights of consumers, such as the Courts of Honor of the Notary Associations as an organ responsible for verifying the functional conduct of the notary, are empowered to impose sanctions, considering the damage caused to the user; then we will see that currently both instances have sanctioning powers against the notary service providers when the scope of each of them should be clearly defined; I will analyze where the confusion arises, the good and the bad of the norms that regulate the sanctioning aspects, I will describe the cases raised that have generated controversy and finally we will propose how the powers that each of these routes should have should be specified. / Hoy en día la legislación peruana cuenta con una cantidad exorbitante de leyes, razón por la cual no es extraño encontrar que en un tema específico exista más de una legislación, justamente el presente trabajo se encargará de analizar porqué en muchos casos tanto el Indecopi como órgano supervisor y protector de los derechos de los consumidores, como los Tribunales de Honor de los Colegios de Notarios como órgano encargado de verificar la conducta funcional del notario, están facultados para imponer sanciones, considerando el daño ocasionado al usuario; pues veremos que actualmente ambas instancias cuentan con potestades sancionadoras contra los proveedores de servicios notariales cuando el ámbito de aplicación de cada una de ellas debería estar claramente delimitada; analizaré de donde nace la confusión, lo bueno y lo malo de las normas que regulan los aspectos sancionadores, describiré los casos suscitados que han generado controversia y finalmente propondremos de qué manera se deberían especificar las competencias que cada una de estas vías debería tener.

La Ley Nro. 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la legislación peruana, incorpora al Compliance penal como una circunstancia determinante de exención o atenuación de la responsabilidad aplicable a la persona jurídica, contexto que suscita la asunción de diversas posturas teórico-- prácticas respecto a la categorización dogmática del delito idónea para su análisis, ya que, dependiendo de la categoría donde se le sitúe (injusto penal o culpabilidad colectiva), las consecuencias materiales y procesales son diversas, tanto a nivel de estándar de imputación necesaria, carga de la prueba, etc. Por ende, dicho análisis se asume como de especial relevancia en este trabajo, porque clarifica el sistema de imputación de responsabilidad de la persona jurídica y brinda criterios interpretativos a nivel doctrinal y práctico. A través de la presente investigación, se pretende demostrar que el defecto de organización o no Compliance penal derivada del incumplimiento del deber de garante del empresario favorece o incentiva, por encima del riesgo permitido la comisión de un delito individual en su seno. Sobre esa base, si el Compliance penal define el riesgo permitido, la categoría del delito que mejor encaja para su comprensión, es la teoría de la imputación objetiva, en concreto, la tipicidad (injusto penal) del delito corporativo, siendo la debida diligencia del empresario premiada con la ausencia de imputación a la empresa. Dicho acogimiento, tiene, entre otras, la consecuencia procesal de que el Ministerio Público describa en etapa de investigación preparatoria el contenido del defecto de organización y asuma la carga de la prueba del delito corporativo atribuido a la persona jurídica.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT – tributos internos, dentro de su Facultad de Fiscalización ejecuta diversas acciones de control con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e incrementar su presencia entre sus administrados. Como estrategia en el cumplimiento de sus objetivos institucionales se han implementado durante los últimos años a las Acciones Inductivas como un plan de alcance masivo y de verificación puntual a los contribuyentes a nivel nacional. El presente trabajo de investigación permitirá obtener una respuesta a la interrogante de si dichas acciones son un acto administrativo o no lo son, se revisará su naturaleza jurídica y su estrecha relación con los principios del derecho administrativo y los que corresponde a todo administrado, finalmente quedará en evidencia la necesidad de implementarse una normatividad legal que regule su procedimiento y el actuar de la SUNAT, de tal manera que se protejan los derechos de las empresas, los contribuyentes y se logre un equilibrio en la relación jurídica tributaria del ente recaudador con sus administrados. / Trabajo de investigación

La presente investigación versa sobre la causalidad de los gastos para la realización de acciones de responsabilidad social empresarial a favor de comunidades por parte de empresas mineras, bajo la hipótesis de que estos sí cumplen con dicho principio. La justificación de este estudio radica en el hecho que está directamente relacionado con la resolución de un problema práctico controvertido, como es el tratamiento tributario de los gastos de responsabilidad social empresarial que efectúan las empresas mineras. Asimismo, es una contribución al respecto, considerando que no existe una opinión uniforme y definitiva de operadores jurídicos, tanto públicos como privados; por lo tanto, no hay seguridad jurídica para los contribuyentes que realizan acciones de responsabilidad social empresarial. Para poner a prueba la hipótesis planteada, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad con la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Asimismo, se realizó un estudio respecto de la responsabilidad social empresarial con base en los elementos que frecuentemente la identifican. Finalmente, luego de analizar críticamente la doctrina nacional y jurisprudencia sobre la materia, se concluyó que son causales los gastos de responsabilidad social empresarial que corresponden a aquellas iniciativas de la empresa que tengan por objeto la gestión de los impactos que genera su propia actividad, que forme parte de estrategia empresarial y ligada estrechamente a su actividad en los ámbitos de valor compartido por la empresa y la sociedad con miras a alcanzar del desarrollo sostenible con la participación de los grupos de interés afectados. De este modo, acotamos la definición de RSE respecto de lo que coloquialmente se entiende por dicho concepto