La presente investigación aborda un tema que no ha sido analizado en el Derecho Administrativo ni en el Derecho de la Competencia: la restricción de la información de un proceso de selección como garantía de una mayor competencia. Es un tema relevante porque su estudio permitirá identificar la incidencia que puede tener la revelación de determinada información en el fomento de la competencia y en la consolidación de las prácticas colusorias en el mercado de compras estatales. Se propone investigar si la transparencia que se establece de la información del proceso de licitación afecta la libre competencia de los postores fomentando prácticas colusorias entre éstos y perjudicando, en consecuencia, la óptima obtención de bienes, servicios u obras para el Estado en desmedro del interés público al contratarse en forma desventajosa. Partimos de la premisa que si bien la transparencia puede generar efectos positivos para evitar la corrupción y generar confiabilidad al permitir a la ciudadanía efectuar un control constante de los gastos públicos y de otro lado, los competidores-postores de una compra pública podrán efectuar los cuestionamientos que consideren necesarios a las demás propuestas, se determinará que el exceso de información y, por lo tanto, de transparencia de un proceso de selección, puede fomentar la existencia y permanencia de prácticas colusorias entre postores-competidores, toda vez que conocerdeterminada información favorecerá los acuerdos colusorios y su monitoreo por parte de los competidores coludidos, de modo que aquél que incumpla el acuerdo colusorio será el blanco de represalias de estos. Al permitirse el acceso a información sensible, como es la identidad de los postores o las condiciones comerciales ofrecidas, se restringirá la competencia y, en consecuencia, se obtendrán contrataciones a mayor costo o de menor calidad, lo que en definitiva se traducirá en la frustración de los fines públicos del Estado, esto es el interés público. Se trata de un tema que si bien ha sido mencionado en algunos estudios internacionales aún no ha tenido una atención a nivel nacional.

La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada (por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de corrupción.

La hipoteca es considerada la garantía por excelencia tanto a nivel local como internacionalmente. Así, la ejecución de la hipoteca goza de un carácter fundamental para el desarrollo del sistema de garantías peruano. Actualmente, el único proceso de ejecución se realiza a través de la vía judicial; sin embargo, este proceso cuenta con una normativa que, pese a sus intentos de ser de célere procedimiento, genera que la ejecución dure en exceso de dos a tres años. Mediante el presente trabajo confrontaremos la evolución en los últimos años de la normativa y la jurisprudencia y a partir de ello identificaremos los problemas gravitantes para plantear la solución para lograr una ejecución más expeditiva. En ese sentido, nuestro objetivo es determinar las soluciones prácticas factibles que no representen una mayor controversia y que disminuyan sustancialmente el lapso del proceso de ejecución de una hipoteca. El presente trabajo concluye con la propuesta de modificaciones normativas al esquema actual de la ejecución judicial de la hipoteca, y, paralelamente, plantea la ejecución de la hipoteca por la vía extrajudicial para que estos procesos sean expeditivos y resulte en un sistema de garantías que funcione como una herramienta de fomento del crédito en el cual la demora del mismo proceso no constituya en una externalidad.

Cuando uno habla de franquicia se viene a la mente negocios con reconocido nombre, ya sea a nivel nacional como internacional, y es así que muchos se sienten atraídos por incursionar en este mundo y obtener un contrato de franquicia que tenga prestigio para poder operarlo de igual manera. Si bien las franquicias han sido utilizadas a nivel internacional desde hace mucho tiempo atrás, las franquicias nacionales datan recién desde el año 1992, las cuales tienden a crecer dados los beneficios que se derivan de este tipo de negocios. Hoy en día pequeñas empresas toman la decisión de arriesgarse y escoger este modelo. En este contexto la presente investigación me interesa porque siendo la franquicia un foco de inversión con riegos limitados en función al desarrollo de una experiencia anterior por parte del franquiciante, considero que es una buena opción analizar este tipo contractual así como la información que se maneja, en especial la reservada y vincularla con nuestra legislación societaria, de esa manera inquirir si existe algún tipo de protección a esta (información reservada). La validez del estudio se da en razón a que el contrato de franquicia constituye una de las herramientas más utilizadas hoy en día por los pequeños empresarios ya sea a través de los diferentes tipos societarios que ofrece nuestra legislación, sin embargo nuestra legislación solo regula el manejo de información reservada de manera limitada y genérica. Es por ello que se pretende proponer un proyecto de ley que involucre el reconocimiento del know how como información reservada así como su debida manipulación, enfocándonos en el derecho a guardar reserva y no brindar la misma en la administración de la sociedad. Para de esa manera absolver preguntas como ¿qué pasa en los contratos en los cuales el franquiciado este constituido con otro tipo societario distinto a una S.A., se le aplica la reserva o no? Así como también ¿en un caso de una franquicia cómo se ve plasmada la confidencialidad? O ¿cuál es el manejo de la información en relación a los socios?.

En el año 1995, según manifiestan Cak e Ikeda (2005), la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) definió a la cooperativa como una asociación conformada por personas unidas voluntariamente, buscando satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales que tienen en común, ello a través de la constitución de una empresa frente a la que puedan ejercer propiedad conjunta, y esté además democráticamente controlada.

Plantear la efectividad de la función “ex-post” de los Programas de Compliance en empresas que se han visto involucradas en temas de corrupción, que puedan haber sido generadas por el órgano directivo, plana gerencial o cualquier empleado. Los beneficios de los Programas de Compliance han sido principalmente difundidos desde su aporte a la prevención y al fortalecimiento de una “cultura de cumplimiento”, sin embargo, en este artículo se propone extender sus beneficios hacia situaciones en donde las empresas que ya realizaron actos que “no cumplieron” con las expectativas o estándares planteados en los Programas de Compliance, desde su rol preventivo, consideren útil la implementación de estos Programas como una forma de mitigar el impacto que un involucramiento en actos de corrupción haya podido generar, y así lograr mantener su actividad que vaya de la mano con una renovación de los estándares corporativos. En este tipo de circunstancias es que cobra mayor importancia el que se pueda llegar a evidenciar apropiadamente que el Programa de Compliance, desde su rol “Ex-Post” no se trate de un simple documento con una “letra muerta”, que sólo sirva para “aparentar” o “maquillar” una actitud de renovación del compromiso de la empresa, sino que por el contrario sea muestra clara de los objetivos planteados por las empresas en su ánimo de fomentar nuevos valores que permitan alcanzar la “reconstrucción de su moral”. Ahora bien, la forma en cómo las empresas podrán evidenciar un real contenido y adherencia a los principios que establecen los Programas de Compliance dependerá de cada empresa dentro de su ámbito de libertad de gestión, sin embargo, en el presente artículo se busca proponer componentes mínimos de los Programas de Compliance que sirvan de base para la finalidad planteada. / Trabajo de investigación

En los proyectos de infraestructura y/o de construcción públicos y privados se producen algunos de los fenómenos más complejos para el derecho cuando alguna de las partes realiza un reclamo considerando eventos que generan impactos en plazo o costo que no son de su responsabilidad. Para resolver esta situación, cada vez es más común que intervengan Expertos que realicen un análisis imparcial e independiente. Ante ello, el presente trabajo de investigación busca analizar los aspectos relevantes de los informes de expertos en proyectos de construcción y ofrecer un protocolo con la finalidad de superar o gestionar los retos que se generan por la presencia de un “no especialista en derecho” que realiza una evaluación del contrato y de los hechos para determinar qué parte debe responder por el impacto de los eventos. Para ello ofrecemos un Protocolo en diez puntos que permitirá la gestión de riesgos vinculados a los retos epistemológicos, de generación de confianza en el Experto y de sustento de la evaluación forense. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación desarrolla la hipótesis de la conveniencia de la regulación permisiva de la sociedad unipersonal en el Perú, argumentando su utilidad para aquellas personas individuales que no quieren ni tienen la necesidad de asociarse con otra persona (natural o jurídica) a fin de gozar de la organización corporativa y financiera que ostenta la sociedad comercial; asimismo, su importancia en la solución del supuesto de disolución como consecuencia de la perdida de pluralidad de socios (caso de sociedad unipersonal sobrevenida) contemplada en nuestra vigente Ley General de Sociedades. La regulación de la sociedad unipersonal no presenta obstáculos, más aun cuando la exigencia de la pluralidad de socios admite excepciones, a entender: no se exige pluralidad cuando el único socio es el Estado, en el caso de sociedades con propósitos especiales o en el caso de subsidiarias de las empresas de los sistemas financiero y de seguros. Asimismo, nuestra actual normatividad permite la figura de sociedad unipersonal sobrevenida de forma temporal. Si bien la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - E.I.R.L. es una opción a adoptar por parte del empresario individual, a la fecha ha perdido protagonismo ya que se encuentra desfasada en su regulación, lo que ha originado mayor presencia de las denominadas "sociedades de favor", aquellas que formalmente cumplen con la pluralidad de socios, sin embargo, en la realidad, el affectio societatis le corresponde a un solo socio. En ese sentido, y respondiendo a las necesidades actuales del socio individual, es que esta investigación ha concluido que es conveniente regular permisivamente a la sociedad unipersonal, entendida como aquella que ha sido constituida por un solo socio, ya sea persona natural o jurídica, o que aun siendo constituida por una pluralidad de socios, ha perdido tal condición, quedando la totalidad de las acciones en manos de un socio único. / Trabajo de investigación

En la actualidad, es innegable la influencia que ha tenido las prácticas corporativas anglosajonas en el mundo y en el derecho. Nuestro país no ha sido la excepción, por lo que áreas como fusiones y adquisiciones (M&A) han adoptado la estructura de contratos, cláusulas y documentos precontractuales utilizados en los países anglosajones. Sin embargo, al pertenecer a distintas tradiciones jurídicas (derecho común y derecho civil, correspondientemente), se han generado dudas respecto a las consecuencias del incumplimiento de ciertas de las cláusulas importadas al no existir una regulación o norma supletoria sobre éstas en nuestro país. Justamente, ese es el caso del incumplimiento de las representations and warranties cuando el comprador conoce o ha podido conocer de dicho incumplimiento antes del cierre del contrato, lo que se conoce como sandbagging en el mundo de los contratos. A diferencia de lo que podría creerse, la falta de un regla supletoria sobre sandbagging (permitiéndola o restringiéndola) e incluso la elección de una u otra (pro-sandbagging/anti-sandbagging) genera o puede generar costos en las partes. Por lo dicho, la presente investigación busca determinar, en línea con la eficiencia, la regla supletoria sobre sandbagging aplicable en nuestro país teniendo en cuenta instituciones como las obligaciones, los vicios ocultos, los vicios de la voluntad y la buena fe

Las empresas se interrelacionan unas con otras a través del envío de información de carácter “confidencial” (en muchos casos), ello a efectos de que las partes tengan un conocimiento informado sobre la operación a concretar. Si bien por un lado se genera un conocimiento informado, por el otro, se podría estar generando riesgos legales en contra de la parte que suministra su propia información confidencial, toda vez que un tercero tendrá acceso a la misma y podrá utilizarla; el problema nace cuando dicha utilización se da con fines distintos a los que las partes inicialmente se representaron, pudiendo ocurrir que el tercero utilice dicha información para competir y sacar una ventaja comercial/económica respecto de la parte que suministró su información. En ese sentido, resulta importante generar resguardos que permitan mantener dicha información “confidencial” con absoluta reserva y que sea utilizada únicamente para el propósito por el cual se compartió. Bajo ese marco, surge la necesidad de que las partes antes de compartir su información confidencial suscriban acuerdos, contratos y/o convenios de confidencialidad que regulen de antemano, entre otros, (i) los alcances de la confidencialidad de la información, (ii) las limitaciones entorno al uso y acceso a la información confidencial, y (iii) el plazo por el cual sobrevivirán las obligaciones de confidencialidad respecto de la parte que recibió dicha información. A través de este instrumento legal las partes ya son conscientes de los derechos y obligaciones a su cargo; lo cual permite obtener algún nivel de seguridad, o en todo caso, por lo menos tener remedios jurídicos disponibles que se puedan aplicar a fin de salvaguardar la confidencialidad y/o resarcir el daño generado por el incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad.