En presente trabajo de investigación, la autora postula, mediante el análisis de la importancia de la figura de la fusión en los países miembros de la Alianza del Pacífico; esto es, México, Perú, Colombia y Chile; así como, mediante la realización de un análisis comparativo de la regulación de la figura de la fusión en estos países; la posibilidad de establecer una regulación relativa a las fusiones de carácter transfronterizo adoptando un acuerdo de apoyo en la Alianza del Pacífico que adopte características esenciales que permitan adecuar la regulación, en principio disímil, de estos países, protegiendo, desde luego, sus principales intereses. / Trabajo de investigación

Globalmente, la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida es reducida en comparación con la de los hombres, y ello se evidencia aún más en los escalones de mayor jerarquía de toma de decisiones en las empresas, como son los directorios. En el mercado de valores, si bien existe una mayor exigencia por parte de los inversionistas institucionales, bolsas de valores, reguladores, entre otros actores del mercado, para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los directorios, esta exigencia no solo se demanda por ser un derecho fundamental, sino porque al tener un órgano de decisión con una composición diversa -ésta entendida en sus distintas dimensiones como conocimientos, edad, disponibilidad de tiempo, permanencia en el cargo, nacionalidad – se fortalecerá el gobierno corporativo de la compañía, generando valor tanto para la empresa, sus accionistas y sus demás grupos de interés. El Perú se encuentra comprometido con el gobierno corporativo y el desarrollo sostenible, no obstante, la composición de la gran mayoría de directorios de las empresas que listan valores en la Bolsa de Valores de Lima, únicamente se encuentra conformada por hombres, los cuales permanecen en sus cargos de forma indefinida o son reemplazadas por otros de su mismo género y que ellos mismos propusieron. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación cobra relevancia, pues se pretende realizar un análisis de la relación entre el ingreso de una mujer al directorio de una empresa que lista valores en la Bolsa de Valores de Lima, compuesta mayoritariamente por hombres, y la diversidad de la composición del directorio en sus dimensiones de conocimiento, edad, disponibilidad de tiempo, origen, permanencia en el cargo. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación atiende al crecimiento exponencial del fenómeno Start Up en el Perú en respuesta a su estrecha relación con las nuevas tendencias mundiales de innovación y tecnología. Al respecto, dadas las particularidades propias del mundo de la innovación, la Start Up debe de encontrarse estrechamente vinculados con distintos agentes que forman parte de un ecosistema emprendedor de los que se sirve en sus distintas etapas evolutivas. Precisamente, en las etapas tempranas, la Start Up debe de afrontar los momentos más cruciales debido al riesgo inherente que enfrenta el surgimiento de su idea innovadora, siendo que requiere de recursos económicos que la materialicen. Para ello, en este ecosistema emprendedor existen agentes privados interesados en inyectar capital a la Start Up a través de la adquisición de acciones llamados business angels; sin embargo, las Start Up no cuentan con mecanismos autorregulatorios que les permitan crear un mejor ambiente para la inversión, toda vez que no prevé la posibilidad de que uno de los fundadores del equipo de la Start Up que no esté completamente comprometido con la sociedad, decida retirarse de la misma pero manteniendo su propiedad proporcional (participación accionarial sobre la misma), generando efectos no deseados para los fundadores y los inversores. En respuesta a ello, la Ley General de Sociedades faculta a los socios accionistas para que, en el marco de su esfera íntima de libertad contractual y dentro de los márgenes impuestos por las normas imperativas y estatuarias; puedan celebrar contratos entre ellos que permitan autorregular determinadas situaciones de la la vida interna de la sociedad. Así, bajo este contexto y en respuesta a la problemática planteada, resulta conveniente que las Start Up implementen un convenio de accionistas denominado “vesting”, el cual permite generar estabilidad en la Start Up en las etapas tempranas, debido a que obliga a los fundadores a tener una permanencia en la misma bajo un esquema de consolidación de sus acciones; permitiendo un ambiente más agradable para la inversión de los denominados business angels o inversores ángeles. / Trabajo de investigación

Los directores empresariales son aquellas personas designadas por la junta de accionistas para que tomen las riendas de la empresa, por lo que las decisiones que ejecuten son de suma importancia, ya que podrían definir el éxito o fracaso empresarial. Nuestra Ley General de Sociedades (“LGS”) establece que los directores deben desempeñar sus funciones con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal; así como también que los directores serán responsables en caso de dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Ahora bien, bajo dichas premisas es donde se tiene que ubicar a las decisiones de negocio. La LGS no hace distinción alguna para los casos en los cuales los directores actuaron de buena fe, se informaron debidamente y siguieron el procedimiento correspondiente, pero que aun así generaron pérdidas a la empresa; con aquellos supuestos donde los directores incumplieron con sus deberes y obligaciones, actuando negligentemente al momento de adoptar un acuerdo, por lo que en ambos supuestos los directores sí podrían ser juzgados por un tercero, juez o árbitro, quien evaluará de forma retrospectiva una decisión empresarial y determinará la existencia de responsabilidad. La figura del Business Judgment Rule (“BJR”) es una figura jurídica que nace del problema expuesto, con la finalidad de ser un escudo protector para los directores que actuaron de buena fe y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Actualmente el BJR no se encuentra recogido en nuestra normativa, lo cual genera una indefensión por parte de los directores ante reclamos por negligencia grave por las decisiones de negocio que hayan podido adoptar. En ese sentido, el presente trabajo busca desarrollar la figura del BJR y demostrar la necesidad de su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano. / Trabajo de investigación

En los últimos años, viene surgiendo un grupo de consumidores que antes de adquirir un bien o servicio toma en cuenta los impactos ambientales o sociales relacionados a su producción, uso o disposición final, con el fin de orientar sus preferencias hacia aquellos que generan un menor impacto, incluso, aun cuando el precio pueda ser superior. Estos consumidores, son denominados en diversa literatura como “consumidores responsables”; y a través de su decisión de compra no solo procuran satisfacer sus propias necesidades, sino que además, van más allá del ámbito particular, toman en cuenta las posibles consecuencias públicas derivadas de su consumo, e intentan utilizar su poder adquisitivo como un medio para impulsar cambio en la sociedad premiando con su decisión de compra a aquellas empresas que ofrecen productos o servicios con menores impactos sociales o ambientales, es decir, a aquellas empresas que operan con formas de producción sostenibles. La información que requiere este consumidor para formar una decisión de compra es diversa, especializada y muchas veces no se encuentra fácilmente a su alcance. Y, por otro lado, aparentemente el alcance del derecho al acceso a la información de la que gozan todos los consumidores no sería suficiente para permitirle al consumidor responsable acceder a la información que requiere. En este sentido, en esta investigación abordaremos el fenómeno social de la aparición de los consumidores responsables y si sus expectativas de información sobre los impactos sociales o ambientales de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado encuentran o no un respaldo en la legislación peruana. / Trabajo de Investigación

El acceso irrestricto al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas, el acoplamiento del servicio de abastecimiento de agua de manera continua y saneamiento higiénico es esencial para vida y los derechos humanos. Sin embargo, el suministro de agua potable en términos de calidad, continuidad y cobertura, sigue manteniéndose como un reto en diferentes partes del mundo y Perú no es la excepción. En ese sentido, el Gobierno Peruano a través de la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 ha establecido metas ambiciosas para cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento estimando lograr el acceso al servicio de agua potable para el 100% de la población urbana en el año 2021 y para el 100% de la población rural para el año 2030, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento. Sin embargo, todo este esfuerzo no es suficiente para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio, si no se cuenta con un adecuado proceso de monitoreo, operación y mantenimiento de las obras culminadas, generando un nuevo problema por el deterioro e inadecuada operación de la infraestructura entregada. Algunas de las causas son la limitada capacidad de los gobiernos locales, los operadores del ámbito rural para la gestión de saneamiento, las inversiones insuficientes y un marco legal que no incentiva la participación de las empresas privadas en el ámbito rural. En relación a lo señalado, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la normativa vigente en el ámbito de agua y saneamiento rural, con el fin de determinar si esta es adecuada para asegurar la administración de estos servicios de saneamiento y la posibilidad de intervención del sector privado, para así poder proponer alternativas o propuestas que permitan mejorarla y lograr una adecuada gestión de los servicios. / Trabajo de investigación

El Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que recibe un mal servicio o un producto defectuoso, determinando como obligación que todos los proveedores con establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con el Libro, ya sea en físico o virtual. El Indecopi, al tener como una de sus funciones la protección de los derechos de los consumidores, realiza acciones de supervisión a nivel nacional orientadas a la verificación de este cumplimiento normativo; inicia procedimientos administrativos sancionadores en aquellos casos donde comprueba que el proveedor no ha implementado esta herramienta; y posteriormente impulsa el procedimiento de ejecución coactiva donde se impuso una multa al proveedor infractor. En estas tres etapas, aproximadamente, pueden transcurrir por lo menos 2 años. En ese sentido, la implementación del Libro de Reclamaciones debe ser lo más eficiente posible a efectos que el Estado no tenga que incurrir en gastos en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Motivo por el cual, en el presente trabajo de investigación se evalúan como alternativas que la obligación de la implementación de este instrumento sea incluida como requisito para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, así como también que el Indecopi pueda determinar la responsabilidad objetiva por estas infracciones, de modo que pueda imponer la multa correspondiente en el preciso momento en que detecte su incumplimiento. / Trabajo de investigación

El sistema de protección al consumidor aborda diferentes estrategias de regulación a fin de alcanzar el mandato constitucional de protección de los derechos de este grupo, combinando métodos blandos como la autorregulación regulada y los métodos autocompositivos con métodos duros como los procedimientos administrativos sancionadores. En ese esquema la regulación actual promueve una tutela eficaz y eficiente de los derechos del consumidor, impulsando medidas como los programas de cumplimiento normativo en protección al consumidor a quienes dota del carácter atenuante de sanción en caso se demuestre una implementación eficaz. No obstante, este impulso teórico no ha tenido su correlato en la realidad, descuidándose el enfoque preventivo y de gestión oportuna y eficiente de los conflictos de consumo en el sistema de protección al consumidor. Sobre la base de un método de análisis de impacto regulatorio y argumentativo, la presente investigación tiene como objetivo principal demostrar que el impulso de los programas de compliance eficaces en materia de protección al consumidor a través de su consideración como criterio de exoneración de sanción y la reducción del tiempo de registro de la infracción en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, constituye una medida más eficaz y eficiente para el sistema de protección al consumidor y los agentes del mercado, tanto para la tutela de los derechos de los consumidores, como para la gestión de riesgos y generación de valor de los proveedores, beneficiando a todos los agentes del mercado y al sistema de protección al consumidor en general, debido a que los beneficios de un mayor incentivo a la prevención y gestión oportuna de los conflictos de consumo superan a los costos de implementación de dicha medida superando la falta de eficacia y eficiencia de las actuales medidas de tutela.

El Decreto Legislativo No. 1409 (2018) crea el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), marco normativo mediante el cual se busca la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. La exposición de motivos de la ley propone el nacimiento de esta sociedad a fin de dinamizar el sector MIPYME, mejorar la recaudación fiscal y disminuir las altas tasas de informalidad laboral, presentando para ello un nuevo modelo de constitución virtual, en documento privado, menos costoso y rápido, alejándose así de las barreras impuestas a los modelos societarios clásicos. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), como modelo innovador, nace en Colombia (2008) de la mano del maestro Francisco Reyes Villamizar, extendiéndose posteriormente a las legislaciones de Chile, Argentina y la OEA. Este régimen basa su éxito en la reducción de plazos y costos de constitución, reducción de la informalidad y mayor flexibilidad, todo sobre la base de la “sociedad contrato” y en la “autonomía de la voluntad”. Nuestro legislador, al advertir las bondades del exitoso modelo, propone adaptar lo mejor de cada experiencia internacional para aplicarla en la SACS. Es justamente este nuevo marco normativo nacional sobre el cual se basa la presente investigación, a fin de determinar si aquél recoge o no las virtudes del modelo SAS. A partir de ese análisis y del resultado que se obtenga se establecerá la viabilidad y necesidad de la creación de la SACS, lo cual determinará si estamos frente a un modelo exitoso o ante uno que debe ser adaptado para lograr trascender.

La presente investigación aborda el análisis de uno de los contratos con más alta complejidad en su negociación, suscripción y ejecución, se trata del contrato de obra de construcción, en la esfera la actividad privada. Este tipo de contratos que son utilizados para los proyectos de construcción en el Perú regula las relaciones que se generan al interno entre partes como son: comitente y contratista. El estudio del tema nos permite conocer como en la práctica existe un imperante desequilibrio contractual entre las partes, siendo la parte más débil el contratista. A su vez, analizamos que un favor colaborativo de esta lamentable situación es la legislación del Código sustantivo, la misma que data desde el año 1984 y la cual al año 2017 resulta sumamente ineficiente y desactualizada con los alcances de los proyectos de construcción que hoy por hoy se ejecutan en el Perú. / Trabajo de investigación