El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas legales generados por las actividades de la empresa en el marco de una regulación cada vez más abundante y a diseñar reglas que sistematicen todas normas en guías o principios básicos de comportamiento que al ser seguidos previenen que los colaboradores incurran en conductas prohibidas. Este fenómeno, proveniente del mundo de las grandes empresas ha ido evolucionando y difundiéndose hasta el punto que hoy en día todas las grandes corporaciones cuentan con programas de cumplimiento que abarcan temas como corrupción, derechos humanos, no discriminación, ética, etc. Lo que en principio fue una iniciativa particular de las empresas por autorregularse, fue dando paso a legislaciones nacionales que buscan imponer a las empresas la obligación de implementar programas de cumplimiento que coadyuven a la función estatal de prevenir y sancionar determinados delitos. En 2002 se publicó en el Perú la primera norma destinada a imponer un programa de cumplimiento legal, específicamente destinado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta primera legislación introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, funcionario que forma parte de la organización de la empresa y cuya función es la de velar por el funcionamiento del programa de cumplimiento y dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones sospechosas. Posteriormente, en el marco de una corriente que se va extendiendo alrededor del mundo, se ha venido desarrollando una legislación que atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por algunos delitos cometidos por sus colaboradores, estableciendo como eximente o atenuante de dicha responsabilidad que la empresa voluntariamente cuente con un programa de cumplimiento. El presente trabajo busca establecer la pertinencia de regular lo que nació como una iniciativa privada, convirtiéndola en una obligación por mandato legal, y qué tan adecuada resulta, para los fines para los que fueron creados los programas de cumplimiento el contar con dichas normas. Nuestra posición es que la legislación peruana en realidad no introduce una figura voluntaria, sino que en el fondo sanciona a aquellas empresas que no cuenten con un programa de cumplimiento y, aunque existen razones que justifican ello, pierde una magnífica oportunidad de prevenir algunos de los más importantes riesgos generados por las actividades empresariales. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación surge ante el análisis de resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado que sancionan de manera solidaria a los miembros de consorcios por la presentación de documentación falsa ante las entidades públicas. El problema se origina en que las empresas, a pesar de contar con herramientas destinadas a individualizar responsabilidades, no definen las obligaciones de aporte documental que corresponden a cada integrante de un consorcio, en los documentos presentados ante las entidades públicas o; haciéndolo lo realizan de manera deficiente, a través de la suscripción de pactos que se contradicen entre sí. Los objetivos de la investigación son determinar la importancia de los consorcios y la necesidad de complementación de prestaciones cuyo desarrollo de forma individual no resulta eficiente, analizar la responsabilidad administrativa solidaria en materia de contrataciones con el Estado y su implicancia en la conformación de consorcios para; finalmente, identificar casuística en la cual el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó de manera solidaria a todos los integrantes de un consorcio por la presentación de documentación falsa, al no haberse definido la obligación de aporte documental en los documentos presentados ante las entidades públicas. La principal conclusión a la que se arriba en el trabajo de investigación es que las empresas no delimitan las obligaciones de aporte documental en la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio ni en otro documento de fecha y origen cierto; motivo por el cual se exponen al riesgo de ser sancionadas en forma solidaria ante la presentación de documentación falsa, siendo inhabilitadas para contratar con el Estado. / Trabajo de investigación

La gestión de los riesgos legales es de vital importancia para las compañías, puesto que es necesario identificar y anticiparse a las contingencias que puedan acaecer en el día a día de sus operaciones. Por ello, desde un rol proactivo de la Gerencial Legal, resulta necesaria la implementación de un compliance regulatorio en la compañía, a pesar de que pueda ser una tarea compleja o que algunos órganos decisorios puedan ordenar solo cumplir con lo mínimo legal exigido (en el caso del compliance penal), sin embargo, es responsabilidad de la Gerencia Legal poder plantear esta nueva mirada y convencer a los órganos decisorios de la compañía sobre las ventajas de este modelo de gestión. De esta forma, en el capítulo I se desarrolla una breve introducción al presente trabajo, el cual incluye una aproximación al nuevo modelo de gerencias legales en las empresas; en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico del presente trabajo, el cual incluirá definiciones relevantes al presente trabajo, tales como Compliance Regulatorio, Generación de Valor, Cadena de Valor, SCRUM y Barreras Burocráticas. En el capítulo III se desarrolla el problema de investigación, el cual es: ¿La implementación del compliance regulatorio industrial en la división de tratamiento de agua genera valor en ARIS Industrial S.A? Para responder esta pregunta se realizó un balance del sector económico elegido, se investigó sobre la pérdida de competitividad de la compañía al no contar con un compliance regulatorio y, finalmente, se explica la forma de implementación del compliance con la herramienta del SCRUM en ARIS Industrial S.A. En el capítulo IV se discuten los conceptos planteados con el problema de investigación, con la finalidad de demostrar la hipótesis del trabajo, el cual es que se genera valor al implementar el compliance regulatorio industrial con la metodología SCRUM en la división de tratamiento de agua de la empresa ARIS Industrial S.A. Finalmente, se tienen las conclusiones del trabajo los cuales apuntan a realizar un resumen de lo investigado y demostrar los resultados obtenidos de la implementación en la empresa Aris Industrial S.A.

A propósito de la modificación del Artículo 106 de la Ley de Impuesto a la Renta mediante la Ley No. 27356, vigente a partir del 01 de enero de 2001, se prohibió la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias transferidas a través de las reorganizaciones societarias. En ese contexto, el autor desarrolla y reflexiona respecto a (i) la finalidad de la Ley No. 27356 para prohibir la compensación de pérdidas tributarias transferidas mediante las reorganizaciones societarias, (ii) las limitaciones del legislador para prohibir la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias transferidas en las reorganizaciones societarias, y (iii) la aplicación en el tiempo de la Ley No. 27356 sobre reorganizaciones societarias realizadas antes de su entrada en vigencia. Ello, en virtud de lo dispuesto en la Casación No. 4015-2014-Lima

El trabajo que se presenta tiene como objetivo determinar en qué medida el Compliance preventivo para la función notarial permite identificar, evaluar y dar solución a los problemas de infracciones normativas que cometen los trabajadores en las notarías públicas en la certificación de firmas de documentos extra protocolares. El impacto de la globalización en cuanto a la tecnología nos ofrece un mundo de oportunidades de información y conocimientos, pero también formas de evitar formalidades con evasiones o procesos ilícitos con simulaciones o encubrimientos. El estudio analiza las bases conceptuales y fundamentos teóricos del Compliance y su aplicación en escenarios donde se releva su carácter preventivo, así como ayudar a la calidad en la gestión. Asimismo, aborda la función, principios del notario y el rol del oficial de cumplimiento quién es responsable de conducir los procesos de supervisión y control para garantizar la legalidad de los documentos y evitar faltas e infracciones. Como conclusión, luego de describir la problemática, fundamentar con el estado del arte y emerger la discusión resulta necesario que se incorpore en las notarías el Compliance preventivo, el cual se convierte en herramienta fundamental para asegurar los procesos de certificación de firmas en documentos extra protocolares. / Trabajo de investigación

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la necesidad de la existencia de límites legales a la libertad de empresa en cuanto el acceso de las universidades privadas a la prestación del servicio de educación superior universitario, considerando que el Estado debe garantizar que dicho servicio cuente con condiciones mínimas de calidad, resguardando de esa manera el derecho fundamental a la educación. Debemos indicar que si bien con la promulgación de la Ley 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), se estableció una regulación con el objetivo de garantizar la calidad de la educación superior universitaria, hace unos meses el Congreso de la República modificó dicha Ley con la promulgación de la Ley 31520, Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Cabe mencionar que las principales modificaciones están referidas a cambiar la naturaleza de la Sunedu, restarle funciones en cuanto al licenciamiento de programas, escuelas y facultades, y modificar la forma de elección de los miembros de su Consejo Directivo. A partir de esta situación, consideramos que resulta relevante recordar los fundamentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos sobre la constitucionalidad de la Ley 30220, los cuales fundamentan la necesidad de que la Ley 31520 sea derogada por afectar el derecho constitucional a la educación. Esta propuesta de derogación tiene como objetivo evitar que la Ley 30220 pierda su esencia y garantizar la calidad de la educación superior universitaria.

Today, Peruvian legislation has an exorbitant amount of laws, which is why it is not uncommon to find that in a specific subject there is more than one legislation, precisely this work will be responsible for analyzing why in many cases both Indecopi as an organ supervisor and protector of the rights of consumers, such as the Courts of Honor of the Notary Associations as an organ responsible for verifying the functional conduct of the notary, are empowered to impose sanctions, considering the damage caused to the user; then we will see that currently both instances have sanctioning powers against the notary service providers when the scope of each of them should be clearly defined; I will analyze where the confusion arises, the good and the bad of the norms that regulate the sanctioning aspects, I will describe the cases raised that have generated controversy and finally we will propose how the powers that each of these routes should have should be specified. / Hoy en día la legislación peruana cuenta con una cantidad exorbitante de leyes, razón por la cual no es extraño encontrar que en un tema específico exista más de una legislación, justamente el presente trabajo se encargará de analizar porqué en muchos casos tanto el Indecopi como órgano supervisor y protector de los derechos de los consumidores, como los Tribunales de Honor de los Colegios de Notarios como órgano encargado de verificar la conducta funcional del notario, están facultados para imponer sanciones, considerando el daño ocasionado al usuario; pues veremos que actualmente ambas instancias cuentan con potestades sancionadoras contra los proveedores de servicios notariales cuando el ámbito de aplicación de cada una de ellas debería estar claramente delimitada; analizaré de donde nace la confusión, lo bueno y lo malo de las normas que regulan los aspectos sancionadores, describiré los casos suscitados que han generado controversia y finalmente propondremos de qué manera se deberían especificar las competencias que cada una de estas vías debería tener.

La presente Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho, se escribe en un momento en que el debate internacional sobre el cumplimiento de los estándares sociales (normas laborales, ambientales, de salud, seguridad) ha permitido justificar la inserción de un sistema denominado Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, el mismo que ha evolucionado gracias al impulso de un importante agente económico: las Empresas Transnacionales. Mediante aquel sistema nacido en los años setenta, las Empresas Transnacionales y distintos agentes internacionales políticos y económicos de gran importancia1 , fomentan el desarrollo de sus actividades comerciales con “Responsabilidad Social Empresarial”. Para ello, dentro de este nuevo sistema, se emiten un conjunto de reglas y normas de tipo privadas, ya sean unilaterales o consensuadas con los principales agentes afectados y beneficiarios de su aplicación (sindicatos, proveedores, comunidades, sociedad civil), en donde las Empresas Transnacionales señalan su compromiso y respeto a las buenas prácticas laborales, ambientales, de seguridad laboral, de salud y de acciones sociales.

El Perú es un país que ha tendido un crecimiento económico promedio por encima de 6% durante los últimos 5 años, en la actualidad la economía sigue creciendo aunque a un menor ritmo y se perfila entre las más sólidas de la región, sin embargo esto no se traduce en desarrollo; es en este contexto que surge una nueva entidad denominada “empresa social” la cual emplea sus activos y competencias en generar impacto social. En este trabajo enfocamos los distintos aspectos de la empresa social, desde el surgimiento de este nuevo modelo, pasando por el contexto en el que se desenvuelven a nivel internacional y cómo las políticas públicas en algunos países están siendo dirigidas a incentivar el desarrollo de este modelo empresarial, de igual forma mostramos algunos casos concretos en nuestro país, las cuales han demostrado ser un mecanismo eficiente de solución a problemas sociales aplicados a contextos definidos, también se abarca el problema de la falta de un marco jurídico que regule sus obligaciones y que proteja la misión para que fueron creadas, desde la falta de un mecanismo legal de constitución de las mismas y la protección de los intereses del empresario, así como de la misión social, motivo por el cual consideramos que se debe crear una nueva categoría legal a fin de dar a la empresa social un ambiente adecuado para su desarrollo y poder cumplir de manera más eficiente su doble perfil.

El presente trabajo aborda la sociedad unipersonal; es decir, aquella conformada por un único socio, tomando en cuenta data estadística de demografía empresarial peruana de los años 2018 a 2022. La actual Ley General de Sociedades peruana establece que para la constitución y marcha de una sociedad es requerida la intervención de dos o más socios. Excepcionalmente, se permite la unipersonalidad para: las empresas estatales, las sociedades autorizadas por ley y toda sociedad por el plazo máximo de seis meses. No obstante, información estadística muestra que en el Perú la mayoría de las empresas que iniciaron o reanudaron sus actividades entre el 2018 y el 2022 adoptaron formas jurídicas unipersonales (persona natural con negocio o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada). Ambas formas presentan desventajas que hacen que optar por ellas no resulte conveniente para los empresarios. Por otro lado, no se puede negar la existencia en el Perú de sociedades que cumplen con la pluralidad de socios únicamente de manera formal y no real (denominadas “sociedades de favor”). El presente trabajo sustenta, desde un enfoque estadístico, la conveniencia de permitir la existencia de sociedades unipersonales en el Perú. Planteamos un cambio normativo que permita la unipersonalidad para la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Asimismo, proponemos los principios que la futura regulación de la sociedad unipersonal en el Perú debe seguir, a fin de satisfacer efectivamente las necesidades de los empresarios peruanos y constituirse en un auténtico instrumento de promoción de la actividad empresarial.