En esta oportunidad, el doctor Sagüés nos introduce en la búsqueda de los antecedentes del derecho procesal constitucional desde la Constitución de Bedoya de 1808. Se analiza los derechos y garantías que desarrollaron lo que hoy en día concebimos como el procedimiento constitucional. Posteriormente se realiza un análisis de la constitución de Cádiz de 1812 y como regulo el procedimiento, sus garantías y prerrogativas. Se culmina el artículo desarrollando los principales institutos del derecho procesal constitucional como los recursos de nulidad, un análisis del habeas corpus y las garantías del debido proceso. On this occasion, Dr. Sagüés introduces us into finding the history on constitutional procedural law starting with the Constitution of Bedoya (1808). He analyzes the rights and guarantees that developed of what today we think of as the constitutional procedure. Subsequently, an analysis of the Constitution of Cadiz of 1812 is done as how it regulated the procedure, its guarantees and prerogatives. The article ends developing the main provisions of constitutional procedural law such as invalid resources, an analysis of habeas corpus and guarantees of due process.

¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

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La revisión constitucional de los casos judiciales comprende el ejercicio de los derechos y garantías procesales de las personas. En nuestro país, el Tribunal Constitucional -como una alta corte- procura otorgar una tutela objetiva y subjetiva de derechos fundamentales a partir del uso de la herramienta jurídica del derecho procesal constitucional. Sin embargo, la tutela constitucional enfrenta diversos desafíos que ameritan el uso de otras herramientas jurídicas por parte del máximo ente constitucional. A partir de la presente investigación, se puede concluir que la introducción de la sentencia interlocutoria denegatoria -a través del precedente Vásquez Romero- a nuestro sistema jurídico significa la plena vigencia y el correcto ejercicio del orden constitucional en nuestro país. / The constitutional review of judicial cases includes the exercise of the rights and procedural guarantees of individuals. In our country, the Constitutional Court -as a high court- seeks to grant an objective and subjective protection of fundamental rights from the use of the legal tool of constitutional procedural law. However, constitutional protection faces various challenges that warrant the use of other legal tools by the highest constitutional entity. From the present investigation, it can be concluded that the introduction of the refusal interlocutory sentence - through the precedent Vásquez Romero- to our legal system means the full validity and the correct exercise of the constitutional order in our country. / Trabajo académico

En estos tiempos, la constitucionalización de los derechos -y del proceso- ha llevado a que los estados reformulen el modo de comprender y actuar del Derecho. Y es, justamente, bajo ese contexto que nace el paradigma de Estado constitucional, cuyos principales postulados son: i) la defensa de los derechos fundamentales; y, ii) el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Es así que, bajo dicho paradigma, esta tesis buscará, en primer lugar, describir el impacto que el Estado constitucional tiene sobre el proceso, el juez y las partes procesales; y más concretamente, sobre la prueba de oficio en el marco de una litis. A partir de ello, pretendemos también sentar las bases de un nuevo modelo de proceso, que dejando atrás el procesalismo científico, y en concordancia con la tesis denominada “Constitucionalización del Derecho Procesal”, no es más que un Modelo de Proceso Garantista (o “Constitucionalismo Procesal”); que nos permitirá identificar al Juez como: a) Garante de los derechos - garantías en el proceso (por ejemplo: imparcialidad, debido proceso u otros); y, b) Garante de los derechos que protege el proceso en relación a las partes (por ejemplo: derecho a la identidad, a la pensión, a alimentos, etc.). Reconociéndole, igualmente, en el juzgador la obligatoriedad de evaluar los derechos en litigio, a efectos de decretar prueba de oficio en un estadio procesal predictible (etapa de saneamiento) que les permita a las partes el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Para lo cual, también se planteará un modelo de razonamiento para que dicho accionar (incorporación de una prueba de oficio) tenga como finalidad la tutela de los derechos fundamentales de forma oportuna, idónea y eficaz. Finalmente, ponemos a consideración de la comunidad jurídica los argumentos expuestos en la presente investigación; donde describiremos, en líneas generales, el traspaso de la clásica “prueba de oficio” vista como un poder exclusivo-unilateral del juez hacia un modelo racional - argumentativo. Lo cual ciertamente implica todo un verdadero cambio de nuestra cultura jurídica procesal, que modestamente esperamos sea corregida a fin de tener un proceso dúctil y justo, en el marco de un Estado constitucional.

El propósito del proceso fue en sus orígenes y es en la actualidad, en esencia, generar orden y justicia en la sociedad. Para contrarrestar la naturaleza competitiva del hombre, su ingenio conservativo de sí mismo y su condicionante indispensable para su existencia que es la sociedad, lo llevó a despojar del uso de la fuerza personal al individuo y concentrarlo en una entidad organizadora, administradora y distribuidora. Con el nacimiento del Estado nace la necesidad de parametrar la interacción entre los sujetos para viabilizar, hacer oportuna y no contraproducente la cooperación humana. Esta idea resume con gran injusticia el gran acontecimiento que fue el nacimiento de la jurisdicción. En la necesidad de resolver los conflictos entre los individuos y de resolver las incertidumbres jurídicamente relevantes, debe aparecer entre las partes un tercero legitimado y desinteresado en la causa a resolver. Es así que la jurisdicción surge como actividad de impartir justicia concentrada de forma unitaria, por evolución histórica, en el Poder Judicial del Estado. Función que deviene en un deber del funcionario estatal y del Poder, pues será su decisión, su concepto de lo justo jurídicamente sustentado, el que prevalezca sobre la sociedad y tenga observación forzosa. El ejercicio de la jurisdicción aparece ante el requerimiento de partes que discuten por un interés social con relevancia jurídica en el que el Estado interviene como tercero imparcial que emplea la ley dictada por la voluntad de la nación representada para determinar la resolución del caso. Dentro de este concepto se encierran diversos conceptos ligados íntimamente: la decisión, ejecución, coerción y documentación.

Esta investigación busca desarrollar el contenido jurídico del principio procesal constitucional de elasticidad, también denominado principio de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. Este principio no ha sido desarrollado de manera cabal por nuestra legislación ni por nuestro Tribunal Constitucional a la hora de aplicarlo a sus resoluciones constitucionales, ya que no podemos encontrar una definición del mismo, así como la extensión de sus alcances ni los límites en su aplicación en los procesos constitucionales

De los procesos constitucionales se puede decir, a grandes rasgos, que constituyen instrumentos a través de los cuales se despliega la potestad jurisdiccional del Estado y se caracterizan porque su creación o configuración suele venir de la propia Constitución y no únicamente de una norma legal. A esta característica (de tipo formal) se puede agregar que los procesos constitucionales tienen como finalidad esencial garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. En nuestro país, la Constitución de 1993 consagra expresamente un total de siete procesos constitucionales (aunque, atendiendo a su finalidad, la doctrina ha discutido la conveniencia de calificar a algunos de ellos como tales): a) el proceso de hábeas corpus, b) el proceso de amparo, c) el proceso de hábeas data, d) el proceso de cumplimiento, e) el proceso de acción popular, f) el proceso de inconstitucionalidad; y, g) el proceso competencial. De los procesos mencionados, los tres primeros se configuran, por excelencia, como mecanismos orientados a la defensa de la persona frente a aquellos actos u omisiones que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales. De ahí que puedan ser agrupados bajo la denominación de “procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales” o “procesos constitucionales de libertad”.

A veinte años de la reforma constitucional argentina de 1994 poco ha quedado de la literalidad del tercer párrafo del nuevo artículo 43 constitucional federal. Sus contenidos se han enriquecido notoriamente partir de una profusa reglamentación primaria y secundaria y de una prolífica labor de la doctrina y de la jurisprudencia, a punto tal que hoy resulta imposible aprehender la figura sin recurrir a esas otras fuentes.