El derecho registral es una especialidad jurídica que se ha venido evolucionando desde hace muchos años, sin embargo en el Perú estos últimos años ha evolucionado con mayor rapidez e interés debido a la necesidad de celebrar negocios, actos y relaciones jurídicas entre terceros, generado por el crecimiento económico de Latinoamérica y del país, principalmente por el desarrollo inmobiliario, debido a que el derecho registral, o mejor dicho la actividad registral brindad a terceros la certidumbre, confianza y seguridad fundamentales para realizar negocios que coadyuven al desarrollo económico del país. El desarrollo económico del país está generando la necesidad civil y política de desarrollar la infraestructura del país, por lo que se espera que en el trascurso de los próximos años se generen grandes obras públicas y para ello el estado se verá, inevitablemente, en la obligación de utilizar la figura de la expropiación para salvaguardar el desarrollo del proyecto de inversión de infraestructura. Asimismo, este gobierno y los anteriores, en conjunción con el actual y prometedor desarrollo económico de nuestro país, han buscado desde siempre la formalización en el mercado inmobiliario, más aún por la importancia económica, social y política que tiene en un país. Es por ello, que será indiscutible la necesidad del uso de la figura de la expropiación para el desarrollo del país en los próximos años, es por ello que este trabajo procurará analizar la normativa de esta figura y su repercusión en el registro inmobiliario.

El articulo busca brindar un enfoque acerca de la aplicación del artículo cinco de la Ley N° 30313, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049, su contexto histórico y la esencia de la mencionada Ley. Se brinda al lector una opinión acerca de las implicancias de la entrada en vigencia de la Ley N° 30313 y al mismo tiempo se otorga una serie de críticas que son relevantes para entender porque se considera que es Ley no es la solución idónea para los problemas de fraudes inmobiliarios.

Grandes fraudes inmobiliarios se venían dando en el país debido a que una organización delictiva basándose en los vacíos legales los utilizo con el fin de apropiarse de manera ilegal de predios tanto públicos como privados. Ante esta realidad, la Ley 30313 fue la respuesta inmediata del estado para paralizar dichos actos, pero no previno lo que generaría a futuro esta ley ya que las distintas modificatorias de la misma cambiaron de manera sustancial la actividad registral y el procedimiento el cual fue, a todas luces, desnaturalizado.

El presente trabajo académico trata las posibles causas de la duplicidad de partidas de predios, su problemática y efectos en el sistema basados en la función que el Registro de Predios tiene en nuestra realidad. Para ello se hizo un análisis de la función del Registro de Predios, desde su creación, mediante la comparación con el antecedente más cercano al nuestro, el sistema registral español. Asimismo, se analiza la problemática a la que nos lleva la inexactitud de la descripción de los predios, entre otros, de cara a los tres principios fundamentales que irradian nuestro sistema registral. Finalmente, se hace un recuento del tratamiento a nivel reglamentario de este problema y las soluciones que se han propuesto a través del tiempo para combatirlo.

Por medio del presente trabajo, se busca analizar el problema de una aparente restricción que aqueja al registrador público en su capacidad de calificación de los actos que buscan inscribirse en los Registros Públicos. Al respecto, cabe señalar que por medio del presente trabajo analizaremos, inicialmente, la calificación registral de un modo amplio, haciendo un pequeño repaso referente a lo que esta representa, sus alcances y un análisis del mismo desde el punto de vista del artículo 2010 del Código Civil, hecho que nos ayudará a analizar la verdadera capacidad con que cuenta el Registrador Público para realizar una calificación registral

Cuando acudimos al Registro lo hacemos porque creemos y confiamos en lo que este nos otorga jurídicamente. En ese sentido, la inscripción cumple un papel importante en el tráfico jurídico. El Estado se encarga de fortalecer esta figura del derecho registral debido a que contribuye al mantenimiento y protección de la seguridad jurídica. En ese sentido, el 25 de marzo del 2015 se promulgó la Ley No 30313, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en trámite y Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Indentidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos 4 y 55 y la Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, la cual ha generado cambios tanto en el procedimiento registral como en los principios registrales que la protegen. Los principios protectores de la inscripción registral deben ser garantizados y protegidos por el Estado por lo que, toda modificación legal que se realice sobre ellos debería mantener su contenido esencial. El alcance de los principios registrales de legitimación y fe pública registral debería ser concordantes entre sí pues al menos de esta forma no generarían confusión hacia el usuario.

El artículo 62°y 63° del Reglamento de la Ley N° 29151 y la Directiva N° 005-2016/SBN, han regulado los procedimientos de transferencia de predios de dominio privado y públicos de propiedad Estatal representado por la SBN (en adelante la SBN), que realiza la SBN a favor de entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Mediante el presente trabajo se pretende demostrar que el registrador viene calificando las resoluciones de transferencias emitidas en virtud del Decreto Legislativo N° 1192, razón por la cual, se propone la derogación de la Octava Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1192, toda vez que la aplicación del segundo párrafo del artículo 2011° del Código Civil solo es aplicable para documentos judiciales.

En el presente trabajo académico se analizó el Derecho de Vía desde los manuales de diseño de carreteras hasta las normas generales, las cuales la nombran para entender su carácter legal. Asimismo, se investigó el Derecho de Vía desde la doctrina y jurisprudencia para complementarla en un mayor ámbito, puesto que el mismo cuenta con poca normativa sobre sus características e implicancias como bien de dominio público. Teniendo claro lo que importa la faja de dominio se pudo comparar la misma con la propiedad de un privado, en caso ambas se contrapongan sobre un mismo predio. Para ello, es necesario el estudio de la normativa en materia registral que la regule, no sin antes recurrir a la Constitución Política y el Código Civil. Sólo así, los atributos del derecho de propiedad privada se han podido entender como restringidos. Además, se debe ahondar en el caso que un privado desee el uso de un terreno que forme parte de la misma. De otro lado, se investigó sobre las sanciones penales o administrativas en los casos en los que se realice obras sobre el Derecho de Vía sin autorización o se le dañe. Finalmente, se indagó sobre la demarcación y protección del Derecho de Vía, para la cual existe una Unidad Gerencial correspondiente en PROVIAS Nacional.

El trabajo se basó en la investigación si el nulo o ineficaz el acto de disposición unilateral de bienes sociales y su implicancia con el derecho registral. Teniendo en cuenta el VIII Pleno Casatorio Civil desarrollado el 22 de Diciembre de 2015 en la Ciudad de Lima el cual tiene como antecedente el IV Pleno Jurisdiccional 2015 en el cual se adoptó el criterio que el acto debe ser considerado nulo. Y en lo que respecta con su implicancia con el derecho registral el llamado titular non domino quien adquiere su derecho basado en la publicidad que brinda el registro y articulo 2014 del Código Civil modificado por la Ley N° 303131 la cual regula el Principio de “Fe Publica Registral”. Tome la posición que el acto celebrado por uno de los cónyuges disponiendo un bien social, es ineficaz, puesto que puede ser ratificado por el cónyuge que no intervino y además que el cónyuge que solo intervino carece de legitimación para contratar.

El artículo busca hacer una crítica al Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno Registral LXII con fecha 06/09/2010 que señala expresamente que: “Las causales de caducidad del derecho de propiedad no inscritas, pero que se encuentran recogidas en una norma legal, son oponibles a los terceros adquirientes, y por tanto, procede la inscripción de la reversión a favor del Estado”. En consecuencia, se analizará la a Resolución No 1099-2008- SUNARP-TR-L del 10/10/2008 que sustenta el Precedente. Los temas a analizar principalmente estarán referidos a: (i) las cláusulas de caducidad y (ii) la oponibilidad a terceros.