Para aplicar la prescripción extintiva en al ámbito tributario se requiere no sólo conocer su funcionamiento -en base a su mayor desarrollo en el ámbito civil-, sino, reparar en las particularidades de una rama con una orientación claramente distinta -como es la tributaria-, en cuyo seno desplegará sus efectos; además, considerando la constitucionalización del derecho como nuevo paradigma jurídico, es necesario realizar tal análisis a la luz de los preceptos constitucionales. Como si todo lo anterior fuera poco, evaluar la aplicación de la prescripción, respecto de una facultad de la Administración Tributaria, como en el presente trabajo es la facultad de determinación, implica entender el funcionamiento de ciertas instituciones del derecho administrativo. En el presente trabajo se analiza de manera crítica la prescripción tributaria que recae sobre la facultad de determinación que ostenta la Administración Tributaria. Nuestro objetivo es analiza el funcionamiento, finalidad, sustento y aplicación práctica de la prescripción en materia tributaria respecto de la facultad de determinación de la obligación tributaria que ejerce la Administración Tributaria. Nuestro propósito es identificar, desde una visión crítica, si es adecuado el modelo asumido por nuestra legislación, y proponer -de ser el caso- opciones para su mejor tratamiento. Para tales efectos, se analiza la prescripción extintiva desde su desarrollo legislativo y doctrinario en el ámbito civil, los alcances constitucionales que tiene y la naturaleza y funcionamiento de la facultad de determinación de la obligación tributaria, como una potestad administrativa. En el presente trabajo se concluye que existen varios puntos críticos en cuanto a la regulación de la prescripción tributaria que recae sobre la facultad de determinación de la obligación tributaria que ostenta la Administración y que deben ser corregidos a efectos de alinear la institución en comentario con su finalidad, objeto y parámetros constitucionales.

En el presente informe se analizan los problemas jurídicos identificados en la Resolución del Tribunal Fiscal No. 4968-1-2020, los cuales están vinculados a la aplicación de la facultad de calificación del hecho imponible de la SUNAT, regulada en el primer y último párrafo de la Norma XVI. De ese modo, se buscará determinar si SUNAT aplicó realmente su facultad de calificación al caso materia de controversia, el cual versa sobre tres operaciones societarias que simularían una enajenación de acciones. De igual modo, se analizará si aun en el supuesto de las operaciones recalificadas como enajenación, se determinó adecuadamente la deuda tributaria e identificó al agente de retención obligado al pago de esta. Considerando los argumentos expuestos en la Resolución analizada, la legislación, jurisprudencia y doctrina, se concluye que en el caso no se aplicó la facultad de calificación sino criterios propios de la cláusula antielusiva general. Asimismo, se concluye que no se determinó de forma adecuada la deuda tributaria y tampoco se identificó correctamente al sujeto responsable del pago de la deuda tributaria. / This report analyzes the legal problems identified in Tax Court Resolution No. 4968-1-2020, which are derived from the exercise of the Tax Administration's taxable event characterization faculty, regulated in the first and last paragraph of Rule XVI. Thus, it will be sought to determine whether SUNAT really applied its characterization faculty to the case, which involves three corporate transactions that would simulate a transfer of shares. Likewise, Likewise, it will be analyzed whether even in the case of transactions recharacterized as alienation, the tax debt was adequately determined, and the withholding agent responsible to pay it was identified. Considering the arguments set forth in the Resolution analyzed, the legislation, jurisprudence and doctrine, it is concluded that the characterization faculty was not applied in this case, but rather the criteria of the General Anti-avoidance Rule. Likewise, it is concluded that the tax debt was not adequately assessed and the withholding agent responsible for the payment of the tax debt was not correctly identified.

El presente trabajo gira en torno al análisis de diversas anomalías que pueden presentarse en el procedimiento contencioso tributario como consecuencia de una estrategia de dilatación del mismo por parte del contribuyente. Asimismo, se analizan los efectos que tuvo en el proceso judicial la referida estrategia de dilatación, en particular la vulneración de ciertos principios constitucionales.

En el presente trabajo se realiza un análisis de la incorporación del arbitraje nacional facultativo en materia tributaria para reducir la carga procesal en el Poder Judicial, la misma que resulta ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos frente a la demanda contenciosaadministrativa. De este modo, los contribuyentes tendrían la posibilidad de elegir entre dos vías para resolver sus conflictos: el Proceso Contencioso Administrativo y el Proceso de Arbitraje Nacional Facultativo. Se señala como problema del trabajo de investigación, el hecho de que, de acuerdo con la legislación tributaria actual, el proceso tributario es muy lento y provoca una carga procesal cada vez mayor ante la instancia del Poder Judicial, y es que cada vez se incrementa y dura más allá del plazo razonable. Por ello, se propone incorporar el arbitraje nacional facultativo para coadyuvar en la reducción de la carga procesal del Poder Judicial y reducir plazos de resolución de conflictos como derecho del contribuyente y como garantía del principio a un plazo razonable, cuyas ventajas están ligadas a los principios de simplicidad, especialidad, celeridad. En efecto, la propuesta de aplicar el arbitraje tributario nacional es una vía alternativa que tiene la finalidad de resolver las controversias tributarias según la interpretación del hecho imponible y del análisis normativo, mas no implica desconocer el poder tributario, ni la competencia del Poder Judicial, sino coadyuvar a reducir la carga procesal. Luego de analizar estos aspectos dentro de la legislación nacional, se revisa el tratamiento de esta provisión en la legislación comparada en países de Latinoamérica donde se aplica este tipo de mecanismos alternativos como es el arbitraje, tales como Panamá, Venezuela, y otros países como Portugal, Francia y Estados Unidos. Finalmente, se propone evaluar la posibilidad de incorporar el procedimiento del arbitraje nacional facultativo en un título del Libro III del Código Tributario. Del mismo modo, modificar los artículos 112 y 157 de dicha norma, cuyas ventajas están ligadas a los principios de simplicidad, especialidad, celeridad y el principio del plazo razonable

El presente trabajo de investigación centra su estudio en el ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, cuestiona su vigencia, analizando la afectación actual que ejerce el Sistema sobre los sujetos u operaciones comprendidas y propone un cambio regulatorio a la luz de las innovaciones tecnológicos que ha experimentado la Administración Tributaria con el paso del tiempo. Teniendo el contexto expuesto es válido efectuar las siguientes interrogantes ¿los fundamentos del ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias justifican en la actualidad, la aplicación del Sistema bajo los mismos términos en que fue concebido inicialmente?, ¿el actual ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias resulta razonable o perjudicial para los sujetos afectos al mismo?, ¿Se vulnera el Principio Constitucional de Igualdad al proponer una diferenciación de tratamientos en la operatividad del Sistema de Detracciones?. Se tiene por hipótesis que el Principio Constitucional Tributario de Igualdad no impide el tratamiento desigual en el ámbito tributario, cuando existen condiciones objetivas y razonables para ofrecer un tratamiento diferenciado, siempre y cuando se realice sobre bases objetivas y razonables que respeten los límites del poder tributario, respecto de las cuales nos pronunciamos en el desarrollo de la presente investigación. Para corroborar ello realizamos un análisis del marco legal vigente, la jurisprudencia constitucional vinculada, la doctrina extranjera y la doctrina nacional, bajo la consideración de observar la realidad operativa de los sujetos u operaciones comprendidos en el ámbito de aplicación del Sistema de Detracciones. Finalmente, queda en evidencia que actualmente la Administración Tributaria en mérito a sus mecanismos de gestión puede perfilar a los contribuyentes y a partir de esa diferenciación y en cabal respeto al Principio Constitucional Tributario de Igualdad otorgar distintos tratamientos a los sujetos inmersos en una misma cadena de comercialización.

La controversia analizada se centra en el IGV aplicado al sector de hidrocarburos peruano, con énfasis en los contratos ley y el papel de Perúpetro en dicho sector. Este caso es relevante debido a la importancia en términos de recaudación del IGV y la significancia de los hidrocarburos como sector estratégico en la economía nacional. El objetivo principal de este informe es determinar si Savia tenía derecho al crédito fiscal originado por el IGV pagado por Perúpetro en la importación de bienes de capital. Para abordar esta cuestión se plantean cinco problemas legales que deben ser resueltos. Primero, se analiza si el Contrato, como contrato ley, estableció un régimen tributario especial en virtud del cual Perúpetro reemplazó a Savia como sujeto pasivo de la relación tributaria. Segundo, se examina si los Decretos Ley N° 22774 y 22775 crearon un régimen tributario especial. Tercero, se analiza la eficacia del Contrato frente a la Sunat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Código Tributario. Cuarto, se evalúa si Savia cumplió cada uno de los requisitos sustanciales y formales necesarios para ejercer este derecho. Quinto, se determina si existe algún impedimento para que Savia utilice el crédito fiscal, como el supuesto “doble beneficio prescrito” por el artículo 69 de la Ley del IGV. Después de realizar el análisis correspondiente, se concluye que el Contrato no estableció un régimen tributario especial que reemplazara a Savia como sujeto tributario, como también que los Decretos Ley mencionados no crearon un régimen especial, sino que se enfocaron en cláusulas generales de contratación y mandatos a Perúpetro. En resumen, se determinó que Savia tenía derecho al ejercicio del crédito fiscal.

En el presente artículo, se analizan los efectos de la presentación de una declaración jurada rectificatoria por una mayor obligación tributaria del Impuesto a la Renta a la luz de la aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta. Para dicho análisis, se parte de que el Impuesto a la Renta y la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta son dos impuestos distintos e independientes. En ese sentido, se concluye que es a partir de la valoración de la documentación que el contribuyente pueda presentar durante el procedimiento de fiscalización que la Administración Tributaria determinará si el destino del egreso observado se encuentra acreditado. Por ende, la presentación de esa declaración jurada rectificatoria no sirve ni para desvirtuar que se está ante un egreso no susceptible de posterior control tributario ni tampoco es una aceptación del contribuyente de la aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta. En adición, también se concluye que las Resoluciones de Determinación emitidas por concepto de este impuesto son nulas, si es que fueron emitidas sin considerar la modificación de los hechos y datos comunicados mediante la declaración jurada rectificatoria del Impuesto a la Renta. / In this article, the effects of the presentation of a rectification affidavit for a higher Income Tax tax obligation are analyzed in relation to the application of the Additional Income Tax Rate. For this analysis, it is established that the Income Tax and the Additional Rate of Income Tax are two different and independent taxes. In this sense, it is concluded that it is from the evaluation of the documentation that the taxpayer can present during the inspection procedure that the Tax Administration will determine if the destination of the observed expenditure is accredited. Therefore, the presentation of this rectification affidavit does not serve to refute that this is a disbursement not susceptible to subsequent tax control, nor is it an acceptance by the taxpayer of the application of the Additional Rate of Income Tax. In addition, it is also concluded that the Determination Resolutions issued for this tax are null, if they were issued without considering the modification of the facts and data communicated through the Income Tax rectification affidavit. / Trabajo académico

El presente trabajo se encuentra enfocado en identificar de qué forma actúa la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal en la aplicación del Principio de Fehaciencia en el caso particular de la deducción de gastos derivados por el pago por penalidad contractual. Siendo la fehaciencia una figura que puede verse cuestionada en tanto a su interpretación, debido a que no ha sido regulada directamente por una norma en el país. En base a ello se tiene como objetivo poder definir hasta que punto puede exigirse al contribuyente determinada documentación para poder demostrar la realidad de las operaciones en el caso en particular. Se partirá por desarrollar como es que se define el concepto de fehaciencia, cual es la finalidad a la que se dirige y de que forma puede afectar de manera general al contribuyente su aplicación irregular. Seguidamente, se tendrá en cuenta de que forma se compone el pago por incumplimiento contractual como un gasto deducible y que documentación implica para poder desarrollarse al momento de ser presentada frente a la Administración Tributaria. De esta manera, se podrá entender en que punto podría reformarse las exigencias documentarias para el contribuyente y la importancia de una aplicación regular para que el contribuyente pueda no verse afectado. / This work is focused on identifying how the Tax Administration and the Tax Court act in the application of the Principle of Reliability in the particular case of the deduction of expenses derived from the payment of contractual penalty. Being faith a figure that can be questioned in terms of its interpretation, because it has not been directly regulated by a norm in the country. Based on this, the objective is to be able to define to what extent certain documentation can be required from the taxpayer in order to be able to demonstrate the reality of the operations in the particular case. It will start by developing how the concept of trustworthiness is defined, what is the purpose to which it is directed and in what way the irregular application of it can affect the taxpayer in a general way. Next, it will be taken into account how the payment for contractual breach is composed as a deductible expense and what documentation it implies to be able to develop it at the time it is presented to the Tax Administration. In this way, it will be possible to understand at what point the documentary requirements for the taxpayer could be reformed and the importance of a regular application so that the taxpayer may not be affected. / Trabajo académico

La reciente incorporación y cabal entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano de la Cláusula Antielusiva General (CAG) contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario sigue presentando retos para los diferentes operadores del Derecho, entre los cuales observamos la ausencia de definición del concepto de simulación para efectos de la aplicación del sexto párrafo de la referida norma. El presente trabajo tiene como propósito esbozar una definición del concepto de simulación en el Derecho Tributario a partir del elemento esencial en la institución jurídica construida por el Derecho Privado: la divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad negocial; la cual se verifica a partir de la incongruencia en alguno de los elementos del negocio jurídico (sujeto, objeto o causa). Finalmente, se analizan algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular.

Durante la vida de una sociedad, ésta puede realizar diversos actos que considere necesarios para su mejor y adecuado desarrollo. Uno de estos actos es el de reorganización societaria, pudiendo ser de fusión, escisión, reorganización simple, transformación, entre otros. En el desarrollo del presente informe, nos centraremos específicamente en la figura de la escisión, abordando los tipos de esta figura para aterrizar en el análisis de la escisión parcial. Dentro de este análisis, la pregunta principal que trataremos de resolver es la referente a cuál es la afectación que tiene el desarrollo de una escisión parcial en la sociedad escindida, más específicamente, si es que la sociedad escindida se encuentra obligada a reducir su capital social; y de ser así, si dicha reducción deberá guardar equivalencia con el valor del bloque patrimonial escindido. Con la finalidad de dar respuesta a esta interrogante, hemos decidido segmentar nuestro análisis en tres instituciones del derecho que se presentan en el caso en concreto, las cuales son: la escisión; la modificación parcial de estatuto, en su variación de reducción de capital; y, la constitución de una sociedad anónima. Finalmente, haremos uso de la normativa peruana aplicable y doctrina nacional que verse sobre las instituciones antes señaladas; de igual manera, presentaremos una pequeña comparación entre nuestra normativa societaria y otras de la región latinoamericana que nos permitirá evaluar el tratamiento que se tiene a dichas figuras. / During the life of a company, it can perform various acts that considers necessary for its better and adequate development. One of these acts is the corporate reorganization, which can be merger, spin-off, simple reorganization, transformation, among others. In the development of this paper, we will focus specifically on the figure of the spin-off, we will address the types of this figure to land on the analysis of the partial spin-off. Within this analysis, the main question that we will try to solve is the one referring to the effect that the development of a partial spin-off has on the company that has been divided, more specifically, if the company that has been divided is obliged to reduce its capital stock; and if so, if such reduction must be equivalent to the value of the asset block. To answer this question, we have decided to segment our analysis in three legal institutions that are present in the specific case, which are: the spin-off; the amendment of the bylaws, in its capital reduction variation; and the incorporation of a new corporation. Finally, we will make use of the applicable Peruvian regulations and national doctrine on the aforementioned institutions; likewise, we will present a small legal comparison between our corporate regulations and others in the Latin American region that will allow us to evaluate the treatment given to such figures.