El sistema jurídico peruano constantemente dictamina normativas que ayudan a optimizar la calidad de vida de sus habitantes. Así, se consideró necesaria la implementación de una norma general antielusiva para luchar contra aquellas operaciones que se crean para evitar el pago de impuestos. La presente investigación determina si la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario vulnera la seguridad jurídica de los contribuyentes en el Perú. Para ello se determinó la existencia de una transgresión al principio de predictibilidad, irretroactividad y presunción de inocencia. La hipótesis principal es que la norma antielusiva en mención vulnera la seguridad jurídica de los contribuyentes peruanos. La tesis desarrollada se justifica a través de su importancia para la Tributación, debido a que permite profundizar en un tema complejo, pero relevante del derecho tributario. Es importante para el ámbito universitario porque permite ahondar y fortalecer las pocas investigaciones existentes sobre esta temática; y su importancia para los ciudadanos peruanos, debido a que permite adquirir un mayor conocimiento sobre los tributos como actores fundamentales para la recaudación y satisfacción de los servicios públicos. Esta investigación se realiza sobre la base de la información obtenida de fuentes como leyes, ponencias, revistas electrónicas, encuestas, entrevistas, entre otros; asimismo, es cualitativo y su nivel es descriptivoexplicativo-analítico. Respecto al método de investigación, se seleccionó el inductivo – deductivo. No se determinó una población o muestra específica, debido a que la investigación es descriptiva y que se llevó cabo sobre la revisión del conjunto de normas legales en el ámbito tributario. En cuanto a los resultados, se concluye que la Norma XVI transgrede el principio de predictibilidad al incurrir en imprecisiones léxicas, el principio de irretroactividad al no respetar la aplicación prospectiva de las normas y el principio de presunción de inocencia al establecer responsabilidad solidaria a los directores

El presente trabajo se enmarca en la revisión desde la perspectiva del Derecho Tributario y Derecho Constitucional, respecto del posible conflicto que pueda ocasionar la aplicación de la Cláusula anti-elusiva general (CAG) regulada en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario vigente en el procedimiento de fiscalización definitiva de SUNAT, con el principio de seguridad jurídica, que si bien no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución del año 1993, sí se realiza su desarrollo mediante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Para esto se revisa en el primer capítulo los motivos extrajurídicos del establecimiento de la norma en nuestro ordenamiento, se define históricamente la concepción de las figuras legales y la importancia del respeto de los principios del derecho en la dación de las leyes y regulación normativa complementaria. Para lograr este objetivo, a través de los siguientes capítulos del trabajo, y aplicando el enfoque metodológico de argumentación jurídica constitucional se observa la jurisprudencia constitucional peruana en la conceptualización de los diversos principios que deben enmarcarse en un correcto procedimiento de fiscalización, más aún cuando corresponda la aplicación de la CAG. Se compara en una investigación cualitativa la experiencia de aplicación de la CAG en el ordenamiento de derecho continental, tomando a España y Chile, como ejemplos del contexto de aplicación y reglamentos en diversos países cuya regulación se basa en el derecho del common law, dada su importancia en el tiempo, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Esto nos permite concluir que el aplicar correctamente la CAG no sólo se encuentra dentro del marco constitucional y de respeto de diversos principios constitucionales, sino que por sí misma, es una válida realización del principio de seguridad jurídica, dado que permite controlar que efectivamente la tributación se ejecute conforme a la correcta capacidad contributiva de los sujetos. De esta forma, se logrará el objetivo que es combatir las acciones y comportamientos elusivos perniciosos para el Estado social de derecho.

En un Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos fundamentales son el núcleo central del sistema se cuestiona que en materia de infracciones y sanciones tributarias se mantenga la responsabilidad objetiva, es decir que no se considere en la configuración de la infracción el dolo o culpa sino tan solo el incumplimiento de la norma, por lo que se sostiene que se vulneran los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. En este contexto el presente trabajo se avoca a evaluar la constitucionalidad del sistema de infracciones y sanciones tributarias buscando de esta manera legitimar la actuación de la Administración Tributaria. La hipótesis que se sostiene es que los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y debido proceso no están siendo vulnerados, sino que se encuentran restringidos en cierto grado pues la Administración Tributaria estaría dando prioridad al deber de contribuir al sostenimiento del Estado. En este orden, se produce una colisión entre los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso frente al deber de contribuir por lo que para resolver este conflicto se recurre al Test de Proporcionalidad. En lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, se aplica la metodología de Robert Alexy, la cual permite representar en forma numérica los argumentos mediante la fórmula del peso, facilitando la evaluación, haciéndola más racional y ordenada. Es así como el deber de contribuir obtiene un peso concreto de 4 frente a los derechos de presunción de inocencia y debido proceso con un peso concreto de 0.25 cada uno, prevaleciendo sobre ambos derechos, siendo un principio vital y fundamental para el sostenimiento del Estado en la medida que comprende el bienestar general de la sociedad. En este orden, la determinación objetiva de las infracciones tributarias deviene en constitucional.

En el presente trabajo de investigación, la autora realiza un análisis al tratamiento tributario del Contrato de Asociación en Participación, a la luz de la Ley del Impuesto a la Renta, a propósito de un pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal en el año 2017. A partir de éste pronunciamiento efectuado por el Tribunal Fiscal, se presente un cambio en el tratamiento tributario del referido Contrato, generando controversia y dividiendo las posturas de los operadores jurídicos. A efectos de la investigación, se hace un recorrido histórico de todos los cambios normativos que ha tenido el Contrato de Asociación en Participación en nuestro ordenamiento jurídico peruano, específicamente en la Ley del Impuesto a la Renta y demás normas en el marco del derecho tributario. En este contexto, se presenta la postura de la autora, la cual cambiaría el escenario fiscal que se viene teniendo hasta el día de hoy, siendo que la tributación del Contrato de Asociación en Participación caerá en cabeza, única y exclusivamente, del Asociante, quien otorgará la utilidad, de ser el caso, del negocio al Asociado en calidad de “renta desgravada”. Finalmente, la autora reflexiona sobre la necesidad de una regulación tributaria que acoja al Contrato de Asociación en Participación, tomando en consideración las necesidades particulares de este Contrato y, sobretodo, su naturaleza jurídica societaria.

El objetivo del trabajo es analizar los alcances del precedente de observancia obligatoria recaído en la RTF N° 01695-Q-2017, a fin de determinar si el reconocimiento del término prescriptorio en favor de la Administración, en los supuestos de pagos comprendidos en una cobranza coactiva declarada nula, se condice con los fundamentos constitucionales de la institución de la prescripción. Para dicho fin, será necesario abordar los supuestos de aplicación de la prescripción extintiva comprendidos en la legislación especial y su correlación con el término prescriptorio y la figura del pago indebido en materia tributaria. Al respecto, no se debe dejar de observar que toda remisión entre figuras jurídicas que trascienden un determinando ámbito del derecho (más aun cuando esta remisión proviene del propio Tribunal Fiscal), debe encontrar plena justificación y sustento legal en el sustrato de nuestro propio ordenamiento. De lo contrario, bajo la apariencia de conceptos y terminologías imprecisas, nos encontraremos expuestos ante posibles escenarios de arbitrariedad y vulneración de derechos, lo cual justamente resulta opuesto a los fundamentos del orden público y de seguridad jurídica. Por lo demás, con ocasión del presente trabajo, hemos analizado la viabilidad del término prescriptorio en los supuestos que conllevan la aplicación de la prescripción extintiva en materia tributaria, llegando a la conclusión de que la inobservancia de un desarrollo preciso tanto a nivel legal como jurisprudencial lleva aparejada la confusión sobre una figura que tiene repercusión inmediata sobre los derechos de los contribuyentes (la aplicación del término prescriptorio sobre supuestos no comprendidos en la noción de pago indebido). En contraposición, consideramos que las conclusiones arribadas en la investigación coadyuvan a una corrección necesaria sobre las consecuencias del actuar irregular de la Administración, más aun cuando dicha irregularidad presupone una declaración de nulidad precedente en favor del administrado, y por lo tanto, incuestionable.

Esta investigación se plantea como objetivo general analizar si la figura de la prescripción de cobro de deudas tributarias encuentra un fundamento constitucional suficiente para mantenerse dentro de un Estado Constitucional de Derecho. El método empleado para la consecución de tal objetivo es el documental o bibliográfico. Mediante dicho método se busca adquirir una completa perspectiva respecto a la figura objeto de estudio, someterla a evaluación y, finalmente, generar una propuesta alternativa suficientemente fundamentada. En la investigación, se llega a la conclusión de que la prescripción de cobro de deudas tributarias afecta a los principios constitucionales de deber de contribuir, capacidad contributiva e igualdad. Dicha afectación es mayor que la satisfacción que ofrece respecto al principio que justifica su existencia: el principio de seguridad jurídica. Así, la prescripción de cobro de deudas tributarias constituye una medida desproporcional, puesto que, de no existir dicha figura, el impacto resulta menor al que se genera con su existencia. En consecuencia, se concluye que se trata de una figura que debe ser expulsada del ordenamiento. Se propone que debe empezar a regir una regla de imprescriptibilidad de cobro de deudas tributarias, la cual tendría que materializarse en una variación normativa del Código Tributario. Se realiza esta propuesta en una búsqueda por el respeto de los principales postulados del Estado Constitucional de Derecho.

En el marco de transacciones transfronterizas de compraventa de bienes entre sujetos domiciliados y no domiciliados, para efectos del Impuesto a la Renta, nuestra legislación tributaria recoge el criterio de la ubicación física en el país para determinar si la venta se encuentra gravada con el impuesto. En el presente informe analizaremos la controversia suscitada entre la empresa Doe Run Perú S.R.L. y la SUNAT, a razón de que esta última cuestionó que algunas de las transacciones de compra de metales refinados efectuadas por la compañía no se habrían realizado en el extranjero, sino en el territorio nacional por lo que se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta. En esa línea, en este trabajo nos centraremos en el análisis jurídico del tratamiento tributario del Impuesto a la Renta peruano aplicable a la venta de bienes muebles ejecutada por sujetos no domiciliados, así como de la transferencia de propiedad de este tipo de bienes desde el derecho civil. Adicionalmente, profundizaremos en la facultad de la SUNAT para exigir retenciones del Impuesto a la Renta peruano y su relación con los principios constitucionales de seguridad jurídica, irretroactividad y legalidad, vulnerados por la Disposición Transitoria Única de la Ley No. 28647.

El objetivo del siguiente trabajo de investigación es esclarecer la estructura y condicionamientos que trae consigo la Norma XVI, ubicada en el Título Preliminar del Código Tributario, para que de esta manera se determine si es posible su plena aplicación en la actualidad. A pesar de que en este año (2018) se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1422, teniendo consignado como fin el brindar mayores garantías a los contribuyentes en la aplicación de tal norma y otorgar a la Administración Tributaria (SUNAT) las herramientas para su efectiva implementación, para lo cual modificó el Código Tributario, tenemos que siguen quedando espacios que requieren ser dilucidados. En ese contexto, consideramos necesario un estudio de las normas pertinentes, desde los respectivos precedentes hasta llegar a la revisión del decreto referido, para determinar el contenido, vigencia y aplicación de la Norma XVI; sin perjuicio de ello, para obtener mayores luces al respecto, recurrimos especialmente a pronunciamientos de tribunales y doctrina correspondientes. Conforme a ello, verificamos que se otorgan facultades a la SUNAT en función a dos bloques normativos: 1) hacer uso de una calificación económica o 2) de una Norma Antielusiva General, a aplicarse sobre determinados actos que el contribuyente simule o realice respectivamente, siendo que el segundo trae consigo ciertas complicaciones para su aplicación. De esta forma, concluimos que actualmente sólo es aplicable la calificación económica, puesto que si bien el Decreto Legislativo N° 1422 facilitaría la aplicación la norma antielusiva en referencia, desligándose incluso del condicionamiento de la publicación de un futuro Decreto Supremo (impuesto por ley) que se tenía para ello, aún existe la necesidad de esta última norma y de alguna otra de la Administración Tributaria que establezcan los alcances necesarios para su efectiva implementación

En el presente informe, se analiza el extremo de la Resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal No.00358-1-2023 respecto de si la presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se aceptan los importes observados por gastos no acreditados con documentación fehaciente por la Administración en el marco de un procedimiento de fiscalización impide o no la aplicación de la norma de Tasa Adicional del Impuesto a la Renta. Para ello, se ha dividido el presente informe en tres secciones. La primera sección versa sobre la fehaciencia del gasto (cuestiones generales, medios probatorios y consecuencias jurídicas). La segunda sección gira en torno a la norma de aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta, específicamente, sobre la presunción relativa que contiene y su carácter de norma antielusiva específica en el ordenamiento peruano. Por último, y en base a las anteriores secciones, la tercera sección busca responder si es que los gastos no acreditados con documentación fehaciente que son aceptados mediante declaración rectificatoria en el marco de una fiscalización son susceptibles de posterior control tributario o no. Para el desarrollo de este informe jurídico, se han empleado las diversas fuentes del derecho (la doctrina, la jurisprudencia y la legislación). / In this report, the Resolution of obligatory observance of the Tax Court No.00358- 1-2023 is analyzed regarding whether the presentation of a rectifying affidavit in which the amounts observed for expenses not accredited with reliable documentation are accepted by the Administration in the framework of an examination procedure prevents or not the application of the Additional Rate of Income Tax rule. To this end, this report has been divided into three sections. The first section deals with the reliability of the expense (general issues, evidence and legal consequences). The second section revolves around the rule of application of the Additional Rate of Income Tax, specifically, on the relative presumption that it contains and its nature as a specific anti-avoidance rule in the Peruvian legal system. Lastly, and based on the previous sections, the third section seeks to answer whether the expenses not accredited with reliable documentation that are accepted by means of a rectifying declaration in the framework of an examination are susceptible to subsequent tax control or not. For the development of this legal report, the various sources of law (doctrine, jurisprudence and legislation) have been used.

El presente trabajo centra su análisis en el tratamiento tributario aplicable a los Contratos de Asociación en Participación, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. Para tales efectos se busca comprender (i) los antecedentes de la actual regulación (o falta de ella). Así, es importante indicar que tanto el cambio normativo basado en la Ley No. 27034 y el Decreto Supremo No. 194-99-EF como las posteriores posiciones a raíz de aquel resultan de vital importancia para comprender la actual “falta de regulación expresa”; (ii) las posiciones más relevantes planteadas en el ámbito administrativo. Para ello, a fin de contar con un marco de análisis más sólido y comprehensivo se ha optado por atender al actual criterio de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal; finalmente, (iii) se ahonda en una propuesta desde la estructura actual de la Ley. Es decir, por aplicación del inciso g) del artículo 28 de la tal norma