El presente trabajo tiene por objeto el estudio de algunos derechos fundamentales, las libertades de expresión e información, la intimidad personal y la autodeterminación informativa, cuyo desarrollo y vigencia está directamente vinculado con el afianzamiento jurídico y social de la libertad individual, la dignidad de la persona, y el régimen político democrático. Para este efecto, el trabajo analiza el contenido y alcances de cada uno de estos derechos y los principales problemas de interpretación y aplicación que le son propios. Asimismo la interrelación que se da entre estos derechos y las controversias que, muchas veces, surgen de su ejercicio, buscando determinar criterios razonables de ponderación para resolver dichos conflictos en una perspectiva que armonice y favorezca su respeto, abandonando las posturas que proclaman la posición preferente o supremacía a priori de alguno de estos derechos en desmedro de los otros. El interés por los derechos objeto de este trabajo tiene diversos factores de justificación. De un lado, como acabamos de indicar, por su relevancia jurídica y social, tanto como tema de reflexión académica como por su incidencia para la vigencia y consolidación del Estado de Derecho y el Régimen Democrático en nuestro país. De otro lado, por la necesidad de aportar al estudio y debate de las nuevas dimensiones y contenidos que actualmente corresponden a estos derechos. En este sentido, nos ha impulsado el ánimo de desarrollar con mayor profundidad e integralidad algunos aspectos tratados en diversas investigaciones y publicaciones que realizamos durante los últimos años. Adicionalmente, el hecho que se haya empezado a contar con diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional donde se abordan estos temas, situación inexistente cuando empezamos esta investigación, amerita el análisis de dicha jurisprudencia dada su contribución a la comprensión de los problemas que aquí presentamos. / Tesis

La presente tesis tiene como finalidad presentar los resultados y conclusiones obtenidos por la tesista en base a un estudio jurídico que permite caracterizar el amparo como un recurso de importancia y necesidad fundamental para poder hacer exigible el Derecho a la Salud Física y Mental. Para ello fue necesario considerar la actualidad jurídica, social y política de la nación con la finalidad de entregar una propuesta jurídicamente viable, que se sustenta en la doctrina y la jurisprudencia disponibles. / Tesis

Nuestra investigación tiene por objetivo general evaluar el diseño de la política pública de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en diecisiete (17) Gobiernos Regionales, en el periodo 2006-2010. A partir de lo señalado, se plantearon como objetivos específicos a) evaluar la coherencia de los planes regionales con el Segundo Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; y, b) identificar si existen elementos en el diseño de los planes regionales que aseguren su implementación. A partir de los desarrollos teóricos sobre la evaluación de políticas públicas, la presente investigación ha implicado una evaluación externa (desde una perspectiva académica), formativa (con miras a brindar aportes para mejorar el objeto evaluado), conceptual o del diseño, así como intermedia y ex post (acorde con la situación en que se encontraban los planes al momento de la investigación). En la investigación se demuestra que pese al reconocimiento nacional e internacional del derecho a la igualdad, las cifras oficiales dan a conocer que entre mujeres y hombres existen situaciones de manifiesta desigualdad, que impide el ejercicio de sus derechos fundamentales, las cuales pueden ser calificadas como brechas de género. En el caso peruano, tales cifras dan cuenta de altas tasas de analfabetismo femenino, mortalidad materna, brecha salarial, diferente participación en el trabajo doméstico no remunerado y violencia contra la mujer. Ello da cuenta que la desigualdad entre mujeres y hombres, y la discriminación que sufren las mujeres peruanas requiere de una atención prioritaria por parte del Estado, por ejemplo a través del diseño e implementación de políticas públicas, debido a que se trata de un problema público vigente. / Tesis

En la actualidad nuestro país enfrenta una serie de conflictos sociales entre las comunidades campesinas y/o nativas, las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales (minerales, especies acuáticas, hidrocarburos, árboles, etc.) y el Estado. Estos enfrentamientos exigen respuestas desde las distintas disciplinas, siendo la jurídica tal vez no la más importante pero si la típicamente eficaz para resolver dichos problemas. Esta postura propositiva, si bien no la única, constituye la motivación principal del presente trabajo. En comparación con otros países, en el Perú, la discusión académica sobre estos temas es algo tardía. Uno de los factores de dicha demora respondería a las experiencias de dictaduras militares que gobernaron durante décadas en la región y, en particular, en nuestro país. Recordemos que, en su mayoría, los regímenes militares proclaman, a partir de un poder autoritario, una sociedad igualitaria. Por ello, el Estado no se percata de las diferencias (culturales o lingüísticas) que existen en las personas que conforman la población. En este contexto, cabe apreciar algunas cifras. En la amazonía peruana, de acuerdo con la información brindada por el economista Jürgen Schuldt, al 31 de diciembre de 2009, se han otorgado concesiones hidrocarburiferas que abarcan 322.000 Km2, que equivalen al 41.2% del área total de la Amazonía1 Esta misma carencia de diálogo explica, por ejemplo, los acontecimientos del 5 de junio de 2009, en la ciudad de bagua, Departamento de Amazonas, donde fallecieron 32 peruanos, de los cuales 23 eran policías y 9 nativos. El denominado Baguazo delató la ignorancia e insensibilidad sobre temas indígenas por parte de la mayoría de medios de comunicación nacionales, y por no decir menos de la población. Lo expuesto se evidenció cuando muchos medios informaban correctamente lo relacionado con el número de policías fallecidos, pero no mostraron mayor interés en conocer el número exacto o aproximado de indígenas peruanos que perecieron en dicho evento, revelando que existe en nuestro razonar una escala de ciudadanías. Cómo olvidar la presentación en los medios de una mujer indígena aguaruna, expresando el dolor que sentía por lo sucedido el 5 de junio, usando su lengua madre. La necesidad de un traductor para entenderla puso en evidencia, incluso, que muchos peruanos escuchaban por primera vez el idioma aguaruna / Tesis

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En la actualidad del 100% del total de la PEA (población económicamente activa) asalariada mayor de edad de Perú, sólo un 34,4% se encuentra afiliada a un sistema de pensiones, con lo cual estamos hablando de un porcentaje ascendente al 65,6% que no se encuentra bajo resguardo de sistema previsional alguno; lo que en un aproximado de 20 a 25 años traerá como consecuencia que el Perú cuente con una población por encima de los 65 años, no activa económicamente, y sin ningún tipo de remuneración en una época tan delicada para el ser humano, como lo es la denominada “vejez”. Esta situación se da principalmente por dos causas precisas: el alto índice de informalidad laboral existente en el Perú y la falta de confianza en los actuales sistemas pensionarios, por lo que el presente trabajo de investigación (de carácter conceptual y exploratorio) plantea la necesidad de un “ajuste”-desde el enfoque de los derechos humanos- a la política previsional vigente a través de la implementación del modelo sugerido por el Banco Mundial denominado como “de pilares múltiples”, con el fin de garantizar la progresividad del derecho a la pensión por vejez, como parte del derecho humano y fundamental a la seguridad social, reconocido tanto a nivel nacional como internacional / Tesis

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La vulneración de derechos de la niñez aún es persistente y en mayor porcentaje, en especial de acuerdo al lugar de procedencia de los mismos o la funcionalidad, pertinencia y eficacia en que son implementadas las políticas sociales desde el Estado en materia de protección y atención a la niñez y, más específicamente a nivel local como es el caso de los servicios de las DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente) para este caso de los gobiernos locales de Acomayo y Acos, provincia Acomayo, Cusco (lugares donde se realizó la investigación). Esta situación se evidencia a través del gerenciamiento de la DEMUNA a nivel local, donde por un lado el conocimiento sobre roles y funciones del servicio es limitado por el personal a cargo, sumado al mismo, la alta rotación de personal y el limitado presupuesto, no permiten una intervención sostenida y que responda a las demandas de la población beneficiaria. Muestra del cual el 41,2% de los NNA encuestados indican que es importante protegerlos porque existe violencia, maltrato, vulneración de sus derechos; siendo evidencia de la existencia de transgresión de derechos de los NNA en estas localidades. Por lo que el 92,2% de los niños, niñas y adolescentes encuestados consideran que es necesario la presencia de la DEMUNA para la protección de la niñez, siendo esta una exigencia del 80,9%. Así mismo el empoderamiento de los NNA (manejo de información y promoción de derechos) son fundamentales para que los niños no sufran violencia y se consideren como sujetos de derecho ya que solo el 11,8% indicó que tiene derecho a la protección, es decir, este derecho no está siendo reconocido o conocido como tal al igual que el derecho a la participación. / Tesis

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La tarde del cuatro de enero del año 2008, luego de una estadía de 6 meses –tiempo durante el cual pudieron visitar a sus hijos, nietos y demás familiares que desde hace muchos años radicaban en la ciudad Australiana de Sídney–, la sociedad conyugal Irribarren Montellanos retornó a Lima. Una vez en Lima, se dirigieron hacia a su vivienda ubicada en la urbanización “Las Brisas” en el distrito de Chorrillos. Cuando se disponían a ingresar a su hogar, se percataron de que las chapas habían sido cambiadas. Estupefactos por la situación, fueron a la comisaría del sector, con el objeto de solicitar apoyo policial. Cuando retornaron a su vivienda a bordo de un patrullero y acompañados de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú, sorpresivamente fueron recibidos por la sociedad conyugal Jeri Kukulis, cuyos integrantes, ambos de nacionalidad chilena, manifestaban ser propietarios del inmueble; señalaban haberlo comprado hace tres meses a la sociedad Noles Cotito. Para acreditar tal situación, exhibieron los documentos referidos a la compraventa y la inscripción en los Registros Públicos. Atónitos frente a los sucesos que se desarrollaban, a la sociedad Irribarren Montellanos solo le quedó retirarse del lugar y denunciar la usurpación de la cual había sido víctima. Sin embargo, luego de 8 meses de investigación policial y fiscal, su denuncia fue desestimada. El fiscal a cargo concluía que no se había acreditado el despojo de la posesión y que la sociedad Jeri Kukulis contaba con los documentos que acreditaban legítimamente su derecho de propiedad. / Tesis