Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El 5 de Febrero de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la censura de la película "La Ultima Tentación de Cristo", quedando de tal forma expuesta la responsabilidad internacional de nuestro país. Con la dictación de esta sentencia se culminó entonces un proceso que se habia iniciado en 1988 con la prohibición de dicha película por el Consejo de Calificación Cinematográfico. El problema que surgió de inmediato, una vez agotada la última "instancia" que nuestro ordenamiento jurídico señala, fue el de establecer la forma de cumplir con dicho fallo en pos de reparar debidamente el daño causado a los recurrentes e indirectamente, como miembros de ella, a toda la sociedad chilena. Esta situación se debió específicamente a que el Estado chileno, a través del poder judicial infringió disposiciones internacionales consagradas en la Convención Americana de Derecho Humanos referentes a la libertad de expresión e información, y por no haber modificado su ordenamiento jurídico con el ámbito internacional.

En el presente artículo el problema principal abordado es la limitación del uso de objetos religiosos, especialmente el velo integral musulmán, como intervención al derecho a la libertad religiosa protegido en el artículo noveno del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El objetivo de la investigación es examinar cómo los Estados europeos justifican y aplican estas restricciones, así como evaluar la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en estos casos para construir un estándar de la limitación en base a su jurisprudencia. El estudio revela que diversos Estados europeos han implementado prohibiciones del burka y el nicab en espacios públicos, citando razones de laicidad, igualdad de género, seguridad y protección de los derechos y libertades de los demás. A través del análisis de sentencias del TEDH, se observa que el tribunal evalúa estas restricciones aplicando un amplio margen de apreciación en la aplicación del principio de proporcionalidad. Asimismo, a lo largo de su jurisprudencia el TEDH permite que la exclusión cuando se trata de velos usados por mujeres musulmanas y la inclusión cuando se trata de vestimentas usadas por hombres musulmanes y objetos católicos. Finalmente, se realiza un análisis propio basado el en CEDH y la propia jurisprudencia del TEDH donde se concluye que la prohibición de los velos integrales es una medida que vulnera el derecho a la libertad religiosa, no siempre se persigue un fin legítimo, existen medidas menos lesivas y no es necesaria en una sociedad democrática. / In this article, the main issue addressed is the restriction on the use of religious objects, specifically the full-face veil, as an infringement on the right to religious freedom protected under ninth article of the European Convention on Human Rights (ECHR). The research objective is to examine how European states justify and implement these restrictions and to evaluate the stance of the European Court of Human Rights (ECtHR) in these cases to establish a standard for limitations based on its jurisprudence. The study reveals that various European states have imposed bans on burka or nicab in public spaces, citing reasons related to secularism, gender equality, security, and the protection of the rights and freedoms of others. Through the analysis of ECtHR judgments, it is observed that the court assesses these restrictions by applying a broad margin of appreciation in the application of the proportionality principle. Additionally, throughout its jurisprudence, the ECtHR allows for exclusion in the case of veils worn by Muslim women and inclusion in the case of clothing worn by Muslim men and Catholic religious objects. Finally, an independent analysis is conducted based on the ECHR and the ECtHR's jurisprudence, concluding that the prohibition of full-face veils is a measure that violates the right to religious freedom. It is not always pursued for a legitimate purpose, less restrictive measures are available, and it is not necessary in a democratic society. / Trabajo académico

El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su contribución al sistema interamericano de derechos humanos. Tomando en consideración la discutida naturaleza jurídica de dichos principios y la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta investigación se cuestiona principalmente si es que tiene alguna consecuencia jurídica su aplicación por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En tal sentido, se recuerda la historia de estos principios y se analiza su naturaleza jurídica. De esta manera, se justifica que los Principios de Yogyakarta, a pesar de su no vinculatoriedad, se han convertido en parámetro de interpretación del principio de igualdad y no discriminación, de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos que guardan relación con temas de diversidad de género. Así pues, como conclusión de esta investigación vamos a verificar que estos principios no son utilizados para crear nuevas obligaciones a los estados, sino que contribuyen en explicitar el contenido de derechos –convencionalmente ya establecidos– correspondientes a la comunidad LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos.

El presente informe de suficiencia profesional se enfoca en el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. La cuestión principal se centra en determinar la responsabilidad del Estado de Honduras ante el sistema interamericano por la falta de juzgamiento y el fallecimiento de Vicky Hernández debido a su condición de mujer trans. El enfoque metodológico se basa en la aplicación de instrumentos internacionales, incluyendo la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación e Intolerancia y la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relevantes, como Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Flor Freire vs. Ecuador, Duque vs. Colombia y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Además, se considera la doctrina pertinente que aborda los derechos vulnerados en el presente caso. Como conclusión, se determina que el Estado de Honduras es responsable ante el sistema interamericano por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, vida, integridad personal, garantias judiciales, protección judicial, reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de expresión, vida privada y nombre de Vicky Hernández en su condición de mujer trans, en virtud de los estereotipos y prejuicios existentes en relación a las trabajadoras sexuales trans. / This professional sufficiency report focuses on the ruling issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Vicky Hernández et al. Honduras. The main issue focuses on determining the responsibility of the State of Honduras before the inter-American system for the lack of trial and the death of Vicky Hernández due to her status as a trans woman. The methodological approach is based on the application of international instruments, including the Convention of Belém do Pará, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the International Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination and Intolerance and the American Convention on Human Rights. Likewise, the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in relevant cases, such as Atala Riffo and Girls vs. Chile, Flor Freire vs. Ecuador, Duke vs. Colombia and Azul Rojas Marín and another vs. Peru. In addition, the pertinent doctrine that addresses the rights violated in the present case is considered. In conclusion, it is determined that the State of Honduras is responsible before the inter-American system for the violation of the rights to equality and non-discrimination, life, personal integrity, judicial guarantees, judicial protection, recognition of legal personality, freedom of expression, private life and name of Vicky Hernández as a trans woman, due to existing stereotypes and prejudices in relation to trans sex workers.

El presente informe busca dar respuesta a la interrogante de si el Estado de Ecuador ha vulnerado los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de la menor Paola Guzmán Albarracín, a raíz de los acontecimientos ocurridos en una institución educativa pública de dicho país durante el año 2002. Para alcanzar dicho objetivo, se revisó la normativa interna de Ecuador, que incluyó a la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, así como leyes y decretos ejecutivos. Ello con la finalidad de determinar si se agotaron todas las instancias internas antes de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se analizó la normativa internacional y jurisprudencia relacionada con los derechos humanos de las niñas, especialmente en lo que respecta a la protección que deben recibir en el entorno educativo y judicial; y se hizo referencia a la doctrina desarrollada en relación a los principales problemas jurídicos planteados en este caso. Todo ello se realizó con la finalidad de demostrar de manera concluyente que, efectivamente, el Estado de Ecuador vulneró los derechos de la menor Paola Guzmán Albarracín, en particular, su derecho a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Con ello se espera contribuir al análisis crítico de la situación jurídica y de derechos humanos de la menor Paola Guzmán Albarracín en el contexto del sistema legal ecuatoriano y reflexionar en base a las obligaciones internacionales que asumió el Estado de Ecuador. / This paper aims to address the question of whether the State of Ecuador has failed to comply with the rights recognized in the American Convention on Human Rights in the case of the minor Paola Guzmán Albarracín, as a result of the events that occurred in a public educational institution in that country in 2002. To attain this purpose, Ecuador's domestic legislation was reviewed, which included the Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, as well as laws and executive decrees. The purpose was to determine whether all domestic instances had been exhausted before bringing the case before the Inter-American Court of Human Rights. In addition, international legislation and jurisprudence related to girls' human rights were analyzed, especially with regard to the protection they should receive in the educational and judicial environment; and reference was made to the doctrine developed in relation to the main legal problems raised in this case. All of this was done with the purpose of conclusively demonstrating that, effectively, the State of Ecuador infringed the rights of the minor Paola Guzmán Albarracín, in particular, her right to a life free of sexual violence in the educational environment, to judicial guarantees and to judicial protection. The aim is to contribute to the critical analysis of the legal and human rights situation of the minor Paola Guzmán Albarracín in the context of the Ecuadorian legal system and to discuss the international obligations assumed by the State of Ecuador.

Este informe es un análisis de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 01833-2019-HC que declara fundada la demanda de habeas corpus y resuelve cesar la privación de libertad de una persona con discapacidad mental. Este informe se realiza a la luz de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad del Sistema Universal de Derechos Humanos, que servirá de guía del presente trabajo, así como de las leyes internas sustantivas nacionales que estuvieron vigentes durante su internamiento (2017-2018) y el Código Procesal Constitucional del año 2004. Se concluye que hubo vulneraciones a sus derechos e involucró la resistencia de un paradigma que anulaba la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en centros psiquiátricos. La importancia de este informe radica en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. / This report is an exam of the sentence of the Constitutional Court 01833-2019-HC that declares the habeas corpus claim founded and resolves to cease the deprivation of liberty of a person with mental disabilities. This report is based in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of the Universal Human Rights System, which will serve as a guide for this work, as well as the national substantive internal laws that were in force during the 2017-2018 period. and the previous Constitutional Procedure Code of 2004. It is concluded that there were fundamental rights violations that involved a change in the paradigm that persisted in the legal system and in justice operators. Its importance lies in the recognition of the rights of people with disabilities.

El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia dentro del sistema jurídico internacional. Más aún, busca ser un espacio para la reflexión sobre la importancia de la incorporación de un sentido transformador en las reparaciones, dado por la Corte IDH a partir del caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, así como la incorporación de un enfoque de género. El caso Campo Algodonero consituyó un momento clave en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana y permitió el desarrollo de reparaciones cuyo objetivo está enfocado en lograr un impacto en la discriminación estructural que se presenta en nuestra sociedad, respecto a ciertos grupos vulnerables como las mujeres y niñas. Solo mediante un enfoque transformador y de género es posible contar con reparaciones que tengan realmente un efecto trascendental y positivo hacia este grupo en situación de vulnerabilidad, quienes son víctimas constantes de violencia. Esto último debido a que el origen del problema radica en la propia estructura de la sociedad y en los estereotipos de género en los que la misma se sostiene. Las reparaciones tienen la finalidad de resarcir a las víctimas. Pero, ¿cómo podría ser posible esto si únicamente restituimos a las víctimas a una situación anterior a la vulneración de sus derechos humanos si ya desde antes vivían en una situación de desigualdad y vulnerabilidad? Sólo tomando en consideración un enfoque transformador, donde el enfoque de género se encuentre presente, se podrá consolidar una reparación adecuada para las mujeres que hayan visto vulnerados sus derechos. Para los fines de este trabajo se hará uso de la metodología documental.

Entre los múltiples dilemas que deben resolverse al estructurar un proceso de justicia transicional, se encuentra la posibilidad de construir políticas que respeten los estándares de derecho internacional y no representen un obstáculo para que se llegue a un acuerdo entre las partes en conflicto. El presente artículo plantea que el margen de apreciación nacional es un mecanismo idóneo para la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito nacional y, más concretamente, en procesos de justicia transicional. Para ello, se explicará el margen de apreciación nacional y su compatibilidad con el control de convencionalidad, las críticas a la incorporación del margen de apreciación en el contexto americano y la posibilidad de utilizar el margen de apreciación en contextos de justicia transicional, como mecanismo idóneo para incorporar y armonizar las decisiones de la Corte Interamericanacon los procesos de justicia transicional. / Among the multiple dilemmas that must be resolved when structuring a transitional justice process is the possibility of constructing policies that respect the standards of international law and do not represent an obstacle to reaching an agreement between the parties in conflict. This article proposes that the national margin of appreciation is a suitable mechanism for the incorporation of the judgments of the InterAmerican Court of Human Rights at the national level and, more specifically, in transitional justice processes. To this end, the national margin of appreciation and its compatibility with the control of conventionality, the criticisms to the incorporation of the margin of appreciation in the American context and the possibility of using the margin of appreciation in transitional justice contexts will be explained, as a suitable mechanism to incorporate and harmonize the decisions of the Inter-American Court with transitional justice processes.

Los pueblos indígenas en cuyos territorios se realizan actividades de explotación de recursos naturales no se benefician mayoritariamente de ellas. Ello, a pesar de que nuestro país experimenta un auge en la expansión de las industrias extractivas –en especial mineras y agroindustriales– y de las enormes ganancias que estas generan para sí mismas y, en menor medida, para el Estado. Todo lo contrario, estas actividades dejan tras de sí una estela de contaminación y afectación de los territorios donde estos pueblos viven, y lo que es peor, afectando el acceso de estos pueblos a los recursos naturales indispensables para su subsistencia. Esta situación contribuye a generar un contexto social de alta conflictividad social que a todos afecta. Ante esta realidad, esta tesis quiere contribuir a precisar, cuál es el contenido constitucional y más precisamente convencional, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos de rango constitucional. Tras 24 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, es necesario comenzar a exigir la vigencia de este derecho. Y esto solo será posible, si se tiene más claridad sobre el contenido constitucional y convencional protegido de este derecho. Con esa finalidad esta tesis, intenta revisar el desarrollo jurisprudencial de este derecho por diferentes cortes constitucionales, y de manera especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos los diferentes pronunciamientos de la OIT, que han ido desarrollando y arrojando luces sobre este derecho. La falta de desarrollo normativo legal y reglamentario de este derecho no justifica su desconocimiento. A pesar de ello, nuestra conclusión, es que existe un mínimo contenido normativo convencional suficiente para exigir la vigencia de este derecho ante los órganos administrativos, políticos y jurisdiccionales.

El presente trabajo busca ubicar a la neurodivergencia dentro de la situación del derecho a la salud mental y los modelos de discapacidad en la que se ubicarían. De esta manera, se hace un recorrido del desarrollo jurisprudencial que ha habido alrededor del derecho a la salud mental, teniendo en cuenta su carácter prestacional. Seguidamente, se busca ubicar cómo es que interpreta elementos de sistema de salud mental desde los modelos de discapacidad: el de la prescindencia, el médico o rehabilitador, el social y el basado en un enfoque de derechos humanos. Finalmente, se plantea a las neurodivergencias como un nuevo reto conceptual dentro de este sistema normativo. / This work seeks to locate neurodivergence within the situation of the right to mental health and the disability models in which it would be located. In this way, a review is made of the jurisprudential development that has occurred around the right to mental health, taking into account its benefit nature. Next, we seek to locate how it interprets elements of the mental health system from the disability models: the dispensation model, the medical or rehabilitative model, the social model and the model based on a human rights approach. Finally, neurodivergences are presented as a new conceptual challenge within this regulatory system. / Trabajo académico