Los hechos acontecidos durante la etapa de la Dictadura cívico-militar en Argentina han trascendido hasta la actualidad por las graves violaciones de derechos humanos que se han padecido en ese entonces y las consecuencias que conllevan. Así, el presente informe analiza el Caso de la Familia Julien Grisonas, quien alude a Argentina como responsable internacional de los hechos que se le practicaron durante la operación militar del 26 de septiembre de 1976. Los mismos que transgredieron sus derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y actualmente se encuentran prohibidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En ese sentido, analizaremos los problemas jurídicos del presente Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico sobre el tiempo que tarda en emitir el informe o elevarlo ante la Corte. Asimismo, se observará sobre los derechos alegados por la parte demandante, observando que la Corte se extralimita al pronunciarse sobre algunos que no son parte del petitorio y por reconocer el derecho a la búsqueda, el cual consideramos pertinente, pero también observamos contradicciones con el derecho internacional. Para concluir, consideramos importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice y emita sus Informes de manera célere con el objetivo de la protección de los derechos humanos invocados en la petición. Además, señalamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para interpretar las normas jurídicas internacionales, mas no tiene permitido crear nuevos derechos / The events that occurred during the period of the civic-military dictatorship in Argentina have transcended to the present day due to the serious human rights violations that have been suffered at that time and the consequences that they entail. Thus, this report analyzes the Case of the Julien Grisonas Family, who alludes to Argentina as being internationally responsible for the acts that were carried out during the military operation of September 26, 1976. The same ones that violated their rights recognized in the American Convention of Human Rights and are currently prohibited in the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons and in the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture. In this sense, we will analyze the legal problems of this Case before the Inter-American Commission on Human Rights, specifically on the time it takes to issue the report or submit it to the Court. Likewise, the rights alleged by the plaintiff will be observed, observing that the Court exceeds its limits when ruling on some that are not part of the petition and by recognizing the right to search, which we consider pertinent, but we also observe contradictions with the right international. To conclude, we consider it important that the Inter-American Commission on Human Rights analyze and issue its Reports promptly with the objective of protecting the human rights invoked in the petition. In addition, we point out that the Inter-American Court of Human Rights is competent to interpret international legal norms, but it is not allowed to create new rights.

El presente artículo aborda las problemáticas relacionadas a la notificación del hecho infractor, tanto en su contenido como en la oportunidad de notificación, las cuales tienen incidencia directa en plena efectividad del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador. Como parte del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo, se propone la aplicación del estándar más garante del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, frente a los tradicionales límites-garantías al ius puniendi de la Administración. Así, de la interpretación de la Corte Interamericana se desprende que los Estados deben alejarse del principio de confianza, toda vez que la notificación del hecho infractor requiere transitar por los canales oficiales, en aras de maximizar la vigencia del derecho de defensa. Con todo ello, se dilucida una tarea pendiente del legislador y los administradores de justicia para adecuarse al nuevo estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todas relaciones procesales entre el Estado y el privado, en particular, en el procedimiento administrativo sancionador. / This article addresses the problems related to the notification of the infringing act, both in its content and in the opportunity of notification, which have a direct impact on the full effectiveness of the right of defense in the administrative sanctioning procedure. As part of the process of constitutionalization of Administrative Law, the application of the standard plus guarantee of the right to prior and detailed communication of the accusation is proposed, compared to the traditional limitsguarantees to the ius puniendi of the Administration. Thus, from the interpretation of the Inter-American Court it follows that States must move away from the principle of trust, since notification of the infringing act requires going through official channels, in order to maximize the validity of the right of defense. With all this, a pending task for the legislator and the administrators of justice is elucidated to adapt to the new standard established by the Inter-American Court of Human Rights for all procedural relations between the State and the private sector, in particular, in the administrative sanctioning procedure. / Trabajo académico

Este informe tiene como propósito analizar la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil, el primer caso resuelto en el sistema interamericano de derechos humanos que trata sobre el impacto del uso indebido de la inmunidad parlamentaria procesal en el derecho de acceso efectivo a la justicia. Concretamente, se analizan tres episodios de vulneración de derechos a fin de determinar la responsabilidad del Estado de Brasil: i) las decisiones de la Asamblea Legislativa de Paraíba por las cuales se rechazó levantar la inmunidad parlamentaria del entonces diputado y principal sospechoso de dar muerte a Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) la constante negativa de la Policía Civil de Paraíba para actuar diligencias investigativas en relación a otros cuatro sospechosos de haber participado en los crímenes de homicidio y ocultamiento de cadáver, y iii) el alegado uso de estereotipos de género en el marco del proceso penal seguido contra Aércio. A partir de ello, se establece que el Estado de Brasil es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado internacional y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia. / The aim of this report is to analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Barbosa de Souza et al. v. Brazil, the first case resolved in the Inter-American system for the protection of human rights that deals with the impact of the improper application of procedural parliamentary immunity on the right of effective access to justice. Specifically, three episodes of violation of rights are analyzed in order to determine the responsibility of the State of Brazil: i) the decisions of the Paraíba Legislative Assembly, refusing to lift the parliamentary immunity of the then deputy and main suspect in killing Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) the constant refusal of the Paraíba Civil Police to carry out investigative proceedings in relation to four other suspects of having participated in the crimes of homicide and corpse concealment, and iii) the alleged use of gender stereotypes in the criminal proceedings against Aércio. In conclusion, it is established that the State of Brazil is responsible for the violation of the rights to judicial guarantees and judicial protection, recognized respectively in articles 8.1 and 25 of the American Convention on Human Rights, in relation to articles 1.1 and 2 of the same instrument, and 7.b of the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Erradicate Violence against Women, to the detriment of Márcia’s mother and father.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar algunos razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la cual extiende su jurisprudencia en relación con la violencia por prejuicio -desarrollada en el caso de Azul Rojas vs. Perú-, pero en esta ocasión referida a la identidad y expresión de género. El caso es sumamente trascendental ya que es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la aplicación de la Convención de Belém Do Pará para la protección de mujeres trans. La Corte declaró a la República de Honduras como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad personal, a la vida privada, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales en perjuicio de Vicky Hernández, así como la violación del derecho a la integridad personal de sus familiares. Una de las principales líneas argumentativas de la Corte IDH se relaciona con el estándar de debida diligencia reforzada exigida para la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres trans. Asimismo, la Corte IDH ordenó reparaciones que, a diferencia del caso de Azul Rojas Marín y otra contra Perú, responden al contexto de discriminación estructural que posibilita la violencia hacia mujeres trans. Sin embargo, la Corte no aplicó un enfoque interseccional en todo su análisis y los votos singulares de la magistrada Odio y el juez Vio Grossi, constituyen una preocupación para el avance del reconocimiento de derechos de las personas trans en la región, debido a su postura esencialista y binaria sobre el sexo.

El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Se elige esta sentencia debido a que es el primer caso en el que el mencionado Tribunal utiliza la categoría “orientación sexual” como un criterio protegido por el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, como tal, es la resolución que da inicio a su ya abundante jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. En esa línea, en atención a lo sucedido con la señora Atala Riffo e hijas, la Corte IDH resalta la trascendencia del principio de igualdad y no discriminación, para la aplicación efectiva de los derechos contenidos en la CADH, tales como la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar, las garantías judiciales y la protección específica de las niñas y niños. Es por ello que, a manera de conclusión, se sostiene que en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: (i) es abierta la lista de categorías protegidas por el mandato de no discriminación, (ii) que la aplicación de la ley no debe dar lugar a diferencias de trato motivadas en la orientación sexual, (iii) que la orientación sexual de la madre o del padre no es relevante en un proceso de tenencia, ni en un proceso disciplinario, y (iv) que el derecho humano de las niñas y de los niños, a ser oídos en todo asunto que les afecta, está debidamente protegido por los artículo 8.1 y 19 de la CADH. / The main objective of this legal report is to analyze the Inter-American Court of Human Rights’ sentence in the case Atala Riffo and Children vs. Chile. This sentence was chosen because it’s the first case in which the Court uses the category “sexual orientation” as a criterion protected by article 1.1 of the American Convention on Human Rights. That resolution began the already abundant jurisprudence on protecting LGBTI people’s human rights. In response to what happened with Mrs. Atala Riffo and her daughters, the Inter-American Court highlights the importance of the principle of equality and non-discrimination for the effective application of the rights contained in the Convention, such as equality before the law, private and family life, judicial guarantees and the specific protection of children. In conclusion, it’s argued that in the Inter- American System for the protection of human rights: (i) the list of categories protected by the non-discrimination is open, (ii) the application of the law shouldn´t give rise to differences in treatment based on sexual orientation, (iii) the sexual orientation of the mother or father is not relevant in custody or disciplinary processes, and (iv) the human rights of the children, to be heard in all matters that affect them, is duly protected by articles 8.1 and 19 of the Convention.

Este artículo realiza un análisis de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de admitir o rechazar la reapertura de juicios penales como medida de reparación en casos de violencia basada en género. El texto revisará casos de violencia basada en género en los que la Corte IDH ha otorgado y no ha otorgado dicho remedio en particular, con el fin de identificar los criterios que utiliza para tomar postura. De una evaluación comparada, se extrae que la Corte IDH ha adoptado una tendencia a estimar procedente la reapertura cuando medien situaciones de violencia basada en género en el marco de graves violaciones de derechos humanos durante épocas de conflicto armado no internacional, y como parte de políticas estatales de violencia sistemática. En cambio, en aquellos casos de violencia basada en género donde no se cumplan tales condiciones de hecho, la respuesta de la Corte IDH ha sido de oponerse a dicha solicitud de remedio. Concluiré que la Corte IDH otorga una mayor importancia de afianzar el derecho a la verdad para los casos del primer tipo; y, consecuentemente, se permite limitar ciertas instituciones del derecho penal que entran en tensión en dichos escenarios. / This article analyzes the decisions of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) to admit or reject the reopening of criminal trials as a measure of reparation in cases of gender-based violence. The text will review cases of gender-based violence in which the IACtHR has granted or refused to grant this particular remedy, in order to identify the criteria it uses to take a position. From a comparative evaluation, it can be seen that the IACtHR has adopted a tendency to consider reopening to be appropriate in situations of gender-based violence in the context of gross human rights violations during times of non-international armed conflict, and as part of state policies of systematic violence. On the other hand, in those cases of gender-based violence where such de facto conditions are not met, the response of the IACtHR has been to oppose such request for reparation. I will conclude that the IACtHR attaches greater importance to upholding the right to the truth in cases of the first type; and, consequently, allows itself to limit certain institutions of criminal law that come into tension in such scenarios. / Trabajo académico

En el presente informe jurídico se realiza un análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Alfredo Lagos del Campo vs. Perú. Esta es la primera en la cual la Corte IDH declara violado el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los derechos económicos sociales y culturales. Este caso es sobre el despido por falta grave del señor Alfredo Lagos del Campo en su condición de presidente del Comité Electoral de la comunidad industrial de la empresa industrial Ceper-Pirelli, en el marco de la Constitución de 1979 y la Ley 24514. En esa medida, luego de presentar los principales hechos de fondo y procesales, se procede a desarrollar los problemas jurídicos relativos a la justiciabilidad de los derechos laborales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores y su fundamento democrático; el derecho a la estabilidad laboral —con referencias a su desarrollo nacional—; los derechos a las garantías judiciales y a un recurso efectivo; y su reparación ante el sistema interamericano.

Uno de los derechos fundamentales más importantes que se han desarrollado a lo largo del siglo XX ha sido el derecho a no ser discriminado, íntimamente vinculado con el concepto de trato diferenciado; sin embargo, el referido derecho a no ser discriminado no se encuentra aislado en el ámbito de los derechos humanos, sino debe ser analizado en concordancia con otros derechos, como es la libertad de contratar. El presente trabajo busca dar cuenta de un estudio sobre la discriminación y el trato diferenciado, con el objetivo de determinar, en el ámbito de los derechos fundamentales y en el ámbito jurisprudencial, si existe claridad respecto de ambos conceptos, haciendo especial énfasis en la jurisprudencia administrativa de la autoridad de consumo peruana, representada por el Tribunal del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Para ello, analizaremos los derechos a no ser discriminado y a la libertad de contratación como bases teóricas necesarias desde el punto de vista de los Derechos Humanos, que serán fundamentales para analizar cómo se ha plasmado desde la jurisprudencia comparada, así como desde la jurisprudencia nacional constitucional y administrativa, el reconocimiento al derecho a no ser discriminado, para llegar finalmente a analizar el caso Céliz, el primer caso planteado en el Perú sobre discriminación en servicios médicos, que nos permitirá apreciar cuáles son los problemas prácticos a la hora de discernir entre conceptos vinculados con el derecho a la igualdad, así como proponer algunas reflexiones sobre la emisión de la jurisprudencia administrativa, tal como se está produciendo, de forma gradual, en la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI. / One of the most important fundamental rights that have developed throughout the 20th century has been the right not to be discriminated against, intimately linked to the concept of differential treatment; however, the aforementioned right not to be discriminated against is not isolated in the realm of human rights, but must be analyzed in conjunction with other rights, such as the freedom to contract. This paper seeks to provide a study on discrimination and differential treatment, aiming to determine, within the scope of fundamental rights and jurisprudence, if there is clarity regarding both concepts, with a special emphasis on the administrative jurisprudence of the Peruvian consumer authority, represented by the Tribunal of the Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - INDECOPI. To do so, we will analyze the rights not to be discriminated against and the freedom of contract as necessary theoretical foundations from the perspective of Human Rights, which will be essential to analyze how the recognition of the right not to be discriminated against has been reflected in comparative jurisprudence, as well as in national constitutional and administrative jurisprudence, to finally analyze the Céliz case, the first case raised in Peru regarding discrimination in medical services, which will allow us to appreciate what the practical problems are when discerning between concepts linked to the right to equality, as well as to propose some reflections on the issuance of administrative jurisprudence, as it is gradually occurring in the Competition Defense Chamber of INDECOPI.

El presente artículo versará en el análisis de dos sentencias de la Corte IDH en el que se detalla el caso dos mujeres fueron torturadas sexualmente por agentes militares en el periodo del Conflicto Armado Interno. En este análisis se analizará los hechos jurídicamente relevantes del caso, así como también los derechos y artículos tipificados en la Convención Americana de los derechos humanos que fueron violados por el Estado Peruano peruano. Todo ello por la acusación penal contra ellas en base a la ley especial “antiterrorista” tipificada en el Decreto Ley Nº 25475. La hipótesis que la autora buscará argumentar y fundamentar es que las mujeres procesadas por el delito de terrorismo en el Conflicto Armado Interno tenían mayores capas de vulnerabilidad analizado desde la perspectiva de género interseccional. 2. El Decreto Ley Nº 25475 y la violación a estándares internacionales fue la raíz de la violación a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos tales como la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales y la igualdad y no discriminación hacia las mujeres detenidas por el delito de terrorismo sobrevivientes del delito de violación sexual perpetrado por militares. Por último, se plantearán conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos de la autora y búsqueda de justicia en base a las violaciones a los derechos humanos y la casuística real de las miles de mujeres víctimas de tortura sexual dentro del periodo de conflicto armado. / Trabajo académico

El presente informe de suficiencia profesional se basa en la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Olivera Fuentes vs Perú. En dicha decisión, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida privada, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio del señor Olivera Fuentes. Esta vulneración se produjo debido a las respuestas administrativas y judiciales brindadas por las autoridades frente a la denuncia interpuesta por el peticionario, alegando que fue discriminado en la cafetería de un supermercado debido a su orientación sexual. El problema principal analizado en el trabajo consiste en determinar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de derechos del peticionario. A partir de ello, se examina si es que el Estado es responsable por la comisión de actos de discriminación cometidos por particulares, específicamente por la empresa de supermercado que llevó a cabo el acto de discriminación. Asimismo, se analizan los alcances de la vulneración de los derechos a la vida privada, igualdad ante la ley y libre desarrollo de la personalidad en relación a la orientación sexual del peticionario y la prohibición de discriminación. Finalmente, se evalúan los alcances de la inversión de la carga de la prueba en la relación de consumo que existía entre la empresa y el cliente para determinar el acto de discriminación en la cafetería. Ello se realiza como parte del análisis planteado para los derechos a la protección judicial y garantías judiciales del demandante. / The present professional sufficiency report is based on the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Olivera Fuentes vs. Peru. In said ruling, the international responsibility of the State was declared for the violation of Mr. Olivera Fuentes' rights to privacy, judicial guarantees, equality before the law, and judicial protection. This violation occurred as a result of the administrative and judicial responses provided by the authorities in response to the petitioner's complaint, alleging discrimination in a supermarket cafeteria due to his sexual orientation. The main issue addressed in this report is to determine the State's international responsibility for the petitioner's rights violation. As such, an examination is conducted to ascertain whether the State bears responsibility for acts of discrimination committed by private individuals, specifically by the supermarket company that engaged in the discriminatory act. Furthermore, an analysis is conducted on the extent of the violation of rights to privacy, equality before the law, and the free development of personality with regard to the petitioner's sexual orientation and the prohibition of discrimination. Finally, an evaluation is made of the implications of the burden of proof reversal in the consumer relationship between the company and the client, aimed at determining the act of discrimination in the cafeteria. This assessment is undertaken as part of the analysis proposed for the petitioner's rights to judicial protection and judicial guarantees.