El presente artículo abordará la aplicación de la interpretación evolutiva a hechos anteriores a la sentencia Atala Riffo vs. Chile, en adelante caso Karen A., en la cual se reconoció como motivo prohibido de discriminación a la orientación sexual. Se busca evidenciar la viabilidad de emplear dicha interpretación en relación con el principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, esto no conlleva la generación de nuevas responsabilidades, sino más bien la aclaración y delimitación del significado de las obligaciones ya presentes en el texto del Tratado. Estas obligaciones están latentes, a la espera de ser concretadas en el nuevo contexto interpretativo. Con ese fin, se llevará a cabo un examen de la normativa internacional a lo largo del tiempo, con el propósito de evidenciar que en el derecho internación la orientación sexual fue objeto de debate incluso antes de la emisión de dicha sentencia. Además, se analizará el caso Duque vs. Colombia con la finalidad de mostrar que la Corte IDH llevó a cabo una interpretación evolutiva de acuerdo al artículo 29 de la Convención, en el cual se establece que el texto del tratado debe interpretarse teniendo en cuenta el principio pro homine. Finalmente, se buscará llegar a la conclusión sobre el rol fundamental de la interpretación evolutiva en el ámbito internacional, ya que su principal base radica en salvaguardar los derechos fundamentales a lo largo del tiempo. Se destacará que la Corte IDH, en sus dictámenes, busca adoptar aquella interpretación que otorgue a las personas mayor protección de sus derechos. / This article will address the application of evolutionary interpretation to events prior to the ruling Atala Riffo vs. Chile, in which sexual orientation was recognized as a prohibited reason for discrimination. It seeks to demonstrate the viability of using said interpretation in relation to the principle of equality and nondiscrimination. However, this does not entail the generation of new responsibilities, but rather the clarification and delimitation of the meaning of the obligations already present in the text of the Treaty. These obligations are latent, waiting to be concretized in the new interpretive context. To this end, an examination of international regulations will be carried out over time, with the purpose of showing that in international law sexual orientation was the subject of debate even before the issuance of said ruling. In addition, the case Duque vs. Colombia with the purpose of showing that the Inter-American Court carried out an evolutionary interpretation in accordance with article 29 of the Convention, which establishes that the text of the treaty must be interpreted taking into account the pro homine principle. Finally, we will seek to reach a conclusion about the fundamental role of evolutionary interpretation in the international arena, since its main basis lies in safeguarding fundamental rights over time. It will be highlighted that the Inter-American Court, in its rulings, seeks to adopt that interpretation that grants people greater protection of their rights. / Trabajo académico

Desde su formación, la Corte IDH ha atendido un largo número de casos de violaciones de derechos humanos, entre los que ha analizado investigaciones sobre presuntas violaciones sexuales y la comisión de violencia institucional. En dicho contexto, surge la necesidad urgente de adecuar la legislación interna de los Estados para abordar estos temas. El presente artículo tiene como objetivo exponer las obligaciones establecidas jurisprudencialmente por la Corte IDH sobre legislación para prevenir y erradicar la violencia sexual e institucional. Así, a partir de un análisis de los casos históricos de la Corte, se identificaron diversos tipos de estándares interamericanos correspondientes al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención Americana y la Convención Belém Do Pará. Todos estos expresan deberes relacionados a la creación, modificación y derogación de normativa con la finalidad de promover la igualdad legal y prevenir la comisión de violencia sexual e institucional. / Since its formation, the Inter-American Court has heard a large number of cases of human rights violations, among which it has analyzed investigations into alleged sexual violations and the commission of institutional violence. In this context, there is an urgent need to adapt the domestic legislation of States to address these issues. The objective of this article is to expose the obligations established jurisprudentially by the Inter-American Court on legislation to prevent and eradicate sexual and institutional violence. Thus, based on an analysis of the Court's historical cases, various types of inter-American standards were identified corresponding to compliance with the obligations assumed by the States parties to the American Convention and the Belém Do Pará Convention. All of these express duties related to the creation, modification and repeal of regulations with the purpose of promoting legal equality and preventing the commission of sexual and institutional violence. / Trabajo académico

El presente trabajo consiste en demostrar: por un lado, que en la sentencia del Caso López Soto y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien determinó la responsabilidad del Estado venezolano por el incumplimiento de su obligación general de respetar los derechos humanos ante los hechos de secuestro y violencia sexual ocurridos en agravio de Linda López Soto en el año 2021, de acuerdo con los argumentos esgrimidos, se trataría del incumplimiento de la obligación general de garantía, en la medida de que la Corte IDH al analizar este punto, lo hizo a partir de las obligaciones específicas: prevención, investigación, sanción y reparación, las mismas que de acuerdo a los estándares internacionales pertenecen a la obligación general de garantía. En este sentido, veremos entonces que el Estado Venezolano incumplió las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos. Por otro lado, intenta evidenciar la violación del derecho de garantía judiciales como son principalmente: acceso a la justicia y plazo razonable en agravio de Linda López Soto y de sus familiares ejercido por los operadores jurídicos del Estado venezolano previo y posterior a su rescate, en esa línea, se concluye que la Corte IDH analiza superficialmente los factores que inciden en la violencia de género y en la impunidad de la agraviada. / The present work consists of demonstrating: on the one hand, that in the judgment of the López Soto et al. vs. Venezuela Case, the Inter-American Court of Human Rights, although it determined the responsibility of the Venezuelan State for failing to comply with its general obligation to respect human rights in the face of the kidnapping and sexual violence that occurred against Linda López Soto in 2021, according to the arguments raised, it would be a breach of the general obligation of guarantee, to the extent that the IACHR, when analyzing this point, did so based on the specific obligations: prevention, investigation, sanction and reparation, the same ones that according to international standards belong to the general obligation of guarantee. In this sense, we will then see that the Venezuelan State failed to comply with the general obligations to respect and guarantee human rights. On the other hand, it attempts to demonstrate the violation of the right to judicial guarantees, such as mainly: access to justice and a reasonable time limit to the detriment of Linda López Soto and her family, exercised by the legal operators of the Venezuelan State before and after her rescue. Along these lines, it is concluded that the IACHR superficially analyzes the factors that influence gender violence and the impunity of the aggrieved party.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

EL caso Atala Riffo y niñas vs. Chile constituye un hito en materia de igualdad y no discriminación, al ser la primera vez que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reconoce la orientación sexual como categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, este fallo presenta una serie de omisiones en el reconocimiento de la vulneración de dos derechos en específicos: el derecho a la no discriminación por razón de genero y el derecho a la garantía de imparcialidad. En el presente caso, se buscará determinar la existencia de dichas violaciones mediante un análisis crítico. / The case of Atala Riffo and girls vs. Chile is a milestone in terms of equality and nondiscrimination, as it is the first time that the Inter-American Human Rights System recognizes sexual orientation as a category protected by the American Convention on Human Rights. However, this ruling presents a series of omissions in the recognition of the violation of two specific rights: the right to non-discrimination based on gender and the right to guarantee impartiality. In the present case, the existence of said violations will be determined through a critical analysis.

El presente informe jurídico busca cuestionar el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús vs. Brasil, publicada el 15 de julio de 2020. El principal argumento es que la Corte realiza un análisis limitado porque no adopta un enfoque laboral para determinar la vulneración de los derechos, a pesar de que el hecho generador sea un accidente de trabajo; sumado a que, tampoco se desarrolla a profundidad la responsabilidad en la protección y respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. En ese sentido, se cuestiona la falta de aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PREDH) como criterio de análisis; la falta de pronunciamiento sobre otros derechos que también resultaron afectados como consecuencia de la vulneración al derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en la seguridad, salud e higiene en el trabajo, como son los derechos a la salud y a la seguridad social; y el análisis de la dimensión judicial de este último. A manera de conclusión, se señala que si bien el Estado es responsable por las violaciones de los derechos imputados, el análisis es limitado por las razones anteriores y repercute en las medidas de reparación que ordena la Corte. Sobre estas, se sugiere que deben estar orientadas a la protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en un marco general y en los trabajos de alto riesgo. / This legal brief seeks to question the analysis of the Inter-American Court of Human Rights in the judgment of Employees of the Santo Antonio de Jesus fireworks factory vs. Brazil, published on July 15, 2020. The main arguments are that the Court's argumentation is limited because it does not adopt a labor approach, even though the triggering event is an accident at work. In addition, the violation of the right to equitable and satisfactory conditions of safety, health and hygiene at work is focused on the lack of State control, without considering that companies are also responsible for the protection and respect of human rights. In this sense, the lack of application of the Guiding Principles on Business and Human Rights as a criterion of analysis is questioned since it prevents an enriching pronouncement on the matter; as well as the fact that the affectation of other rights as a result of the violation of the right to equitable and satisfactory conditions in safety, health and hygiene at work, such as the right to health and social security, has been ignored, or that the judicial dimension of the right has not been considered as a relevant point of analysis to determine the responsibility of the State. By way of conclusion, it is noted that although the State is responsible for the violations of the rights imputed, the analysis is limited for the above reasons and has repercussions on the reparation measures ordered by the Court. Regarding these, it is suggested that they should be oriented to the protection of the right to safety and health at work in a general framework and in high-risk jobs.

En el presente informe jurídico se analiza la sentencia del Caso Pavez Pavez Vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 04 de febrero de 2022, a la luz del principio de igualdad y no discriminación frente a los límites del derecho a la libertad religiosa de las autoridades eclesiasticas. En específico, se examina la existencia de responsabilidad internacional del Estado chileno por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, el acceso a la función pública, a la libertad personal, a la vida privada, al trabajo, a las garantías judiciales y a la protección judicial (amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos) debido a la revocatoria del certificado de idoneidad para el ejercicio de la docencia de la señora Sandra Pavez Pavez. En efecto, se observa que dicha revocatoria se dio ya que se hizo pública su orientación sexual, por lo que se analiza el desarrollo jurisprudencial de esta categoría protegida frente a actos discriminatorios en relación a los derechos a la vida privada, libertad personal, acceso a la función y trabajo. Finalmente, se da cuenta de que, al no existir un recurso eficaz en la jurisdicción chilena, nunca se pudo impugnar los efectos de la decisión de revocarla. En atención a ello, en el presente informe se emplea una metodología dogmática y exegética, donde se utilizan normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / This legal report analyzes the sentence of the Case Pavez Pavez Vs. Chile resolved by the Inter-American Court of Human Rights on February 4, 2022, in light of the principle of equality and non-discrimination regarding the limits of the right to freedom of religion of the ecclesiastical authorities. Specifically, the report analyzes the existence of international responsibility of the Chilean State for the violation of the rights to equality before the law, access to public service, personal freedom, private life, work, judicial guarantees and judicial protection (protected by the American Convention on Human Rights) due to the revocation of the certificate of suitability for the exercise of teaching of Mrs. Sandra Pavez Pavez. Indeed, it is observed that said revocation occurred since his sexual orientation was made public, for which reason the jurisprudential development of this protected category is analyzed against discriminatory acts in relation to the rights to private life, personal freedom, access to function and work. Finally, it is realized that, since there is no effective remedy in the Chilean jurisdiction, it was never possible to challenge the effects of the decision to revoke it. To reach this objective, this report integrates a dogmatic and exegetical methodology, and international norms and standards offered by International Human Rights Law are used.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.

La investigación que se desarrolla en este informe se justifica en la relevancia de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia, siendo el principal el relativo al derecho a la salud, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su vulneración, con miras a consolidar y precisar el cambio de su jurisprudencia en materia de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (en adelante DESCA). De igual importancia, es el análisis de la vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, integridad personal, protección judicial, y garantías judiciales; en su relación con el derecho a la salud; así como el de la afectación del derecho a la integridad personal de familiares de víctimas directas de violaciones de sus derechos humanos, y el cumplimiento del principio de reparación integral. El objetivo de este trabajo es sustentar una posición respecto a la resolución brindada por la corte aludida, contribuyendo así al debate en materia de DESCA, en base al estándar de protección de derechos establecido por esta y la normativa internacional pertinente en la materia. Conforme lo anterior, en este informe sostenemos la pertinencia de la consolidación de la judiciabilidad directa de los DESCA a través de la corte en mención, y el sustento brindado para esta.