En los últimos años, las empresas se han visto inmersas en escándalos de toda índole, siendo los más sonados aquellos vinculados a actos de corrupción, como han sido las recientes revelaciones vinculadas a los negocios de la constructora brasilera Odebretch; hechos que ocurrieron en nuestro país y en aquellos donde dicha empresa desarrollaba sus operaciones1. Ante ello, el Estado Peruano, con miras a evitar la continuidad en la comisión de ilícitos penales por parte de las empresas y reforzar sus mecanismos de lucha contra la corrupción, ha regulado supuestos de responsabilidad administrativa y penal para estas, contemplando como eximente la implementación de modelos de prevención, situación que ha sido propicia para que los profesionales en Derecho hagan referencia a dicho modelo como uno de compliance. Es así que el mercado peruano de servicios profesionales concibe como práctica de compliance a aquella que busca la prevención de contingencias de índole administrativo y penal en el marco de la actividad organizacional y/o empresarial. Sin embargo, consideramos que el alcance de dicha práctica cubre solo un aspecto en lo que a compliance se refiere; ante lo cual, proponemos entender al mismo como una práctica corporativa en la cual una empresa asume el compromiso de cumplir procedimientos y buenas prácticas de cumplimiento normativo y político interno, con miras a alcanzar su máxima eficacia, productividad, prevención y gestión de riesgos, y sostenibilidad. Para dichos efectos, hemos analizado el desarrollo de dicho concepto en la regulación comparada y en el Perú; cómo es actualmente entendido, sus elementos, cómo se ejecuta y por qué debe de implementarse en una empresa de forma transversal. Hemos encontrado así, una nueva práctica corporativa que permitiría a las empresas una mejor gestión de riesgos que llevará al desarrollo tanto de estas, como del mercado y de la sociedad. Sabemos que existirá resistencia y quizás no aceptación, pero nos encontramos seguros que nuestro concepto de compliance y forma de ejecución propuestos serán propiciados por el propio desarrollo económico del país y posicionamiento del mismo a nivel mundial, llevando así a que la cultura corporativa empresarial peruana se transforme. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta normativa que incorpore a los partidos políticos peruanos como sujetos obligados a aplicar el Criminal Compliance, cumpliendo y desarrollando los parámetros indispensables de un adecuado y eficaz programa de cumplimiento en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, se desarrolla e investiga el modus operandi de la entrada de la corrupción a los partidos políticos en cuestiones financieras, casuística nacional e internacional. De igual manera, se desarrollan los conceptos y normativa aplicable en Criminal Compliance ejercida para los actuales sujetos obligados, principalmente, del mundo empresarial, proponiendo su adaptación y ejecución en los partidos políticos, demostrando y concluyendo con los beneficios que se pueden generar para la institucionalidad de los partidos políticos, el fortalecimiento de la democracia nacional y la confianza de la ciudadanía en la política.

El presente trabajo de investigación busca demostrar que la –ciertamente- novedosa institución del Oficial de Cumplimiento ha cobrado, en poco tiempo, un rol relevante en el esquema empresarial actual y que, lo que antes era simplemente el cumplimiento formal de una obligación legal, se ha transformado no sólo en una necesidad empresarial, sino también en una de las posiciones más importantes dentro de un organigrama corporativo; ello debido a la fuerte influencia que tanto el Compliance como el Buen Gobierno Corporativo han tenido en los últimos años en las relaciones empresariales corporativas, motivado por el importante números de casos de delitos, especialmente relacionados a la corrupción, que se han ido descubriendo últimamente y en el que se han visto involucradas algunas de las empresas más importantes del mundo. Por ello, utilizando un enfoque basado en riesgos y de la mano del método comparativo, revisaremos si la legislación peruana resulta ser la más adecuada para determinar el perfil personal y profesional del funcionario que ocupará la Oficialía de Cumplimiento de una empresa peruana, así como si se llegan a determinar con claridad los roles y responsabilidades que debe cumplir, o si acaso la legislación peruana podría ser optimizada utilizando influencias de las legislaciones colombiana y chilena, o también del soft law español. De esta manera, conseguiremos revalorar la figura del Oficial de Cumplimiento y contribuir en el esfuerzo de que las empresas peruanas comprendan que dicha posición requiere de una persona que cumpla con determinadas características y requisitos que añadan valor a la sociedad y acentúen la utilidad de los programas de prevención que se puedan implementar.

En los últimos años, las empresas se han visto inmersas en escándalos de toda índole, siendo los más sonados aquellos vinculados a actos de corrupción, como han sido las recientes revelaciones vinculadas a los negocios de la constructora brasilera Odebretch; hechos que ocurrieron en nuestro país y en aquellos donde dicha empresa desarrollaba sus operaciones1. Ante ello, el Estado Peruano, con miras a evitar la continuidad en la comisión de ilícitos penales por parte de las empresas y reforzar sus mecanismos de lucha contra la corrupción, ha regulado supuestos de responsabilidad administrativa y penal para estas, contemplando como eximente la implementación de modelos de prevención, situación que ha sido propicia para que los profesionales en Derecho hagan referencia a dicho modelo como uno de compliance. Es así que el mercado peruano de servicios profesionales concibe como práctica de compliance a aquella que busca la prevención de contingencias de índole administrativo y penal en el marco de la actividad organizacional y/o empresarial. Sin embargo, consideramos que el alcance de dicha práctica cubre solo un aspecto en lo que a compliance se refiere; ante lo cual, proponemos entender al mismo como una práctica corporativa en la cual una empresa asume el compromiso de cumplir procedimientos y buenas prácticas de cumplimiento normativo y político interno, con miras a alcanzar su máxima eficacia, productividad, prevención y gestión de riesgos, y sostenibilidad. Para dichos efectos, hemos analizado el desarrollo de dicho concepto en la regulación comparada y en el Perú; cómo es actualmente entendido, sus elementos, cómo se ejecuta y por qué debe de implementarse en una empresa de forma transversal. Hemos encontrado así, una nueva práctica corporativa que permitiría a las empresas una mejor gestión de riesgos que llevará al desarrollo tanto de estas, como del mercado y de la sociedad. Sabemos que existirá resistencia y quizás no aceptación, pero nos encontramos seguros que nuestro concepto de compliance y forma de ejecución propuestos serán propiciados por el propio desarrollo económico del país y posicionamiento del mismo a nivel mundial, llevando así a que la cultura corporativa empresarial peruana se transforme. / Trabajo de investigación

El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas legales generados por las actividades de la empresa en el marco de una regulación cada vez más abundante y a diseñar reglas que sistematicen todas normas en guías o principios básicos de comportamiento que al ser seguidos previenen que los colaboradores incurran en conductas prohibidas. Este fenómeno, proveniente del mundo de las grandes empresas ha ido evolucionando y difundiéndose hasta el punto que hoy en día todas las grandes corporaciones cuentan con programas de cumplimiento que abarcan temas como corrupción, derechos humanos, no discriminación, ética, etc. Lo que en principio fue una iniciativa particular de las empresas por autorregularse, fue dando paso a legislaciones nacionales que buscan imponer a las empresas la obligación de implementar programas de cumplimiento que coadyuven a la función estatal de prevenir y sancionar determinados delitos. En 2002 se publicó en el Perú la primera norma destinada a imponer un programa de cumplimiento legal, específicamente destinado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta primera legislación introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, funcionario que forma parte de la organización de la empresa y cuya función es la de velar por el funcionamiento del programa de cumplimiento y dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones sospechosas. Posteriormente, en el marco de una corriente que se va extendiendo alrededor del mundo, se ha venido desarrollando una legislación que atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por algunos delitos cometidos por sus colaboradores, estableciendo como eximente o atenuante de dicha responsabilidad que la empresa voluntariamente cuente con un programa de cumplimiento. El presente trabajo busca establecer la pertinencia de regular lo que nació como una iniciativa privada, convirtiéndola en una obligación por mandato legal, y qué tan adecuada resulta, para los fines para los que fueron creados los programas de cumplimiento el contar con dichas normas. Nuestra posición es que la legislación peruana en realidad no introduce una figura voluntaria, sino que en el fondo sanciona a aquellas empresas que no cuenten con un programa de cumplimiento y, aunque existen razones que justifican ello, pierde una magnífica oportunidad de prevenir algunos de los más importantes riesgos generados por las actividades empresariales. / Trabajo de investigación

El compliance es una palabra que ha generado revuelo en el desarrollo de los negocios. Casos emblemáticos como Odebrecht, Volkswagen, GyM, entre otros, han puesto de relieve la importancia de la ética, la responsabilidad social y el riesgo legal, convirtiéndose en elementos fundamentales y necesarios dentro de las organizaciones empresariales, a fin de evitar efectos devastadores en la imagen, reputación y relación con la sociedad. Justamente estos términos dotan de contenido y sirven de base para el funcionamiento eficaz del compliance, permitiendo que este se convierta en un mecanismo de gestión de riesgos legales, el cual, acompañado de una verdadero y sólida cultura de cumplimiento, permite un desarrollo de la empresa en armonía con la sociedad. Actualmente, el compliance se gesta como una nueva forma de hacer negocio, cuya obligatoriedad viene sostenida por el mercado internacional. Tomando ello como base, nuestra realidad social nos empuja a enfocar nuestra mirada a la relación de este mecanismo con la micro y pequeña empresa (en adelante, pequeñas compañías), motores de la estructura empresarial peruana. De esta manera, el presente trabajo pretende ofrecer una visión general de la importancia del compliance en las pequeñas compañías, demostrando su importancia en el desarrollo de las mismas, adecuando este mecanismo a las características particulares de este tipo de empresas y proponiendo ciertas mejoras como punto de partida para mayores investigaciones. / Trabajo de investigación

El Compliance ha cobrado gran relevancia en el Derecho debido, principalmente, a los cambios normativos, que impulsaron la incorporación de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica. Esta responsabilidad fue incorporada debido a que los criterios penales dogmáticos clásicos para sancionar las conductas delictivas cometidas en el seno de una organización empresarial no eran suficientes para sancionar a las personas naturales que cometen delitos. Por ello, el Estado traslada a las personas jurídicas la obligación de coadyuvar en la prevención de delitos cometidos por sus funcionarios, representantes o trabajadores. Es así que, en el Perú mediante la Ley N° 30424, y sus normas modificatorias, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica y un mecanismo para exonerar o atenuar su responsabilidad, esto es, la implementación de un modelo de prevención de delito que deberá contener cinco elementos mínimos necesarios para cumplir la finalidad preventiva de conductas delictivas. La referida ley establece que, para el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, será suficiente que estas acrediten la implementación de un elemento mínimo para exonerarse de responsabilidad. Es por esto que, mediante el presente trabajo de investigación, analizaremos si efectivamente cumplirá con la finalidad preventiva de todo modelo de prevención que una micro, pequeña y mediana empresa cumpla con implementar un solo elemento mínimo del modelo de prevención. / Trabajo de investigación

La sociedad actual percibe a las organizaciones empresariales como agentes de riesgo que, a través de su actividad productiva pueden producir riesgos o resultados lesivos en los intereses que la sociedad percibe como indispensables y necesarios para su funcionamiento, como el orden económico, el medio ambiente, etc. El Derecho Penal no ha tenido la capacidad de atribuir y responsabilizar a la organización y sus autores directos por los ilícitos penales cometidos a través de ésta, tanto por las complicaciones que generan las características sistémicas de la organización empresarial, la cantidad de agentes que intervienen en los procesos productivos cada vez más complejos y técnicos, generando con ello supuestos de irresponsabilidad organizada. Esta deficiencia genera un aspecto problemático que requiere ser superado mediante la posibilidad de imputar por el hecho delictivo al sujeto individual, que crea un riesgo no permitido o incrementa el riesgo permitido, y a la persona jurídica, a través o desde la cual ésta se materializa. Similar dificultad afrontaron algunos países europeos, como España o Alemania, por los delitos de organización o delitos cometidos desde las organizaciones criminales, como el terrorismo o el crimen organizado, con similares características sistémicas a las de la organización empresarial. Ante esta dificultad se planteó la necesidad de crear tipos penales y formas de imputación que facilite la responsabilidad sistémica de los miembros de la organización – a título individual- y, en algunos casos a la organización sin hacer mayor distingo de las formas de comisión y/o grado de participación individual de sus autores, de tal forma que los miembros de la organización respondían en conjunto por el hecho delictivo. Si bien la imputación sistémica de los delitos de organización al ser aplicados a la criminalidad empresarial podría superar los problemas irresponsabilidad organizada, es necesaria que su viabilidad sea analizada de cara a los principios consagrados en la Constitución y que, también, son recogidos por el Derecho Penal tradicional, como el principio de culpabilidad o responsabilidad por el hecho propio. El principio de culpabilidad limita la aplicación de este modelo de imputación sistémica en la medida que ya no distingue el grado de participación individual, sino una participación conjunta y “extensiva” por el hecho sistémico, antes que por el hecho individual. Es decir, el individuo responderá por el solo hecho de ser parte de la actuación delictiva sistémica y, de ser el caso, por el peligro o el resultado alcanzado de manera conjunta, antes que por su grado de aporte individual. 4 El modelo de imputación sistémica de las organizaciones criminales presenta además algunos problemas de legitimidad constitucional, ya que limita algunos derechos y garantías constitucionales individuales, es por ello que probablemente dicho modelo de imputación no podría aplicarse a la imputación individual de los miembros de la organización empresarial por considerarse una expresión del Derecho Penal del Enemigo caracterizado por la relativización de derechos, principios fundamentales y el adelanto de punición de algunos delitos. Es decir, estas limitaciones recaen sobre la imputación individual que se realiza sobre el que interviene en la actuación sistémica de la organización empresarial, sin embargo, en el caso de la imputación a la organización empresarial si tendría mayor validez en la medida que se le imputa –como sistema organizado- la comisión de un hecho delictivo que fue generado en su seno como consecuencia de los déficits organizativos que ésta presenta al no haber adoptado un sistema de autorregulación adecuado. A la luz de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, analizaremos si es viable aplicar la imputación sistémica de los injustos de sistema de las organizaciones criminales a las organizaciones empresariales y si éste posee legitimidad constitucional. No obstante, consideramos que dicho modelo de imputación no sería de recibo para la persona individual en los delitos empresariales al poseer una connotación diferenciada por las características y finalidades que difieren de la organización empresarial, sin embargo sí tendría validez en los supuestos de imputación de la organización empresarial. / Trabajo de investigación

El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona humana como único sujeto imputable, cuando, en la actualidad, el principal protagonista de los delitos de mayor gravedad es la Empresa. Por ello, un sector de juristas consciente de ello, se encuentran replanteando las instituciones jurídicas del Derecho Penal Clásico con la finalidad de que responda a las nuevas condiciones de la sociedad. En ese contexto, el Derecho Penal se encuentra en un actual proceso de formación de sus principales instituciones jurídicas como la “Teoría del Delito”, “los fines de la pena”, etc. Ante ello, el presente trabajo aborda el tema sobre los modelos de imputación penal de la Empresa, ya que con su estudio se puede tomar una postura sobre cuál es el más idóneo para determinar la responsabilidad penal de la Entidad Corporativa. En el caso peruano, a partir del año 2017 se ha regulado la Responsabilidad Penal de la Empresa con la Ley N° 30424; sin embargo, aún la doctrina y jurisprudencia nacional adolece el problema descrito en el párrafo anterior. Siendo así, se toma una posición en el tema, luego de haber revisado la literatura jurídica de otros países, entre ellos España, país de quien hemos copiado prácticamente toda su regulación penal implementada en el año 2015. Finalmente, ya con una postura respecto al modelo de imputación de la Empresa, se analiza la regulación peruana sobre responsabilidad penal de la empresa por el delito de Lavado de activos con la finalidad de analizar sus deficiencias y proponer mejoras. / Trabajo de investigación

La Ley Nro. 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la legislación peruana, incorpora al Compliance penal como una circunstancia determinante de exención o atenuación de la responsabilidad aplicable a la persona jurídica, contexto que suscita la asunción de diversas posturas teórico-- prácticas respecto a la categorización dogmática del delito idónea para su análisis, ya que, dependiendo de la categoría donde se le sitúe (injusto penal o culpabilidad colectiva), las consecuencias materiales y procesales son diversas, tanto a nivel de estándar de imputación necesaria, carga de la prueba, etc. Por ende, dicho análisis se asume como de especial relevancia en este trabajo, porque clarifica el sistema de imputación de responsabilidad de la persona jurídica y brinda criterios interpretativos a nivel doctrinal y práctico. A través de la presente investigación, se pretende demostrar que el defecto de organización o no Compliance penal derivada del incumplimiento del deber de garante del empresario favorece o incentiva, por encima del riesgo permitido la comisión de un delito individual en su seno. Sobre esa base, si el Compliance penal define el riesgo permitido, la categoría del delito que mejor encaja para su comprensión, es la teoría de la imputación objetiva, en concreto, la tipicidad (injusto penal) del delito corporativo, siendo la debida diligencia del empresario premiada con la ausencia de imputación a la empresa. Dicho acogimiento, tiene, entre otras, la consecuencia procesal de que el Ministerio Público describa en etapa de investigación preparatoria el contenido del defecto de organización y asuma la carga de la prueba del delito corporativo atribuido a la persona jurídica.