El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Poder Judicial y los Tribunales Arbitrales, han señalado en la mayoría de resoluciones, que mediante el enriquecimiento sin causa se puede pagar la utilidad al contratista que ejecutó prestaciones a favor del estado sin mediar un contrato, lo que es un error, ya que el enriquecimiento sin causa brinda una tutela semi – resarcitoria, es decir solo busca reponer el equilibrio patrimonial. En el presente trabajo utilizo el método dogmático porque considero que en el Perú existe un profundo desconocimiento conceptual de la figura del enriquecimiento sin causa, además utilizo el método jurisprudencial ya que analizo las sentencias que resuelven casos que versan sobre enriquecimiento sin causa, de lo cual he concluido que salvo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, no corresponde reconocer la utilidad a los proveedores del estado que hayan ejecutado prestaciones sin contrato, pues al realizarse el pago de esta manera se le está restando coherencia al sistema de contratación estatal, ya que el proveedor se ve beneficiado al lograr el mismo resultado que si celebrará un contrato público, evitando el gasto de tiempo y dinero que implica participar en una licitación. Asimismo, considero necesario establecer mediante una modificación normativa que establezca que el enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación pública no da derecho al reconocimiento de la utilidad al proveedor, ya que la legislación vigente no ha regulado adecuadamente las consecuencias de esta fuente de obligación, por lo que se generan pronunciamientos diversos, entorno a la manera de aplicación de esta figura.

El presente artículo legal tiene como finalidad desarrollar propuestas legislativas adecuadas que reconozcan el carácter autónomo del delito de inmigración ilegal en el Perú, utilizando métodos cualitativos, métodos de registro y observación, siendo la herramienta desarrollada un cuadro de descripción general manual de observación. En cuanto a los resultados, se obtuvo la existencia de una imperiosa necesidad de modificar el artículo 401 del Código Penal Peruano, debido a que se le convierte en tipo penal autónomo de aplicación específica. Del mismo modo, es sumamente importante sustentar los criterios normativos que serán tomados en cuenta para la propuesta.

El delito de Enriquecimiento Ilícito se encuentra tipificado en nuestra legislación desde hace más de tres décadas y, desde su tipificación, poco se analizado en doctrina sobre su naturaleza y sobre el bien jurídico protegido con el mismo. Si bien un sector importante de la escaza doctrina nacional que ha escrito sobre el tema lo ha considerado desde siempre un delito residual y/ subsidiario; es también cierto que un porcentaje de dicho sector, solo se remite a repetir una vieja posición que sienta sus bases en la ratio legis del legislador de 1981 –año en que se incorporó este delito en nuestro Código Penal-. Asimismo, es casi unánime la posición nacional en torno a reconocer en el Enriquecimiento Ilícito un bien jurídico protegido que adolece de especificación –e, incluso, que abunda en lo subjetivo cuando se mencionan la ética o la moral de los funcionarios públicos-. Esto último coadyuva a la interpretación errónea del tipo y fortalece – por un claro desinterés en desarrollar más profundamente el tema- la posición del delito como subsidiario. Si bien no comparto la tesis de la subsidiariedad, solo pocos autores han argumentado seriamente dicha posición, mientras que la gran mayoría de ellos se han remitido –sin análisis detenido- a la doctrina extranjera –sobre todo la argentina y la colombiana-. Si bien en torno a este delito se han planteado algunas problemáticas en el marco de su aplicación a un caso concreto, considero preciso e ineludible, de cara a una correcta interpretación y posterior análisis de los problemas derivados de su aplicación, la determinación del bien jurídico específico protegido. Es a partir de dicha concretización que la tarea de interpretación se dificulta menos y, como también argumentaré, se llega a conclusiones distintas a las que hemos dado por sentadas desde siempre. Para tales efectos, he dividido este trabajo en tres capítulos. El primero tiene como finalidad fortalecer al bien jurídico como fin de protección del Derecho Penal. He considerado preciso sentar posición al respecto al tratarse de un delito contra la Administración Pública, que, por su naturaleza supraindividual, ha sido objeto de críticas en razón –sostienen- de su intensa abstracción; además, porque, al ser el funcionario público el único protagonista en el mismo, se trata también de un delito de infracción de deber –en donde aquél ocupa una posición especial jurídico institucional-, aspecto que, luego de afirmado, podría llevar a la confusión de la base dogmática de la que se parte –así, no se asume en este trabajo un punto de partida funcionalista por su excesivo formalismo, pero tampoco se descartan los aportes que, alienados con las propias consideraciones, efectivamente coadyuvan a un mejor entendimiento sobre el tema-. Posterior a ello, se desarrollan los argumentos relacionados con la protección de los bienes jurídicos supraindividuales –en donde se ubican los delitos de corrupción de funcionarios-; así, como se podrá apreciar, parto de una protección autónoma y no personalista en esta clase de delitos. Ello facilita expresar posición en torno a la alegada contraposición entre la estructura de los tipos en clave de peligro abstracto y el principio de lesividad en el grupo de delitos bajo la rúbrica de “delitos contra la Administración Pública”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

En este artículo, se describe una experiencia de intervención cognitiva, realizada en la universidad, organizada por la Oficina de Apoyo Académico y orientada a la problemática de las dificultades para alcanzar un aprendizaje significativo por parte de nuestros estudiantes. Para ello se aplicó el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI)[1], con la finalidad de que el alumno sea consciente de su propio proceso de pensamiento, sea capaz de modificar sus hábitos de procesamiento de información y resuelva situaciones problemáticas de física y matemática, desde un enfoque estructurado y organizado, considerando las operaciones mentales necesarias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los delitos económicos asociados a la actividad empresarial - delitos de “cuello blanco” – han marcado a la opinión pública de la sociedad chilena. Para responsabilizar a aquellos que incurren en dichas prácticas se deben enfrentar dos aristas: (i) la impunidad penal asociada a estos delitos, discusión que versa sobre la tipificación de éstos y sus respectivas penas y; (ii) el tratamiento de las ganancias ilícitas producidas por la actividad delictual. La presente Memoria pretende abordar el tratamiento de las ganancias ilícitas mediante el comiso de ganancias. En el primer capítulo, se analizará la legislación penal que regula el comiso de ganancias, dando cuenta de la falta de una regulación sistemática de la institución. En el segundo capítulo, en virtud que el fundamento del comiso de ganancias es la corrección de la situación patrimonial que se altera con un hecho ilícito, se analizará el desarrollo dogmático del enriquecimiento injusto a partir de las condictiones del derecho romano y la tipificación actualizada de éstas en el derecho alemán y español, el desarrollo del enriquecimiento injusto en el derecho comparado y cómo el derecho chileno ha adoptado al enriquecimiento injusto, siendo conteste la doctrina nacional en la necesidad de reformarlo. Este capítulo permitirá demostrar la compatibilidad entre el desarrollo dogmático del comiso de ganancias como del principio de enriquecimiento injusto, para que este último sea fundamento del primero. En el tercer capítulo, se analizará la naturaleza jurídica del comiso de ganancias en el derecho comparado, siendo tratado como una pena, medida de seguridad, consecuencia accesoria e institución sui generis. Finalmente, se plantea como conclusión la necesidad de una lege ferenda sobre el comiso de ganancias en nuestro país, debiéndose regular como norma de derecho público cuyo fundamento se encuentra en el enriquecimiento injusto, permitiendo enfrentar todo hecho ilícito que produce ganancias ilícitas.

Tesis (Magister en derecho tributario) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / Esta AFET, pretende analizar si en sede administrativa y/o jurisdiccional, se produce respecto de las solicitudes de devolución del Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (en adelante e indistintamente “PPUA”), lo que han denominado los contribuyentes afectos al Impuesto de Primera Categoría (en adelante e indistintamente IDPC) de la Ley de Impuestos a la Renta (en adelante e indistintamente LIR), el enriquecimiento sin causa por parte del Fisco de Chile, invocando al efecto el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente, al aplicar el Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente “SII” o “Servicio”), directamente la tasa del IDPC que corresponda sobre el monto de las utilidades tributarias acumuladas o retenidas en el Registro Fondo de Utilidades Tributarias (en adelante e indistintamente “Libro FUT” o “FUT”), que resulten absorbidas por pérdidas tributarias obteniendo los Contribuyentes devoluciones menores a los impuestos efectivamente pagados, y en casos que ello suceda proponer soluciones. Para esto, comenzaré mi trabajo revisando en qué consiste la teoría del enriquecimiento sin causa, los antecedentes históricos, su concepto, fundamento, requisitos, ámbito de aplicación y límites. A continuación, tratare las normas administrativas dictadas por el SII sobre el procedimiento de las solicitudes de devolución del PPUA, aplicando las normas del Derecho Público y del ámbito tributario; su aplicación práctica desde 4 el punto de vista contable y financiero. Finalmente, analizaremos algunas sentencias de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, específicamente de la Excma. Corte Suprema, que consagran y fijan el sentido de estas normas tributarias. Para realizar este trabajo recurriremos a doctrina, legislación y jurisprudencia administrativa y judicial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analiza la acción que conceden los artículos 1458 y 2316 del Código Civil, para perseguir en un tercero el provecho que éste haya obtenido a partir de un hecho doloso, con el objetivo de determinar cuál es su fundamento. Considerando las fuentes de las obligaciones que establece el mismo Código, se analizan todas las alternativas disponibles a la luz de las características y requisitos que la doctrina ha desarrollado en relación a cada una de tales fuentes. Se concluye que se trata de un caso de enriquecimiento injusto, considerando la forma en que, desde el derecho romano y hasta la actualidad, se ha entendido en nuestra tradición jurídica el principio que prohíbe enriquecerse a expensas de otro de un modo que no se ajusta a las reglas del Derecho. Se concluye, asimismo, que lo específicamente injusto de este provecho está dado por el dolo que está en el origen de la ganancia. A partir de tales conclusiones, avaladas por la revisión de significativa doctrina acerca del derecho de enriquecimiento, y también de la escasa jurisprudencia disponible al respecto, se propone que está pendiente en nuestro país una sistematización más profunda del derecho de enriquecimiento, considerado como fuente autónoma de obligaciones, que permita definir con claridad los contornos de esta institución. Dentro de las limitaciones propias del objetivo y extensión de este trabajo, se adelantan algunos criterios respecto a cuándo debe calificarse como injusto un enriquecimiento. Por último, se revisan la naturaleza y los requisitos de procedencia de la acción de enriquecimiento, conocida en nuestro derecho como acción de in rem verso, considerando para esta definición la evolución que ha tenido esta acción desde el derecho romano clásico, y cómo su actual configuración es la resulta de una superposición entre la actio de in rem verso y la condictio

El presente informe estudia el análisis efectuado por el Tribunal Fiscal respecto al reparo efectuado por la Administración Tributaria a un sujeto no domiciliado por la atribución de renta por concepto de incremento patrimonial no justificado. Para la evaluación de dicho supuesto, se realiza una evaluación de la calidad de tipo de contribuyente (si tributaba como sociedad conyugal o a título personal) y la condición de domicilio que ostentaba el recurrente del caso en el ejercicio acotado. Posteriormente, se realiza una evaluación de la aplicación de la figura de presunción de renta legal del incremento patrimonial no justificado a la luz de los criterios de vinculación de la renta en el Perú. Finalmente, el presente estudio concluye señalando que la figura en mención no ha sido pensada para la aplicación de sujetos no domiciliados toda vez que ella no contiene un criterio de vinculación en su disposición normativa, y los sujetos no domiciliados se encuentran obligados al impuesto solo por sus rentas de fuente peruana de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley del IR. / This report studies the analysis made by the Tax Court regarding the objection made by the Tax Administration to a non-domiciled taxpayer for the attribution of income due to unjustified capital gains. In order to evaluate this case, an evaluation is made of the type of taxpayer (whether the taxpayer was taxed as a marital partnership or as an individual) and the domicile of the appellant in the fiscal year in question. Subsequently, an evaluation is made of the application of the figure of presumption of legal income of the unjustified capital gain considering the criteria of income taxation in Peru. Finally, this study concludes by pointing out that the figure in question has not been designed for the application of non-domiciled taxpayers since it does not contain a linkage criterion in its regulatory provision, and non-domiciled taxpayers are subject to tax only for their Peruvian source income under articles 9, 10 and 11 of the Income Tax Law.

Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor