Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo realiza una revisión del criterio de especialidad que guía la atribución de responsabilidad penal de los adolescentes, y, con ello, la medida cautelar de internación provisoria. Propone que es la teoría de la retribución la que permite fundamentar la especialidad de la pena juvenil, para posteriormente establecer de qué manera esta especialidad se traduce en la medida cautelar de internación provisoria. De esta forma, se identifican los principios y fundamentos que deben guiar esta medida cautelar y se postula el estándar de prueba aplicable. Finalmente, a la luz de los principios y criterios planteados, se analiza de manera crítica la jurisprudencia chilena. / 07/03/2019

Actividad formativa equivalente a tesis para optar al grado de magíster en derecho con mención en derecho público / El proceso laboral se enmarca dentro de la lógica continental de los “beneficios” de los litigios civiles, en oposición al análisis que invoca el reparto de los costos del error judicial. Dicho balance –innegablemente premunido de buenas razones de política probatoria–, se traduce en distorsiones identificables en nuestros juicios laborales que abren paso a un campo discrecional sumamente peligroso en nuestros estrados: el de la prueba infernal para el empleador. El estándar de prueba en el proceso laboral recoge los defectos del proceso interno y subjetivo de convicción de los jueces del trabajo que amenazan la armonía entre los poderes del empleador y la seguridad del trabajador en la vigencia y eficacia de sus derechos. En otros términos, el resultado de la adjudicación se encuentra premunido de justificaciones probatorias a la confianza del juzgador que, con prescindencia, del procedimiento en que se inserten, acrecienta los peligros de los falsos positivos. El presente estudio se sitúa en el campo del análisis del estándar probatorio de las partes de la relación de trabajo a fin de comprobar la existencia de dos vicios de que adolece el procedimiento laboral, cuales son los de inseguridad y de error judicial. Para lograr el cometido propuesto, se considerará la evidencia empírica arrojada por estudios que analizan los porcentajes de causas en los que el empleador ha sido vencido en base a la no satisfacción del estándar de prueba, así como por el desarrollo dogmático de los encuadres a los estándares de prueba sugeridos por la ambivalencia del peso de la prueba y por la probabilidad de veracidad de los hechos ante el examen del juez laboral. / The labor process is framed within the continental logic of the "benefits" of civil litigation, as opposed to the analysis that invokes the distribution of the costs of judicial error. This balanceundeniably premise of good reasons of probatory policy, translates into identifiable distortions in our labor judgments that open the way to an extremely dangerous discretionary field in our podiums: that of the infernal test for the employer. The standard of proof in the labor process includes the deffects of the internal and subjective conviction process of the labor judges that threaten the harmony between the powers of the employer and the worker's safety in the validity and effectiveness of their rights. In other words, the result of the adjudication is provided with justifications probatory to the confidence of the judge, regardless of the procedure in which they are inserted, increases the dangers of false positives. The present study is placed in the field of the analysis of the probatory standard of the parties of the labor relation in order to verify the existence of two vices that suffer the labor procedure, which are those of insecurity and judicial error. To achieve the task proposed, we will consider the empirical evidence thrown by studies that analyze the percentages of causes in which the employer has been defeated based on the non-satisfaction of the test standard, as well as the dogmatic development of the fit the test standards suggested by the ambivalence of the burden of proof and by the probability of truthfulness of the facts before the examination of the labor judge.

This paper analyses how IndecopI has prosecuted and sanctionedcartels within the country, taking into account whether economic agents have internalized the extent and impact of the ban of cartels and the type of reaction deployed by the authority over time. / En este trabajo se analiza cómo ha perseguido y sancionado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (IndecopI) las prácticas colusorias  de  competidores que han tenido lugar en el interior del país, considerando si los agentes económicos de esas zonas han internalizado el alcance y las consecuencias de la prohibición de tales prácticas, así como el tipo de respuesta que ha tenido la autoridad a lo largo del tiempo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial