Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Este estudio tiene como objetivo general analizar los efectos de la inversión pública en el nivel de producción - medido por el Valor Agregado Bruto (VAB) - de las regiones de Perú durante el periodo 2001 - 2014. Se plantea como hipótesis que existe una relación positiva significativa entre la inversión pública y el VAB regional del Perú en el periodo de estudio, no obstante la contribución es diferenciada según región. Asimismo, se postula que las inversiones en desarrollo social, ligadas al desarrollo del capital humano, son las que favorecen, en mayor medida, el nivel de producción regional. Para alcanzar el objetivo planteado se realiza un análisis cuantitativo de tipo correlacional. Siguiendo la línea de las nuevas teorías de desarrollo regional se proponen tres ecuaciones que intentan capturar la importancia del capital público total, del capital público cuando se incluye una variable de desarrollo humano y de distintos tipos de capital público, al nivel de producción regional per cápita. A través de técnicas de análisis econométrico para panel de datos se realizan las estimaciones respectivas. Luego de realizar distintas pruebas para detectar problemas de autocorrelación, heterocedasticidad y correlación contemporánea, se prefiere estimar modelos de Efectos Fijos mediante el método de Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE) para cada ecuación; alternativamente se estiman modelos de Coeficientes Aleatorios. Ante la sospecha de endogeneidad entre las variables se realiza la Prueba de Causalidad de Granger para indagar sobre la dirección en la que fluye la relación entre capital público y VAB regional. La evidencia respalda la existencia de una relación positiva y significativa entre el capital público que resulta de la acumulación del flujo de inversiones año a año - y el VAB per cápita regional. Además, se encuentra que la causalidad (en el sentido de Granger) es unidireccional en la mayoría de regiones y fluye desde el capital público al VAB. También se aporta evidencia a favor de distintas elasticidades producto - capital según región, es decir que el capital público es más productivo en algunas regiones que en otras. Por otro lado, en general, es posible concluir acerca de la importancia de la inversión pública en desarrollo social (que incluye infraestructura social y para la formación de capital humano). No se encuentra evidencia a favor de la contribución del capital en transporte y comunicaciones y fomento productivo al nivel de producción regional. Los resultados permiten hacer propuestas de política respecto al redireccionamiento de las inversiones públicas hacia sectores que permitan la acumulación de capital humano, en tanto las regiones presenten niveles incipientes de desarrollo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El tema de nuestra memoria de grado pretende precisamente abordar el problema de los fondos en el derecho público de Chile por su contingencia, relevancia y novedad, pues a pesar de tratarse de una materia tan comentada e incluso polémica, no ha sido estudiada hasta ahora por nadie. En efecto, en cinco capítulos distintos trataremos de suplir este vacío dando una visión general acerca de la materia en comento, abordándola de la siguiente manera: El capítulo I se centra en la historia de los fondos a lo largo de nuestra vida como nación independiente, exponiendo su desarrollo en tres grandes períodos, bajo las constituciones de 1833, 1925 y 1980. El capítulo II propone distintos criterios de clasificación con el fin de mostrar el amplio espectro de fondos existente, que refleja su gran heterogeneidad y multiplicidad. El capítulo III se adentra en la naturaleza jurídica de los fondos planteando una definición posible para éstos. El capítulo IV por su parte, considera lo planteado en torno a este tema por el derecho español, permitiendo mostrar como ha sido abordado el problema de la naturaleza de los fondos por derecho comparado. Finalmente el capítulo V expone algunas críticas o aprensiones que hemos podido recoger y decantar en relación a los fondos, las cuales no pretendan ser otra cosa que opiniones sumaria para dar inicio a un debate necesario sobre un asunto ignorado por nuestra doctrina.

El presente documento expone mi experiencia laboral como asistente en planificación y presupuesto para la programación y seguimiento presupuestal de intervenciones pedagógicas en la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP) del Ministerio de Educación. En general, el presupuesto público es la herramienta que asigna los recursos públicos de manera eficaz y eficientemente, el cual se enmarca en una política fiscal que recoge los objetivos y prioridades del estado; en ese sentido, la revisión de la ejecución del gasto, así como de su impacto sobre la población beneficiaria ayuda a una mejor asignación de recursos. En esa línea, algunas de las actividades dentro de mi trabajo como asistente en planificación y presupuesto se centraron en realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y la elaboración de agendas estratégicas para la identificación de mejoras en la implementación de intervenciones pedagógicas, a fin de ser empleadas durante la etapa de programación presupuestal. En específico, se revisará la intervención denominada “Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia” a modo de ejemplo.

A partir de The Global Competitiveness Report 2010-2011, se presenta la situación del Perú a nivel internacional en cuatro indicadores relacionados al manejo de fondos públicos; pagos irregulares y sobornos; favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno; y despilfarro del gasto público. Se compara al Perú con España y los países más grandes de América Latina, y se observa que esta en un nivel intermedio, aunque por encima de la mayoría de los países de América Latina. También se identifican los principales aspectos que contribuyen a la transparencia en las compras públicas, ello a partir de la Ley de Contrataciones aprobada por el decreto legislativo 1017: la existencia del Registro Nacional de Proveedores; limitar la participación como proveedores del Estado hasta doce meses después de haber ejercido el cargo a los altos funcionarios del Estado, a sus parientes cercanos y a los altos funcionarios de los gobiernos regionales y locales en el gobierno regional o local en que fueron autoridad; la obligatoriedad de que toda entidad pública cuente con un Plan Anual de Contrataciones, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y la prohibición del fraccionamiento. Se mencionan también otros aspectos de la normativa que no facilitarían la transparencia, entre los cuales está no registrar información por parte de las entidades públicas por los bienes y servicios adquiridos y obras ejecutadas por debajo de 3 unidades impositivas tributarias(UIT)-que en 2011 equivalen a S/. 10 800-, y se toma en cuenta, además, que estos son aproximadamente cien mil procesos.

La investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) ocupan a las administraciones públicas de las sociedades avanzadas por su importancia en la economía, la productividad y el bienestar social. En concreto, en Europa en 2014 se establece el Marco sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (Comunicación de la Comisión 2014/C 198/01) que marca las directrices para los estados miembros y que en España se concreta en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (MINECO, 2018). Este plan se materializa en un complejo sistema de ayudas directas (subvenciones, préstamos bonificados) e indirectas (incentivos fiscales y bonificaciones). La difusión se ha detectado como un elemento clave para la innovación. Bajo esta premisa, las instituciones beneficiarias de ayudas públicas, de acuerdo con la normativa, deberían llevar a cabo actividades de comunicación. De hecho, tanto el marco legal europeo como el español definen unos requisitos en materia de comunicación que todas las empresas receptoras de ayudas para las I+D+i deben cumplir para que la población esté informada. Pese a las exigencias de información y de transparencia incluidas en los marcos legales, las características y el impacto de estas medidas sobre la difusión y la divulgación de los resultados de la investigación y la innovación apenas ha sido ni evaluado ni estudiado. De hecho, existe un vacío de conocimiento a este respecto en nuestro país. En este contexto, esta tesis doctoral se propone ampliar el conocimiento empírico a este respecto. De manera más concreta, y a partir de un conjunto de estudios, nos proponemos: a) En primer lugar, compilar y analizar los estudios científicos relacionados con las ayudas a la investigación en España, su tipología y sus impactos; b) En segundo lugar, determinar y evaluar las características de las obligaciones en términos comunicativos que tienen las empresas que reciben subvenciones para hacer I+D+i, a partir de la revisión de los distintos marcos legales; c) En tercer lugar, describir y analizar las obligaciones de comunicación fijadas en las convocatorias nacionales de ayudas de I+D+i; d) En el cuarto lugar, describir y analizar la información, sobre las acciones de comunicación, requerida en los documentos de solicitud y en la justificación de las ayudas de I+D+i; e) En quinto lugar, describir la comunicación de la innovación financiada con fondos públicos que hacen las empresas a través de sus sitios web; f) En sexto lugar, describir la comunicación de la innovación que las empresas receptoras de fondos públicos para la I+D+i hacen a través de las redes sociales para complementar las obligaciones de comunicación requeridas; g) En séptimo lugar, compilar las opiniones de expertos sobre posibilidades y limitaciones de los requisitos comunicativos actuales para la difusión I+D+i. Para cumplir con los objetivos expuestos, hemos planteado la realización de siete estudios independientes que se han concretado en el formato de artículos académicos. En el primer estudio “Productividad científica en España sobre las ayudas de I+D+i”, se realiza una revisión sistemática de todos los trabajos académicos que analizan cuestiones relacionadas con las subvenciones de I+D+i en España, recogidos en Web of Science Core Collection, Scopus y Proquest. En el segundo estudio “¿Cómo deben comunicar las empresas receptoras de ayudas de I+D+i? Requisitos legales en España” se recopila la legislación europea y nacional sobre las obligaciones de comunicación y Data Sharing, que se exige a los receptores de fondos para la I+D+i, para analizarla y compararla. En el estudio tercero, “Obligaciones de comunicación para empresas españolas receptoras de ayudas estatales de I+D+i”, a partir de la recopilación de todas las convocatorias del ejercicio 2015, se identifican los requisitos exigidos a las empresas que reciben subvenciones para la I+D+i sobre información que deben difundir. Asimismo, se describen los mecanismos para casos de incumplimiento y el reparto de tareas entre empresas y agencias de financiación. Complementariamente, en el cuarto estudio “Descripción de las medidas de comunicación que las empresas españolas deben cumplir en las ayudas de I+D+i de CDTI”, se recopilan los formularios de solicitud, las memorias técnicas que acompañan la solicitud y los documentos de justificación, que las empresas que solicitan una ayuda del Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI) deben completar, para describir y analizar la información relacionada con la comunicación de la innovación que se debe realizar. Posteriormente, en el estudio quinto “Comunicación de la innovación a través de los medios online”, y dado que es una materia poco estudiada, se investiga la comunicación de la innovación realizada a través de los medios online. Así, se revisan las empresas que han recibido una ayuda de CDTI en enero de 2016 y se hace un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de los sitios web y blogs durante veinticuatro meses. Se observa si las empresas comunican las innovaciones, cómo lo hacen y si están cumpliendo con las obligaciones en materia de comunicación. Para complementar el trabajo anterior, en el estudio sexto “Utilización de las Redes Sociales Digitales para la comunicación de la innovación empresarial”, se investiga si las empresas utilizan las Redes Sociales Digitales (RSD) para complementar las obligaciones de comunicación y difundir la innovación. Se observan los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google + y LinkedIn, durante 24 meses, para analizar si comunican a través de las RSD, cómo lo hacen y si incluyen la información contemplada por el marco regulatorio. Finalmente, en el estudio séptimo ¿Qué opinan los expertos sobre la comunicación de la innovación en España?, a partir de entrevistas en profundidad a expertos de agencias nacionales y autonómicas que gestionan ayudas de I+D+i, especialistas en transparencia y expertos en innovación y en ayudas de apoyo a la innovación, se compilan las opiniones de expertos sobre posibilidades y limitaciones de estos requisitos comunicativos. Los principales resultados de la investigación son los siguientes: a) La producción científica y el estudio de la evaluación del impacto de la financiación pública a la I+D+i, a través de las empresas, es escasa. En especial, no existen trabajos centrados en los requisitos de transparencia, difusión e información y sus consecuencias, la divulgación de la innovación tecnológica empresarial. Es necesario avanzar en el análisis de aspectos que no se han tratado en profundidad. b) La normativa que rige las convocatorias de ayudas de I+D+i también debería concretar mejor los aspectos relativos a la comunicación. Los resultados indican que las obligaciones de comunicación de los proyectos subvencionados son muy generales. Es necesario homogeneizar los términos utilizados, las acciones solicitadas y el contenido de estas. Asimismo, sería de interés crear un repositorio que aglutine los proyectos de I+D+i financiados para que la información no esté dispersa. c) Las exigencias en términos de comunicación varían en las convocatorias de las ayudas directas e indirectas, siendo en estas últimas inexistentes. Los requerimientos en las convocatorias de ayudas directas de I+D+i son muy generales y no están unificados. Para cumplir con los propósitos de transparencia y comunicación fijados por la Unión Europea deberían intensificarse las acciones de comunicación y para ello deberían tenerse en cuenta aspectos como el montante de la ayuda o el tipo de proyecto. Sería recomendable que las agencias que gestionan los subsidios incrementaran el nivel de exigencia, promocionaran la compartición de datos y desarrollaran un papel más activo en la difusión de los resultados. d) En las ayudas de I+D+i, gestionadas por CDTI, las acciones de comunicación están acotadas a los requisitos de transparencia marcados por la normativa y se vela por su correcto cumplimiento. Coincidiendo con la justificación final las empresas deben aportar evidencias documentales que acrediten que han cumplido con las medidas de comunicación. e) La comunicación realizada por empresas beneficiarias de fondos públicos de I+D+i en los sitios web y blogs, para cumplir con los requerimientos de comunicación, es insuficiente, está dispersa y no es homogénea. La normativa debería concretar mejor en qué apartado del sitio web se debe publicar la información y qué elementos debería contener, para mejorar la transparencia. f) Las redes sociales prácticamente no se utilizan para complementar las obligaciones de comunicación requeridas por la normativa de referencia. Sería necesario incluirlas dentro de los requisitos de comunicación para incrementar su impacto y reflexionar sobre los contenidos a publicar, el momento en que se debe publicar y en qué redes sociales debe hacerse preferentemente. g) Para lograr un mayor impacto de la investigación y aumentar la transparencia es necesario comunicar a través de formatos más actuales y con contenidos más accesibles. Internet sería el principal medio a utilizar y sería conveniente crear un repositorio unificado. Estandarizar los requisitos de comunicación de todas las convocatorias facilitaría el proceso. Asimismo, cabría avanzar en la comunicación de la innovación de las ayudas indirectas que ahora es inexistente.