Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Este trabajo pretende dar cuenta de la participación del menor de edad en el proceso penal junto con apreciar su testimonio según las reglas de valoración de la sana crítica. Para ello es necesario resguardar la integridad física y psicológica del menor de edad evitando episodios de victimización secundaria. Con esta finalidad el Derecho Comparado ha establecido una serie de garantías para una adecuada participación. A su vez se pretende demostrar que tales medidas permitan la obtención de la declaración testimonial más fiable y coherente, relevante para la determinación de la hipótesis acusatoria y la importancia de la prueba pericial en este tipo de casos.

Memoria (licenciado en ciencias Jurídicas y sociales) / Para nadie es novedoso el hecho de que la educación, y particularmente el derecho a, ha estado en la palestra pública en Chile en los últimos años. A partir de la denominada “Revolución Pingüina” del año 2006, pero fundamentalmente mediante las movilizaciones sociales que se desarrollaron por la temática el año 2011, se comenzó a discutir sobre la relevancia de este derecho para la sociedad misma. No obstante, aquel proceso abrió más preguntas que respuestas. Si se solicitaba la verdadera materialización de la educación como un derecho, ¿qué ocurría, en términos prácticos, que aquél -contemplado en el artículo 19 N°10 de nuestra Carta Fundamental- no era concebido socialmente como tal? En atención a la primacía de la realidad sobre la teoría, podrían concebirse variadas respuestas. No obstante, existe un desafío aún anterior: qué entendemos realmente por Derecho a la Educación, y, junto con ello, qué es la educación en sí. Los derechos humanos de segunda generación o también denominados derechos prestacionales requieren una reconfiguración, una que logre saldar la deuda del Estado moderno, aquella que haga práctica el principio que establece que aquél está al servicio de la persona humana en todas sus facetas, y que comprende que aquellos derechos, concebidos desde el sacrificio de años de historia, le pertenecen a todo ser humano sin importar sus características diferenciadoras del otro. De dicha forma, analizar el concepto de derecho a la educación no sólo desde su jurisprudencia mediante la tutela indirecta mediante el derecho a la propiedad, sino desde sí y para sí, abarcando, con la prudencia suficiente, el recurrir a la filosofía, la sociología y, por sobre todo, al derecho nacional e internacional. Una construcción que devele la posibilidad de configurar el mismo pero también de tutelarlo: hablamos de pasar del papel a la defensa del derecho mismo a educarnos.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar las distintas ideas y planteamientos que fueron tenidos en consideración al momento de proceder al debate y elaboración de las normas sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza consagradas en la Constitución Política de la República de Chile promulgada en el año 1980, por aquellas personas que tuvieron a cargo su redacción. Una investigación acerca del origen de tales normas, contenidas respectivamente en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de nuestra carta fundamental, resulta relevante desde el momento en que a partir de ellas se estructura un sistema educacional que se presenta como inédito en la historia constitucional chilena, y que se basará en una nueva concepción filosófica tanto sobre el rol que debe tener el estado en materia educacional, como en general, sobre el rol que éste debe tener en toda la economía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los Testigos de Jehová son un grupo religioso que nació a principios de 1870 en Pittsburg, Pensilvannia , y que desde ese momento han experimentado un crecimiento en cuanto a la cantidad de seguidores y a los lugares en que se practican sus creencias. Hoy por hoy, en nuestro país su número también ha crecido desde su llegada en 1931 , alcanzando actualmente 119.455 seguidores, según el censo del año 2002 , y han cobrado importancia por diversas razones, entre ellas, por el hecho de que la práctica de una de sus creencias causa conflictos que han llegado a los tribunales de justicia. En general, este grupo se caracteriza principalmente por el estudio minucioso de los preceptos bíblicos, por su creencia de que la Biblia es la palabra de Dios. En lo particular, lo que nos interesa para este trabajo, es su creencia en que la “introducción de sangre en el cuerpo por la boca o las venas viola las leyes divinas” . En concordancia con lo dicho anteriormente, esta creencia tiene asidero en diversos preceptos bíblicos que indican la prohibición de ingerir sangre . Se ha interpretado, por los Testigos de Jehová, que esta prohibición se extiende a las terapias médicas que incluyan introducción de sangre ajena en el propio cuerpo, es decir, las transfusiones de sangre

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro ordenamiento jurídico la copropiedad o indivisión ha mantenido un perfil marginal y transitorio desde la configuración temprana de las leyes civiles. No obstante, existen ciertas especies de comunidad, denominadas comunidades activas, que escapan a esta concepción tradicional. Este trabajo, a través del estudio sistemático de las leyes y otras fuentes del derecho, analiza la posibilidad de una aplicación diferenciada de la garantía constitucional del derecho de propiedad en las comunidades agrícolas, una especie paradigmática de comunidad activa. Entendiendo que, en tanto especie de propiedad, contiene elementos esenciales distintos a los de la propiedad regulada en el Código Civil, se concluye que es necesaria una tutela constitucional diferenciada para las comunidades agrícolas, en particular, y para otras comunidades activas de nuestro ordenamiento, en general

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza, características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”. La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria. La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden constitucional. Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un “procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar. Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad, pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / el objetivo de nuestro trabajo es analizar si la tutela del derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 19 Nº 9 de la Constitución Política de la República se encuentra debidamente garantizada a partir de la dictación de la Ley Nº 19.966 que establece un Régimen General de Garantías en Salud. El desarrollo de nuestro análisis se centrará en el cumplimiento del principio de la reserva legal en la dictación de la referida Ley, debido a que por el carácter social del derecho a la protección de la salud esta garantía cobra especial relevancia en la tutela de éste