Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La hipótesis sobre la que se desarrollará este trabajo es que al Estado le asiste el deber de mantener software seguro, en primer término, como una manifestación de los principios y preceptos constitucionales y legales de aplicación general que lo guían en su actuar, especialmente en lo que se refiere a sus obligaciones de promover el Bien Común y respetar en toda su actuación los principios de eficiencia y eficacia Administrativa; y en segundo término, por la obligación de respetar las normas técnicas específicas para el ejercicio de potestades públicas mediante Gobierno Electrónico, debiendo proveerse para ello herramientas jurídicas adecuadas para el desempeño de esta labor, que al menos compatibilicen los estatutos jurídico - privados de los titulares de derechos sobre el software utilizado por la Administración y los deberes del Estado. Aquí cobran gran relevancia el Derecho de Autor y el Derecho Penal Informático. Como consecuencia de lo anterior, debemos analizar la problemática de la seguridad de los sistemas que sustentan el Gobierno Electrónico desde el punto de vista de los principios que informan el Derecho Público, especialmente los principios de eficiencia y eficacia, debiendo estudiar la normativa general y especial aplicable al Gobierno Electrónico, que está conformada por la Constitución Política de la República, las leyes que regulan la Administración del Estado y los Decretos Supremos sobre Gobierno Electrónico, además de referirnos a derechos de la personas que eventualmente podrían verse vulnerados, como la protección de la vida privada y la protección de datos personales; todo con el fin de incentivar y dar inicio a futuras investigaciones jurídicas sobre seguridad de la información y las comunicaciones en el ámbito del Gobierno Electrónico, ya que este tema se proyecta como una de las grandes problemáticas de la Administración del Estado en la denominada era digital o de la información. Este es nuestro objetivo general. También se pretende establecer el marco jurídico preciso en que se funda la obligación del Estado de mantener software seguro, además de identificar los puntos en que se producen contradicciones entre los derechos de los particulares, de los titulares de derechos sobre el software y los deberes del Estado como garante del Bien Común y ejecutor del Gobierno Electrónico, intentado proponer una interpretación, modificación o creación de reglas y principios que permitan su armonización

El presente trabajo de investigación se realizó dentro de la circunscripción del distrito de Huaura, provincia de Huacho, Región Lima; se planteó como escenario de estudio la oficina de Obras Públicas de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio Distrital de Huaura, ya que esta cuenta con características favorables para el desarrollo del trabajo; su problemática, su composición (urbano – rural), y su contexto en general, permitirán que sea replicable en otras realidades del país. El presente estudio se desarrolla en cuatro partes: La primera parte corresponde al planteamiento del problema y la definición de la variable de estudio con la presentación de algunos antecedentes internacionales y nacionales. Así mismo, se plantea el marco teórico del tema de investigación y el procedimiento metodológico, que nos permitirá la construcción de indicadores en la oficina de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Huaura. En la segunda parte se realiza un diagnóstico con sus respectivos resultados expresados en diagramas de flujos de los trabajos de obras públicas por contrata y por administración directa, y se presenta el contexto operativo e institucional de la Municipalidad Distrital de Huaura, además del FODA de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural y su respectivo Plan operativo para el periodo 2016. En un tercer momento se construyen los indicadores de gestión y se proponen un conjunto de indicadores de gestión para el control de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Huaura. Finalmente, se presentan las conclusiones, de acuerdo con los objetivos específicos planteados, y las recomendaciones pertinentes, con las respectivas referencias y bibliografía empleadas.

Con el propósito de avanzar en la mejora de la gestión municipal y en el alineamiento de las políticas nacionales con las políticas de carácter local se creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI). El PI es un instrumento que alcanza a todas las municipalidades del país, tanto a las provinciales como a las distritales, y consiste básicamente en el otorgamiento de recursos a los gobiernos locales en función al cumplimiento oportuno de unas metas previamente establecidas dependiendo del tipo de municipalidad, en el entendido que no todas tienen las mismas características ni las mismas potencialidades. Lo que finalmente hace este programa es premiar con mayor presupuesto a aquellos municipios que cumplen con alcanzar las metas propuestas por el gobierno nacional. La Municipalidad Distrital de Barranco (MDB) durante el periodo de aplicación del Programa ha mostrado un comportamiento heterogéneo en el cumplimiento de las metas que le han sido asignadas. Se identifican años, como el 2014, donde el porcentaje de las metas cumplidas fue 82%, y, en contraste, años como el 2015, donde el porcentaje de las metas no cumplidas (64%) fue mayor al de las metas cumplidas (36%). Esta particular evolución ha determinado que la municipalidad deje de captar recursos, que bien pueden haberse destinado a la mejora de la provisión de servicios públicos para los ciudadanos de su circunscripción. El estudio identifica algunos elementos del diseño del PI como son la clasificación misma, la forma de evaluación, el procedimiento de fijación de las metas, así como el ciclo político que impiden un logro más satisfactorio de las metas en la MDB. De otro lado, también se identifican algunos aspectos al interior de la municipalidad que inciden negativamente en el alcance de las metas. Entre los más importantes se encuentran el recurso humano que particularmente en la MDB muestra una alta rotación, así como también algunas debilidades en el tema de los instrumentos de gestión y planificación de la municipalidad. El estudio realiza, asimismo, una evaluación sobre los objetivos del PI en la MDB en particular, respecto a la recaudación, la ejecución de proyectos de inversión pública, la simplificación de trámites, así como a la mejora de los servicios públicos e infraestructura.

El presente trabajo de investigación comprende la identificación de diferencias entre el sistema de gobierno corporativo de una cooperativa de ahorro y crédito y los estándares internacionales del Comité de Basilea, utilizando para tal fin cuatro categorías de clasificación: “Cumple”, “Cumple Parcialmente”, “No Cumple” y “No Aplica”. Como resultado, se identificaron diversas diferencias en el grado de cumplimiento en los aspectos evaluados, sobre los que se han establecido propuestas de mejora en aquellos clasificados como “Cumple Parcialmente” y “No Cumple”. Entre las propuestas de mejora sugeridas, respecto de las que se recomienda a la Cooperativa materia de análisis priorizar en su implementación, tenemos las siguientes: (i) incluir como requisitos para ser Directivos (miembros de los Consejos o Comités), la idoneidad moral y el nivel de experiencia requerido, (ii) implementación de la función de cumplimiento normativo, (iii) apropiado sistema de delegación de facultades del Consejo de Administración en la Alta Gerencia u otros niveles organizacionales, (iv) implementación de la operatividad del buzón de denuncias de prácticas cuestionables y su adecuada difusión, así como (v) implementación de cuestionarios de autoevaluación del Consejo de Administración, con el fin de identificar debilidades en el desarrollo de las sesiones de dicho consejo y adoptar las medidas correctivas necesarias. Finalmente, cabe indicar que si bien no todas las diferencias en el grado de cumplimiento identificadas son requisitos regulatorios exigidos a las cooperativas de ahorro y crédito actualmente, la Cooperativa materia de análisis debería adoptar las medidas necesarias para superar tales diferencias, lo cual le permitirá no solo mejorar su sistema de gobierno corporativo, sino anticiparse al cumplimiento regulatorio que supondría la supervisión directa de las cooperativas de ahorro y crédito por la SBS, considerando que para el establecimiento del marco regulatorio, se utiliza generalmente los estándares internacionales adaptados a la realidad nacional.

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia / Seminario de grado: Chile: La larga década de los sesenta, transformaciones culturales, políticas y económicas y la influencia del contexto internacional

Gobierno Integrado es un nuevo paradigma para las administraciones públicas que promueve la colaboración y el trabajo en red entre las agencias de gobierno y entre los sectores público, privado y del voluntariado como una forma de responder mejor a las necesidades de los ciudadanos, empresas y otros órganos de gobierno. Existen muchos beneficios por colaboraciones en gobierno. Uno de ellos es la entrega de Servicios Públicos Integrados, disponibles a través de puntos de un acceso, tanto electrónico como tradicional, de acuerdo a las necesidades de los clientes y no de la estructura interna del gobierno. Otro, es la mejora en la eficiencia del gobierno, eliminando esfuerzos duplicados y haciendo un mejor uso de los escasos recursos públicos. No obstante, el paradigma presenta una completa variedad de desafíos para su implementación: (1) Legales reconocimiento de los procesos electrónicos como legalmente equivalentes a los procesos basados en papel; (2) Financieros financiamiento de proyectos multi-anuales y ejecutados por varias agencias; (3) Sociales construcción de capacidades humanas para poder utilizar las nuevas tecnologías; (4) Organizacionales creación de procesos que crucen fácilmente las fronteras organizacionales; y (5) Tecnológicos construcción de soluciones que integren software y procesos a través de fronteras organizacionales y administrativas, capaces de adaptarse a los cambiantes requerimientos legales y organizacionales. Esta tesis presenta el concepto y los fundamentos de Mensajería Programable un paradigma para el intercambio automático de mensajes entre entidades colaboradoras, que responde a diversas necesidades de comunicación de entornos colaborativos complejos y dinámicos, como los que caracterizan a Gobierno Integrado. Asimismo, presenta una realización concreta de Mensajería Programable - Government-Enterprise Ecosystem Gateway (G-EEG). G-EEG es una plataforma de comunicación y coordinación de alto nivel que soporta colaboraciones a través de procesos y aplicaciones multi-organizacionales. Los requerimientos de G-EEG fueron identificados en base a dos estudios: la naturaleza de las colaboraciones entre agencias de gobierno, siguiendo un estudio del sistema de la administración pública en Macao, y en soluciones tecnológicas disponibles que permiten tales colaboraciones. A fin de implementar estos requerimientos, G-EEG consta de tres componentes: o G-EEG-CORE un framework de mensajería de tiempo de ejecución que permite el intercambio asincrónico de mensajes entre miembros registrados a través de canales creados y suscriptos dinámicamente; o G-EEG-EXTEND un repositorio de extensiones horizontales (independientes del proceso) y verticales (dependientes del proceso) y un mecanismo para la habilitación dinámica de tales extensiones por sobre G-EEG-CORE; o G-EEG-DEVELOP un framework de desarrollo para especificar rigurosamente, diseñar y verificar extensiones de mensajería, ya sean totalmente nuevas o creadas a partir de extensiones existentes. G-EEG fue diseñado para ser: minimalista basado en el menor número posible de conceptos; extensible la funcionalidad requerida por las aplicaciones está disponible a través de extensiones en el repositorio de G-EEGEXTEND o a través del framework de desarrollo G-EEG-DEVELOP; dinámico las estructuras de comunicación pueden ser creadas y modificadas dinámicamente en tiempo de ejecución; y confiable todas las partes del framework están basadas en un modelo formal, permitiendo el desarrollo riguroso de nuevas extensiones. G-EEG puede ser usado por las agencias de gobierno para intercambiar mensajes a través de canales de comunicación lógicos cuidadosamente administrados, con las extensiones necesarias habilitadas sobre ellos. Basado en los conceptos de G-EEG, un prototipo de investigación fue construido a través de un riguroso uso de técnicas de modelado en las etapas de desarrollo. Las principales contribuciones de la tesis son: (1) el concepto de Mensajería Programable, (2) la definición, formalización e implementación de G-EEG como una concreta realización de Mensajería Programable, (3) un modelo formal para XML y la familia de tecnologías XML, resultante del esfuerzo de formalización, (4) un exhaustivo estudio de conceptos y desafíos de Gobierno Integrado, (5) evaluación rigurosa de G-EEG con respecto a Gobierno Integrado, y (6) un marco para evaluar soluciones organizacionales, tecnológicas y fundacionales para Gobierno Integrado.

La calidad y veracidad de la información que emiten las organizaciones ha tomado considerable relevancia a partir de los diversos fraudes financieros ocurridos. A partir de allí, ha crecido la preocupación por cuidar los intereses de los stakesholders, y mantener la confianza. El Gobierno Corporativo se ha convertido en un tema de interés no sólo dentro de las organizaciones y en el mercado financiero, sino también en el ámbito académico. La importancia creciente del GC se ve reflejada en la emisión de códigos de mejores prácticas de Gobierno Corporativo y en los mercados de valores de gran parte del mundo que han incluido en su listado índices que evalúen, midan y cuantifiquen las buenas prácticas de las empresas respecto a su GC. En la Argentina, la Resolución 606/12 de la Comisión Nacional de Valores establece que las empresas que realizan oferta pública de sus títulos deben presentar un Código de Gobierno Societario (CGS), indicando, con base al criterio cumplir o explicar, el cumplimiento de los nueve principios y sus recomendaciones... El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis y diagnóstico del Gobierno Corporativo en Argentina, estudiando su situación actual y evolución, y la posible diferenciación del mismo en función del tamaño de la organización. Se pretende medir el grado de cumplimiento del CGS de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores a partir de un análisis exhaustivo de los informes presentados por las emisoras. Este índice de medición de cumplimiento tanto por principio como general por empresa constituye el producto final de la investigación. Los resultados obtenidos muestran una diferencia importante entre el índice auto-asignado por la propia emisora y el índice asignado luego del análisis efectuado. A su vez, el comparativo entre grandes y pequeñas empresas muestra un mayor complimiento en las empresas de mayor tamaño. El análisis realizado también permite realizar conclusiones referentes a la disponibilidad, a la actualización, a la calidad y al formato de la información, y a la aplicación del criterio cumplir o explicar. / The quality and veracity of information produced by firms have taken considerable relevance since several financial frauds occurred. Since then, the concern to take care about stakeholders interests and trust, have increased. Corporate Governance has become a subject of interest not only into organizations and financial market, but also in the academic field. The increased importance of Corporate Governance is reflected into the creation of Best Practices Codes of Corporate Governance and in the fact that the most of the Securities Markets around the world have included indexes that evaluate, measure, and quantify the firm’s good practices concerning CG. In Argentina the Resolution 606/12 from the Comisión Nacional de Valores establishes that listed companies must present a Corporate Governance Code, based in the comply or explain principle, describing the compliance of the nine principles and their recommendations The objective of the present research is to make an analysis and diagnostic of Corporate Governance in Argentina, studying their current state, its evolution, and if it is possible to make a differentiation based on firm size. It pretends to measure the degree of Corporate Governance Code fulfillment in listed companies in Argentinian Securities Markets, from the exhaustive analysis of the public reports submitted by firms. This index of compliance measured both by an outside observer and by the firm is the research final result. The results show relevant differences between the index self-assigned by the own company and the index assigned by our analysis. Also, the comparisons between large and small enterprises show a mayor fulfillment in large companies. The analysis also allowed to make conclusions about information availability, updating, quality and format; and the appliance of the comply or explain criteria.

Los estudios generales sobre la política económica en el Perú suelen abordar el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980) a partir del análisis de las reformas emprendidas y su impacto socioeconómico con lo que dejan poco espacio para evaluar el proceso de toma de decisiones que llevó a las mismas. A este respecto se suele asumir que las acciones del régimen militar constituyeron el reflejo de una ideología coherente. Tal conjunto de ideas se identifican con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en tanto se llevó el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones hasta sus últimas consecuencias. Una influencia alternativa y no necesariamente excluyente es el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) asociado a una Doctrina de Seguridad Nacional según la cual eran necesarias profundas reformas estructurales para garantizar la defensa del país. En textos especializados en el periodo la mirada es más fina pues se enfatiza cómo el programa económico del velasquismo se alteró en la práctica por cuanto las consideraciones políticas adquirieron prioridad por sobre las económicas. En ambos casos, se encuentra implícita la noción de un régimen militar con una ideología y objetivos coherentes ya sea que los hayan llevado a la práctica o haya debido adaptarlos a las circunstancias. / Tesis

Los estudios generales sobre la política económica en el Perú suelen abordar el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980) a partir del análisis de las reformas emprendidas y su impacto socioeconómico con lo que dejan poco espacio para evaluar el proceso de toma de decisiones que llevó a las mismas. A este respecto se suele asumir que las acciones del régimen militar constituyeron el reflejo de una ideología coherente. Tal conjunto de ideas se identifican con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en tanto se llevó el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones hasta sus últimas consecuencias. Una influencia alternativa y no necesariamente excluyente es el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) asociado a una Doctrina de Seguridad Nacional según la cual eran necesarias profundas reformas estructurales para garantizar la defensa del país. En textos especializados en el periodo la mirada es más fina pues se enfatiza cómo el programa económico del velasquismo se alteró en la práctica por cuanto las consideraciones políticas adquirieron prioridad por sobre las económicas. En ambos casos, se encuentra implícita la noción de un régimen militar con una ideología y objetivos coherentes ya sea que los hayan llevado a la práctica o haya debido adaptarlos a las circunstancias. / Tesis

Ingeniero Civil Industrial / Con un aumento progresivo de sus indicadores de desarrollo, y un PIB per cápita de 16.273 USD, el modelo chileno podría ser considerado una hoja de ruta para las próximas décadas. Contrario ello, en los últimos años se han despertado discusiones a nivel ciudadano y académico respecto a la manera en que se ha alcanzado este desarrollo y a los desafíos futuros para Chile. En particular para el Gobierno Regional, en el último tiempo se han planteado serias reformas a la institución GORE, en términos de democratización y traspaso de competencias. Por lo tanto, el presente Trabajo de Título tiene por finalidad desarrollar un modelo organizacional que permita a la organización hacer frente a las distintas reformas para que no se produzca un desacople entre los cambios de atribuciones, responsabilidades y el equipo humano y sus funciones para llevarlo a cabo. Teóricamente esto se apoya tanto en los conceptos de desconcentración, descentralización y la relación concentración-eficiencia como marco contextual del GORE y en los conceptos de valor público, modelo de negocios y arquitectura organizacional para poder levantar la propuesta. Esto llevó a realizar un diagnóstico que incluyó una revisión de literatura nacional e internacional, entrevistas semi-estructuradas a miembros y ex miembros de la organización y un taller de especialistas que dejaron como conclusiones que los principales problemas de la organización iban en relación a (1) la no vinculación entre los instrumentos de planificación, la inversión y la implementación de los proyectos (2) la falta de especialización temática de sus miembros (3) la falta de posicionamiento y alta rotación de sus principales cargos directivos y (3) la poca capacidad de atraer y retener capital humano calificado para el GORE. Con todo esto se pudo levantar una propuesta que consistía en incluir bloques temáticos estructurales que pudiesen hacer conversar coordinadamente a la institución (infraestructura, Fomento y Bienestar Social) y realizar una descripción de cargos y funciones destacando el rol e importancia del Administrador Regional, Director Regional para esta propuesta, como el Jefe de Servicio encargado de liderar esfuerzos de mediano y largo plazo y coordinar a las Distintas divisiones. Junto con ello, la separación de la DAF en Finanzas y Recursos Humanos, así como la amplificación y profundización de la División de Planificación Estratégica son los principales resultados del trabajo. Todo lo anterior tiene un costo para el Estado de entre 76 y 85 millones de pesos mensuales por región, dando un costo de $14.288.391.783 de pesos al año para el Estado Chileno considerando únicamente los cambios organizacionales propuestos.