El presente procedimiento sancionador se origina a partir de las acciones de fiscalización de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del INDECOPI. Así como resultado de dichas acciones en febrero del año 2019 se notificó al Banco Falabella el inicio de este procedimiento sancionador por la imputación de los siguientes cargos: 1. Infracción al literal c) del artículo 47° del Código por haber establecido un procedimiento de desafiliación del producto activo Tarjeta de Crédito que no cuenta con los mismos mecanismos ofrecidos a los consumidores para su contratación. La contratación de las tarjetas se podía realizar de manera personal, telefónica e internet, pero la desvinculación solo se puede hacer por vía telefónica. 2. Infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, habría atendido las solicitudes de cancelación de tarjeta de crédito realizadas por sus consumidores fuera del plazo respectivo (10 días). 3. Infracción al artículo 38° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, habría realizado un trato desigual injustificado al haber establecido restricciones de edad a los consumidores para acceder a sus productos financieros (edades mínimas desde los 18 a 26 años; y máxima desde los 67 hasta los 80 años). Así, a partir del análisis realizado por la Sala de Protección del Consumidor, en el presente informe se abordarán los siguientes aspectos jurídicos: 1. Delimitación de competencias de INDECOPI y la SBS. 2. La aplicación de la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria previa a la imputación de cargos. 3. El principio de irretroactividad normativa. 4. El cambio de criterio de Sala de Protección al consumidor respecto al contenido del artículo 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor

Este informe tiene como objetivo identificar y criticar las presuntas infracciones por parte de las entidades bancarias en torno a denuncias por operaciones no reconocidas. Esto a raíz del cambio de cambio de criterio desarrollado a partir de la Resolución N° 2063-2018/SPC-INDECOPI donde La Sala realiza un cambio de criterio respecto a la tipificación de las conductas en torno a operaciones inusuales. Este trabajo encuentra su justificación en el impacto que genera la falta de adopción de medidas de seguridad por parte de las entidades bancarias en perjuicio de los consumidores de productos de tarjetas de crédito y debido del sector financiero, el cual es un producto común hoy en día en nuestra sociedad para facilitar las transacciones comerciales y cumplimiento de obligaciones, como por ejemplo cobrar las remuneraciones producto de nuestro trabajo. Así, este informe enfoca los problemas jurídicos relacionados a imputación de cargos de operaciones no reconocidas y desarrollo de los mismos, análisis de cada una de las medidas de seguridad a la que están obligadas las entidades del sistema financiero y acreditación de presunta clonación de tarjetas de crédito o débito. Finalmente, el informe principalmente concluye las siguientes posiciones: (i) la infracción al deber de idoneidad por falta de adopción de medidas de seguridad debe abarcar el análisis conjunto del deber de alertar y monitoreo de operaciones inusuales, por un lado, y la acreditación de validez de operaciones controvertidas, por otro lado, a fin de determinar la sanción que corresponde; y (ii) el deber de alerta y monitoreo de operaciones inusuales se debe realizar en el momento de la realización de la presunta operación sospechosa, a fin de evitar que la misma se concrete en perjuicio del consumidor.

La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa

En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional expondré mi experiencia profesional como asistente en temas económicos en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante INDECOPI. Específicamente en el área encargada de la supervisión al sistema financiero regulado dentro de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. La gerencia interviene en casos de impacto nacional y en sectores sensibles del mercado con el fin de disuadir conductas infractoras. El documento expone el marco normativo bajo el que se rigen las supervisiones bancarias, define las conductas infractoras bajo supervisión, detalla la metodología de las supervisiones y realiza un ejemplo de supervisión a una entidad financiera, el mismo que permite ver las infracciones más frecuentes cometidas por las entidades financieras en perjuicio de los consumidores, resaltando la importancia de este tipo de supervisiones. Asimismo, se hace mención de las acciones tomadas por INDECOPI y los cambios en la supervisión financiera derivados de la crisis sanitaria del COVID-19.

Las entidades públicas como las Municipalidades rurales se encuentran agobiadas por los diferentes desafíos a los cuales deben hacer frente a la ciudadanía. En este caso es la transparencia de información en la administración de control de sanciones de los vehículos menores (Mototaxis). El principal problema que existe es que al no contar con un sistema informático que permita administrar el control de sanciones, existen deficiencias en la administración como: pérdidas de información, informalidad administrativa, pérdida de tiempos en registros y consultas de infracciones. Para este problema se ha investigado en diferentes Municipales rurales las cuales aún no cuentan con un control eficiente para la administración de infracciones; en consecuencia, existen ciertas inquietudes de parte de los propietarios de los vehículos menores por no contar con una información transparente y concisa frente a las infracciones impuestas por parte de los inspectores municipales. Sin embargo, una conclusión importante es que este proyecto de investigación podrá mejorar la administración de sanciones en los vehículos menores, reducir la delincuencia en las calles (secuestro), la informalidad vial vehicular, la mejora de servicios hacia los ciudadanos y la recaudación de ingresos para la municipalidad; teniendo como principales beneficiaros la Municipalidad de Santa Eulalia, los propietarios de los vehículos menores y la población del distrito. Public entities such as rural municipalities are overwhelmed by the different challenges that are facing the public. Here is information transparency in the administration control sanctions smaller vehicles (Mototaxis). The main problem is that there does not have a computerized system to manage the control of sanctions, deficiencies in the administration as loss of information, administrative informality, loss of records and consultations in times of infringements. For this problem it has been investigated in different rural Municipal which do not yet have an efficient management control violations; consequently, there are some concerns on the part of the owners of small vehicles for not having a clear and concise imposed against infringements by the municipal inspectors information. However, an important conclusion is that this research project will improve the administration of sanctions on smaller vehicles, reducing street crime (kidnapping), the vehicular traffic informality, improving services to citizens and revenue collection for the municipality; having as main beneficiaries the Municipality of Santa Eulalia, the owners of small vehicles and the district's population.