Los artículos 15 y 39-A de la Ley General de Inspección del Trabajo, así como el Decreto de Urgencia N° 044-2019 regulan la sanción del cierre temporal del centro de trabajo, si bien hoy en día únicamente se aplica exclusivamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar si la aplicación de la sanción de cierre temporal del centro de trabajo puede aplicarse en los casos que el inspector verifique en un procedimiento de seguimiento que el empleador ha actuado de manera fraudulenta dando de baja o despidiendo sin causa justa a los trabajadores que han sido formalizados mediante la inspección sobre formalización laboral, pues hoy en día no se cuenta con ningún mecanismo o procedimiento que sancione esta conducta fraudulenta realizada por el empleador, siendo necesario acabar con dicha práctica. Es por ello que, con la propuesta del presente artículo científico se busca fortalecer el Sistema de Inspección Laboral y lograr que las estadísticas de formalización laboral no solo se queden en simples cifras, sino que realmente se pueda apreciar el impacto positivo de formalizar a un mayor número de trabajadores cada año, consiguiendo con ello una transición permanente de la informalidad a la formalidad.

En la presente investigación se analiza el impacto de la irrupción de la tecnología de la información en la inspección del trabajo, específicamente, en las actuaciones inspectivas, tanto en su fase de planificación como en su etapa de investigación. De esta manera, hemos podido observar que este fenómeno se ha acelerado por las circunstancias especiales relacionadas a la propagación del COVID-19. Esta situación ofrece oportunidades para mejorar la función y acción de la inspección del trabajo; sin embargo, también ha generado algunas dificultades en el desenvolvimiento de las actuaciones inspectivas y en la aplicación de la normativa, ya que esta ha sido concebida en virtud de una fiscalización presencial. Con el propósito de realizar un análisis holístico de este fenómeno, se desarrolló una investigación dogmática, y se empleó una metodología cualitativa a través de entrevistas a una muestra de inspectores de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. El resultado de ello nos ha permitido un acercamiento más preciso a la problemática de nuestra investigación con la finalidad de plantear propuestas realistas y eficientes para el Sistema de Inspección del Trabajo. Finalmente, consideramos que el fortalecimiento de la inspección del trabajo a través de la tecnología de la información y una adecuada gestión permitirá asegurar la vigencia de los derechos laborales, y sobre todo el acceso al trabajo en condiciones dignas. / This research analyzes the impact of the emergence of information technology tools in labor inspection, specifically in the investigation stage, both in its planning and operational phases. In this way, we have been able to observe that this phenomenon, accelerated by the special circumstances caused by the spread of COVID-19, offering new opportunities to improve the distribution of resources in labor inspection; However, it has also generated some difficulties both in the development of the inspection proceedings and in their normative understanding because it was conceived in the understanding of an inspection on-site. To carry out a holistic analysis of this phenomenon, we developed a dogmatic investigation and, also, a qualitative methodology was included through interviews with a sample of inspectors from Metropolitan Lima, all of which has allowed us to have a better approach to the problem of our research and, thus, to be able to propose realistic and efficient proposals for the labor inspection system. Finally, we consider that the strengthening of labor inspection using information technology tools and a proper management will ensure the validity of labor rights, and especially the access to decent work.

El presente artículo tiene como tema central la inclusión de las entidades del régimen público a la competencia de inspección laboral, puesto que la existente Ley No. 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, publicada el 22 de julio de 2006 mediante Decreto Supremo No. 019-2006-TR, consigna una restricción normativa en cuanto a la competencia inspectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, excluyendo a las entidades públicas de mantener una forma de vigilar, promover y supervisar el correcto funcionamiento de las normas socio-laborales, de salud y seguridad, que le corresponde a los trabajadores por estar sujetos en el marco normativo de la Constitución Política vigente, los principios laborales y el Convenio Internacional de Trabajo No. 81. En ese sentido, como objetivo general de la presente investigación se plantea un régimen unificado en la competencia de inspección laboral, es decir, que se amplíe la competencia inspectiva para las entidades estatales, en el sentido de que prioriza una adecuada competencia inspectiva para quienes no tienen acceso a ella por depender de un determinado sector laboral, lo que resultaría necesario en beneficio y primacía del respeto de su dignidad humana, y resguardo de sus derechos socio – laborales por el simple hecho de ser trabajadores.

El presente trabajo tuvo como objetivo principal evaluar el cumplimiento de la legislación laboral Decreto Legislativo 728 y sus modificatorias y determinar su incidencia en la situación económica y financiera de la Empresa de Inversiones y Servicios Fernández EIRL, en el ejercicio 2021. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental, se tomó como población a la Empresa Inversiones y Servicios Fernández E.I.R.L. y al área de Recursos Humanos como muestra. Se empleó como técnica la entrevista y el análisis documental. En el desarrollo de la investigación se analizó la información identificándose contingencias laborales como; diferencias en el reconocimiento de los beneficios sociales de algunos trabajadores, no se reconoció oportunamente el goce de vacaciones, no existe control de asistencia para todo el personal, afectando tanto al trabajador como a la empresa empleadora; en base a estos hallazgos se realizaron los ajustes contables correspondientes y cuyo efecto tuvo incidencia en el incremento de las obligaciones y la disminución de la utilidad para el año 2021. Por tanto, se concluye que las contingencias laborales generan desembolsos económicos que resultan cuantiosos debido a las multas y penalidades impuestas en una posible fiscalización laboral, lo cual se refleja en el resultado del ejercicio. Por ello es importante que las empresas cumplan con las normas laborales y reconozcan los beneficios sociales que corresponden a los trabajadores, para evitar los riesgos de la informalidad laboral y prevenir sanciones administrativas.

En las relaciones de trabajo se utiliza frecuentemente herramientas digitales para el cumplimiento de las labores, por ello, el empleador entrega en uso a los trabajadores herramientas digitales de comunicación de su propiedad para el ejercicio de sus labores; sin embargo, algunas veces estas son utilizadas para fines diferentes a los que se otorgaron, generando conflictos en la relación laboral. Los empleadores deben establecer reglas claras para el uso de las herramientas de su propiedad, señalando así los usos adecuados e inadecuados, además de las formas de fiscalización de ellas, sin vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, respetando los límites que establece la legislación La finalidad del presente trabajo de investigación es analizar los derechos fundamentales involucrados y señalar cuáles son los límites del empleador y también del trabajador. Para ello, se analizarán los derechos involucrados, las características de las herramientas digitales, la modulación de los derechos dentro de la relación laboral y se brindará una perspectiva desde la experiencia extranjera. Finalmente se estudiará un caso particular sobre el mismo tema aplicado a los funcionarios públicos y se brindarán recomendaciones para una fiscalización eficaz dentro de los límites legales. / In labor relations, digital tools are frequently used for the fulfillment of the tasks, therefore, the employer provides workers with digital communication tools of their property for the exercise of their tasks; However, sometimes these are used for purposes other than those granted, generating conflicts in the employment relationship. Employers must establish clear rules for the use of the tools they own, thus indicating the appropriate and inappropriate uses, in addition to the forms of control of them, without violating the fundamental rights to privacy and secrecy and the inviolability of workers' communications, respecting the limits established by legislation. The purpose of this research work is to analyze the fundamental rights involved and point out what are the limits of the employer and of the worker. To this end, the rights involved, the characteristics of digital tools, the modulation of rights within the employment relationship will be analyzed and a perspective from foreign experience will be provided. Finally, a particular case on the same subject applied to public officials will be studied and recommendations will be provided for effective control within legal limits. / Trabajo académico

El presente artículo, se enfoca en la importancia y las implicancias del cumplimiento e incumplimiento de las normas laborales y el reconocimiento de beneficios sociales que corresponden a los trabajadores para prevenir las sanciones administrativas y evitar los riesgos financieros. El objetivo es definir los términos y mostrar la relación y las consecuencias que se pueden dar por el incumplimiento o la omisión de la Legislación Laboral, por parte de una empresa.

El D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, contiene dos artículos que hablan sobre el denominado Plan de Formalización, el cual, se encuentra destinado preferentemente a la micro y pequeña empresa y es de aceptación voluntaria por el empleador. El Reglamento establece que el Plan de Formalización, debe “incluir medidas de promoción, capacitación de trabajadores, asesorías al empleador, participación en programas estatales para las micro y pequeñas empresas, entre otras”. No obstante, desde su promulgación en el 2006, ningún Plan de Formalización se ha implementado. Esta inaplicación jurídica, se contrapone ante más de un 70% de trabajadores que en el Perú se encuentran laborando en el sector informal laboral; y donde el sistema de inspección, y en particular sus normativas, deben estar diseñadas para reducir los altos índices de informalidad laboral. Por ello, es importante analizar si el Reglamento ha sido adecuadamente redactado y si es suficiente para implementar, con nuestra legislación actual, un Plan de Formalización. Para ello, debemos analizar los principios del sistema inspectivo, el cumplimiento de estos principios por el sistema de inspección peruano y comparar experiencias puntuales en América Latina. Lo que, nos llevará a reflexionar sobre la naturaleza jurídica de los Planes de Formalización y permitirá encontrar su insuficiencia jurídica. Para luego, afirmar que el Plan de Formalización, debe ser un instrumento jurídico que principalmente pueda acompañar una nueva medida aplicable por los inspectores de trabajo que agregue un componente mediante el cual, el empleador y trabajadores puedan directamente beneficiarse de las medidas inspectivas, no sólo evitando una multa o ingresando a planilla respectivamente; sino por la mejora de algún aspecto de la gestión, administración empresarial o mejora en la vida cotidiana del trabajador. Esto permite crear escenarios de cumplimiento perdurable; y al ser utilizados por el sistema de inspección del trabajo, como una herramienta jurídica para la formalización, antes, durante y después de un procedimiento inspectivo y en un escenario de política nacional, permita desde el sistema de inspección del trabajo, reducir notablemente los niveles de informalidad laboral.

La Constitución Política del Perú establece que el Estado brinda protección prioritaria al trabajo en sus diversas modalidades, prohibiendo cualquier relación laboral que limite el ejercicio de los derechos constitucionales, o que desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. Entre los derechos constitucionales vinculados al derecho laboral o derecho del trabajo destacamosel derecho a una remuneración equitativa y suficiente, a los beneficios sociales, a la jornada ordinaria de trabajo, a la no discriminación, la protección contra el despido arbitrario, a la negociación colectiva y la participación de las utilidades. Asimismo, la Constitución Política del Perú consagra los principios la irrenunciabilidad de los derechos laborales e interpretación favorable al trabajador, respectivamente. Por su parte, la inspección del trabajo es el sistema funcionalque tiene la misión de vigilar el cumplimiento de las normas laboralesy se personifica en los inspectores del trabajo.La actividad de la inspección del trabajo se ejerce sobre las empresas, entendiendo como tales a las unidades económicas en las que se dan relaciones de trabajo subordinado o por cuenta ajena, esto es, donde una persona física o jurídica emplea a otras.

En el Perú, la Ley General del Inspección del Trabajo no prevé la aplicación del principio del debido procedimiento durante el desarrollo de las inspecciones laborales, pese a que sí hace mención a su observancia en los procedimientos sancionadores que se deriven de las actas de infracción emitidas por los inspectores de trabajo. Lo anterior genera la interrogante acerca de la aplicación de las garantías que conforman el principio del debido procedimiento por parte de los inspectores de trabajo al momento de realizar sus actuaciones inspectivas de investigación, especialmente si el ejercicio de la facultad supervisora por parte del Administración Pública genera un gravamen sobre los sujetos fiscalizados. Así, se formuló como hipótesis que durante las inspecciones laborales debían aplicarse las garantías del debido procedimiento, siempre que su naturaleza permita que desplieguen sus efectos. Para realizar dicho examen se revisó tanto la bibliografía especializada en derecho administrativo como en inspección del trabajo, además se utilizaron las resoluciones administrativas emitidas por la SUNAFIL, autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo. Del análisis se observó como la inobservancia de algunas garantías del debido procedimiento por parte de los inspectores de trabajo, fue vista por los órganos sancionadores de la SUNAFIL como una vulneración a los derechos de los inspeccionados, dejando sin efecto las multas propuestas por los inspectores de trabajo. Finalmente, la presente investigación ha permitido conocer las garantías que deben ser observadas por los inspectores, aun cuando la Ley General de Inspección del Trabajo no exija expresamente su observancia.

El presente trabajo académico pretende analizar el marco jurídico y las principales políticas públicas nacionales destinadas a la protección de las personas de la discriminación laboral debido a las condiciones orientación sexual e identidad de género, identificando la necesidad de contar con un Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo para la atención de la población LGBTIQ. La primera parte analizará los principales instrumentos del sistema universal e interamericano de derechos humanos, así como la Constitución Política del Perú y otros cuerpos normativos que regulan las dos fases de la relación laboral; en la segunda parte se abordarán las principales políticas públicas nacionales, partiendo desde lo establecido en el Plan Nacional de Derechos Humanos, identificando las principales limitaciones en cuanto a la disposición de acciones estratégicas, así como la ausencia de participación de instituciones del sector trabajo; y finalmente, en la última parte se expondrá la necesidad de fortalecer el sistema de inspección de trabajo, a través de la promulgación de un protocolo de atención con enfoque de género; toda vez que es fundamental el fortalecimiento del Sistema Inspectivo como herramienta para cautelar la eficacia de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ en el marco de las relaciones de trabajo e igualdad de oportunidades sin discriminación. / This academic work aims to analyze the legal framework and the main national public policies aimed at protecting people from employment discrimination due to sexual orientation and gender identity conditions, identifying the need for a Protocol on labor inspection for the care of the LGBTIQ population. The first part will analyze the main instruments of the universal and inter-American system of human rights, as well as the Political Constitution of Peru and other normative bodies that regulate the two phases of the labor relationship; in the second part, the main national public policies will be addressed, starting from what is established in the National Human Rights Plan, identifying the main limitations regarding the provision of strategic actions, as well as the absence of participation of institutions of the labor sector; and finally, in the last part, the need to strengthen the labor inspection system will be exposed, through the promulgation of a care protocol with a gender focus; since it is essential to strengthen the Inspection System as a tool to safeguard the effectiveness of the fundamental rights of LGBTIQ people in the framework of labor relations and equal opportunities without discrimination.