La Constitución Política del Perú establece que el Estado brinda protección prioritaria al trabajo en sus diversas modalidades, prohibiendo cualquier relación laboral que limite el ejercicio de los derechos constitucionales, o que desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. Entre los derechos constitucionales vinculados al derecho laboral o derecho del trabajo destacamosel derecho a una remuneración equitativa y suficiente, a los beneficios sociales, a la jornada ordinaria de trabajo, a la no discriminación, la protección contra el despido arbitrario, a la negociación colectiva y la participación de las utilidades. Asimismo, la Constitución Política del Perú consagra los principios la irrenunciabilidad de los derechos laborales e interpretación favorable al trabajador, respectivamente. Por su parte, la inspección del trabajo es el sistema funcionalque tiene la misión de vigilar el cumplimiento de las normas laboralesy se personifica en los inspectores del trabajo.La actividad de la inspección del trabajo se ejerce sobre las empresas, entendiendo como tales a las unidades económicas en las que se dan relaciones de trabajo subordinado o por cuenta ajena, esto es, donde una persona física o jurídica emplea a otras. / Tesis

La huelga, como manifestación material del contenido esencial de la libertad sindical, regulada en el artículo 28 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, es ejercida por las organizaciones sindicales como una medida de presión ante la existencia de un conflicto con su empleadora, con la finalidad de obtener mejores condiciones laborales. No obstante lo anterior, existen empleadores que recurren al ejercicio de mecanismos a fin de enervar los efectos negativos que conlleva su ejercicio. El mecanismo típico al cual recurren es al ejercicio del esquirolaje externo e interno. El último no tiene tratamiento legal, por ello, en la presente investigación, titulada “la regulación del esquirolaje interno en el reglamento de la ley general de inspección del trabajo como un supuesto de afectación del derecho de huelga”, se propondrá una posible solución ante la controversia desarrollada en el presente trabajo, con el objetivo de amparar el ejercicio legítimo del derecho de huelga. / Tesis

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El D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, contiene dos artículos que hablan sobre el denominado Plan de Formalización, el cual, se encuentra destinado preferentemente a la micro y pequeña empresa y es de aceptación voluntaria por el empleador. El Reglamento establece que el Plan de Formalización, debe “incluir medidas de promoción, capacitación de trabajadores, asesorías al empleador, participación en programas estatales para las micro y pequeñas empresas, entre otras”. No obstante, desde su promulgación en el 2006, ningún Plan de Formalización se ha implementado. Esta inaplicación jurídica, se contrapone ante más de un 70% de trabajadores que en el Perú se encuentran laborando en el sector informal laboral; y donde el sistema de inspección, y en particular sus normativas, deben estar diseñadas para reducir los altos índices de informalidad laboral. Por ello, es importante analizar si el Reglamento ha sido adecuadamente redactado y si es suficiente para implementar, con nuestra legislación actual, un Plan de Formalización. Para ello, debemos analizar los principios del sistema inspectivo, el cumplimiento de estos principios por el sistema de inspección peruano y comparar experiencias puntuales en América Latina. Lo que, nos llevará a reflexionar sobre la naturaleza jurídica de los Planes de Formalización y permitirá encontrar su insuficiencia jurídica. Para luego, afirmar que el Plan de Formalización, debe ser un instrumento jurídico que principalmente pueda acompañar una nueva medida aplicable por los inspectores de trabajo que agregue un componente mediante el cual, el empleador y trabajadores puedan directamente beneficiarse de las medidas inspectivas, no sólo evitando una multa o ingresando a planilla respectivamente; sino por la mejora de algún aspecto de la gestión, administración empresarial o mejora en la vida cotidiana del trabajador. Esto permite crear escenarios de cumplimiento perdurable; y al ser utilizados por el sistema de inspección del trabajo, como una herramienta jurídica para la formalización, antes, durante y después de un procedimiento inspectivo y en un escenario de política nacional, permita desde el sistema de inspección del trabajo, reducir notablemente los niveles de informalidad laboral. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Comenzaremos nuestra investigación señalando breves nociones sobre el "trabajo humano" y su necesaria consecuencia, esto es, el "derecho del trabajo". A continuación, expondremos en los capítulos II y III antecedentes historicos de los servicios de inspección del trabajo, teniendo en cuenta tanto su evolución nacional como internacional. De la misma forma, se tratará en esta parte del trabajo, lo relacionado con la génesis de la Dirección del Trabajo; su ámbito de competencia; estructura orgánica y otras importantes materias referidas a esta institución de fiscalización, cuya normativa regulatoria se encuentra establecida en su propia ley orgánica, el D.F.L. no. 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En la segunda parte de esta investigación, se enunciarán someramente las distintas funciones y atribuciones del Servicio, contenidas en la ley orgánica antes aludidas, para luego entrar de lleno en la materia objeto de esta memoria, vale decir, a "la facultad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo"

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El objetivo general de la investigación es conocer los factores que influyen en el crecimiento burocrático dentro de un Estado caracterizado por la carencia de una administración pública eficiente. Desde la teoría, el aparato estatal peruano es identificado como débil, en particular por la falta de alcance territorial en la zona andina (Soifer forthcoming). Asimismo, la burocracia peruana se caracteriza por una ausencia de administradores encargados de supervisar el cumplimiento de las leyes y por su incapacidad para consolidarse como institución autónoma. / Tesis

La creación de la superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral constituirá un elemento determinante dentro del sistema de inspección laboral en el Perú, siendo que una de las funciones primordiales del estado es adoptar mecanismos sólidos de protección de los derechos laborales. El presente texto tiene en primer lugar, un recordatorio de las nociones generales y características del sistema de inspección de trabajo previo a la creación de la SUNAFIL, así como también, la forma en la que se han venido aplicando. Posteriormente, se detallan las principales novedades que trae consigo la Ley 29981, ley que crea la SUNAFIL, para poder analizar a partir de esto, si el nuevo sistema propuesto resulta idóneo para un contexto como el nuestro en donde prima la informalidad. Finalmente, esbozaremos algunas propuestas que sirven como camino para alcanzar un sistema de inspección adecuado, toda vez que una entidad no puede abarcar todo y, mucho menos, solucionar la generalidad de problemas existentes. The creation of the National superintendency of Labor inspection will become a key element in Peru’s labor inspection system, being that one of the primary functions of the state is to adopt strong mechanisms for the protection of labor rights. This article is, in first place, a reminder of the general concepts and characteristics of the labor inspection system before the creation of the suNAFiL, as well as the way it has been applied. Afterwards, it explains the main novelties that Law 29981, the law that creates SUNAFIL, brings. From this explanation, we will analyze if the proposed new system is suitable for a context like ours, where informality prevails. Finally, we outline some proposals that serve as a way to reach an adequate inspection system, since an entity cannot cover everything and, even less, solve the generality of existing problems.

La huelga, como manifestación material del contenido esencial de la libertad sindical, regulada en el artículo 28 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, es ejercida por las organizaciones sindicales como una medida de presión ante la existencia de un conflicto con su empleadora, con la finalidad de obtener mejores condiciones laborales. No obstante lo anterior, existen empleadores que recurren al ejercicio de mecanismos a fin de enervar los efectos negativos que conlleva su ejercicio. El mecanismo típico al cual recurren es al ejercicio del esquirolaje externo e interno. El último no tiene tratamiento legal, por ello, en la presente investigación, titulada “la regulación del esquirolaje interno en el reglamento de la ley general de inspección del trabajo como un supuesto de afectación del derecho de huelga”, se propondrá una posible solución ante la controversia desarrollada en el presente trabajo, con el objetivo de amparar el ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Conforme a la Ley Procesal del Trabajo, las resoluciones administrativas firmes emitidas por la autoridad de trabajo en un procedimiento inspectivo sancionador constituyen títulos ejecutivos; sin embargo, el beneficiario de la obligación prefiere utilizarlo como medio probatorio en un proceso ordinario o abreviado y no recurrir directamente a su ejecución en un proceso ejecutivo laboral. Esta situación origina que, en sede judicial, se vuelva a analizar un tema que ya fue determinado por el sistema inspectivo de trabajo, lo que trae consigo que existan discrepancias de criterios entre lo resuelto por la autoridad administrativa y el órgano jurisdiccional correspondiente, deslegitimando el sistema de protección de los derechos del trabajador. Así, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar si dichas resoluciones cumplen con los requisitos propios de un título ejecutivo, así como los problemas que se presentan en la emisión de dichas resoluciones, en especial, cuando en forma paralela se inicia un proceso judicial por similares hechos, así como en la ejecución de la resolución, brindando una respuesta a las controversias que pueden suscitarse en esta etapa. Luego del análisis correspondiente, podemos indicar que existen problemas con la determinación de la obligación que se reconoce en una resolución administrativa firme, lo que aunado a los diversos recursos legales que puede plantear el obligado, dificulta su ejecución en un proceso judicial. / Pursuant to the Labor Procedure Law, the firm administrative resolutions issued by the labor authority in a sanctioning inspection procedure constitute executive titles; however, the beneficiary of the obligation prefers to use it as evidence in an ordinary or abbreviated process and not resort directly to its execution in a labor executive process. This situation causes that, in judicial headquarters, an issue that was already determined by the labor inspection system is reanalyzed, which entails that there are discrepancies in criteria between what was resolved by the administrative authority and the corresponding court, delegitimizing the worker rights protection system. Thus, the objective of this work is to study whether these resolutions meet the requirements of an executive title, as well as the problems that arise in the issuance of said resolutions, especially when a judicial process is initiated in parallel. for similar events, as well as in the execution of the resolution, providing a response to the controversies that may arise at this stage. After the corresponding analysis, we can indicate that there are problems with the determination of the obligation that is recognized in a firm administrative resolution, which, together with the various legal resources that the obligor can raise, makes it difficult to execute in a judicial process. / Trabajo académico