According to our constitutional law (article 18) the legal process in court covers not only the right to prove the information that shows whether something is a fact or not; but also the right to have a fair hearing (article 14.1 International Covenant on Civil and Political Rights) . The prosecuting lawyer and the defendant must try to prove the facts with evidence that will support their claims by all possible and legal means. And the judge who leads the trial will decide on the sentence with freedom and imparciality. In this research, we pretend to prove that the judge´s imparciality has been put at risk in Buenos Aires State since 1998, when the law that regulate the trial, was reformed.

En la presente investigación se ha empleado la metodología jurídicosocial, sobre todo la metodología del análisis y síntesis; habiéndose recurrido también a la metodología aplicada en la estadística, ya que además del estudio teórico y del trabajo experimental o de campo, se ha realizado un estudio a través de encuestas y de la revisión de las sentencias condenatorias de los procesos penales sumarios y ordinarios. Luego de la obtención del resultado de las encuestas y del análisis de las sentencias condenatorias, y con la debida contrastación con las hipótesis, en gran medida se ha llegado a establecer que no existe una debida motivación en la fijación de las penas y que los jueces

(...) este trabajo intenta por un lado ser un aporte a la discusión sobre la función de la Justicia de Paz, y por otro dar voz e indagar sobre las percepciones que sobre ella tienen las mujeres. Como señalamos, sus demandas están relacionadas con su identidad de género: alimentos, violencia familiar y sexual, reconocimiento de la paternidad de sus hijos; lo que implica por tanto debatir la neutralidad de la administración de justicia frente a conflictos que tienen su origen en desigualdades estructurales de la sociedad: las desigualdades de género. Nuestro trabajo, desarrollado en dos distritos de Huancavelica: Julcamarca y Congalla, nos indica que las mujeres no confían en los jueces de paz, y antes bien, preferirían que estos fueran de la ciudad o juezas, ellas sienten que sus derechos no son protegidos por que prevalece en los jueces de paz sus identidades masculinas y un ejercicio patriarcal donde optan por proteger a los varones con quienes mantienen en muchos casos vínculos de compadrazgo, además de que los Jueces resuelven reproduciendo valores patriarcales que son parte de la estructura de la racionalidad de estas comunidades. Creemos a lo largo de esta investigación que la incorporación de una perspectiva de derechos humanos desde el género es fundamental para la modernización de la justicia de paz, porque contribuye a transformar prácticas violatorias de derechos humanos– amparadas generalmente en la tradición, la costumbre comunal y la inacción del Estado- por otras respetuosas de estos derechos. No se trata de desterrar una práctica, sino de crear las condiciones para construir una administración de justicia respetuosa de los derechos humanos de hombres y mujeres. La Justicia de Paz tiene la capacidad de transformarse en una institución generadora de cambios en las relaciones de género pero ello pasa por empezar a hacer visible las voces disonantes de las mujeres. Finalmente nuestro trabajo sólo pretende llamar la atención de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas en este nuevo intento de reforma de la administración de justicia para que puedan ayudar a transformar la justicia de paz en una institución que contribuya a que miles de mujeres encuentren una solución justa a sus demandas.

Plantea una relación directa con la función de interpretación de la Constitución Política del Perú del año 1993 por el Tribunal Constitucional, la misma que debe ser en función de la razonabilidad; es decir, debe ser en forma complementaria y compatible con los puntos de organización y funciones de todos los órganos que son parte del Estado de Derecho; por lo tanto, planteo la siguiente hipótesis; la Interpretación que realiza el Tribunal Constitucional de los Derechos Fundamentales en los procesos de ratificación de jueces y fiscales, efectuada por el Consejo Nacional de la Magistratura, vulnera el debido proceso y crea inseguridad jurídica. Al respecto, es necesario tener presente que el Tribunal Constitucional del Perú interpretó que es factible la interposición y, posterior, declaración como fundada de una demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura en un proceso donde se discuten la ratificación de jueces y fiscales. Esto ocurrió o, viene ocurriendo, por diversas razones, como, por ejemplo, si el proceso y decisión de ratificación o no ratificación, se ejecutó sin que se respete el plazo regulado en la Constitución Política del Perú del año 1993, también si es que no se motivó debidamente la referida decisión, es decir, cuando no se respetó el debido proceso, la tutela judicial efectiva y otros derechos. En este sentido, y luego de realizar el estudio correspondiente de las sentencias expedidas y más difundidas por el Tribunal Constitucional en relación al proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, se observa que la labor de interpretación realizada por el Tribunal Constitucional excede los límites de éste órgano autónomo en el marco de sus funciones; siendo lo apropiado la reforma de la actual Constitución Política del Perú del año 1993. / Tesis

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La crisis del Sistema de Justicia es una situación que atañe a la sociedad toda, en tanto es factible que todas las personas sean partícipes de procesos judiciales dirigidos a dilucidar conflictos de intereses o solucionar controversias jurídicas, más aun cuando las propias decisiones del Gobierno y los actos del Parlamento se encuentran sujetos a control jurisdiccional. Sin duda son múltiples y complejas las causas de esta crisis institucional y los distintos actores sociales han formulado una variedad de propuestas y líneas de acción para afrontarla. Particularmente, estimamos que uno de los factores más importantes a tomarse en cuenta es el relacionado a los recursos humanos del Poder Judicial, y en específico, a los jueces, los que como directores del proceso, expresan las decisiones a través de las cuales se resuelven los conflictos económicos y jurídicos sometidos a su jurisdicción. Es por ello, que la selección de Magistrados del Poder Judicial constituye una materia de fundamental importancia en todo planteamiento o esbozo de líneas de acción de reforma judicial. En atención a nuestra condición de Juez y la cercanía a la realidad judicial como producto de nuestro ejericicio profesional, estimamos que pueden introducirse sustanciales mejoras al actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial. Por ello nos preguntamos inicialmente qué tipo de cambios en el actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial son necesarios introducir de tal manera que se incremente significativamente la eficiencia y eficacia del Sistema de Justicia Peruano. La propuesta que nos permite absolver afirmativamente esta interrogante, es que el sistema puede mejorarse significativamente en tanto se implemente un modelo de reclutamiento y selección de Magistrados basado en el enfoque de competencias laborales y en su congruencia con los objetivos y valores institucionales del Poder Judicial. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

La acción directa de la autotutela era una forma “parcializada” de hacer justicia. Frente a ello, surge un modelo de justicia “imparcial”, para lo cual el Estado asumió un rol importante y delegó dicha función a la función jurisdiccional. La imparcialidad está íntimamente vinculada con la independencia. La independencia de los jueces no es una garantía sólo para los litigantes, sino también para los propios jueces, la cual se trata de asegurar mediante ciertas condiciones, por ejemplo a través de una remuneración digna. De ese modo, el tema remunerativo de los jueces se convierte en un supuesto de garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional.A pesar del reconocimiento constitucional y legal de la remuneración digna de los jueces, en la realidad ésta solo se cumple en el caso de los jueces supremos. La omisión de pago de sus remuneraciones de la forma legalmente establecida, generó la interposición de acciones de cumplimiento dirigidas al Consejo Ejecutivo del PJ. El Exp. N° 06582-2009-0-1801-JR-CI-05, ha sido tomado como ejemplo, para analizar la anomalía de este proceso autodefensivado,y con ello el surgimiento de los conjueces como una alternativa al problema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente investigación tiene por objeto, reseñar los principales antecedentes biográficos de Ministros tanto de las Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema de nuestro país, entendiéndose que tratándose de órganos de vital importancia por su función, cual es la administración de justicia, se encuentran a la vez, fuertemente marcados por las características personales de los individuos que desempeñan tan altas investiduras.