Esta investigación surge como respuesta a una situación de injusticia clamorosa que se advierte al mirar la realidad de los jueces de paz y de su relación con la justicia formal y el Poder Judicial en nuestro país. Considerando su importancia en el ámbito rural y andino, la justicia de paz y, en particular, su régimen de control funcional, merecen ser examinados y tratados desde una mirada que reconozca y defienda su especial naturaleza y las legítimas expectativas de sus usuarios. Es por ello que, a partir de la caracterización de esta instancia de justicia que es administrada por operadores legos, conciliadores y elegidos popularmente, la presente investigación se enfoca en determinar en qué medida el régimen disciplinario de jueces de paz previsto en la Ley N.º 29824, Ley de Justicia de Paz constituye un tratamiento específico que se ajuste a las particularidades de dicho operador; o, si, más allá del discurso, lo que en verdad implica es un tratamiento sustancialmente igual al que se aplica a los jueces ordinarios (abogados). El test de igualdad del Tribunal Constitucional, junto con la información recopilada en bibliografía, estudios y entrevistas, permite arribar a la conclusión de que el actual régimen disciplinario de justicia de paz afecta el principio-derecho de igualdad y las garantías indispensables para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces de paz, siendo apremiante impulsar su modificación y replanteamiento en base a un diseño que sea coherente con sus particularidades y funciones dentro del sistema de justicia.

A la par del amplio reconocimiento de la sociedad a la tarea del Tribunal Constitucional, somos testigos, no desde poco tiempo, de los constantes cuestionamientos a su labor, que repercuten en el ataque a su autonomía incluso por parte de poderes del Estado como el Congreso de la República o el Poder Judicial. Esta falta de correspondencia, hace notar la necesidad de realizar una revisión sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional y las condiciones que se deben garantizar atendiendo a sus altas funciones, las que indudablemente deben iniciar por el análisis del vigente sistema de elección de sus magistrados. Ciertamente, la elección de los magistrados no ha sido en la experiencia peruana un proceso armonioso con la trascendental labor que este órgano comporta para la institucionalidad de la supremacía constitucional. A ello, debe sumarse la situación actual de renovación de magistrados, que además de exceder todo período regular, viene siendo materia de un replanteamiento en cuanto al procedimiento. Sin embargo, aun cuando se han producido algunos cambios al procedimiento de la elección, persisten los problemas que no permiten una designación democrática y oportuna. No existen en la actualidad las condiciones necesarias para asegurar un Tribunal Constitucional conformado por magistrados dotados de plena independencia y autonomía acorde con sus prioritarias funciones. En tal sentido, la presente investigación desarrolla los principales aspectos teóricos que determinan que el modelo de control constitucional peruano tiene como órgano central al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes determinarán la eficacia de los principios elementales del Estado Constitucional de Derecho: la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. De esto, se reconoce que para garantizar dicha posición prioritaria debe partirse por asegurar un adecuado sistema de elección, cuyo estudio comprende diversos aspectos: procedimiento legislativo, órgano encargado de la elección, número de miembros, período del mandato y requisitos vinculados con la especialización y la trayectoria democrática. Con base en la experiencia práctica, se analiza y se concluye que el actual sistema de elección de magistrados constitucionales en el Perú no es coherente con el desarrollo de un proceso imparcial y objetivo, situación que es lesiva del principio – derecho del debido proceso que debe ser garantizado en todos los niveles, tal como la propia jurisprudencia constitucional lo ha establecido. En efecto, de acuerdo con los antecedentes nacionales en materia de elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Comisión Especializada del Congreso no tiene parámetros normativos definidos para desarrollar sus funciones, habiendo ejecutado hasta la fecha un trabajo informal, poco transparente y ampliamente subjetivo, desplazando a la evaluación curricular y la trayectoria personal a un plano no decisivo, generando además, maltratos y acciones contrarias a la buena fe de los candidatos, que en muchos casos son juristas de reconocido prestigio. Asimismo, el actual procedimiento de designación desarrollado en el Pleno del Congreso de la República es la expresión categórica de un sistema de privilegio de intereses partidarios, contrarios a las misiones constitucionales del alto tribunal. La investigación determina que el desorden y la falta de predictibilidad en la elección contribuyen a la persistencia de los conflictos entre el Tribunal Constitucional y diversos órganos públicos, afectando no solo su legitimidad sino, peor aún, la ineficacia de sus decisiones jurisdiccionales; situación que resulta ampliamente grave. En esa línea de ideas, presentamos una detallada revisión de los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional regulados en otros sistemas jurídicos y el ambiente en el que se desarrollan, lo que permitirá entender las deficiencias de nuestro sistema de designación y las propuestas adecuadas de reforma. Finalmente, el trabajo pretende ser un aporte desde las líneas de investigación histórica y comparativa, a una discusión vigente y de vital importancia para el Estado de Derecho Constitucional: la correspondencia entre la jurisdicción constitucional y el principio del debido del proceso. Luego de estudiar y analizar las bases teóricas de la naturaleza del Tribunal Constitucional, la regulación y los antecedentes de los procesos de elección de magistrados constitucionales en nuestro país, así como revisar los modelos correspondientes del Derecho Comparado; se pudo concluir en una estimación real de la hipótesis planteada, cual es que el actual modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional peruano no es adecuado para garantizar un proceso imparcial. / Tocouple of the widespread recognition of the society the task of the Constitutional Court, we are witnesses, not since shortly after, the constant questions to his work, which have an impact in attacking their autonomy even by powers of the State as the Congress or the judiciary. This lack of correspondence, noted the need for a review on the nature of the Constitutional Court and the conditions that must be guaranteed according to its high functions, which should certainly start by the analysis of the current system of election of its judges. Certainly, the election of the judges has not been in the Peruvian experience a harmonious process with the momentous work of this body behaves for the institutionalization of constitutional supremacy. The current situation of renewal of magistrates, which also exceeded all regular period, has been subject of a re-think in terms of the procedure must be added thereto. However, toa when there have been some changes to the procedure of the election, problems that do not allow a democratic and timely designation persist. There are currently no conditions necessary to ensure a constitutional court composed of judges with full independence and autonomy in accordance with its priority functions. In this sense, this research develops the main theoretical aspects that determine the Peruvian constitutional control model has as a central body to the Constitutional Court, whose members will determine the effectiveness of the elementary principles of the constitutional state of law: the supremacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This, it is recognized that to ensure such priority position should start by ensuring an adequate system of choice, whose study covers various aspects: legislative procedure, the Agency in charge of the election, number of members, period of the mandate and requirements associated with the specialization and the democratic path. Based on practical experience, discussed and it is concluded that the current system of election of the constitutional judges in the Peru is not coherent with the development of a fair and objective process, situation which is harmful from the beginning - right of due process that must be guaranteed at all levels, such as own constitutional jurisprudence has established it. Indeed, in accordance with the national record of election of members of the Constitutional Court, the specialized Commission of Congress has normative parameters defined to develop their functions, having executed to date informal, non-transparent and widely subjective work displacing the curriculum evaluation and personal path to a plane not decisive, in addition, generating violence and actions contrary to the good faith of the candidateswhich in many cases are jurists of recognized prestige. Also, the current designation procedure developed in the plenary of the Congress of the Republic is the expression of the categorical system of privilege of interest supporters, contrary to the constitutional mission of the High Court. The investigation determines that the disorder and lack of predictability in the election contribute to the persistence of the conflict between the Constitutional Court and various public bodies, affecting not only its legitimacy but, worse still, the ineffectiveness of its jurisdictional decisions; situation that is widely serious. In that line of ideas, we present a detailed review of the process of election of judges of the Constitutional Court regulated in other legal systems and the environment in which develop, allowing you to understand the shortcomings of our system of designation and the appropriate reform proposals. Finally, the work is intended to be a contribution from research historical and comparative, to a current discussion and of vital importance to the rule of constitutional law: the correspondence between the constitutional jurisdiction and the principle of the due process. After studying and analyzing the theoretical basis of the nature of the Constitutional Court, the regulation and the background of the process of election of the constitutional judges in our country, as well as review the various models of comparative law; could be conclude in a real estimation of the hypothesis, which is that the current model of election of judges of the Peruvian Constitutional Court is not suitable to guarantee a impartial process.

Los Jueces de Paz son ciudadanos no instruidos en el Derecho que son elegidos por su comunidad y administran justicia en zonas rurales promoviendo la conciliación y resolviendo ciertos casos menores. La Oficina Distrital de apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) fue creada en el año 2008, como parte del Plan Integral de Reforma del Sistema de Justicia, y tiene como objetivos fortalecer la Justicia de Paz, a través de capacitaciones e implementar logísticamente a los Juzgados de Paz. Esta tesis busca evaluar, desde el enfoque de la Gerencia Social, si la ODAJUP Cajamarca viene cumpliendo con sus objetivos durante el año 2016. Para ello se han analizado cuatro variables: primero, la cobertura y acceso que tiene los Jueces de Paz a los servicios que brinda la ODAJUP; segundo, la participación e involucramiento que tienen tanto los Jueces de Paz como la Gerencia de Corte con los servicios que brinda ODAJUP, tercero el grado de involucramiento de los actores con la Justicia de Paz; y finalmente, la percepción de los usuarios de los Jueces de Paz que han sido capacitados. La metodología que se empleó es de tipo cualitativo y cuenta con una muestra significativa de cuarenta y ocho Jueces de Paz de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Chota. De igual modo, se hicieron ocho entrevistas a Jueces Ordinarios de provincias que tienen a su cargo apoyar a los Jueces de Paz y al Gerente de la Corte Superior de Cajamarca. Esta información fue contratada con reportes y notas de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz durante todo el año 2016. Los resultados indican que las capacitaciones que brindó ODAJUP se dieron principalmente en las capitales de las provincias estudiadas; sin embargo, fue escasa en centros poblados. Las limitaciones del acceso a los servicios son distancia y costo de desplazamiento para asistir a las capacitaciones. En el mismo análisis, para el fortalecimiento de capacidades, el diseño curricular de las capacitaciones que hace ODAJUP no toma en cuenta las necesidades especiales de los jueces de cada provincia. Por otro lado, la dotación de bienes logísticos como computadoras o útiles de escritorio, a la fecha no cuenta con una partida 3 presupuestal para los mismos. Sin embargo, ODAJUP Cajamarca y los Juzgados Ordinarios de Chota y Hualgayoc les entregan materiales que les son destinado para sus funciones. La participación de los Jueces de Paz en los servicios que brinda ODAJUP varía según la provincia, una mayor participación e involucramiento se registra en las provincias de Hualgayoc, Chota y Cajamarca a razón de la entrega de materiales de oficina y el mayor apoyo que brindan los Jueces Ordinarios. Asimismo, el involucramiento de la Gerencia y Presidencia de Corte es limitado al no ser la Justicia de Paz una prioridad dentro de la gestión. En la misma línea, el involucramiento de los Jueces Ordinarios varía según la idea que deben desempeñar la Justicia de Paz, para algunos esta es un aliado del Poder Judicial en áreas rurales, mientras que para otros los Jueces de Paz son simples notificadores. Finalmente, la percepción que tienen los pobladores de la justicia de paz varía por provincia. Para las poblaciones de Cajamarca y Chota las capacitaciones que reciben los Jueces de Paz son beneficiosas por cuanto son mejor atendidos y no confunden los casos que si pueden revisar. Para Celendín y Hualgayoc, las capacitaciones son beneficiosas, pero si en caso sus asuntos no son resueltos, acuden a otros operadores de justicia como la policía o las rondas campesinas. En las cuatro provincias, existe una sensación generalizada de poco control sobre el actuar de los Jueces de Paz. Las recomendaciones que se propone son: primero, hacer alianzas estratégicas con los Jueces Ordinarios de las diferentes provincias a fin de tener más capacitaciones no solo en las capitales de provincia sino en distritos y centros poblados; segundo, elaborar un diseño curricular para las capacitaciones de acorde a las necesidades de los jueces de cada provincia, tercero, iniciar el ciclo de actividades con una partida presupuestada que permita la compra de bienes de oficina; cuarto, establecer un centro de atención para las quejas de la población, que permita a ODAJUP o a los Jueces Ordinarios asesorar a los Juzgados de Paz. / Tesis

Durante las últimas décadas, la justicia de paz letrada ha surgido para afrontar con mayor efectividad la creciente sensación de inseguridad así como los índices de delincuencia en los casos de delito menores; sin embargo, a pesar de los avances, estudios realizados durante los últimos años reportan una seria deficiencia en la resolución de procesos judiciales debido a la alta carga procesal que éstas registran en comparación de la cantidad de sentencias que emiten. Por esta razón, el presente trabajo pretende estudiar, desde un enfoque organizacional, centrado en los procesos de implementación de una política pública, el caso de los Juzgados de Paz Letrados en Comisarías de Lima, a partir del cual esbozar algunas conclusiones que pudiesen contribuir a la mejora de dicho servicio. De esta manera, se busca examinar el nivel de coordinación al interior de dichas instituciones públicas, las cuales presentan una serie de características que las convierten en un campo interesante para la investigación organizacional, buscando generar un aporte al tema de la implementación y la coordinación intergubernamental de las políticas y programas públicos. / Tesis

Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar el nombramiento de magistrados capaces para los cargos más importantes o promover la modificación de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, existe un problema al cual parece haberse dado importancia secundaria: el acceso de los ciudadanos a la justicia. / Tesis

La intervención del Tribunal Constitucional en las políticas públicas se da través de sus decisiones jurisdiccionales y esta intervención se puede plasmar en distintos momentos de las etapas del ciclo de la política pública, tanto en la definición del problema como en el diseño de la política pública. Si de la comparación de la política original propuesta por el Legislativo o el Ejecutivo se verifica luego una modificación de la política pública, en cualquiera de esas etapas, estableciendo o ampliando el problema, estableciendo facultades, identificando o incluyendo actores, estableciéndose mecanismos de adecuación e implementación de la política pública a consecuencias de las decisiones del Tribunal Constitucional, entonces, la decisión jurisdiccional ha tenido efectos y el Tribunal Constitucional se habrá convertido en un actor relevante para el análisis de la política pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria es una traducción directa al castellano del libro alemán “Die richterliche Aufklärung im Zivilprozeß” (“La aclaración judicial en el proceso civil”) del Profesor Rolf Stürner. En esta obra del Profesor Stürner se trata el problema de la actividad del juez en el marco del procedimiento civil (ordinario) alemán (contemplado en el Zivilprozeßordnung, el Código Procesal Civil alemán), centrándose en el análisis del rol de dirección que le corresponde. Como puede observarse, el libro pretende hacerse cargo de la tensión a la que se enfrenta el juez como consecuencia de los diversos roles que cumple: por una parte, un asesor de las partes, que debe ayudarlas a desempeñar de forma correcta su papel; por otra, el juzgador, llamado a resolver la controversia jurídica. El autor se centra principalmente en la regulación del procedimiento (ordinario) civil, sin perjuicio de referirse también al procedimiento ante los tribunales del trabajo y administrativo. A partir de esa base, el autor realiza un exhaustivo análisis de las reglas que gobiernan la actividad del juez. Para dichos efectos utiliza siempre como esquema de análisis los principios que inspiran la regulación procesal alemana, obteniéndose, de esa forma, una visión sistemática y coherente de la actividad del juez en ese proceso. Precisamente por la visión global que entrega, la rigurosidad del análisis y la revisión crítica de la práctica judicial, el libro representa un aporte para la discusión dogmática sobre la materia y nos brinda una perspectiva clarificadora para quienes se desempeñan como jueces. Finalmente, esta obra presenta para nosotros un apreciable interés, no sólo por el reconocido prestigio de su autor, sino que por desgracia son muy escazas las obras de la cultura germánica en materia procesal que durante estos últimos años han sido traducidas a nuestro idioma, no obstante su reconocido aporte científico, especialmente por el desarrollo eficiente de sus procesos orales civiles. Esperamos que con esta traducción podamos romper este ciclo de silencio en materia de traducciones de las obras procesales de la cultura jurídica germánica, atendido a que sin duda constituyen para nosotros un valioso aporte

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Esta memoria tiene por objeto dar a conocer las batallas que dio Don Ambrosio Montt Luco (a través de sus discursos en el Congreso, de sus resoluciones como Fiscal, o de su versada pluma), para restringir los abusos de poder, para ampliar las libertades públicas, para hacer respetar la legalidad y la separación de poderes, para reivindicar las garantías y derechos de las personas. Para ello se ha seleccionado del material bibliográfico recopilado, discursos, resoluciones, y extractos de sus libros que nos revelan su pensamiento y el de sus contemporáneos, que nos señalan su posición ante determinados temas de trascendencia histórica, su aporte al debate y a la solución de temas contingentes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Desarrollada la introducción al tema que trataré de abordar, tengo que decir que para efectos metodológicos, estudiaré detallada y pormenorizadamente cada uno de los elementos del proceso, tanto los elementos subjetivos como los objetivos, luego, trataré la relación que tiene el juez con cada uno de ellos, en capítulo aparte desarrollaré el Principio de Inexcusabilidad que coloca al juez en la obligación de pronunciarse sobre el asunto sometido a su decisión, y finalmente, estudiaremos la manifestación mas perfecta de la resolución del conflicto por parte del juez: la sentencia definitiva.

En este artículo, César Landa da cuenta del proceso de constitucionalización de los derechos sociales, su exigibilidad y su judicialización en América Latina. Para ello el autor hace referencia a la situación económica y  política actual de los países latinoamericanos, que es la que ha marcado el derrotero de los derechos sociales en la región, en el presente, y es producto de un pasado dictatorial de reciente data. En el documento se hace especial referencia a los derechos a la salud, al trabajo y el derecho a la educación, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y chileno, así como de la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Costa Rica, entre otros. En ese sentido, el  artículo tiene un cariz comparativo que resalta el rol de las cortes constitucionales en la protección y desarrollo de los contenidos de los derechos sociales. In this article, César Landa realizes the process of constitutionalization of social rights, their enforcement and prosecution in Latin America. For this, the author refers to the economic and political situation in Latin American countries, which is what has marked the track of social rights in the region, in the present, and is the result of a fairly recent dictatorial past. The document makes specific reference to the rights to health, work and the right to education, from the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru and Chile, as well as Colombia’s Constitutional Court, the Supreme Court of Costa Rica , among others. In that sense, the article has a comparative aspect that highlights the role of constitutional courts in the protection and development of the content of social rights.