El presente artículo recoge nociones desde el marco normativo aplicable, doctrina y resoluciones del Tribunal Registral emitidas acerca de la transferencia de aires en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. A partir de dichas fuentes, buscamos dar una aproximación respecto al procedimiento a seguir para lograr la inscripción en Registros Públicos de dicho acto sin mayores inconvenientes. / Trabajo académico

Con fecha 29 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo No. 1112 a través del cual se introdujeron diversas modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, las cuales entraron en vigencia el 1 de enero de 2013. Específicamente, el Artículo 9 del citado Decreto Legislativo, dispuso la modificación del inciso c) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta. A propósito de la referida modificación, con fecha 24 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria (SUNAT) publicó el Informe No. 0187-2015-SUNAT/5D0000 mediante el cual dio respuesta a las consultas planteadas en torno a la modificación del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, acerca de los ajustes de precios de transferencia aplicables a las transacciones efectuadas a título gratuitos, en el supuesto de un contratista domiciliado en el país que ha suscrito un Contrato de Licencia de Hidrocarburos, por el que se encuentra sujeto al régimen impositivo del Impuesto a la Renta vigente antes de la modificación introducida por el Decreto Legislativo No. 1112, al cual un sujeto no domiciliado sin establecimiento permanente en el país le ha prestado servicios gratuitos. En relación con ello, el trabajo tiene por finalidad hacer un análisis de los conceptos analizados en citado Informe a fin de compartir una opinión crítica respecto a las conclusiones señaladas por la SUNAT sobre la aplicación del inciso c) del Artículo 32- A de la Ley del Impuesto a la Renta en el caso de empresas de hidrocarburos que hayan suscrito un Contrato de Licencia con el Estado en virtud del cual han garantizado su estabilidad tributaria a la fecha de suscripción del referido contrato con anterioridad a la modificación introducida mediante el Decreto Legislativo No. 1112. A tal efecto, se analizan los siguientes temas: el alcance de la estabilidad tributaria de los Contratistas que han suscrito un Contrato de Licencia, la figura del contribuyente y responsable establecida en nuestra legislación, el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de no domiciliados, el alcance de la modificación del inciso c) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, y el “recobro” de la deuda al no domiciliado. En resumen, a partir del análisis desarrollado en el referido trabajo, se arriban -de manera general- a lo siguiente: La figura del “responsable” a que se refiere el inciso c) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta habría sido establecida en calidad de “responsable sustituto” pues el único sujeto obligado por el pago del impuesto sería el sujeto domiciliado (Contratista) y no el sujeto no domiciliado; por lo cual el contratista (domiciliado) vería afectada la carga tributaria que le habría sido garantizada bajo el Contrato de Licencia. Asimismo, la opinión de SUNAT respecto al recobro de la deuda al no domiciliado vulneraría la denominada “autonomía del derecho tributario”, en virtud del cual el referido “recobro” debería haber sido regulada por las normas tributarias (con remisión a las normas civiles, de ser el caso). / Trabajo académico

El presente trabajo académico aborda el tratamiento del agua como recurso natural y sus implicancias no solo desde la perspectiva legal, sino en cuanto al impacto respecto de su gestión, proponiendo que la misma sea resultado de la acción colaborativa de los actores sociales ubicados a lo largo de una cuenca, actores entre los que se encuentra el Estado, al que corresponde entre otras funciones, generar espacios deliberativo participativos, en los cuales en base a la información y confianza se puedan establecer ‘reglas claras’ que permitan la eficiente gestión del recurso hídrico en cuanto a su provisión y calidad. Este tema resulta de especial interés, toda vez, que se parte de una perspectiva de análisis diferente, al considerar la gestión del recurso hídrico como un proceso humano, que involucra a la población, a las empresas, industrias y al Estado, desde una intervención que no se limitaría a generar e imponer un marco normativo, sino a brindar las condiciones para la participación conjunta de los usuarios con el propio Estado, que permita la institucionalización y reconocimiento de los marcos normativos y los acuerdos establecidos. Se concluye que la mejor estrategia para la gestión del agua se encontraría en la complementariedad de los actores sociales, de los roles que compete a cada uno de los usuarios, en función a la información privilegiada que cada uno de ellos detenta y en el establecimiento de ‘reglas claras’, sustentadas en base a esa información, que permita prever los escenarios y evitar la ‘aversión al riesgo’. En el Anexo del presente trabajo, es de especial atención a nivel de experiencia comparada el ‘Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca de Chaina en Boyacá – Colombia’, experiencia que permite la comprensión del surgimiento de los mercados ambientales e incide en la importancia de la institucionalidad de los acuerdos. / Trabajo académico

El presente artículo académico tiene como propósito analizar las causas y efectos de la existencia de un procedimiento registral como el de inmovilización de partidas respecto a la alícuota de uno de los copropietarios a propósito del Precedente de Observancia Obligatoria adoptado en el Pleno CXXXII realizado el 27 de agosto de 2015, referente a la transferencia de cuotas ideales y la inmovilización temporal de partidas con relación a la alicuota de uno de los copropietarios. El principal problema encontrado en la Resolución nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta ¿Es necesario la existencia de un procedimiento con estas características en un sistema registral como el nuestro? Para responder esta pregunta nos basaremos en el análisis de los principios registrales aplicables a nuestro sistema registral y que se vinculan con el Precedente de Observancia Obligatoria, para luego determinar si resulta necesario, si dota al registro de mayor seguridad, o si por el contrario significa un retraso. Para responder la pregunta antes efectuada, es necesario abordar el tema relacionado con la naturaleza del derecho real de copropiedad, el fin de los registros públicos, así como los efectos que tienen los temas antes mencionados en un sistema registral como el nuestro. / Trabajo académico

En el artículo se analiza con detalle el elemento remunerativo de la prestación de trabajo, a través de una perspectiva crítica respecto de la definición misma de la remuneración y del tratamiento práctico de algunos de los conceptos que se encuentran calificados como no remunerativos en los artículos 19 y 20 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (TUO LCTS). En un primer momento, a partir de la regulación infra constitucional, se estableció una definición del concepto de remuneración y, por oposición, se determinó en qué momento y en qué condiciones se presentan las percepciones no remunerativas, desde el prisma de las normas laborales y tributarias. Así, una vez determinados los conceptos claves, se trazó una revisión de los conceptos no remunerativos regulados en los artículos 19° y 20° del TUO LCTS, analizando si cada uno de ellos tiene o no un carácter taxativo y cerrado, y se procedió a desarrollar de manera crítica algunos de los conceptos más destacados en dichas normas. Finalmente, se concluye si ciertos conceptos reseñados tienen o no visos de contraprestatividad y si, ante la dificultad de determinar la proporción remunerativa que poseen, el Legislador haya optado por excluirles legalmente de dicha categoría. Ante ello, se determinaron las consecuencias que surgen de que un concepto sea calificado como remunerativo y cuál de los dos sujetos de la relación laboral resulta más favorecido con este tratamiento. Asimismo, se plantea si existen otras alternativas a la exclusión de estas percepciones de la noción de remuneración, formulando una propuesta que busque evitar que se desincentive el otorgamiento de estos conceptos, sin que ello implique necesariamente una incidencia negativa en la cobertura en pensiones de los trabajadores. / Trabajo académico

Hace solo algunas décadas atrás, el modelo de empresa (y por ende de empleador) era completamente distinto a nivel mundial. Así, la gran mayoría de empresas se encargaban de realizar el íntegro de sus ciclos productivos y haciendo uso para ello de sus propios trabajadores. No obstante, con el desarrollo global y los avances empresariales, han aparecido distintas figuras complejas para la estructuración y descentralización de la empresa. Una de estas es la tercerización. Se encuentran dentro del ámbito de la Ley de Tercerización para nuestro país únicamente aquellos casos en los que la tercerización de una actividad principal de la Empresa se produzca con el “desplazamiento continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de operaciones de la empresa principal”. Por tanto, se advierte la existencia de dos ámbitos fundamentales dentro del tema de la tercerización de servicios: Un ámbito temporal, relativo a lo que se entiende por desplazamiento “continuo”, y otro ámbito denominado espacial o locativo, relativo al lugar donde se realizará dicho desplazamiento, es decir a los centros de trabajo o centros de operaciones de las Empresas Es en este último aspecto en donde continuamente encontramos dudas con respecto a cuales han sido las intenciones del legislador peruano al momento de establecer un ámbito locativo para la tercerización, dejando fuera de regulación a la tercerización realizada sin desplazamiento. Además, de igual modo, también existen dudas con respecto a los alcances de la norma de tercerización, pues no existe una clara definición de lo que debe entenderse por “centro de operaciones” y, por ende, no existe una formula clara para poder determinar cuándo nos encontramos frente a una tercerización dentro del ámbito de la ley, y cuándo nos encontramos fuera de ésta. A través del presente trabajo pretendemos intentar aclarar el panorama de la tercerización en nuestro ordenamiento jurídico, y específicamente el ámbito locativo de la misma, con la finalidad de poder contribuir en brindar una definición más acuciosa sobre lo que implica el “desplazamiento al centro de trabajo o centro de operaciones de la empresa principal”, así como, en base a ello, intentar delimitar claramente los alcances de la ley de tercerización en nuestro país. Con respecto al Capítulo Uno, trabajado en el curso de Seminario de Trabajo Académico 2, se define la figura de la subcontratación y la figura de la tercerización de servicios en el Perú, para lo cual se delimita conceptualmente términos como subcontratación, tercerización y sus principales diferencias con la Intermediación. De otro lado, con respecto a la tercerización de forma específica, se evalúa la importancia de los efectos de la Ley N° 29245 así como el ámbito de aplicación de ésta. Este último punto resulta relevante pues es a través del cual se fundamente el tema de la investigación, debiendo tenerse presente que de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 29245, el ámbito de aplicación de la Tercerización comprende: (i) A las empresas principales cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada; (ii) Que tercerizan su actividad principal; (iii) Siempre que se produzca con desplazamiento continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de operaciones de aquellas. / Trabajo académico

El propósito del presente trabajo tiene como finalidad dar un alcance respecto de las figuras vinculadas a la responsabilidad solidaria en calidad de adquirentes recogidas por el Código Tributario. Para ello, se ha realizado en primer lugar un análisis respecto de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, teniendo en cuenta los tipos de responsables tributarios que en la actualidad recoge la doctrina tributaria. Como segundo paso se ha realizado un estudio del artículo 17 del Código Tributario, el cual recoge las figuras de responsables solidarios en calidad de adquirentes, entre ellos, a los Herederos, legatarios, herederos que reciben bienes como anticipo de legitima, los socios que reciben bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos de los que han formado parte, y finalmente los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Cabe señalar que los alcances dados en cada tipo de responsable identificado por el artículo 17 del Código Tributario, cuenta con particularidades distintas, las cuales han sido en su mayoría identificadas, no obstante el lector debe tener en cuenta que dada la amplitud del tema, pueden existir temas no abarcados. Asimismo, se ha realizado un estudio respecto de los límites temporales de la responsabilidad solidaria en el caso de los herederos y otros adquirentes, ello con la finalidad de dar un mayor alcance respecto de dichas figuras. Finalmente el presente trabajo culmina con diversas conclusiones a las que se han arribado luego del estudio realizado. / Trabajo académico

El principio de flexibilidad interviene en las diversas etapas del proceso arbitral, siendo uno de ellas la actividad probatoria, confluyendo, a su vez, con otras situaciones jurídicas de titularidad de las partes, que se plasman en principios tales como el dispositivo, aportación de parte y, además, con la llamada asunción de la carga de la prueba. Por otro lado, se ha sostenido que el ejercicio de la potestad con que cuenta el árbitro para hacer valer su iniciativa probatoria –al igual que un juez–, puede llevar a que incurra en excesos al momento de disponer u ordenar de oficio la actuación de una prueba. Partiendo entonces de ambas premisas examinaremos cómo estas interactúan en el arbitraje privado doméstico, tomando como marco normativo la actual Ley de Arbitraje (LDA), así como los reglamentos de los principales centros de arbitraje del país (RCA). / The principle of flexibility intervenes in the various stages of the arbitration process, one of them being the probative activity, converging, in turn, with other legal situations of ownership of the parties, which are embodied in principles such as the device, contribution of part and, in addition, with the so-called assumption of the burden of proof. On the other hand, it has been argued that the exercise of the power available to the arbitrator to assert his evidentiary initiative -as a judge- can lead to excesses when disposing or ordering the action of a test. Starting from both premises we will examine how they interact in private domestic arbitration, taking the current Arbitration Law (LDA) as a regulatory framework, as well as the regulations of the main arbitration centers of the country (RCA). / Trabajo académico

Los Decretos Legislativos relacionados con los recursos forestales y de fauna silvestre y su vinculación con los pueblos indígenas, principalmente con el derecho a la consulta previa, en el marco de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley N° 29157, para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos presentan dos posturas; por un lado, las mejoras en la gestión ambiental y por otro lado, si dichas mejoras a través de los Decretos Legislativos vulneran los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la consulta previa. Cierto es que se ha cuestionado si las medidas legislativas vulneran los derechos de los pueblos indígenas, es que acaso los derechos legislativos, afectan directamente a los pueblos indígenas, entendida esta afectación como un cambio significativo o relevante en la situación jurídica de los pueblos indígenas. Pues la respuesta dependería del caso en concreto puesto que si la norma es de carácter general, y por ende pretende regular la conducta de todos los ciudadanos peruanos, no se afectaría el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Sin embargo, si los Decretos Legislativos implican una afectación directa a los pueblos indígenas, se vulneraria a todas luces el derecho a la consulta previa. / Trabajo académico

El enfoque del presente trabajo busca dilucidar las interrogantes sobre cuál es la principal causa del trabajo infantil y si todas las actividades realizadas por este grupo de personas se encuentran prohibidas, y a través de ello, plantear un aspecto positivo donde se pueda valorar que el tipo de labor que pueden realizar los niños, no siempre resulta perjudicial, sino que por el contrario, puede resultar enriquecedor para su formación y ayudar a contribuir a la sociedad desde una temprana edad, ello, siempre y cuando se respeten las normas y condiciones por las cuales se regula en cada país el trabajo infantil. Asimismo, otro punto bajo análisis, es la diferencia del enfoque del trabajo infantil, cuando el mismo es realizado en provincias o en las zonas urbanas, pues desde una primera óptica, en provincias el trabajo infantil no es considerado como tal, sino es más que todo, un tema cultural que debe ser respetado. En ese contexto, analizando las diferentes posturas que existen sobre el trabajo infantil y cómo son vistas tanto en el entorno nacional como internacional, se busca dar respuesta a los aspectos favorables que se encuentran en el trabajo de los niños y adolescentes. / Trabajo académico