El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis integral de los principales problemas jurídicos contenidos en la Resolución N° 0605-2016/SDCINDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2016 (en adelante, la “Resolución”) emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, la “Sala” e “Indecopi”, respectivamente). Cabe mencionar que, en ese entonces, esta Sala era la segunda instancia en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Para la elaboración del presente informe jurídico, se ha analizado el marco jurídico aplicable, los antecedentes de la problemática a fin de desarrollar los problemas jurídicos suscitados a partir del análisis de legalidad realizado por la Sala, así como el análisis de las competencias asignadas a cada entidad de la Administración Pública involucrada durante la implementación del servicio de revisiones técnicas vehiculares. A partir de lo anterior, coincidimos con el análisis realizado por la Sala conforme a la sección que desarrolla este aspecto. Asimismo, dilucidamos las competencias asignadas a cada una de los niveles de gobierno involucrados en la Resolución para concluir en que la falta de competencia de uno de los niveles de gobierno involucrados suscitó la suscripción de un contrato de concesión mediante el cual se otorga exclusividad sobre la prestación del servicio de revisiones técnicas. / The following legal draft/memo aims at integrally analyzing the main legal issues within the resolution number 0605-2016/SDC-INDECOPI of 24 November 2016 (hereafter the resolution) delivered by the specialized committee on competition law of the INDECOPI. It worth mentioning that back then such committee was the second instance in the procedures regarding the elimination of burocratic barriers. For the elaboration of the present legal draft, we have analyzed the applicable legal framework, the background of the issues, with the aim of developing the legal issues underpinnings the legality analysis conducted by the committee, as well as the analysis of the assigned powers of each of the public entities involved in the implementation of the technical supervision of vehicles service. Based on the above, we concur with the analysis conducted by the committee pursuant to the section which develops this aspect. In addition, we outline the assigned powers of each governmental level involved in the resolution and we conclude that the lack of powers of one of such involved governmental levels, resulted in the subscription of a concession contract through which the government grants exclusivity over the service of technical revision.

El presente informe tiene como objetivo evaluar si es posible deducir el gasto por el mantenimiento de la carretera Izcahuaca-Cruce Huarcaya-Inmaculada, en base al sentido amplio del principio de causalidad. Para ello, se analiza cuál es la norma más pertinente para poder deducir el gasto por el mantenimiento de la carretera antes mencionada, debido a que existen 2 leyes que habilitan aquella deducción, por un lado, tenemos la Ley General de Minería y por el otro tenemos la Ley del Impuesto a la Renta. Por lo que, para la solución de aquel conflicto normativo, se utiliza los criterios de solución de conflictos como son el de jerarquía, especialidad y temporalidad y también se utiliza los métodos de interpretación para poder verificar la norma más idónea respecto a la deducción antes mencionada, la cual resulta ser la Ley del Impuesto a la Renta. Después se hace un análisis del principio de causalidad en su sentido amplio a partir de pronunciamientos del Tribual Fiscal, para seguidamente, evaluar, si el mantenimiento de la carretera antes mencionada cumple con aquel principio en sentido amplio. Se concluye que el gasto por el mantenimiento de la carretera Izcahuaca- Cruce Huarcaya-Inmaculada es deducible por el artículo 37 de la Ley del impuesto a la Renta, en base al sentido amplio del principio de causalidad. Por último, se hace una reflexión sobre el mantenimiento de carreteras y los gastos de Responsabilidad Social, para señalar en que supuestos los gastos por aquel mantenimiento pueden ser deducibles a la luz de lo que se ha entendido por gastos de Responsabilidad Social.

Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.

En el presente estudio describir los alcances del delito de negociación incompatible para luego ser aplicados en el análisis de la Casación N° 231-2017 Puno. Esto resulta relevante, dado que el análisis e interpretación de este tipo penal genera controversias tanto a nivel doctrinal y jurisprudencial; por lo que existen decisiones judiciales contradictorias, lo que implica que en ocasiones se puede declarar la responsabilidad penal o la absolución de los investigados, pese a encontrarnos en circunstancias similares, generando mayores casos de impunidad. A partir de lo investigado, se evidencia que el delito de negociación incompatible tiene como bien jurídico genérico al correcto y normal funcionamiento de la administración pública y, como bien jurídico específico, a la imparcialidad de los funcionarios o servidores públicos en la toma de decisiones en el marco de las contrataciones públicas; y el elemento provecho propio o de tercero del tipo penal puede considerar tanto un provecho de índole patrimonial o extra-patrimonial. Asimismo, el tipo penal de negociación incompatible se puede considerar como un delito de peligro abstracto, en tanto se establezca que las conductas imputadas son suficientemente idóneas para colocar en peligro al bien jurídico protegido del tipo penal, siendo acorde al principio de lucha contra la corrupción y contribuyendo en el combate de esta problemática. En tal sentido, se evidencia que en la Casación N° 231-2017 PUNO la Sala de la Corte Suprema identifica erróneamente cuál es el bien jurídico protegido del delito de negociación incompatible; además de establecer que dicho tipo penal requiera la puesta en peligro real e inminente del bien jurídico tutelado (peligro concreto).

La potestad sancionadora de la Administración requiere estar sujeta a garantías mínimas que protejan los derechos fundamentales de los administrados, dentro de ellas encontramos al principio de proporcionalidad. Este último exige que la intensidad de la sanción encuentre una relación razonable con la gravedad de la lesión provocada al bien jurídico tutelado. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar a las infracciones tributarias desde su afectación al bien jurídico de recaudación tributaria. Luego del análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera se evidencia que existen infracciones que inciden directamente en ese bien jurídico, como aquella tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Así, se concluye que la sanción vinculada a dicha infracción requiere ser modificada para resultar proporcional al perjuicio generado al fisco. / The sanctioning power of the Administration requires to be subject to minimum guarantees that protect the fundamental rights of the citizens, among them we find the principle of proportionality. The latter requires that the intensity of the sanction be reasonably related to the severity of the harm caused to the protected legal asset. The purpose of this thesis is to study tax offenses from the perspective of their impact on the legal asset of tax collection. After the analysis of legislation, jurisprudence and national and foreign doctrine, it is evidenced that there are offenses that directly affect this legal asset, such as the one typified in paragraph 1 of article 176 of the Tax Code. Thus, it is concluded that the sanction related to that infraction needs to be modified in order to be proportional to the damage caused to the treasury.

La implementación de la innovación en tecnología en la publicidad comercial ha tenido un gran impacto tanto desde el punto de vista tecnológico, social, así como en su aplicación normativa. Además de ello, debido a la tasa de discriminación social existente hacia un grupo determinado de personas (quienes vienen social e históricamente vulneradas), nace nuestro interés por desarrollar el tema de la discriminación en la publicidad comercial en base a las normas de la Ley de Represión de la Competencia Desleal - Ley N° 1044, específicamente en base al Principio de Adecuación Social (artículo 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal). No obstante ello, consideramos que la ambigüedad de la norma termina generando un efecto adverso al esperado y conlleva generalmente a una mala aplicación de la misma por parte de la Autoridad (como el caso de publicidad discriminatoria de Saga Falabella), ya que lo que se busca sancionar el citado artículo no es concretamente la difusión de una publicidad sexista, discriminatorio o contraria al principio de adecuación social en general, sino que la misma tenga el efecto de inducir a sus destinatarios a cometer actos de dicho carácter. Por tanto, debido a que el principal problema del principio de Adecuación Social es su ambigüedad en la aplicación e interpretación por parte de Indecopi, consideramos que su correcta interpretación debe ser restrictiva y funcional.

La Policía Nacional del Perú en virtud de la normatividad vigente, de manera anual realiza el proceso de Cambios Generales de Colocación de los Oficiales, el presente trabajo de investigación se va a desarrollar desde una visión de la buena administración, siguiendo a los principios de meritocracia, transparencia y corrección, instrumentos que permiten garantizar de manera eficiente y eficaz el procedimiento de asignación del personal policial, el cual está constituido por profesionales capacitados en el ámbito operativo y administrativo, con conocimientos especializados, habilidades y destrezas para desempeñar un puesto y/o cargo, con la finalidad de cumplir lo regulado en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú, como es la de garantizar el orden interno, así como prestar ayuda y protección a la comunidad y a las personas. Esta investigación tiene como objetivo aplicar los principios de buena administración, como la meritocracia, la transparencia y la corrección, en los cambios generales de colocación de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y determinar si la materialización de estos principios en el mencionado proceso garantiza un eficiente y efectivo cumplimiento de sus funciones policiales, que coadyuve al eficaz cumplimiento de sus funciones, como velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden interno. Asimismo, se establecerá cómo el principio de buena administración, a través de sus sub principios pueden orientar el procedimiento administrativo de forma positiva en los Cambios Generales de Colocación en la Policía Nacional del Perú, y que esta asignación del personal no devenga en arbitrariedades, actos de corrupción o favoritismos, que deslegitimen la línea de carrera de los oficiales; sino por el contrario, que esta sea realizado dentro de un accionar legítimo de la institución policial, en el cual los Oficiales sean promovidos o asignados con un criterio objetivo, meritorio y transparente, a fin de responder a las exigencias de un servicio policial de calidad y que satisfaga los intereses colectivos.

El presente informe jurídico analiza, en dos momentos, el procedimiento de autorización de la concentración entre INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P – ISA y Consorcio Transmantaro ante la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. En una etapa inicial, este trabajo estudia el procedimiento de autorización de la concentración per se, incluyendo el análisis realizado sobre el impacto de la operación en el sector eléctrico. Además, el presente informe también evalúa el pedido presentado por ISA, años después de finalizada la concentración, para revisar algunas de las decisiones inicialmente hechas por la autoridad. Los objetivos de este trabajo incluyen (i) analizar críticamente la metodología empleada por INDECOPI para definir los efectos en la competencia de una concentración en el sector eléctrico, (ii) evaluar si el procedimiento de evaluación fue conducido conforme a las reglas del Derecho Administrativo, y (iii) revisar los mecanismos legales al alcance de los agentes económicos para —años después— solicitar la reevaluación de las conclusiones del INDECOPI sobre los efectos en la competencia de una operación de concentración. Además, se describe brevemente el marco constitucional que faculta al Estado Peruano a implementar un régimen de control de concentraciones. Este trabajo concluye que INDECOPI ha desarrollado una metodología de evaluación consistente con la normativa peruana y las mejores prácticas internacionales, pero que no ha logrado el mismo nivel de éxito para calibrar correctamente los efectos de sus decisiones a lo largo del tiempo.

El Derecho a la Igualdad supone que el Estado tiene la obligación de tratar en forma igual a todos los ciudadanos. Ello se encuentra establecido desde la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, así como en la Declaración de Filadelfia, en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C 100), en el Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (C 111), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. hasta llegar a nuestra Carta Magna. La constitución Política del Perú vigente desde 1993, establece en su artículo 2 inciso 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley1, por lo cual nadie debe ser discriminado; sin embargo, en nuestra propia legislación encontramos normas limitativas de derechos hacia algunos trabajadores, dejando ver que en nuestro país existe una discriminación legal al no cumplir cabalmente con resguardar el Derecho a la Igualdad de todos los hombres. La diferencia de jornada de trabajo no es una razón objetiva que pueda sustentar la exclusión de un beneficio que protege al trabajador; por lo que, privar a los trabajadores a tiempo parcial de los beneficios sociales de compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario y vacaciones, iría en contra del derecho antes mencionado. Atendiendo a ello este trabajo tratará sobre “El derecho a la igualdad y la no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en el Perú.”

Como sabemos, la publicidad comercial es utilizada como una herramienta fundamental para que los proveedores de servicios o productos, se den a conocer en el mercado y competir en él. Para lograr este objetivo, se hace uso de la imaginación y creatividad para atraer a más personas para que contraten realizando campañas que pueden tener un tinte cómico, reflexivo, dramático, entre otras características. Sin embargo, este uso de la creatividad para realizar las campañas publicitarias tiene límites, en tanto no puede hacer referencia a la nacionalidad, creencias de los titulares de la empresa o hacer uso “injustificado” de la sátira y sarcasmo, entre otras razones presentes en la normativa correspondiente. Además, la publicidad comercial tiene otro límite relacionado a que la publicidad no puede incentivar acciones ilegales, discriminación por raza, sexo, religión, idioma o publicitar servicios o productos eróticos a un público diferente al adulto. El presente artículo busca analizar la controversia que recayó sobre la campaña de la empresa de telecomunicaciones WIN, donde se utilizó la imagen recreativa de un roedor. Las dos empresas denunciantes señalaron en su momento que, por el uso de dicho animal y las frases que aludían a dicho animal, la campaña era publicidad denigratoria y que además iba en contra del Principio de Adecuación Social. En ese sentido, aplicando lo que indica el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal de manera conjunta con Resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Competencia Desleal del Indecopi como también doctrina, se analizará si mediante la campaña publicitaria de WIN, se realizaron actos de competencia desleal y se vulneró el Principio de Adecuación Social. / As we know, commercial advertising is used as a fundamental tool for service or product providers to make themselves known in the market and compete in it. To achieve this objective, imagination and creativity are used to attract more people to hire by carrying out campaigns that can have a comic, reflective, dramatic tone, among other characteristics. However, this use of creativity to carry out advertising campaigns has limits, as it cannot refer to the nationality, beliefs of the owners of the company or make “unjustified” use of satire and sarcasm, among other reasons present in the corresponding regulations. Additionally, commercial advertising has another limit related to the fact that advertising cannot encourage illegal actions, discrimination based on race, sex, religion, language or advertise erotic services or products to an audience other than adults. This article seeks to analyze the controversy that fell on the campaign of WIN, a telecommunications company, where a supposedly recreational image of a derogatory rodent, like a “rat”, was used. The two complaining companies indicated at the time that, due to the use of said animal and the phrases that alluded to said animal, the campaign was denigrating advertising and that it also went against the Principle of Social Adequacy. In that sense, applying what is indicated in Legislative Decree 1044, Law for the Repression of Unfair Competition, together with Resolutions issued by the Specialized Chamber on Unfair Competition of Indecopi as well as doctrine, it will be analyzed whether through the WIN advertising campaign, they carried out acts of unfair competition and the Principle of Social Adequacy was violated. / Trabajo académico