La presente investigación versa sobre el análisis del arbitraje potestativo incausado y su compatibilidad con la negociación directa en un conflicto laboral. El arbitraje potestativo es un mecanismo de solución de conflictos regulado en el ámbito legal nacional, y a pesar de la controversia que ha causado, se viene implementando constantemente en la práctica. El arbitraje potestativo causado se configura cuando se presentan alguna de las dos causales descritas en el artículo 61-A° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha inclinado por una postura que establece que el arbitraje potestativo es uno de naturaleza incausada, es decir, no es necesario la configuración de las causales descritas en el artículo citado para su aplicación. Ante dicha controversia, y observándose en la práctica una importante implementación del arbitraje potestativo incausado, surge la interrogante de conocer si es que el arbitraje potestativo incausado genera alguna incompatibilidad con el derecho a la negociación directa. A partir de este contexto, se realiza un análisis de la normativa nacional e internacional que sirve de base para la aplicación del arbitraje potestativo incausado, así como los efectos que ha causado su aplicación práctica en las negociaciones colectivas. La presente investigación contiene dos secciones. La primera sección tiene como objetivo establecer los conceptos relacionados a los conflictos laborales, la negociación colectiva como derecho constitucional y los mecanismos de solución de conflictos. La segunda sección realiza un análisis a la figura del arbitraje potestativo, en base a la normatividad nacional y a la jurisprudencia, haciendo un especial énfasis en el arbitraje potestativo incausado y los efectos que tiene en la negociación directa, utilizando data estadística. Finalmente, se concluye con ciertas reflexiones referentes a la aplicación actual del arbitraje potestativo incausado, y propuestas de regulación del mismo. / Tesis

Partiendo del entendimiento de que el patrimonio cultural es el legado histórico de nuestros antecesores, acerca dequiénes somos; su importancia, podemos esclarecerla en el siguiente pensamiento: “un pueblo sin cultura es como un hombre sin memoria”. Así lo entendí durante el tiempo de mis estudios iniciales de antropología y posteriormente de derecho, habiendo tenido la suerte de practicar en una fiscalía en la cual el fiscal era ad hoc para la Prevención y Preservación del Patrimonio Cultural en la ciudad del Cusco; ahí observe y fui parte de como los vacíos y deficiencias de nuestra legislación sobre la materia, llevan a la impunidad y abandono del patrimonio cultural. Razón por la que decidimos hacer un estudio jurídico sobre la protección del patrimonio cultural; pues, la labor de preservar nuestro patrimonionos corresponde a todos, a fin de transmitir a las sucesivas generaciones venideras; y, para ello se deben tomar acciones de administración, conservación, mantenimiento y restauración, así como acciones de protección administrativa y penal que buscan prevenir las infracciones contra los bienes del patrimonio cultural orientadas a su destrucción. Siendo el patrimonio cultural de la nación un tema multidisciplinario —en el que intervienen la arqueología, antropología, arquitectura y el derecho—, con la finalidad de alcanzar las tareas antes señaladas;será materia de nuestro estudio la última disciplina referida “al Derecho” en la que participan dos subdisciplinas del Derecho público (Derecho penal y Derecho administrativo), con el objeto de evitar el empobrecimiento y desaparición de importantes evidencias sobre el origen de los pueblos.La actuación del Derecho penal se produce a partir del reconocimiento constitucional de la calidad de bien jurídico de los bienes culturales y la expansión del Derecho, en cumplimiento de la labor de protección y preservación de los bienes culturales. / Tesis

El ejercicio de la potestad tributaria en el Perú debe respetar los principios de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales y no confiscatoriedad recogidos en el artículo 74 de nuestra Constitución Política. El principio de legalidad establece que sólo por Ley se crea, modifica y deroga los impuestos y beneficios. En ese marco, el régimen aduanero del Drawback es un beneficio tributario otorgado por el Estado a las exportaciones, establecido en la Ley General de Aduanas como una “restitución” de los derechos arancelarios efectivamente pagados que hayan gravado la importación para consumo de mercancías contenidas y/o consumidas en bienes exportados; sin embargo, su reglamentación (Decreto Supremo 104-95-EF) establece un régimen simplificado que dispone la devolución del 5% del valor FOB de los bienes exportados independientemente que dicha devolución pueda ser mayor o menor a los derechos arancelarios efectivamente pagados. Teniendo en consideración que los reglamentos ejecutivos como el presente sólo pueden complementar e integrar las leyes que reglamentan, en el presente caso dicha reglamentación desnaturaliza lo establecido en la Ley General de Aduanas y con ello transgrede el Principio de Legalidad y Reserva de Ley recogidos por nuestra Constitución y sobre los cuales se sustenta la potestad tributaria del Estado. Por tanto, dicho reglamento habría modificado y excedido los alcances establecidos en la Ley General de Aduanas para el reconocimiento del régimen aduanero del Drawback generándose una situación de inseguridad jurídica para las empresas que se benefician con este régimen aduanero ya que en cualquier momento dicho reglamento podría ser modificado o derogado por el Poder Ejecutivo. Verificada la violación de los principios tributarios señalados las posibles soluciones a este problema jurídico serían: La aplicación del control difuso; sin embargo, ello podría realizarse sólo por el Tribunal Fiscal y en cada caso concreto. Una segunda alternativa y por la que se inclina esta investigación, sería a nivel normativo consistiendo en la adaptación del Reglamento a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas o el establecimiento de un nuevo régimen de Drawback que guarde armonía con los principios señalados. / Tesis

El presente trabajo elabora un análisis respecto al rol, posicionamiento y alcances de la autonomía de la voluntad de las partes en el mundo contemporáneo -especialmente en el Perú-en la elección de la ley aplicable a los contratos internacionales, y sobre el papel de los factores de conexión subsidiarios en el marco de un proceso judicial. También analiza las limitaciones que usualmente consagran los Estados a esta facultad de las partes, y que impactan de manera importante en el marco regulador de las relaciones contractuales, en tanto protegen derechos fundamentales, considerados pilares del ordenamiento jurídico de los Estados vinculados al contrato. Además elabora un análisis de la legislación comparada para conocer y acceder a las distintas fórmulas modernas consagradas por importantes cuerpos legales, de fuente nacional e internacional, respecto a la autonomía de la voluntad, la lex contractus y las normas internacionalmente imperativas; y también para comparar las opciones legislativas empleadas por las leyes extranjeras y convenciones internacionales contemporáneas con la legislación peruana de Derecho internacional privado (DIPr) sobre lex contractus, con miras a identificar las modificaciones que convendría incorporar para optimizar la legislación peruana sobre el tema. Finalmente, a la luz de las tendencias y fórmulas doctrinarias y legislativas prevalecientes, se formula recomendaciones y propuestas puntuales de reforma legal orientadas a armonizar y mejorar la legislación peruana respecto a la autonomía de la voluntad, lex contractus y limitaciones vinculadas con la defensa de principios fundamentales del foro, y por ende, a dotar al Perú de un marco jurídico más coherente, moderno y previsible que ofrezca mayor seguridad jurídica a la contratación internacional. / This paper makes an analysis on the role, position and scope of the autonomy of the parties in the contemporary world – especially in Peru - in the choice of the law applicable to international contracts and the role of subsidiary connecting factors within the framework of a judicial process. Also it discusses the limitations usually set States to enshrine this right of the parties, which impact significantly on the regulatory framework of contractual relations, since they are designed to protect fundamental rights, considered pillars of the legal system of the States linked somehow to the contract. Besides, it develops a comparative analysis of international legislation to understand and access the various modern formulas used in important legal bodies, national and international, regarding the autonomy of the parties, the lex contractus and internationally mandatory rules; and also to compare the legislative options used by contemporary foreign laws and international conventions with Peruvian law on Private international law and lex contractus, in order to identify the changes that should be incorporated to optimize the Peruvian legislation on the subject. Finally, in light of the trends and doctrinal and legislative formulas prevailing, we propose recommendations and offer specific proposals for legal reform aimed at harmonizing and improving Peruvian law regarding autonomy of the parties, contract law and limitations relating to the defense of fundamental principles of the forum, and therefore, provide Peru with a more coherent, modern and predictable legal framework which offers greater legal security for international contracts. / Tesis

A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Analiza si el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los países que han firmado el Pacto de San José, es de aplicación actualmente en la judicialización de vulneración de derechos fundamentales, por los jueces del Poder Judicial Peruano. El método utilizado para el presente estudio de investigación es el método de estudio descriptivo, puesto que, tiene a identificar características del universo de investigación, esto es, la naturaleza y característica de los principios y derechos que informan el derecho de los derechos humanos; así mismo, establecer si los jueces nacionales ejercen el control de convencionalidad a partir del año 2006 a la fecha; y si existen y se aplican los tratados de derechos humanos en los casos de vulneración de los mismos; por último analiza la relación existente entre el control de convencionalidad, control de constitucionalidad y principio de legalidad peruano. La unidad de análisis está determinada por las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, Mirna Chang, Tribunal Constitucional Peruano y otros. El tipo de investigación es teórico normativo, en la cual recolecta conceptos en un momento determinado, describiendo las variables y analizando su incidencia e interrelación. / Tesis

En el presente trabajo se analiza la situación actual del Impuesto Especial a la Minería (IEM) respecto de su impacto en las inversiones chilenas realizadas en el Perú. Asimismo, se hace una evaluación del referido impuesto respecto del contexto económico presente en el sector minero peruano. En ese sentido, se determinará que, además de ser necesario, existen fundamentos a favor de que el pago de dicho impuesto sea reconocido por la autoridad chilena como crédito tributario, ya que en dicho país tienen un impuesto similar que grava la autoridad minera sobre sus utilidades operativas, el cual es considerado como análogo al Impuesto a la Renta. Si bien la conclusión arribada contribuirá a no encarecer costos del inversionista, el referido impuesto deberá ser repensado a la luz de las cifras actuales de la economía del sector minero. Es así que, con dicho propósito se utilizarán una serie de indicadores macroeconómicos como el nivel de carga tributaria en el Perú y en un grupo de países latinoamericanos seleccionados, la evolución de los montos de recaudación anuales del IEM, y de las cotizaciones de los principales minerales exportados por Perú (cobre y oro), así como las inversiones chilenas más significativas realizadas en el Perú, específicamente en el sector minero. Finalmente, con relación a los fundamentos del impuesto, analizaremos los indicadores económicos que justificaron su creación en el año 2011, así como los pronósticos realizados en dicha fecha y si estos se mantienen vigentes al día de hoy. En caso contrario, mostraremos las diferencias perceptibles con el contexto actual, para evaluar la correspondencia del impuesto con nuestros lineamientos de política fiscal, específicamente con el principio de flexibilidad del sistema tributario peruano. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente los peligros de la aplicación del principio de proporcionalidad que existen actualmente, los cuales – al parecer – no han sido tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional peruano al momento de utilizarlo en los diferentes casos que llegan a dicha institución. La primera parte aborda la teoría, la estructura y los subprincipios que integran al principio de proporcionalidad. En la parte final, se desarrollan los peligros y/o críticas existentes en contra de la aplicación de dicho principio; y, asimismo, un caso específico que llegó al Tribunal Constitucional peruano, que quizás no fue resuelto de la manera más racional y objetiva posible, que desde su publicación hasta el día de hoy genera comentarios negativos. Se concluye que si bien el principio de proporcionalidad es – hoy en día - el principal instrumento con el que cuenta el operador jurídico para determinar si la actuación no es arbitraria o irracional, se advierte que los jueces constitucionales no se encuentran en la capacidad para aplicar de manera eficiente el principio de proporcionalidad, pues ajustan los criterios exigidos por éste principio a la subjetividad de cada uno, con lo cual, podemos decir, que no se basan en argumentos jurídicos ni objetivo o racionales, sino en lo que ellos consideran como aceptable. / Trabajo académico

La seguridad social es la respuesta de la sociedad ante una serie de contingencias y riesgos sociales que han existido desde siempre y que seguirán presentes, por más perfecto que sea el modelo de estado que escoja una sociedad. Ante estas contingencias surge la Seguridad Social, para asegurar una estado de dignidad mínimo en el ciudadano, inherente a él como ser humano y, más concretamente, surge el derecho a la pensión, para otorgar una cobertura de protección ante incapacidad de la persona humana de seguir valiéndose por sí misma y de continuar laborando. El 21 de abril del presente año se publicó la ley N° 30425, la misma que en su Vigésima Cuarta Disposición Final aprueba el retiro de 95.5% del Fondo Privado de Pensiones. El presente documento, tratará de analizar - a la luz de los fines, principios y contenido del derecho a la pensión- si es que el retiro de los fondos de pensiones que aprueba dicha ley es constitucional o va en contra de la misma naturaleza del derecho a la pensión: la protección contra los riesgos. / Trabajo académico

El presente trabajo analiza el criterio del INDECOPI respecto a la responsabilidad de las aerolíneas por las interrupciones de itinerario generadas por los eventos técnicos ajenos a los programas de mantenimiento. Así, se parte de la hipótesis que las aerolíneas no pueden prever dichos eventos y es por este motivo que la Decisión 619 los contempla como exoneración de responsabilidad (circunstancia imprevista). Esta tema reviste de una particular importancia en el sector aéreo, pues actualmente INDECOPI investiga de Oficio el incumplimiento de itinerario de más de cinco mil vuelos, siendo que la gran mayoría de éstos son generados por eventos técnicos de mantenimiento que para la autoridad de consumo no son eximentes de responsabilidad. Se concluye que el razonamiento del INDECOPI es circular y cerrado, pues no distingue los distintos tipos de fallas que se pueden presentar en el transporte aéreo lo cual podría acarrear consecuencias negativas para el Estado peruano por contradecir un tratado internacional. / Trabajo académico