El presente artículo explica que en el derecho privado no hay un solo hecho que no afecte al mismo tiempo a los destinatarios y a terceros. Esa incidencia hacia sujetos ajenos de la relación jurídica se les denominó como “efectos reflejos” del acto jurídico. Ocurre que tales interacciones sociales pueden tener distintos niveles de intensidad y alcances, tal influencia tendrá ciertos límites difíciles de establecer.Ordenando el anterior panorama será posible comprender qué clase de terceros pueden presentarse frente a los contratos o frente a los laudos arbitrales o, con otras palabras, qué grado de influencia pueden tener los contratos y laudos hacía los terceros.

Doctorado en Ciencias Sociales / América Latina es, por una parte, la región más desigual del mundo en cuanto a distribución del ingreso, la cual coexiste con un alto nivel de legitimación de la desigualdad económica incluso entre los segmentos más pobres. Y, por otra, vivimos en una región crecientemente mediatizada en la que los medios de comunicación juegan un rol central en interpretación de la realidad social entre el individuo y el mundo social. De ahí que el objetivo de la presente investigación sea, precisamente, evaluar la incidencia del «consumo de noticias en los medios de comunicación» sobre «la legitimación de la desigualdad económica» en América Latina. Para ello se analizan las bases de datos de las encuestas Latinobarómetro del año 2011 en un estudio comparado que incluye 18 países de la región. El análisis estadístico realizado permite concluir que, contrario a lo que se hipotetizaba, la incidencia del consumo de noticias políticas en los medios de comunicación es limitada y de baja intensidad. Antes bien, son las variables de «percepción de la situación económica del país», la «percepción de la situación económica personal y familiar» y la «percepción del progreso del país» las que demuestran una mayor incidencia sobre la legitimación de la desigualdad económica en la mayoría de los países latinoamericanos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo consiste en determinar si los niños, niñas y adolescentes pueden interponer de manera autónoma la acción de protección, y si, por tanto, poseen el libre ejercicio de sus derechos constitucionales. Además analizaremos si es posible que los menores de edad sean sujetos pasivos de la acción de protección. La necesidad de estudiar este tema surge a partir del interés que nos sucita el caso “Sabá Catalán con Tribunal de Alumnos del Instituto Nacional”, el único que a la fecha hemos identificado, en que un menor de edad interpone por sí mismo una acción de protección en contra del Tribunal de Alumnos del colegio en que estudiaba, representado también por un menor de edad. Del estudio de las normas que regulan la acción de protección se desprenden dos posibles interpretaciones, una de las cuales no lleva a concluir indefectiblemente que los menores de 18 años no pueden interponer por sí mismos la acción de protección y otra conforme con la cual podemos afirmar lo contrario. Para determinar cuál de las antedichas interpretaciones es la correcta, nos valdremos de ciertos principios y normas que consideramos relevantes en el marco de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, los que nos permitirán inclinarnos por alguna de estas posturas, dando así, respuesta a la pregunta central de este trabajo.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Proporciona aportes significativos a la doctrina debido al análisis de las respectivas posturas doctrinarias sobre el tema de la presente investigación que conllevará a determinar las condiciones en que debe otorgarse una adecuada tutela procesal efectiva a los justiciables en los procesos de filiación de tal manera que se compatibilice el principio de celeridad procesal y el debido proceso. Asimismo, la presente tesis aportará a la teoría en el sentido que el sustento teórico doctrinario de esta investigación jurídica facilitará abundantes datos para los estudiosos de la materia de filiación judicial. Por otra parte, mediante el sustento teórico dogmático de esta investigación efectuada se podrá detectar las diversas deficiencias legislativas en materia de filiación de paternidad extramatrimonial con la finalidad que dichas deficiencias sean corregidas por el legislador, para que toda persona tenga establecida una filiación incuestionable. Finalmente, el presente trabajo de investigación será un valioso aporte a la jurisprudencia ya que los magistrados podrán estudiar mejor el sustento teórico dogmático de la presente tesis, sirviéndoles de gran ayuda al momento de motivar sus decisiones. / Tesis

No description available.

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Manifiesta que de acuerdo con la presunción legal de paternidad establecida en el Código Civil de 1984, el hijo nacido dentro del matrimonio o trescientos días posteriores a su disolución tiene por padre al marido de la madre. Esta presunción se mantendrá hasta que no existe Resolución Judicial que declare lo contrario. La presente investigación tiene por objeto demostrar que el derecho a la identidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, se ve afectado por aplicación de la presunción legal de paternidad antes citada, al no permitir el reconocimiento del padre biológico mientras no exista sentencia favorable de negación de paternidad. Bajo el análisis de la doctrina nacional y extranjera, así como de la legislación comparada y los tratados internacionales ratificados por el Perú, se considera necesario efectuar una reforma legislativa que permita el reconocimiento del padre biológico en el acto de registro de nacimiento. / Tesis

El tema del presente trabajo está referido a la responsabilidad que le cabe a los progenitores ante la falta de reconocimiento paterno de los hijos, cuestión que incluye tanto los supuestos en los cuales el padre se sustrae a reconocer voluntariamente a su descendencia, como así también a la madre, cuando dicha falta de reconocimiento proviene de una conducta que le es imputable, la que se verifica cuando obstaculiza al no permitir la identificación del padre, o no ejerce la acción de filiación en representación de su hijo. Abordaremos luego previa reflexión en relación al derecho a la identidad. En efecto, creemos que la falta de emplazamiento y el consecuente daño que ello puede ocasionar, vulnera un derecho personalísimo, concretamente configura una violación al derecho de identidad personal. Tal derecho aparece consagrado en los artículos 7 y 8 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, los que confieren a los hijos el derecho de conocer a sus progenitores y a tener su identidad. Nuestro objetivo en el presente trabajo se dirige a propiciar la introducción de la responsabilidad civil por la omisión del reconocimiento de la paternidad voluntaria del hijo extramatrimonial en el vigente Código Civil o en todo caso en el nuevo Código Civil ya que los principios generales que regulan la misma extiende su aplicación a distintas ramas del derecho, dentro de las cuales se encuentra el Derecho de Familia y determinar los daños producidos en la persona del hijo extramatrimonial no reconocido voluntariamente, en particular el que recae sobre el derecho a la identidad en referencia a la realidad biológica (en especial la identidad filiatorio) a sus caracteres físicos y a su realidad existencial durante el tiempo transcurrido entre la procreación y el emplazamiento producto del pronunciamiento judicial en un juicio de reclamación de filiación extramatrimonial. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La publicación y promulgación de la Ley N° 19.585 cambió profundamente el sistema chileno de filiación. Antes de ello se distinguía en Chile entre filiación legítima e ilegítima. Aquella diferencia se fundaba, entre otras razones, en que “con anterioridad al proceso codificador en Chile, regían civilmente las leyes españolas, y específicamente trataban la filiación las leyes de Toro y las Siete Partidas. En ambos cuerpos legislativos se contemplaba al hijo nacido fuera del matrimonio (…),” y si bien “el ordenamiento jurídico, hasta la dictación del Código Civil, era abierto y otorgaba importantes derechos a los hijos naturales” no los trataba de la misma manera que a los hijos nacidos dentro de un matrimonio. Al redactar nuestro Código Civil, Bello, quien estaba influenciado por las ideas de la Revolución Francesa y por el autor García Goyena, mantuvo la distinción señalada. “El Código Civil chileno promulgado en el año 1855 distinguía en sus artículos 35 al 40 entre los hijos legítimos, considerados como tales, a los concebidos durante el matrimonio verdadero o putativo de sus padres que produzca efectos civiles y a los legitimados por el matrimonio de los mismos posterior a la concepción, agregando que todos los demás eran hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos eran naturales o de dañado ayuntamiento, o simplemente ilegítimos.” En el Código “se privilegió la filiación legítima, a la cual se otorgó el goce de una amplia gama de derechos, en menoscabo de la filiación ilegítima,” buscando incentivar y proteger el matrimonio. Sólo “a partir de los años 30 del siglo XX comenzó una revisión del sistema filiativo imperante en el Código, produciéndose una serie de reformas que otorgaban mayores derechos a la filiación ilegítima, pero siempre manteniendo la clasificación dicotómica.” Fue necesario un impulso proveniente del derecho comparado para terminar con esta situación. Éste partió cuando “en el plano internacional se produce un cambio de mentalidad a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, que promueve derogar toda distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. Esta nueva concepción se plasma en los instrumentos internacionales de derechos humanos que proclaman la igualdad de derechos de todo ser humano y aseguran la no discriminación en razón del nacimiento.” Es así como luego de la Segunda Guerra Mundial los países subscribieron importantes tratados y declaraciones en Derechos Humanos, que “(…) tuvieron por motivación reconocer y asegurar al ser humano un estatuto mínimo de derechos, que deben serle respetados tanto por su Estado como por la comunidad internacional toda, por el solo hecho de ser persona, evitando de esta manera que se volviera a vivir situaciones como las sufridas en Europa antes del estallido de esa guerra,” entre éstos cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos del Niño, de Naciones Unidas; la Convención Americana de Derechos Humanos, denominado también Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de Naciones Unidas. No debemos olvidar que con el actual inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, que señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y luego agrega, que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, se hacía imprescindible terminar con la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y optar por un nuevo sistema filiativo. Con este objetivo en vista se avanzó en la consagración del derecho a la igualdad, del derecho de identidad y el derecho de prioridad del interés superior del niño, mediante “la reforma que introduce la ley N° 19.585, publicada en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1998, y cuya entrada en vigencia se produjo el 27 de octubre de 1999, (que) representa el cambio más trascendente y vital en materia de derecho de familia y sucesorio en nuestro ordenamiento.” Sin embargo, con la aplicación de dicha ley han surgido situaciones, en las cuales no hay acuerdo ni en la doctrina ni en la jurisprudencia respecto a la forma de armonizar entre sí ciertos artículos y más aún, éstos con el derecho constitucional a la igualdad y con el derecho a la identidad. Para entender a qué me refiero es importante señalar que bajo la perspectiva de la Ley N° 19.585 y siguiendo a la Profesora Maricruz Gómez de la Torre se entiende actualmente que “la filiación es una relación jurídica que existe entre dos personas, una de las cuales se ha designado jurídicamente como padre o madre de la otra.” No se hace distinción alguna entre tipos de hijos; afirmación acorde con el artículo 33 del Código Civil, que señala que tienen el estado civil de hijos respecto de una persona aquellos cuya filiación se encuentra determinada, de conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de este Código. Además dicho artículo recalca que la ley considera iguales a todos los hijos. Así “desde ahora lo clasificado no serán los hijos, sino que la filiación” . El artículo 37 del mismo Código prescribe, que la filiación de los hijos puede no encontrarse determinada respecto de su padre, de su madre o de ambos. Siguiendo esta idea, se puede distinguir entre la filiación determinada y la filiación indeterminada; entendiendo que “es determinada cuando se encuentra legalmente establecida la paternidad, la maternidad o ambas, y no determinada, cuando no se ha establecido.” La importancia de esta distinción radica en que “los hijos de filiación determinada tienen iguales derechos y los de filiación no determinada no tienen ningún derecho.” Por ello, los hijos de filiación determinada tienen los mismos derechos sucesorios: son parte del primer orden de sucesión, gozan de iguales derechos en cuanto legitimario y la representación opera en toda clase de descendencia, sea matrimonial o no matrimonial. “La totalidad de las discriminaciones en materia sucesoria se eliminan, equiparando en derechos a todos los hijos de un mismo padre o madre de filiación determinada, nacidos dentro o fuera del matrimonio” . Por otro lado, los hijos de filiación indeterminada, no tienen derecho sucesorio alguno. Esta diferencia no atenta contra el principio de igualdad, porque el Título VIII del Libro I del Código Civil da a las personas que no tienen filiación determinada acciones para que logren determinarla. En palabras de la Profesora Paulina Veloso: “Cabe anotar que en este caso no hay discriminación de la ley. Sostenemos esta opinión porque la normativa legal otorga a la persona cuya filiación no está determinada, los medios para ejercer las acciones respectivas. Si, en cambio, se restringiera la posibilidad de acceder al estado civil; es decir, se impidiera o limitara, de manera sustancial, el ejercicio de la acción, aunque el estatuto fuera igualitario, podría estimarse que el sistema es discriminatorio.” Una de las acciones que permite determinar la filiación, logrando así su establecimiento formal, es la acción de reclamación. Ella está definida en doctrina como “aquella que persigue determinar la filiación matrimonial o no matrimonial, que no se posee, por parte del hijo contra su padre o madre o ambos. O por parte de éstos contra el hijo y sus padres aparentes, para determinar su verdadero estado, dejando sin efecto el que mantiene aparentemente” ; y está tratada específicamente en el segundo párrafo del Título VIII del Libro I del Código Civil. Ahora bien, teniendo en vista sólo tres de los artículos que tratan la acción de reclamación: los artículos 195, 206 y 317; se constata que no hay coherencia entre ellos, ya que “surge una evidente contradicción entre los artículos 206 y 317 ambos del Código Civil, ya que el primero limita los casos en que la acción de reclamación caduca por la muerte de los padres y el segundo abre la posibilidad de deducirla en cualquier tiempo.” En otras palabras, cuando se entabla una acción de reclamación hay distintas formas de responder en un juicio de filiación respecto a la legitimación pasiva de la sucesión de un supuesto padre difunto o de una supuesta madre difunta y consecuencialmente a la procedencia de posibles derechos hereditarios

Plantea aportes significativos sobre el el control difuso en los procesos de filiación de paternidad y la protección del derecho a la identidad como derecho fundamental, en el contexto de la legislación civil vigente. Para ello, se utilizó la metodología de la investigación científica, que permite cumplir de manera óptima los aspectos importantes del estudio. A su vez, en el presente estudio se utilizó el tipo de investigación dogmático - jurídica. Las técnicas del estudio están conformadas por el análisis documental, el análisis de la legislación y el análisis de la jurisprudencia. Los instrumentos del estudio están conformados por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. En la doctrina nacional y comparada se obtienen los diferentes puntos de vista sobre el Control Difuso aplicado a los proceso de filiación de paternidad, que posteriormente son analizados de modo oportuno en el contenido del estudio, con sus respectivas interpretaciones. En adición, el análisis dogmático jurídico del estudio fue efectuado de forma ordenada dentro del Estado de la Cuestión para luego exponer las consecuencias de su implementación. Para finalizar, se presentan las conclusiones que se dan como resultado del desarrollo de la investigación, que se pueden aplicar en los procesos de filiación de paternidad. Con esto, se facilitan las recomendaciones, que se consideran como factibles y aplicables a los problemas frecuentes que se presentan en los juzgados. / Tesis

En la búsqueda por armonizar la dialéctica entre libertad-poder, el concepto, la idea, de legitimidad, recupera el sentido y la significación que los hombres han dado y dan a la relación de poder. (Botana, 1968: 13). Dialéctica que se integra con el esquema de legitimación que implica una “imagen o representación” generada en la internalización de valores (no inmutables) por parte de un grupo o sector de hombres que -en tanto antecedente de la creencia- es lógica consecuencia de aquella representación. Si la legitimidad es propia de la sociedad política -porque justifica el poder público y a quien o quienes lo detentan- y la legitimación es propia de la sociedad civil en tanto sistema de creencias, objetivos, modos de vida, valores y principios compartidos, o no, por el colectivo social, esclarecer el concepto de una y otra, constituyó nuestro insoslayable desafío. Así, al reconstruir distintos escenarios, recurriendo a las coordenadas de tiempo y de espacio, buscamos demostrar la existencia de una deslegitimación latente en el entramado social argentino, que, entendemos, resultó producto de una sociedad civil débil -por déficit de legitimación- generadora, a su turno, de una formación política (sistema político) débil, por crisis de legitimidad.