El presente informe consiste en el análisis de lo resuelto en el laudo arbitral emitido en el expediente N° 20513/ASM. Este arbitraje se originó a raíz de la suscripción del Contrato de Préstamo JBIC/PE-P25, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (en adelante, PNSU) y el Consorcio Nippon Koei -Oist (en adelante, el Consorcio) para la ejecución del contrato de consultoría de obra para la implementación del proyecto “Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades de Piura- Castilla y Chimbote” (en adelante, el Contrato de Consultoría), en marco de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, LCAE) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, RLCAE) aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM, normas vigentes en ese momento. La controversia radica en que, tras la culminación de sus prestaciones, el Consorcio presentó su liquidación del Contrato de Consultoría; sin embargo, la Entidad remitió un pronunciamiento por medio de la cual rechazaba dicha liquidación; no obstante, el Consorcio consideraba que no resulta válida la mencionada liquidación, ya que no habría cumplido con los requisitos para conformar un acto administrativo. Por su parte, el PNSU consideró que sí cumplió con los requisitos de validez, en tanto, estimaba que se trataba de un acto administrativo válido, oportuno y eficaz. Según lo expuesto, en el presente informe jurídico se pretende analizar la naturaleza de la liquidación realizada por el PNSU, si es un acto administrativo o no, y determinar los requisitos de validez para su emisión, si la Entidad cumplió o no con elaborar la liquidación conforme a la normativa aplicable al caso. Para ello se contrastará los alegatos presentados por parte del Consorcio, la Entidad y el Tribunal Arbitral. Además, se abordará la implicancia de la liquidación respecto a la aplicación de las penalidades, sobre su naturaleza y procedimiento en el contrato. Finalmente, se abordará lo concerniente a la emisión del certificado de conformidad de servicio / This report consists of an analysis of the arbitration award issued in Case No. 20513/ASM. This arbitration arose from the execution of Loan Agreement JBIC/PEP25, between the National Urban Sanitation Program (hereinafter, PNSU) and the Nippon Koei -Oist Consortium (hereinafter, the Consortium) for the execution of the works consultancy contract for the implementation of the project "Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the cities of Piura- Castilla and Chimbote" (hereinafter, the Consultancy Contract), within the framework of Law No. 26850, Law of Contracts of the National Urban Sanitation Program (hereinafter, the Consultancy Contract), The Consulting Contract), under Law No. 26850, State Contracting and Procurement Law (hereinafter, LCAE) and the Regulations of the State Contracting and Procurement Law (hereinafter, RLCAE) approved by Supreme Decree No. 039-98-PCM, rules in force at that time. The controversy lies in the fact that, after the completion of its services, the Consortium submitted its settlement of the Consulting Contract; however, the Entity sent a pronouncement rejecting said settlement; however, the Consortium considered that said settlement was not valid, since it did not comply with the requirements to constitute an administrative act. On the other hand, the PNSU considered that it did comply with the requirements of validity, since it considered that it was a valid, timely and effective administrative act. According to the above, the purpose of this legal report is to analyze the nature of the settlement made by the PNSU, whether it is an administrative act or not, and to determine the validity requirements for its issuance, whether the Entity complied or not with the preparation of the settlement in accordance with the regulations applicable to the case. To this end, the allegations presented by the Consortium, the Entity and the Arbitral Tribunal will be contrasted. In addition, the implications of the liquidation regarding the application of penalties, their nature and procedure in the contract will be discussed. Finally, the issue of the certificate of conformity of service will be discussed.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se determinó el nivel de resguardo de la competencia y su suficiencia en el sistema público chileno basado en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento. Para ello, hicimos una descripción del sistema de contrataciones público chileno y los diversos tipos de mecanismos de adquisiciones que éste contempla. Analizamos la relación de interdependencia entre competencia y contratación pública; y los efectos de corto y largo plazo que un diseño ineficiente podría causar en el mercado y la competencia. Sugerimos tres directrices o criterios competitivos que toda legislación debería incluir en sus disposiciones para resguardar un entorno competitivo en las adquisiciones del Estado. Identificamos tres problemas principales en el sistema de contrataciones público; tales como, problemas prácticos en la aplicación de la Ley de Compras que establecen barreras de entrada a los competidores; necesidad de fomento de un Sistema de Contratación Pública estratégica y problema en el Sistema de Pagos. Expusimos tres propuestas de soluciones a los problemas ya expuestos; en base a la experiencia del Derecho Comparado. Finalmente, podemos adelantar que el sistema de compras público chileno es capaz de resguardar la competencia; no obstante dicho resguardo no es suficiente debido a la mayoría de problemas prácticos en la aplicación de la Ley de Compras y su Reglamento

La presente tesis doctoral se encuentra dividida en dos bloques principales: El objetivo de los primeros capítulos es el de proporcionar una breve descripción de la casuística del sistema de licitación de construcción en España, para posteriormente relacionarla con la incipiente ciencia de la Predicción de Bajas. Se pretende exponer y dar a conocer una serie de herramientas matemáticas y estadísticas con las que incrementar, en ciertos aspectos, la confianza en la toma de decisiones acertadas en aras a presentar ofertas económicas con mayor probabilidad de éxito, a partir de la experiencia previa recogida en procesos de licitación anteriores. Se presenta la Predicción de Bajas en Concursos y Subastas como una ciencia, relativamente poco desarrollada, incluso en aquellos países en los que se ha gestado (Australia y Estados Unidos), casi totalmente desconocida en el nuestro (incluso considerada de forma escéptica por muchos desconocedores de la misma), pero que se encuentra actualmente en su punto de inflexión por la gran utilidad que aporta en el momento de guiar una toma de decisión respecto del precio a presentar para un contrato, una obra o un proyecto concreto, en su fase de licitación. Conocido el marco de la licitación y a partir de la utilidad que suponen determinadas herramientas que recogen la experiencia y los hechos en procesos de licitación, se realiza una revisión, en el tiempo, de la evolución de los principales modelos de Predicción de Bajas empleados en la actualidad. Partiendo de un análisis del Modelo de Igual Probabilidad se exponen una serie de modelos más modernos que han ido incrementando progresivamente la calidad de la predicción en los últimos 50 años. Se pretende con esta revisión del estado del arte, no profundizar en la base puramente matemática de estos modelos, sino más bien recoger su formulación básica para mostrar su filosofía en el manejo de datos y variables. / Ballesteros Pérez, P. (2010). Propuesta de un nuevo modelo para la predicción de bajas en licitaciones de Construcción [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/7025

En el 2012, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado inició un procedimiento administrativo sancionador, Expediente N° 497/2012.TC, a la empresa TESACOM PERU S.A.C. por el supuesto de haber contratado con el Estado, en un procedimiento de selección convocado por la Marina de Guerra del Perú, a pesar de encontrarse impedida para ello, infracción configurada a raíz de la participación de un oficial de la misma, en situación de disponibilidad, como gerente general de la referida empresa. En consecuencia, luego de haberse emitido, por parte del órgano encargado de resolver estos procedimientos, las Resoluciones N° 1737-2013-TC-S1, que determinó sanción de 13 meses de inhabilitación temporal, y N° 1990-2013-TC-S1, que resolvió dejar sin efectos todos los extremos de la resolución que sancionó a TESACOM PERU S.A.C., corresponde analizar si esta empresa se encontraba impedida para contratar con el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 10°, inciso i) de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L N° 1017, así como si incurrió en los supuestos de infracción tipificados en el artículo 51.1°, incisos d) e i) de la misma normativa; ello, a partir de: i) la evaluación de la situación de disponibilidad en la que se encontraba el referido oficial, al ser una categoría presente solo en Instituciones Armadas; ii) el análisis de si un oficial de las Fuerzas Armadas puede ser considerado como funcionario o servidor público; iii) la configuración de un supuesto de ruptura de la confianza legítima; iv) la interpretación extensiva de los impedimentos para contratar con el Estado; v) la aplicación de una opinión vinculante al caso de análisis; vi) la existencia de vicios de validez que generen la nulidad de la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, a efecto de concluir si TESACOM PERU S.A.C. y su gerente se encontraban impedidos de contratar con el Estado.

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El presente expediente es un caso por falsificación de cartas fianzas del Consorcio San Buenaventura hacia el gobierno Regional de Huánuco. Contando con una parte penal y una netamente administrativa que, para efectos de la titulación se hizo énfasis en lo actuado en el fuero administrativo en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, demostrando que se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. Durante el 2015, el Ministerio público teniendo los actuados en el fuero penal, notifica de oficio al Organismo Supervisor de contrataciones, quien pide a la entidad emitir un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. Al entregarse este documento, emiten sus descargos Erwin Vidarte Llontop y Coshima S.C.R.L, excepto B y V Servicios Generales. Presentada esta documentación, la segunda sala del Tribunal decide SANCIONAR a Erwin Vidarte Llontop con 40 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a la empresa Cosihma por 36 meses de inhabilitación; y finalmente a la empresa B y V Servicios Generales S.A.C por 37 meses de inhabilitación temporal. Sin embargo, Cosihma, solicita una reconsideración porque B y V Servicios Generales, tiene una inhabilitación temporal que rige desde el 11 de noviembre del 2015 por un plazo de 39 meses. A la par, Erwin Vidarte Llontop, presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Cosihma S.C.R.L. y revoca la sanción por inhabilitación temporal / This case is a case of forgery of letters of guarantee of the San Buenaventura Consortium to the Regional Government of Huanuco. It has a criminal part and a purely administrative part which, for the purposes of the title, emphasis was placed on the actions taken in the administrative jurisdiction in the State Contracting Court, demonstrating that the responsibility of the consortium members can be individualized. During 2015, the Public Prosecutor's Office, having the proceedings in the criminal jurisdiction, notifies ex officio the Supervisory Body of Procurement, which requests the entity to issue a technical legal report on the origin and alleged liability of the consortium. Upon delivery of this document, Erwin Vidarte Llontop and Coshima S.C.R.L., except for B y V Servicios Generales, issued their statements. Once this documentation was presented, the Second Chamber of the Court decided to SANCTION Erwin Vidarte Llontop with 40 months of temporary disqualification from participating in selection processes and contracting with the State; Cosihma with 36 months of disqualification; and finally B y V Servicios Generales S.A.C. with 37 months of temporary disqualification. However, Cosihma, requests a reconsideration because B y V Servicios Generales, has a temporary disqualification in force since November 11, 2015 for a term of 39 months. At the same time, Erwin Vidarte Llontop, filed an appeal for annulment. Finally, the State Contracting Tribunal declared the appeal for reconsideration filed by Cosihma S.C.R.L. to be well-founded and revoked the sanction for temporary disqualification. / Trabajo de suficiencia profesional