El artículo parte de la premisa de que existe una ausencia de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público y, a la luz de la Convención Interamericana contra la Corrupción, elabora un análisis crítico de la legislación mexicana en materia de contrataciones y adquisiciones con el Estado. Las conclusiones finales sostienen que aún existen grandes deficiencias en materia de contratación pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es analizar la regulación que la Ley 19.886 ha dado al trato o contratación directa, mecanismo que permite a la Administración, en determinados casos, suscribir directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin someterse a los requisitos y exigencias de la licitación pública. Este tema adquiere relevancia desde que se reconoce por un lado la importancia que los contratos administrativos tienen para la economía, y por otro su sensibilidad respecto al principio de probidad que debe regir todas las actuaciones públicas. Para efectuar tal análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los conceptos generales en materia de contratos administrativos y sistemas de selección de los oferentes, para luego pasar a examinar en detalle en qué casos, con qué requisitos y de acuerdo a qué procedimientos el Estado puede escoger directamente a un contratista para la celebración de un contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de algunos problemas en la definición del trato directo y los requisitos de procedimiento impuestos, la ley señalada ha implicado un innovador avance en materia de contratación administrativa, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia de los oferentes

Unidad de práctica prolongada para optar al título de Químico Farmacéutico / La adquisición de medicamentos a través de licitaciones públicas es un proceso clave para cumplir con los requerimientos del hospital. Para evaluar a los postulantes de la licitación se utilizan distintos criterios, que tienen por objetivo seleccionar la mejor oferta de acuerdo a los aspectos técnicos, económicos y logísticos del producto farmacéutico. La evaluación de los aspectos técnicos permite garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, velando así por la salud de los pacientes. Es por esto que este trabajo tiene por objetivo analizar y modificar los criterios técnicos para la evaluación de licitaciones de fármacos, junto con determinar su influencia en la calidad de los medicamentos adquiridos en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés. Para ello, se realizó un diagnóstico de los criterios utilizados en las licitaciones realizadas entre los años 2015 y 2017. Esto con el propósito de determinar la importancia de la evaluación técnica en la selección de los medicamentos, a través de un análisis comparativo entre dos licitaciones, la realizada en el año 2015, donde se utilizaron criterios de baja exigencia y una nueva licitación en la que se implementó una pauta modificada, en la que fueron mejorados sus criterios técnicos. Los resultados de este análisis fueron comparados a través de cuatro indicadores. Como resultado de la evaluación diagnóstica se observó que la mayoría de los criterios técnicos fueron clasificados con un bajo grado de requerimiento de calidad. Se licitaron treinta medicamentos, correspondientes a comprimidos de distintos grupos farmacológicos. En la evaluación de estos medicamentos se incorporaron criterios relacionados principalmente a la certificación GMP de la materia prima, a la Farmacovigilancia, y a la evaluación de la forma farmacéutica. De acuerdo a la comparación de ambas licitaciones, se observa que el número de postulantes por medicamentos se mantuvo prácticamente constante. Además, se pudo observar que, de los nuevos criterios, la solicitud del Programa de FV, y de fotos o muestras de los medicamentos para evaluación de sus características técnicas, fueron los criterios en los que hubo un mayor porcentaje de proveedores que cumplieron con estos requerimientos. También se determinó que el porcentaje de medicamentos adquiridos con el mayor puntaje en la evaluación de calidad, aumentó desde un 40% en el año 2015 a un 63% durante el año 2017. En relación a la evaluación económica se observó que, durante el año 2015, el 37% de los medicamentos fue adjudicado a la oferta más económica, mientras que, en el año 2017, aumentó a un 47% del total de los medicamentos. viii Finalmente, cabe destacar que el 53% de los medicamentos cambiaron de proveedor durante la licitación del año 2017, y que la modificación de los criterios técnicos, contribuyó a mejorar la calidad del 43% de los medicamentos evaluados. En consecuencia, mantener una alta exigencia en la selección de medicamentos, a través del uso de esta pauta de evaluación mejorará la calidad de los próximos medicamentos que desee adquirir el hospital mediante el procedimiento de licitaciones públicas. / The procurement of medicines through public tenders is a key process to comply with hospital requirements. Different criteria are used to evaluate bidders, which aim to select the best offer according to the technical, economic and logistical aspects of the pharmaceutical product. The evaluation of the technical aspects allows to guarantee the fulfillment of the standards of quality, safety and effectiveness of the medicines, thus ensuring the health of the patients. This is why this work aims to analyze and modify the technical criteria for the evaluation of drug tenders, together with determining its influence on the quality of medicines acquired at the Dr. Exequiel González Cortés Hospital. For this, a diagnosis of the criteria used in the bids carried out between 2015 and 2017 was made. This was done in order to determine the importance of the technical evaluation in the selection of medicines, through a comparative analysis between two tenders, the one carried out in 2015, where low demand criteria were used and a new tender in which a modified guideline was implemented, in which its technical criteria were improved. The results of this analysis were compared through four indicators. As a result of the diagnostic evaluation it was observed that most of the technical criteria were classified with a low degree of quality requirement. Thirty medicines were tendered, corresponding to tablets of different pharmacological groups. In the evaluation of these medicines, criteria related mainly to the GMP certification of the raw material, the Pharmacovigilance, and the evaluation of the pharmaceutical form were incorporated. According to the comparison of both tenders, it is observed that the number of applicants for medicines remained practically constant. In addition, it could be observed that, of the new criteria, the solicitude of the Pharmacovigilance Program, and photos or samples of the drugs for evaluation of their technical characteristics, were the criteria in which there was a higher percentage of suppliers that complied with these requirements. It was also determined that the percentage of medicines purchased with the highest score in the quality assessment increased from 40% in the year 2015 to 63% during the year 2017. In relation to the economic evaluation, it was observed that, during the year 2015, 37% of the medicines were awarded to the most economical offer, while in 2017, it increased to 47% of the total of the medicines. x Finally, it should be noted that 53% of the drugs changed suppliers during the tender for 2017, and that the modification of the technical criteria contributed to improve the quality of 43% of the medicines evaluated. Consequently, maintaining a high demand in the selection of medicines, through the use of this evaluation guideline, will improve the quality of the next medicines that the hospital wishes to acquire through the public bidding process.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante este trabajo se pretende analizar las vías de revisión y de impugnación existentes en los procedimientos preparatorios de contratos administrativos regidos por la Ley N° 19.886 que establece las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, poniéndose énfasis en los mecanismos de naturaleza administrativa que la Administración y los particulares disponen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta tesis plantea que pese a la desconfianza que se ha tenido respecto a la vía administrativa de revisión, al ser la propia Administración la llamada a resolver las reclamaciones que recaen sobre sus resoluciones en procedimientos de compras públicas, aparece como una alternativa útil, expedita y que en ocasiones podría presentarse incluso más conveniente que incoar un proceso de carácter jurisdiccional ante el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, se plantean eventuales ventajas de la vía administrativa de revisión sobre la vía jurisdiccional en base a cuatro ejes, éstas son las competencias que detentan las entidades licitantes en comparación con las del Tribunal de Contratación Pública, los plazos de resolución ante la Administración, la complementariedad de ambas vías de impugnación y por último aspectos de carácter económico. No obstante las posibles ventajas que puede presentar esta vía administrativa de impugnación, también presenta algunos puntos críticos que deberían ser considerados al momento de inclinarse por el ejercicio de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales

Al momento de presentar los pliegos en una licitación, los contratistas saben que pueden existir renegociaciones en los contratos. Si anticipan que ciertas cantidades estimadas por el ingeniero han sido sub-estimadas (o sobre-estimadas), pueden tener incentivos a desbalancear estratégicamente los precios ofertados con el fin de aumentar los beneficios del proyecto. Se desarrolla un modelo que incorpora este comportamiento estratégico suponiendo que los contratistas son neutrales al riesgo y se lo contrasta usando los contratos de construcción del departamento de transporte de Michigan para el período 2001-2013. Se encuentra evidencia empírica de que los contratistas desbalancean estratégicamente sus precios y obtienen ingresos 1.6% adicionales a nivel de proyecto. Además, los contratistas con mayor participación en el mercado de licitaciones son quienes lo realizan de manera más agresiva. Por último, se desarrolla de manera teórica un segundo modelo que considera que los contratistas son aversos al riesgo y tienen heterogeneidad en los costos.

To achieve its goals, the State requires the voluntary collaboration of individuals, which takes form of an administrative contract, whose award is often disrupted by administrative corruption. Public tendering stands out among the mechanisms to prevent and fight administrative corruption in the award of administrative contracts. / Para alcanzar sus fines, el Estado requiere de la colaboración voluntaria de los particulares, lo cual se concreta mediante el contrato administrativo, cuya adjudicación suele verse trastocadas por el flagelo de la corrupción. Entre los mecanismos utilizables para evitar y combatir la corrupción administrativa en la adjudicación de los contratos administrativos, destaca la licitación pública.

El artículo analiza la relación entre el régimen general de las contrataciones estatales y el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América en el contexto de la globalización jurídica. A partir de este caso, destaca cómo se limitan los poderes públicos nacionales en el espacio jurídico global, y como la autodeterminación normativa viene a ser relativizada porque prevalece el ordemamiento jurídico global al nacional. esto siginifica que la globalización jurídica cambia el rol del Estado y relativiza su soberanía jurídica.

En las licitaciones normadas por la Ley Nº 19.886 se utilizan mecanismos de garantías para caucionar a la institución demandante durante todo el proceso de la contratación, del incumplimiento de las responsabilidades que el proveedor adquiere al presentar su oferta o al firmar el contrato. Estos instrumentos presentan los siguientes costos: a) costo de oportunidad y/o capital debido a que inmovilizan recursos, b) costo financiero derivado del servicio de emisión prestado por la compañía de seguros o la institución financiera, c) tanto la institución pública como la privada deben utilizar recursos para administrar estos instrumentos, lo que genera un costo administrativo. El objetivo de la tesis fue evaluar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de garantía utilizados en los procesos de licitación en las compras públicas, analizando en particular el caso de las operaciones efectuadas en la plataforma Mercado Público. Para el desarrollo de la tesis se obtuvieron las variables relevantes mediante una investigación de campo y luego se levantaron indicadores en base a estas variables y se compararon, para poder concluir sobre eficacia y eficiencia. Estos pasos fueron apoyados con herramientas estadísticas y computacionales. Esta tesis se dividió en tres análisis los cuales estudian el impacto de los mecanismos de garantía en: a) el éxito de un proceso de licitación, b) en el número de oferentes y la tendencia a la deserción y c) la relación costo/beneficio en un proceso de licitación. Se concluye que el éxito de una licitación, el número de oferentes y la tendencia a la deserción se comportan de manera distinta según el tipo de objeto del contrato (bienes, servicios, consultoría y obra pública) y el tipo de institución contratante (Fuerza Armada, Municipalidad, Gobierno Central, Universidad y Servicio de Salud). Por lo tanto, las conclusiones que se obtienen están indexadas a estos factores. Por otra parte, la opción de utilizar más de un tipo de mecanismo de garantía resulta en una menor tasa de deserción, una mayor cantidad de oferentes y mayor ahorro financiero que utilizar exclusivamente boleta bancaria. Para el caso de bienes pertenecientes a instituciones dependientes del Gobierno Central, la cantidad de oferentes aumenta prácticamente tres veces al utilizar más de un mecanismo de garantía. Ambos mecanismos presentan costos privados y públicos, aproximadamente 1.8% del precio de contratación. Adicionalmente se presenta una opción con evidencia de éxito en otros países, el mecanismo de listas, cuyo objetivo es incentivar las buenas y desincentivar las malas prácticas de los proveedores durante el proceso de licitación, publicándose listas de proveedores que indican su comportamiento, lo que incidirá en su reputación y, por lo tanto, en sus flujos de caja futuro.

Este trabajo estudia el problema de un gobierno que debe licitar servicios legales para ciudadanos que no pueden pagar por ellos. Cuando un caso es asignado, el abogado defensor se ve enfrentado con uno de los muchos tipos de casos posibles que él puede tratar y el nivel de óptimo de esfuerzo que debe ejercer para resolver ese caso de manera correcta es información privada. El gobierno condiciona su actuar basado sólo en la observación de una medida imperfecta de desempeño del abogado, sin conocer el caso que enfrenta el abogado ni la acción que éste tomó para resolverlo. En este trabajo se consideran dos mecanismos que el gobierno podría utilizar. En el primer mecanismo, el gobierno contrata al abogado directamente y, por otra parte, licita los servicios administrativos o complementarios relacionados. En el segundo mecanismo, el gobierno licita en conjunto los servicios de los abogados y los administrativos. En éste mecanismo, el gobierno sólo puede lograr generar incentivos a los abogados, para que ejerzan esfuerzo, de manera indirecta. La forma de hacerlo es otorgar privilegios en las licitaciones siguientes a las firmas que contraten abogados bien evaluados. Esto hace que las firmas compitan por abogados, quienes a su vez ven atractivo ejercer esfuerzo, pues obtendrán mayores salarios en el futuro. El modelo utilizado en el trabajo se basa en artículos clásicos en diseño de mecanismos y riesgo moral, como son: Myerson (1981), Holmstrom (1979), Grossman y Hart (1983). Además, dentro de la amplia literatura de contratos, se estudiaron las ideas presentes en el artículo de George Baker (1993). En este trabajo se encuentra el esquema de pago óptimo cuando el gobierno contrata de manera centralizada y los privilegios óptimos cuando se contrata de manera descentralizada. Además, se caracteriza el mecanismo óptimo, entre los dos mecanismos considerados, como función de la importancia que el gobierno atribuye a las evaluaciones, comparado con el costo monetario del servicio. Ésta caracterización permite concluir que si se le da una importancia grande a las evaluaciones, el primer mecanismo, es decir, un contrato centralizado, es óptimo. Si se le da poca importancia a las evaluaciones, entonces es óptimo el segundo mecanismo escogiendo ventajas en futuras licitaciones de manera óptima.