Los horrendos sucesos del 11 de septiembre de 2001 acaecidos en Estados Unidos, que conmocionaron a la comunidad internacional, y la persistencia de manifestaciones del terrorismo en diferentes partes del mundo han puesto en evidencia que la lucha contra este flagelo constituye uno de los principales retos de la comunidad internacional y que demanda su atención prioritaria. El terrorismo constituye una grave conducta delictiva que no conoce fronteras, el accionar de las organizaciones y redes terroristas no está circunscrito a determinados países o regiones y sus perniciosos efectos llegan a todos los rincones del planeta, lo cual vuelve indispensable la cooperación internacional y acción concertada de los Estados para combatirlo y erradicarlo, cooperación que requiere de instrumentos jurídicos para materializarse plenamente. La Organización de las Naciones Unidas ha venido tratando el tema del terrorismo desde principios de los años 70, como órgano universal competente para hacerlo, y ha generado una serie de convenios y resoluciones encaminados a fortalecer el régimen jurídico para eliminar el terrorismo. Sin embargo, el tratamiento de este tema no ha sido ajeno a diferencias de enfoque y aproximación por parte de los países miembros, que responden a situaciones existentes en el contexto internacional y a los intereses involucrados. Dando un paso muy importante en sus esfuerzos contra el terrorismo internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 9 de diciembre de 1999, el último de los convenios antiterroristas adoptados durante las tres pasadas décadas, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. / Tesis

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La entrada de tropas de diferentes países, bajo la bandera de una organización internacional a un Estado, acarrea cuestiones de jurisdicción para todos los Estados involucrados, tanto los que aportan tropas como el que las recibe dentro de su territorio. Es necesario tener claridad acerca de las normativas aplicables a los miembros de las operaciones de paz y proporcionar soluciones a los posibles problemas de jurisdicción con anterioridad a que éstas se presenten. Esta memoria busca esclarecer la normativa a la cual se encuentran sujetas las fuerzas de paz en las distintas operaciones en que participan (la cual se encuentra distribuida entre acuerdos de las fuerzas, los derechos nacionales y la normativa de la organización de las Naciones Unidas), señalando los problemas que las diversas posibilidades de normas aplicables acarrean al desarrollo de las operaciones de paz Se analiza además la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, que es una posibilidad que se ha examinado desde que se inicia el desarrollo de las fuerzas de paz. Fuera de lo anterior se estudia el tema si la Corte Penal Internacional tiene o no competencia respecto de los miembros de las operaciones de paz. Finalmente se revisa la regulación que nuestro país tiene en relación a las misiones de paz, su desarrollo en el tiempo y la normativa vigente el día de hoy.

En el presente artículo se pasará revista al proceso de debates y consensos que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas respecto de cuatro cuestiones fundamentales: i. la responsabilidad que las empresas tienen en virtud del Derecho internacional de derechos humanos; ii. la aplicación universal de estas responsabilidades —más allá de su lugar de origen o el de realización de sus actividades— y la gama de derechos que estas responsabilidades abarcan; iii. el deber de los Estados de prevenir, sancionar y remediar los abusos que las empresas cometan en perjuicio de las personas, las comunidades y/o el medio ambiente; y, finalmente, iv. la necesidad de que, dado el carácter transnacional del problema, se monitoree y asegure que el comportamiento de las empresas, más allá de sus fronteras nacionales, se ajuste a los requerimientos impuestos por su obligación de respetar los derechos humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Luego de estudiar la evolución histórica de la guerra, se encuentran ciertos derechos básicos que se respetan para que ésta fuese justa, además de la relevancia de los instrumentos que dan uniformidad para la solución de los conflictos, los que nos dedicamos a estudiar respecto del caso de Sierra Leona, acorde a su realidad y contexto así como la capacidad de las autoridades locales de auto valerse y llevar adelante una institucionalidad centrada y en correcto funcionamiento. Además, no es menor la importancia de los tribunales internacionales en la historia de la humanidad, que simbolizan la voluntad de los estados de respetar y hacer respetar el derecho, involucrando directamente a la Organización de Naciones Unidas con las gestiones del Consejo de Seguridad y el Secretario General, todas estas instituciones revisadas en detalle. Casos emblemáticos de dichas instituciones son los Tribunales ad-hoc de la Ex -Yugoslavia y Ruanda, antecedentes del Tribunal Especial de Sierra Leona y que sentaron las bases para los estatutos y funcionamiento de éste último. Por tanto, dada la relevancia que tiene que todas estas acciones e intervenciones estén enmarcadas dentro de un marco de legalidad, y con las fuertes connotaciones y efectos de la situación de Sierra Leona, nos abocamos a continuación al estudio de la legalidad y legitimidad de la intervención humanitaria en Sierra Leona

La carrera de Traducción e Interpretación Profesional presenta a Sabela Avión, traductora y revisora del Servicio de Traducción al español de las Naciones Unidas en Nueva York. Graduada de la Universidad Alfonso X el Sabio, España, y magister por el Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS), Estados Unidos, en su videoconferencia “Traducir en las Naciones Unidas: la vida, el universo y todo lo demás”. / Sabela Avión nos cuenta su experiencia en las Naciones Unidas y la participación de traductores e intérpretes dentro del organismo. De igual manera, nos muestra el flujo de documentación y dependencia de procesamiento de textos, el tipo de documentos a traducir y cómo llevan a cabo su proceso de traducción. Finalmente, responde preguntas sobre el proceso de postulación a los concursos ONU para traductores e intérpretes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para comenzar nuestra memoria, es necesario tener en cuenta los antecedentes históricos que llevaron a la formación de las Naciones Unidas, conformándose como un organismo multilateral cuyos principios básicos son el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, para evitar que las posibles controversias entre naciones se resuelvan a través de la guerra o el uso de la fuerza, la cual debe ser considerada el último recurso a emplear. Se presentará un marco teórico en el cual pueda ser configurada la noción utilizando la dicotomía jus ad bellum–jus in bello, concentrándonos principalmente en la exposición del jus ad bellum o legitimación de la agresión. Se expone en primer lugar, la distinción dentro del marco de la teoría clásica de la guerra justa, de inspiración escolástica. Ella es sistematizada y complementada con criterios modernos y se presenta su recepción en ámbitos distintos al de la actividad beligerante internacional. La teoría clásica o modelo legalista resultante es corregido con criterios acordes a los modos de manifestarse la agresión en el transcurso del siglo xx. En ese sentido, se intenta vislumbrar una reevaluación de la teoría clásica con miras a su adecuación a la realidad más reciente. A continuación de la parte teórica, se analiza el sistema internacional de las Naciones Unidas con referencia al uso de la fuerza, en particular la interpretación, a veces discutida, de la normativa que determina los presupuestos legitimantes del uso de la fuerza en el plano internacional, centrándose el análisis en las interpretaciones posibles de su capítulo vii y en especial del art. 51. Asimismo, se busca delimitar el rol de las Naciones Unidas al interior de un sistema de estados y naciones

Tesis para optar al Grado de Magíster en Estudios Internacionales / La investigación propuesta consiste en una medición cualitativa del enfoque de género, presente en el Plan de Acción Nacional para la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Naciones Unidas. La cual se llevó a cabo a partir de matrices de Stakeholders elaboradas especialmente para el estudio en cuestión y cuya información fue obtenida a partir de entrevistas en profundidad a actores claves que participaron de la elaboración del Plan de Acción y actualmente lo hacen de la ejecución del mismo. La elección de los entrevistados se llevó a cabo mediante un informante calificado. Las principales variables que se intentaron evaluar son aquellas relacionadas con los comportamientos de las personas y las instituciones ante un cambio, que para ellos puede haber implicado un gran esfuerzo, como puede no haberlo sido. Para el caso de los individuos se midió el conocimiento, la participación y la magnitud del cambio requerido en cada uno de los actores claves. Mientras que a nivel de las instituciones los aspectos a evaluar fueron: el grado de interacción entre ellas, y al igual que en las personas, la magnitud del cambio. Una tercera variable que también se consideró, fue el contexto político. Los resultados obtenidos nos arrojó que en el Plan de Acción, a pesar de que existen pequeños problemas al asociados a él, se aplicó correctamente el enfoque de género, advirtiéndose en las personas que trabajan en él, en general, una conciencia acerca de las importancia de políticas públicas/exteriores con enfoque de género. Por otra parte, se llegó a la conclusión que el contexto político dentro del cual se efectúo la política influyó tremendamente a que esta se produjese, estancándose por la misma razón a partir de la elección de una nueva autoridad de gobierno. Así es que con todo, deducimos que en política exterior influyen múltiples actores, siendo estos no sólo el líder sino también sus colaboradores y el origen institucional de los mismos.

Se estudia, desde una perspectiva de las relaciones internacionales (haciendo hincapié en la Política Exterior y en la Política de Defensa), costos y beneficios que trae aparejada la participación en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas para la República Argentina, desde el advenimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983, hasta el 9 de diciembre de 2011. Trata de hacerse una identificación, por otro lado, de las continuidades y diferencias entre las distintas administraciones.