El propósito de esta investigación es proponer la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción para garantizar los derechos de control ciudadano, utilizando la metodología cualitativa de revisión documental, obtuvo como resultados que la revocatoria es un derecho de control ciudadano a todas las autoridades de elección popular, pues del modo en que se les legitima en el cargo, es factible de deslegitimarlos, atendiendo a conductas de corrupción, que menoscaban su integridad y dificultan el adecuado funcionamiento de la administración pública. Se ha demostrado que el cargo de congresista debe ser pasible de revocatoria, ante la comisión de actos de corrupción como medida de control ciudadano, no debiendo exceptuarse del control constitucional, más aún cuando a partir de dicho cargo se pueden favorecer animismos, o a terceras personas con quienes tienen vínculo, perjudicando así al Estado. Se propone la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción, para garantizar los derechos de control ciudadano.

El 12 de junio de 2006, a solo una semana de perder las elecciones, en conferencia de prensa, Carlos Torres Caro -candidato a la Primera Vicepresidencia de la República por el Partido Unión por el Perú (“UPP”) y electo Congresista de la República por dicho partido- renunció tanto al partido como a su futura bancada parlamentaria. Aún no había sido proclamado Congresista por el Jurado Nacional de Elecciones y tampoco había jurado al cargo (lo haría el 27 de julio). Torres Caro justificó su salida argumentando que el Comandante (r) Ollanta Humala Tasso (entonces candidato a la Presidencia de la República) había “abandonado el camino nacionalista al entrar en pactos y componendas con partidos tradicionales al haber anunciado la creación de un frente que va a hacer una oposición radical sin consultar a las bases ni a los congresistas elegidos democráticamente por el pueblo". Luego, la renuncia sería concretada con otros dos Congresistas electos del mismo partido, Gustavo Espinoza (posteriormente acusado y desaforado constitucionalmente por infracción a la Constitución) y Rocío Gonzales (más tarde conocida como la Congresista “Robaluz” y que también fue desaforada por haber sido condenada penalmente). Así, de 45 escaños que obtuvo UPP al proclamarse los resultados electorales del año 2006; la renuncia de Torres Caro, Espinoza y Gonzales determinó, de facto, que dicho partido inicie el quinquenio congresal 2006-2011 con 42 escaños, violentando –esencial y fundamentalmente- la voluntad y confianza popular, guste o no. Unos meses antes (10 de febrero), el Tribunal Constitucional publicó la STC N° 00030-2005-PI/TC por la cual resolvió la demanda de inconstitucionalidad planteada por 35 congresistas contra la Ley N° 28617 que creó la llamada “barrera electoral” estableciendo que para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso de la República se requiere haber alcanzado al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir 5% del número legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos en el ámbito nacional. Reparé en el detalle que la renuncia de Torres Caro y el contenido de la aludida sentencia del Tribunal Constitucional tenían una estrecha relación: el fallo reconocía que tras el sistema constitucional electoral peruano subyacen los principios constitucionales de democracia representativa y representación proporcional que, en mi concepto, Torres Caro habría infringido. Allí nació el interés por esta investigación, porque me percaté que el transfuguismo sí tiene respuesta en el sistema constitucional peruano y que, por tanto, no era cierto lo que algún sector de la doctrina y los políticos nacionales sostienen: que el transfuguismo no puede ser combatido porque no tiene regulación alguna. Allí fue que me interesé por investigar y demostrar que el transfuguismo constituye infracción constitucional porque lesiona esos dos principios constitucionales que informan el sistema constitucional electoral peruano: democracia representativa y representación proporcional y que, a su vez, informan el derecho del electorado a decidir la proporción de sus representantes en el Parlamento. Y es que cada vez que se produzca una conducta tránsfuga, no sólo hay lesión de tales principios sino que, lo más importante, el electorado se ve perjudicado porque la agrupación política que eligió ya no tiene la proporción de escaños que los resultados de las elecciones habría determinado. Por tanto, el tránsfuga infractor de la Constitución merece ser desaforado e inhabilitado para ejercer función pública por traicionar la voluntad popular y a su partido político. La infracción constitucional, aquí, constituye un instrumento de política jurisdiccional que sale al rescate del elector para preservar su voluntad política. Y como tal, no sólo merece un detallado estudio sino un adecuado fortalecimiento. Es así que esta investigación fue madurando durante estos últimos cinco años, avocándose a cimentar la validación de sus hipótesis y, lo más importante, los instrumentos propuestos de política jurisdiccional.

¿Qué factores determinan que el Congreso funcione como un órgano favorable para fortalecer la democracia o que sea el escenario en el que actúan improvisados líderes carismáticos con un paso fugaz por la política? Algunos de los factores trascienden al Congreso y dependen más bien del proceso político y contexto socio cultural del país. Un factor fundamental es organizar y estructurar el trabajo parlamentario en torno a grupos parlamentarios que representen a los partidos políticos que lograron obtener escaños. Un estudio comparado permite observar que en los países con democracias mas institucionalizadas los parlamentos se organizan en torno a grupos, constituyendo estos el espejo del sistema de partidos políticos del país. No hay ninguna seguridad de lograr a través de normas rígidas fortalecer las instituciones democráticas, sin embargo una regulación permisiva no brinda los incentivos suficientes para lograr tal objetivo. El objetivo de la tesis es analizar desde un doble aspecto, normativo y funcional, a los grupos parlamentarios en el Perú. Para ello se analizan aspectos como la función legislativa y la votación parlamentaria. La disciplina parlamentaria permite concretar políticas públicas, acuerdos políticos y brinda cierta previsibilidad al sistema, facilitando la gobernabilidad democrática. La investigación analiza 68 importantes votaciones producidas entre julio de 2006 y diciembre de 2007. Para ello se han utilizado cuatro índices. El resultado confirma la hipótesis respecto de la favorable relación entre grupos parlamentarios que corresponden a partidos políticos organizados y una mayor disciplina partidaria. Grupos parlamentarios formados por partidos políticos más organizados son más disciplinados. Los promedios más altos corresponden a los grupos parlamentarios del partido aprista y Unidad Nacional. En ambas bancadas, la mayor parte de los miembros son militantes de partidos con más de cuarenta años de existencia.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación del principio de rendición de rendición de cuentas o accountability en la actividad parlamentaria. Para ello se revisó la normativa que la contempla con el fin de verificar si cumple con los elementos propios de la rendición de cuentas, así como seis informes de “gestión parlamentaria” elaborados por seis congresistas del periodo legislativo 2011 – 2016. Este análisis nos permitirá determinar si estamos ante un verdadero y útil mecanismo de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria frente a la ciudadanía, que finalmente constituya una garantía de una buena legislatura o si se requiere una modificación.

No description available.

In the last years, there is a gradually participation of the Judicial Branch in the Congress competences and functions to supervise and inquire into issues of public interest. As a result, it has questioned the separation of powers principle. In that context, this article focuses on analyzing what the judicial supervision limits of the due process in the procedures before the inquiry commissions in the Congress are. / Durante los últimos años se observa una paulatina intervención del Poder Judicial en las competencias y atribuciones del Parlamento para fiscalizar o investigar asuntos de interés público, llegando a cuestionarse el propio principio de separación de poderes. En dicho contexto, el presente artículo busca analizar cuáles son los límites del control judicial del debido proceso sobre los procedimientos que se desarrollan a través de las comisiones de investigación del Congreso de la República.

Con motivo del proceso de revocatoria a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán De La Puente del año 2013, el presente artículo pretende determinar el papel que cumplen los debates televisados en el marco de una revocatoria; a razón de ello, se postula como objetivos específicos el análisis de las estrategias discursivas, la clasificación de la orientación temática y el estudio del lenguaje audiovisual / Trabajo de investigación

Los niveles de representación femenina a nivel legislativo demuestran cifras alarmantes en diversos países del mundo, sobre todo, en el Perú. Hasta septiembre del 2019, el Congreso de la República contaba únicamente con 36 mujeres de un total de 130 congresistas. Asimismo, es muy importante señalar que nunca antes en la historia parlamentaria peruana se ha superado el 30% de escaños conformado por mujeres, tal como lo establece la cuota de género. Sin embargo, ante este escenario de desigualdad de género presenciado en el legislativo, se debe resaltar el gran liderazgo que han tenido diversas congresistas mujeres durante el periodo parlamentario 2016-2019. Así, como la inesperada aprobación de la reforma política en torno a la paridad de género, en el cual diversas bancadas opositoras trabajaron juntas para llevar a cabo esta reforma. A ello se le debe añadir la crisis institucional que conllevó a la disolución del Congreso mediante el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM. De este modo, el presente trabajo de investigación busca analizar las elecciones congresales extraordinarias 2020 y el nuevo periodo legislativo en relación a un incremento o disminución de representantes mujeres electas. Es por lo anterior que la pregunta que guía a la presente investigación se basa en el impacto que tuvo la disolución del Congreso de la República sobre la representación parlamentaria femenina en el periodo 2020-2021. En este sentido, la investigación presenta el estudio de tres procesos: selección de candidatas en los partidos políticos, preferencias de los votantes en las elecciones congresales y revisión de proyectos de ley presentados por las representantes mujeres.