En el mes de abril del año 2016 se emitió la ley número 30425, ley que modificaba el sistema privado de pensiones a través del cual se dio nacimiento a derechos muy aceptados pero discutible desde el ámbito jurídico y económico, posteriormente mediante ley número 30478 se realizaron determinadas precisiones a la primera ley modificatoria. Dentro de las modificatorias introducidas a la ley del sistema privado de pensiones se estableció que todo ciudadano tenía derecho al uso de hasta el 25% de los fondos de sus cuentas individuales de capitalización para la compra de un primer inmueble y a la libre disposición de sus aportes hasta en un 95.5% una vez el aportante haya cumplido la edad de jubilación. Estos dos nuevos derechos reconocidos al afiliado es materia de investigación en el presente trabajo. Desde el ámbito jurídico el reconocimiento de estos dos derechos motivo a que me avocara a investigar, qué derechos debe de prevalecer en el derecho a la pensión; el derecho a la propiedad entre otros, por sobre el derecho a la seguridad social, o lo contrario. La finalidad de la presente investigación es analizar y determinar qué derechos prevalecen en el derecho a la pensión. Se analiza desde el ámbito dogmático, la doctrina, jurisprudencia y normas correlacionadas al tema de investigación. Esta investigación se encuentra justificada desde la perspectiva de si las últimas reformas llevadas a cabo son erradas; a largo plazo podrían conllevar el surgimiento de diversos problemas dentro del sistema de pensiones debido a una probable desnaturalización del Sistema Privado de Pensiones. Una respuesta técnico jurídico ayudara a esclarecer esta disyuntiva y así mismo orientara a probables alternativas de solución más adecuadas. El objetivo del trabajo es analizar y determinar si el derecho a disponer de los fondos de la cuenta individual de capitalización sea para la compra de un primer inmueble o hacer un uso libre de los fondos; vulnera o no el derecho a la pensión y los derechos conexos a este, como lo son el derecho a la seguridad social, la garantía constitucional de intangibilidad de los fondos de seguridad social para finalmente llegar a determinar si existe una desnaturalización o no del sistema privado de pensiones; para ello se uso como método de investigación el método dogmatico.

En el año 2009, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por AIDESEP contra el Ministerio de Energía de Minas, Perupetro, Barret Resource Perú Corporation y Repsol YPF, al indicar que no se había demostrado la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la zona que abarcaban los lotes 39 y 67, contratos de licencia de exploración y explotación, respectivamente, celebrados con el Estado vía decretos supremos y la no suspensión de estas actividades. Dicha decisión conlleva a la vulneración del derecho al territorio de los pueblos indígenas en la zona, desencadenándose mayores afectaciones a sus derechos, puesto que las actividades a realizarse implican el ingreso de terceros a la zona que habitan, exponiendo a los PIACI a su consecuente muerte por los conflictos que se desarrollan, así como la exposición a enfermedades. Frente a ello, el presente informe jurídico aborda la problemática de la vulneración al derecho al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, ante la primacía de la explotación de recursos naturales por sobre derechos humanos en cumplimiento de lo dispuesto por el marco jurídico peruano y diversos tratados a los que el Perú está adscrito sobre pueblos indígenas. / In 2009, the Constitutional Court declared inadmissible the application for amparo filed by AIDESEP against the Ministry of Energy of Minas, Perupetro, Barret Resource Peru Corporation and Repsol YPF, indicating that the presence of indigenous peoples in voluntary isolation had not been proven. and initial contact in the area covered by lots 39 and 67, exploration and exploitation license contracts, respectively, entered into with the State via supreme decrees and the non-suspension of these activities. This decision leads to the violation of the right to territory of the indigenous peoples in the area, triggering greater effects on their rights, since the activities to be carried out imply the entry of third parties to the area they inhabit, exposing the PIACI to their consequent death. by the conflicts that develop, as well as the exposure to diseases. Faced with this situation, this legal report addresses the problem of the violation of the right to territory of indigenous peoples in isolation and in initial contact, given the primacy of the exploitation of natural resources over human rights in compliance with the provisions of the Peruvian legal framework and various treaties to which Peru is attached on indigenous peoples.

La Policía Nacional del Perú, es una institución del Estado, que tiene por finalidad constitucional garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a las personas y la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y, vigilar y controlar las fronteras. Para el cumplimiento de su finalidad promueve políticas y objetivos destinadas a gestionar los recursos humanos, infraestructura, equipamiento y tecnología, para asegurar servicios de calidad. Como parte de la gestión de los recursos humanos, realiza acciones de desplazamiento de cargos, entre otros la reasignación de Suboficiales de la Policia Nacional, por la causal de “necesidad del servicio”. Sin embargo, en la actualidad aquellos Suboficiales que no están de acuerdo con la decisión acuden a los órganos jurisdiccionales en ejercicio de su derecho de tutela jurisdiccional efectiva, advirtiendo falta de motivación y vulneración de derechos fundamentales. En ese contexto, el objetivo del presente trabajo es determinar de qué manera el principio de la buena administración, como principio general, a partir del principio de transparencia y el deber de diligencia, pueden orientar positivamente al adecuado ejercicio de la facultad discrecional, al momento de la emisión de actos de administración interna, como actos discrecionales, que disponen la reasignación del personal policial por la causal de “necesidad del servicio / The National Police of Peru is a State institution, whose constitutional purpose is to guarantee, maintain and restore internal order; provide protection and assistance to individuals and the community; guarantee compliance with the laws; prevent, investigate and combat crime; and, monitor and control the borders. To fulfill its purpose, it promotes policies and objectives aimed at managing human resources, infrastructure, equipment and technology, to ensure quality services. As part of the management of human resources, it carries out actions to displace positions, among others the reassignment of NCOs of the National Police, due to the "need for service." However, at present those NCOs who do not agree with the decision go to the courts in exercise of their right to effective judicial protection, noting a lack of motivation and violation of fundamental rights. In this context, the objective of this work is to determine how the principle of good administration, as a general principle, based on the principle of transparency and the duty of care, can positively guide the proper exercise of discretionary power, at the moment of the issuance of acts of internal administration, as discretionary acts, which provide for the reassignment of police personnel on the grounds of "need for service

La Policía Nacional del Perú en virtud de la normatividad vigente, de manera anual realiza el proceso de Cambios Generales de Colocación de los Oficiales, el presente trabajo de investigación se va a desarrollar desde una visión de la buena administración, siguiendo a los principios de meritocracia, transparencia y corrección, instrumentos que permiten garantizar de manera eficiente y eficaz el procedimiento de asignación del personal policial, el cual está constituido por profesionales capacitados en el ámbito operativo y administrativo, con conocimientos especializados, habilidades y destrezas para desempeñar un puesto y/o cargo, con la finalidad de cumplir lo regulado en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú, como es la de garantizar el orden interno, así como prestar ayuda y protección a la comunidad y a las personas. Esta investigación tiene como objetivo aplicar los principios de buena administración, como la meritocracia, la transparencia y la corrección, en los cambios generales de colocación de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y determinar si la materialización de estos principios en el mencionado proceso garantiza un eficiente y efectivo cumplimiento de sus funciones policiales, que coadyuve al eficaz cumplimiento de sus funciones, como velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden interno. Asimismo, se establecerá cómo el principio de buena administración, a través de sus sub principios pueden orientar el procedimiento administrativo de forma positiva en los Cambios Generales de Colocación en la Policía Nacional del Perú, y que esta asignación del personal no devenga en arbitrariedades, actos de corrupción o favoritismos, que deslegitimen la línea de carrera de los oficiales; sino por el contrario, que esta sea realizado dentro de un accionar legítimo de la institución policial, en el cual los Oficiales sean promovidos o asignados con un criterio objetivo, meritorio y transparente, a fin de responder a las exigencias de un servicio policial de calidad y que satisfaga los intereses colectivos.

La presente tesis desarrolla la inclusión de la cuestión indígena en las constituciones peruanas de 1920 y 1933. Las fuentes principales son las actas de los debates constituyentes de 1919 y 1931. El trabajo está dividido en dos capítulos donde cada uno aborda una constitución. Los capítulos siguen la misma estructura: descripción del contexto vivido durante esa época, exposición de los debates y análisis de lo aprobado. Además, cada capítulo contiene una aproximación al tema desde la literatura, revisando los relatos Cuentos Andinos de Enrique López Albújar y El Tungsteno César Vallejo. El concepto triángulo sin base de Julio Cotler es empleado para aproximarse a la relación entre el estado, gamonalismo y la población rural. La inclusión de la cuestión indígena en la Constitución de 1920 es un suceso trascendental al ser la primera vez que se incluye este tema en alguna constitución peruana. La Constitución de 1933 recoge este aporte y lo aborda con mayor profundidad. La inclusión de esta población refleja su ingreso oficial a la nación. Finalmente, esta tesis pretende describir el origen de los derechos constitucionales a las comunidades indígenas, aportando un marco histórico para aproximarse al derecho comunal. / Tesis

Uno de los aspectos más importantes de los proyectos de construcción se encuentra dado por sus variaciones. Se trata de situaciones que muy frecuentemente generan una serie de consecuencias negativas para los involucrados y constituyen el caldo de cultivo de reclamos y controversias. En el presente trabajo analizaremos la delimitación del concepto de variaciones del contrato de construcción, así como la situación consistente en la desviación, introducida por el contratista, de los procedimientos voluntariamente establecidos para la modificación del alcance. La importancia de una reconstrucción de esta naturaleza deriva de que la regulación típica del contrato de obra contenida en el Código Civil peruano no dedica un tratamiento orgánico a dicho fenómeno. No obstante, ciertas disposiciones del mencionado cuerpo normativo (así como otras incluidas en regulaciones sectoriales) se refieren a las variaciones asignándoles importantes efectos jurídicos. En líneas generales, creemos que un mejor entendimiento del origen del fenómeno permitirá un mejor abordaje de su problemática. Para tal efecto, nos valemos de las metodologías dogmática, funcional y comparativa. A través del referido marco metodológico, llegamos a la conclusión que si bien tanto las cláusulas de formalidad convencional como las cláusulas de representación son válidas y eficaces en nuestro sistema, la ejecución divergente del contrato podría determinar su inaplicación bajo las reglas de la interpretación, la dispensa al procedimiento o la modificación del contrato de construcción. / Tesis

La práctica contractual pone en evidencia que muchas veces los contratos terminan de manera anticipada por diversas razones, que han sido difíciles de clasificar de forma pacífica en la doctrina. De hecho, la resolución como supuesto de extinción de contratos válidos por causal sobreviniente, en definición que emplea el Código Civil peruano de 1984, parece aludir a un grupo mayor de supuestos en que opera la extinción del contrato. El presente trabajo de investigación tiene por objeto ocuparse del régimen de la resolución contractual en el Código Civil peruano de 1984. Partiendo de la premisa de la ineficacia como un género en el que se inserta la resolución contractual, el trabajo se inicia con una revisión de la clasificación de la ineficacia en general, de manera de adoptar aquella que distingue entre la ineficacia invalidez y la ineficacia en sentido estricto. Seguidamente, el trabajo efectúa un repaso general de los casos o supuestos más reconocidos en la doctrina de ineficacia en sentido estricto. En este grupo se incluye a la recisión, la resolución, el desistimiento, la inoponibilidad, el mutuo discenso, el plazo y la condición resolutoria, entre otros, con el fin conocer sus principales aspectos y diferencias más notables. Finalmente, se efectúa una revisión integral del articulado del Código Civil a fin de observar el tratamiento de la resolución, y a partir de aquí, analizar los diversos supuestos en que tiene lugar la resolución, evaluando su relación con los otros supuestos de ineficacia en sentido estricto no necesariamente recogidos por el legislador en el Código. / Tesis

El presente Informe corresponde a la controversia denominada “Speedy Naked”. Se trata del procedimiento iniciado de oficio por el Organismo regulador en el sector de las telecomunicaciones (el “OSIPTEL”) en el mes de septiembre de 2011 en contra de la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A, debido a la presunta comisión de abuso de posición de dominio en la modalidad de venta atada al haber establecido esta, la contratación del servicio de telefonía fija como requisito para poder contratar el servicio de acceso a internet en la tecnología ADSL. Dicha acción habría tenido efectos anticompetitivos en el mercado del servicio de telefonía fija, en base a la conducta tipificada en el literal c) del artículo 10.2° del Decreto Legislativo N°1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. A raíz del procedimiento se emitió la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2012, mediante la cual, el Cuerpo Colegiado designado resolvió declarar como fundado el procedimiento y sancionar a Telefónica con 492.21 UIT por la comisión de actos contrarios a la libre competencia, en la modalidad de ventas atadas. En la misma línea se pronunciaría el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL mediante lo dispuesto en la Resolución N°004-2013-TSC/OSIPTE del 1 de febrero de 2013, confirmando la resolución del Cuerpo Colegiado, pero modificando el monto de la multa a 407 UIT. A través del presente informe, así como del planteamiento de los siguientes problemas jurídicos: (i) aplicación del principio de supletoriedad, (ii) correcta delimitación del mercado relevante, (iii) determinación de efectos exclusorios de la conducta investigada, (iv) afectación al principio de predictibilidad y (v) afectación al principio de debido procedimiento y derecho de defesa de Telefónica determinaremos si es que esta última fue correctamente sancionada, o como sostendremos, no debió ser sancionado.

El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria a través de la identificación y posterior eliminación, reducción o simplificación de procedimientos administrativos que sean innecesarios, injustificados o desproporcionados. La importancia de este tema radica en que su implementación en nuestro país resulta esencial, no solo por la mejora del marco regulatorio que ello significaría de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, sino también porque la mejora de la calidad de los procedimientos administrativos tendrá un efecto directo en los administrados y en su forma de interrelación con la Administración Pública. El presente trabajo parte del supuesto teórico que considera el ACR como un procedimiento en el que se evalúa el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad en los procedimientos administrativos, y hace énfasis en el ACR como un primer paso en la normativa peruana con el objetivo de hacer realidad la simplificación administrativa y mejorar la política regulatoria. Por ello, el principal objetivo de este trabajo es brindar una aproximación al estudio del ACR, a través de su desarrollo teórico y conceptual y, posteriormente, reflexionar acerca de su aplicación a través del planteamiento de un caso práctico hipotético. Se concluye que es necesario que, dada su importancia, se amplíe el enfoque y el ámbito de aplicación del ACR, de manera que pueda aplicarse en todos los niveles del Estado, incluyendo las municipalidades, con el fin de una mejora regulatoria a nivel macro.

Es cierto que conforme avanza el tiempo el procedimiento registral va mejorando en busca de ser más eficaz y generar menos trabas para la sociedad. No obstante, hasta ahora existen ciertos límites dentro del procedimiento registral que en algunos casos no permiten que se culmine con el procedimiento registral dentro de sede administrativa y más bien exige que se continúe con el mismo en sede judicial, tal y como son los casos en los que se presentan lagunas de derecho. Por lo anterior, es el objetivo de este trabajo evaluar, en conjunto, el procedimiento registral y, de manera específica, la función que tienen los Registradores Públicos y el Tribunal Registral frente a las lagunas de derecho para finalmente evaluar si efectivamente la regulación debería permitir que en sede administrativa se aplique integración jurídica para completar lagunas de derecho, tomando en consideración las salidas que nos da la teoría general del derecho.