Este estudio pretende analizar los principales problemas jurídicos identificados en el caso Mauro Serrano Vs. Minera Yanacocha, con la intención de efectuar una opinión jurídica, tomando como sustento la normativa constitucional, nacional e internacional, y con ello, jurisprudencia y doctrina relacionada al respecto, que nos permitirán sustentar mejor nuestra posición. Así, iniciamos identificando los hechos relevantes, luego discutimos cómo esos hechos tuvieron como consecuencia la lesión de derechos fundamentales que fueron protegidos y restituidos por el proceso de amparo. En consecuencia, fundamentamos por qué la vía de amparo sí es la más idónea para resolver la controversia, tomando como referencia el precedente Baylón Flores, por no existir otra vía igualmente satisfactoria para la protección de los derechos fundamentales vulnerados en este caso desde la óptica procedimental, evaluando por qué la demandada incurrió en una forma de despido nulo. Finalmente, analizamos por qué la designación al demandante en el puesto de Operador de Procesos II en el PAD de Lixiviación no constituye un acto sustancialmente homogéneo al acto lesivo de derecho que dio lugar a la demanda, pues las labores que desarrollaba en este nuevo puesto no eran peligrosas ni lesivas para su salud, y no por el hecho que no se le estuviera despidiendo de manera nula, posición que argumentaremos en el desarrollo del presente trabajo. Es así que, el expediente nos permite evaluar 3 áreas de estudio jurídico: Derecho Laboral, en cuanto al análisis del despido nulo que se da en este caso, debiendo tomar como punto de partida, cómo se configuró un acto de discriminación lesivo de los derechos fundamentales, área del Derecho Constitucional que también estudiaremos y con ello, el proceso de amparo que se lleva a cabo en este caso, dentro del ámbito del Derecho Procesal Constitucional.

La presente investigación tiene como propósito analizar la realización de las operaciones de liability management en el mercado de valores peruano. La importancia de la investigación radica en la necesidad que pueden tener las sociedades peruanas en realizar operaciones de liability mangement para alcanzar distintos objetivos relacionados al manejo de su estructura de deuda. De tal manera, la pregunta que orienta la investación es ¿Son viables las operaciones de liability management en el mercado de valores peruano? La hipotesis que se plantea sostiene que sí son posibles las operaciones de liability management dentro la regulación del mercado de valores peruano y la legislación societaria. No obstante, no existen suficientes condiciones para facilitar su realización como se debería. De tal manera, la investigación comienza con el uso del método funcional para analizar la naturaleza de las operaciones de liability management en las finanzas corporativas, y prosiguiendo con la aplicación de método de comparación jurídica para el análisis de dichas operaciones en la regulación del mercado de valores de los Estados Unidos de América. El aporte conseguido del análisis del principal modelo de regulación del mercado de valores del mundo, sirve para identificar las carencias de la regulación peruana para la realización de operaciones de liability management, y otorga sustento a las propuestas para solucionar dichos problemas.

Uno de los debates más apasionantes surgidos en el seno del sistema registral español es el que gira en torno a la contingente existencia de dos terceros registrales distintos, nacidos, cada uno, a partir de los principios registrales de fe pública registral y de inoponibilidad. Sin embargo, el sistema registral peruano, a pesar de ser heredero directo del sistema hipotecario español, no ha tenido presente en lo absoluto dicho debate, con excepción de las pocas referencias doctrinales al mismo realizadas por algunas las voces más autorizadas en la materia. Lo cual se debe, entre otras cuestiones, a la falta de discusión a nivel jurisprudencial del mismo y su, consecuente, falta de aplicación práctica. No obstante, el VIII Pleno Casatorio Civil ha empezado a cambiar el derrotero descrito, pues al resolver la cuestión principal del remedio aplicable al problema de la disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges, ha hecho mención, indirectamente, al debate sobre el dualismo hipotecario abriendo tímidamente la puerta a la discusión del mismo y su posible empleo pragmatista. El presente artículo busca analizar el VIII Pleno Casatorio Civil a partir de la perspectiva del debate alrededor de las tesis monista y dualista del tercero hipotecario para determinar, en última instancia, la suscripción de la Corte Suprema a alguna de las tesis señaladas. Para dicho objetivo se parte de la exposición de las tesis monista y dualista de boca de sus más grandes defensores tanto a nivel ibérico como peruano, para luego descender a los votos tanto en mayoría y minoría y su vinculación con las tesis aludidas. Finalmente se estima que el voto en mayoría de la Corte Suprema se adhiere tácitamente a una tesis monista.

El presente trabajo aborda el estudio de las organizaciones cooperativas desde el aspecto de su órgano de administración: el Consejo de Administración, junto su tratamiento registral que ha merecido en los reglamentos e instancias registrales. Se determina cuáles son las organizaciones cooperativas. Se realiza un desarrollo sobre la teoría del órgano y la figura de la continuidad de funciones en cooperativas, figura la cual permite que, ante el vencimiento del periodo de funciones del órgano de administración de una determinada persona jurídica, no se limite el funcionamiento de sus plenas facultades, lo cual genera que el órgano de administración continúe en funciones mientras no se elija a uno nuevo (se evita acefalías). La figura de la continuidad de funciones del órgano, ha recibido un tratamiento distinto en el caso de las Personas Jurídicas reguladas en el Código Civil, las reguladas en la Ley General de Sociedades (LGS) y para las organizaciones cooperativas reguladas en la Ley de Cooperativas. Así, por un lado, tenemos que los alcances de la continuidad de funciones para el caso de las personas jurídicas indicadas en el artículo I del título preliminar del Reglamento de inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, ha sido regulada en el artículo 47 del mismo reglamento, mientras que para las personas jurídicas de corte societario, se tiene una disposición imperativa distinta regulada en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades. Se detecta que la regulación a dicha figura contenida en el artículo 47 de dicho reglamento, ha dado nacimiento a figuras registrales “apócrifas” como son la “prórroga de funciones” y el “reconocimiento de órganos no inscritos”. En relación a las Cooperativas, la figura de la continuidad de funciones, ha tenido una regulación más versátil en el tiempo, incluso una posición imperante por el Tribunal Registral, la cual finalmente ha cambiado con la dación de la Ley 31029, cuyos efectos también han sido objeto de investigación. Así, producto de esta investigación se ha determinado: i) a que tipos de organizaciones cooperativas a las que aplica el artículo 4 de la Ley 31029, ii) la imperatividad el artículo 4 de la Ley Nº 31029, iii) cuales son los problemas de la aplicación del artículo 4 de la Ley N° 31029 en el tiempo y iv) como se aplica la figura de continuidad de funciones al interior de los consejos y comités de las organizaciones cooperativas, dada la obligatoriedad de renovación anual por tercios. Así mismo, entre otras conclusiones, se ha encontrado necesario una nueva Ley de Cooperativas que otorgue más contenido para las organizaciones cooperativas en su segundo y tercer nivel organizativo. Urge también un Reglamento Registral para cooperativas que recoja regulación diferenciada para cada nivel organizativo, así como para las COOPAC. El actual Reglamento de Personas Jurídicas, resulta insuficiente para regular el alcance registral de las organizaciones cooperativas, lo cual se evidencia en la práctica con la florida emisión de resoluciones de parte del Tribunal Registral, que han ayudado a definir algunos temas, pero que sin embargo otros aún han quedado pendientes de esclarecimiento por la misma deficiencia regulatoria en su Ley.

En el presente trabajo académico se analizó el Derecho de Vía desde los manuales de diseño de carreteras hasta las normas generales, las cuales la nombran para entender su carácter legal. Asimismo, se investigó el Derecho de Vía desde la doctrina y jurisprudencia para complementarla en un mayor ámbito, puesto que el mismo cuenta con poca normativa sobre sus características e implicancias como bien de dominio público. Teniendo claro lo que importa la faja de dominio se pudo comparar la misma con la propiedad de un privado, en caso ambas se contrapongan sobre un mismo predio. Para ello, es necesario el estudio de la normativa en materia registral que la regule, no sin antes recurrir a la Constitución Política y el Código Civil. Sólo así, los atributos del derecho de propiedad privada se han podido entender como restringidos. Además, se debe ahondar en el caso que un privado desee el uso de un terreno que forme parte de la misma. De otro lado, se investigó sobre las sanciones penales o administrativas en los casos en los que se realice obras sobre el Derecho de Vía sin autorización o se le dañe. Finalmente, se indagó sobre la demarcación y protección del Derecho de Vía, para la cual existe una Unidad Gerencial correspondiente en PROVIAS Nacional.

El presente trabajo académico tiene por objetivo determinar los alcances del control judicial que los tribunales peruanos pueden ejercer, en vía de anulación de laudo, frente a vulneraciones al principio de congruencia en sede arbitral. La primera sección de este trabajo académico contiene el marco teórico sobre las instituciones procesales vinculadas al principio de congruencia y al arbitraje en el Perú. La segunda sección, por su parte, desarrolla el análisis crítico del autor respecto de las posibilidades de tutelar, en vía de anulación de laudo, las diversas afectaciones al principio de congruencia. A partir de lo explorado, el autor concluye que, en gran medida, las diversas vulneraciones al principio de congruencia constituyen causales de anulación de laudo bajo el amparo del artículo 63.1.d) de la Ley de Arbitraje. / The purpose of this academic paper is to determine the scope of the judicial control that Peruvian courts may exercise, by way of annulment of the award, against violations of the principle of congruence in arbitration. The first section of this academic work contains the theoretical framework on the procedural law concepts related to the principle of consistency and arbitration in Peru. The second section, on the other hand, develops the author's critical analysis of the possibilities of protecting, by way of annulment of the award, the various affectations to the principle of congruence. Based on what has been explored, the author concludes that the various violations of the principle of consistency constitute grounds for annulment of the award under Peruvian law and case law. / Trabajo académico

La tesis: “El remedio aplicable frente a la resolución unilateral del Contrato Chinchero: Estudios sobre el problema de una cláusula patológica”. Tema justificado en derecho civil, para aplicar correctamente los remedios “resolución por incumplimiento”, “receso o desistimiento contractual”, “condición meramente potestativa”; y principios de interpretación del contrato. Problema: análisis de la cláusula por la que el concedente resuelve unilateralmente el Contrato Chinchero. Objetivos: identificar la naturaleza jurídica de cláusula recesal y remedios aplicables a una cláusula patológica que ataca la validez y vigencia del contrato. Hipótesis planteadas, en primer lugar desconocimiento de operadores del derecho sobre el correcto uso del receso contractual; y, en segundo lugar uso de remedios contractuales para el tratamiento de una cláusula patológica que afecta un contrato válidamente celebrado. Se emplea el método exegético, dogmático y funcional. Resultados: la naturaleza jurídica de la cláusula que resolvió unilateralmente el Contrato Chinchero: “Por razones de interés público debidamente fundadas, el concedente puede resolver unilateralmente el contrato en cualquier momento” (cláusula 15.5.1); corresponde a una de receso convencional por “justa causa”, que adolece de patología porque la redacción de justa causa en estricto contempla el supuesto de una condición meramente potestativa, ya que el hecho concreto - supuesto condicional extintivo unilateral del contrato, está a cargo del arbitrio exclusivo del Concedente; quien por decisión personalísima, criterio discrecional y libre albedrío; decide en el momento que lo desee sin justificación, motivación y probanza adecuada el término del contrato, lo que conlleva un ejercicio arbitrario y abusivo de la parte que está en mejor posición contractual. Concluimos con el tratamiento de la cláusula patológica que al contener una condición meramente potestativa; de acuerdo con la doctrina italiana, alemana y española; así como parte de doctrina nacional, debe tenerse por “no puesta”; en mérito del principio de conservación; en aplicación conjuntiva con la buena fe objetiva contractual, fuerza vinculante del contrato y seguridad jurídica; manteniéndose la validez y eficacia del contrato.

El presente trabajo pretende explicar a través del método dogmático si los jueces al ejercer control difuso deben aplicar necesariamente el test de proporcionalidad conforme lo ordenado en el precedente vinculante, Consulta Nro. 1618-2016-Lima Norte. Asimismo; se explica la aplicación de la teoría conflictivista de derechos fundamentales y la implicancia jurisprudencial en el control difuso para el Derecho peruano. Se arriba a la conclusión de que, si bien el análisis de ponderación es un método de interpretación constitucional global, este no es el único, debiendo priorizarse la libertad interpretativa y no buscar obligar a los jueces a razonar de una única manera. Más aún si para ello no existe justificación alguna y concurre un vacío jurisprudencial de motivación respecto de que haya otro nivel de igual exigencia para la aprobación de la sentencia que realiza control difuso. / The present research aims to explain, through the dogmatic method, whether judges, when exercising diffuse control, must necessarily apply the proportionality test according to the mandates of the binding precedent, query Nro. 1618-2016-Lima Norte. Also; the application of the conflictivist theory of fundamental rights is explained, as well as the jurisprudential implication in diffuse control for peruvian law. It comes to the conclusion that, although weighting analysis is a constitutional global interpretation method, this is not the only one, so interpretive freedom must be prioritized, not forcing judges to reason in a single way. Even more, if there is no justification for this and there is a case-law vacuum of motivation with respect to the existence of another level of equal requirement for the approval of the statement that performs the diffuse control.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) es, qué duda cabe, una de las instituciones más emblemáticas y mejor valoradas de nuestro país. Desde hace más de 150 años, esta organización cívica conformada por voluntarios asume altruistamente la responsabilidad de combatir incendios y atender todo tipo de emergencias que puedan poner en peligro la vida de las personas, el medio ambiente y la propiedad pública o privada. A pesar de la relevancia histórica de esta insigne institución y de la innegable importancia del servicio público que diariamente presta a favor de la sociedad, el apoyo que el Estado le destina y su tratamiento legislativo no siempre han sido los más favorables para el cumplimiento de sus fines. Ante esta realidad, a fines del año 2016 el Estado se propuso reformar el CGBVP con la intención de fortalecerlo, para lo cual se aprobó un nuevo marco legislativo aplicable a la institución a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 1260. Sin embargo, como se verá en este trabajo, diversas disposiciones del Decreto Legislativo 1260 y de su posterior Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 019-2017-IN, se alejan claramente de su supuesta intención, lo que denota un claro descuido en la elaboración de la normativa aprobada. Incluso, a poco más de un año de su promulgación, ya han empezado a evidenciarse problemas prácticos derivados del actual diseño legislativo1. Ante tales evidencias, a través del presente trabajo se propone un análisis racional de la nueva legislación del CGBVP en base a la metodología de la evaluación de impacto normativo en su modalidad ex post. A tal efecto, se analiza el Decreto Legislativo 1260 en base al Test de Proporcionalidad según el cual, por un lado, se evalúa su constitucionalidad; y, por otro, se evalúa también su razonabilidad, considerando los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Finalmente, en base a los resultados del análisis se efectúan algunas propuestas de mejora para la legislación aplicable al CGBVP. / Trabajo de investigación

El estudio tiene por objeto analizar y determinar legal y financieramente operaciones de fortalecimiento patrimonial para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, que les permitan continuar con su desarrollo y financiamiento crediticio a los pequeños y microempresarios. Consideramos que en los actuales momentos, resulta necesario examinar, las operaciones de reforzamiento patrimonial a las que pueden acceder las CMAC que sean convenientes para sus intereses y permitan financiar el desarrollo de sus planes estratégicos. Fortalecer patrimonialmente a las CMAC significa respaldar, su alto crecimiento, mitigar los riesgos que administran (principalmente crediticios), cumplir con los límites regulatorios y facilitarles el acceso a fuentes de financiamiento nacional y extranjero. Para ello haremos una recolección y análisis de las normas aplicables al reforzamiento patrimonial, como de las modalidades pragmáticas implementadas para tal fin. Para demostrar nuestra hipótesis, en la primera sección describimos la importancia del patrimonio en el desarrollo de una CMAC y el estado actual de los patrimonios. En la segunda sección recopilamos y analizamos las normas referidas al patrimonio que regulan a las CMAC, como la Ley General del Sistema Financiero Nº 26702, la Ley de CMAC y las normas específicas de los reglamentos y otras regulaciones establecidas vigentes para la determinación e incremento del patrimonio.