La base del arbitraje es la libertad de las partes de elegir cómo y quién resolverá sus controversias. Esta libertad conlleva una gran responsabilidad para los árbitros; ya que deben cumplir con el encargo encomendado, respetando sus alcances y garantizando el ejercicio de los derechos de las partes a lo largo del proceso. Esto asegura que la decisión emitida sea lo más justa posible y que el arbitraje sea realmente una institución eficiente. En el presente informe, analizo un caso en el que esta responsabilidad fue incumplida. Los tribunales arbitrales involucrados emitieron decisiones excediendo sus competencias e inobservando los derechos de las partes, llegando, incluso, a desconocer la calidad de cosa juzgada de un laudo arbitral ya consentido. En ese sentido, mi análisis involucrará instituciones jurídicas como el principio de congruencia, la cosa juzgada, la competencia de los tribunales arbitrales, entre otros. Este caso fue resuelto en el año 2005; sin embargo, las discusiones sobre la competencia de los tribunales arbitrales y las garantías procesales de las partes en el arbitraje son materias de discusión vigentes. Por ello, en la medida de lo posible, incluyo una evaluación comparativa entre el Decreto Legislativo No. 1071, Ley de Arbitraje actual, y la Ley No. 26572, Ley de Arbitraje aplicable al caso, como parte de los problemas jurídicos que abordo.

El presente trabajo busca a partir de la normativa aplicable y de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registral, encontrar los criterios aplicables en sede registral al procedimiento de regularización de edificaciones al amparo de la Ley 27157, a fin de facilitar la inscripción del referido acto en el registro de predios. En ese sentido, se hace un análisis del marco normativo, de los requisitos para la inscripción de la regularización de edificaciones y se desarrolla los criterios adoptados por el Tribunal Registral.

El sector inmobiliario representa, hoy en día, una gran fuente de ingreso para la economía nacional. En ese sentido, las relaciones de consumo al interior de este rubro han evolucionado y es necesaria la intervención del Estado en un sector que, sabemos, involucra una gran inversión e impacto en la situación económica y financiera de los futuros propietarios. En ese sentido, la finalidad del presente trabajo de investigación es discutir el rol del Estado (representado por Indecopi) en materia inmobiliaria; y con ello, el grado de intervención que debe tener en una relación que, si bien se inició en el ámbito privado, requiere la intervención la autoridad competente para nivelar la relación de consumo creada.

En el presente Informe, se analiza la Resolución N° 039-2020/SDC-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se sanciona a América Móvil Perú S.A.C. por la comisión de actos de engaño mediante la campaña publicitaria “Max Internacional”. Primero, se presenta y desarrolla una postura sobre los parámetros de interpretación aplicables a la publicidad, con el objetivo de contrastarla con la tomada por el regulador en el caso. Segundo, se revisa la campaña materia de controversia atendiendo a conceptos jurídicos desarrollados a partir de la legislación y doctrina, a fin de establecer cuál era el mensaje publicitario y qué se entiende por “roaming” en el contexto de la campaña. Tercero, se aplican los criterios desarrollados en las dos primeras partes del Informe para cumplir con el objetivo de verificar si mediante la campaña se cometieron actos de engaño y, si es así, bajo qué términos. Todo ello a fin de contar con elementos adecuados y suficientes que sustentan la posición académica de que CLARO sí cometió actos de competencia desleal en la modalidad de actos de engaño según el artículo 8° de la Ley de Represión de Competencia Desleal. Finalmente, el Informe permite poner sobre la mesa los criterios aplicados por el INDECOPI en relación a la interpretación de la publicidad y, en específico, la decisión sobre una iniciativa comercial de uno de los sectores más dinámicos, pioneros y relevantes del mercado.

En el presente informe jurídico se estudiará una anulación parcial de Laudo Arbitral, en el cual el Árbitro Único a cargo del caso desestimó una pretensión reconvencional, en base a una afirmación que puede ser considerada como errada, esto debido a la falta de hechos probados. La situación mencionada se encuentra recogida en la Resolución Nº 7 del Expediente Nº 0212-2016-0-1817-SP-CO-01, en este caso la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (en adelante, “SERVIR” o “Entidad”) presentó su solicitud de anulación invocando la causal contenida en el inciso b) del numeral 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, “DL Nº 1071”), ley que norma el arbitraje, esto en contra de lo resuelto en el proceso seguido con M4G Consulting SAC (en adelante, “M4G”). De esa manera, el objetivo principal de este trabajo es plantear un análisis respecto a si la invocación de esta afirmación errada puede devenir en la anulación del laudo arbitral. Asimismo, se tendrá en consideración aspectos relacionados al tema como la vulneración a la debida motivación y sus diversos tipos en las decisiones tomadas por los operadores de justicia, y la afectación a los principios de imparcialidad e independencia. Para alcanzar el objetivo de este trabajo se ha recurrido a la revisión de la normativa correspondiente, jurisprudencia y textos académicos que puedan brindar mayores alcances sobre las diversas temáticas planteadas. Siendo ello así, se ha podido concluir que el empleo de una afirmación errada para desestimar una pretensión o sustentar una decisión genera graves afectaciones en el desarrollo del arbitraje, puesto que vulnera el deber motivación e interfiere en el cumplimiento de los principios de imparcialidad e independencia. / In this legal report we will study the partial annulment of an Arbitration Award in which the sole arbitrator dismissed a counterclaim, based on a presumed erroneous statement, this due to the lack of proven facts. The mentioned situation is addressed in Resolution N° 7 of the File Nº 0212- 2016-0-1817-SP-CO-01, in which the Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (hereinafter, SERVIR or Entity) presented its annulment request invoking the ground contained in subparagraph b) of numeral 1 of Article 63 of the Legislative Decree N° 1071 (hereinafter, “DL 1071”), the law that governs arbitration, against the final decision on the process against M4G Consulting SAC (hereinafter, “M4G”). The main objective of this report is to set an analysis to determine if the invocation of this erroneous statement could conclude in the annulment of the arbitral award. Therefore, it will be considered aspects related to the main topic such as the violation of proper motivation and its diverse types that affects the decisions made by the judicial operators, and how it impacts the principles of impartiality and independence. The review of corresponding regulations, case law and academic texts were done to achieve the report’s objective. This could provide a wider insight into the diverse topics raised. This being the case, it can be concluded that the usage of an erroneous statement to dismiss a claim or to support a decision generate serious effects in the development of the arbitration, as it violates the proper motivation and interferes with the fulfilment of the impartiality and independence principles.

El trabajo titulado Beneficios del Proceso de Colaboración Eficaz de Personas Jurídicas como posible afectación al fin de Prevención General de la Pena tiene relevancia jurídica su investigación, puesto que, a la fecha se encuentra vigente un nuevo proceso de colaboración eficaz a favor de las personas jurídicas y/o corporativas, proceso que no es aplicado generalmente por los Magistrados de nuestro país, al ser un proceso nuevo que viene surgiendo; sin embargo, dicho proceso debe de ser analizado con mucha minuciosidad, ya que al otorgar beneficios premiales, genera espacios de impunidad, más aun cuando se aplica beneficios no solo a la persona natural sino también a la empresa, siendo que este doble beneficio por una misma información, trae con ello, un menaje para el delincuente potencial que pese a que cometa delitos tiene aún la posibilidad de evitar una condena efectiva. Por consiguiente, a través del presente artículo se ha buscado describir si la imposición de benéficos premiales por colaboración eficaz a las personas jurídicas afectaría o no los fines de prevención general de la pena. Sin desconocer que el proceso de colaboración eficaz ha demostrado ser un mecanismo eficiente en lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada por lo que su uso, recientemente ha aumentado considerablemente, inclusive se ha ampliado esta figura a las personas jurídicas o también llamada por el derecho procesal Brasileño colaboración eficaz corporativa, sin embargo debe de existir una especial fundamentación que haga suponer que los fines de la pena en su vertiente de prevención general no será vulnerada, y que el potencial criminal al conocer que tiene una oportunidad que no se le impondrá la pena por sus delitos, no actuara con el mismo respecto al cumplimiento a las normas sociales.

Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, a través del denominado Congelamiento Administrativo de Fondos (en adelante CAF). Esta potestad se fundamenta principalmente en el peligro de pérdida o desvío de fondos vinculados al caso; es decir, que se activa siempre que se identifique en el investigado un comportamiento orientado a evitar que las autoridades nacionales apliquen medidas convencionales contra su patrimonio. El mecanismo de CAF ha tenido un gran impacto en las acciones de recuperación de activos ilícitos y de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles, y se ha aplicado en personas que han ocupado altos cargos públicos. Sin embargo, la regulación de esta medida administrativa es bastante escueta y solo hay un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, vía casación excepcional, que ha fijado algunas reglas de interpretación y aplicación que no parecen ser suficientes. En esta investigación se plantean algunos criterios de base constitucional, para hacer viable la aplicación de esta medida administrativa, sin que ello suponga una intervención desproporcionada del derecho de propiedad; y, a la vez, satisfaga las necesidades del sistema de justicia de recuperar los fondos u otros activos de procedencia ilícita.

En las últimas décadas, ante la realidad de un aumento de la criminalidad a través de la persona jurídica, las ciencias penales se han preocupado por desarrollar teorías que permitan atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas y con ello dejar atrás el aforismo societas delinquiere non potest, basado en la falta de capacidad de acción, culpabilidad y pena de la persona jurídica. La legislación peruana no es ajena a esta tendencia, siendo su primer antecedente de sanción a las personas jurídicas la incorporación del artículo 105° del Código penal de 1991, donde se regulan las “consecuencias accesorias”, aunque no reconoce una responsabilidad penal de la persona jurídica. 25 años más tarde, el 2016, se publica la Ley N° 30424 sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, aunque gran parte de la doctrina considera que se trata en realidad de una responsabilidad penal, posición que se adopta en el presente trabajo. Esta ley establece la responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos por los miembros de su organización, cuándo éstos actúan en el ejercicio de sus funciones y el delito es cometido en su nombre o por cuenta de ella y en su beneficio, directo o indirecto; o cuando otra persona sometida a la autoridad y control de los primeros mencionados, comete el delito bajo sus órdenes y autorización, o el delito es posible por el incumplimiento de sus labores de fiscalización, supervisión y control. Por otro lado, el artículo 17° de la Ley N.° 30424 establece una eximente de responsabilidad de la persona jurídica por implementación de un Modelo de Prevención de Delitos adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, con anterioridad a la comisión del delito, lo que permite concluir que la responsabilidad de la persona jurídica radica en el defecto de organización estructural y cultural que facilita, promueve o permite los delitos por parte de la persona natural miembro de la organización, es decir, no lo evita. La misma ley prevé, en su artículo 12°, circunstancias atenuantes relacionadas a la implementación del Modelo de Prevención de Delitos; en el literal d) La adoptación e implementación por parte de la persona jurídica, después de la comisión del delito y antes del juicio oral, de un Modelo de Prevención de Delitos y, e) La acreditación parcial de los elementos mínimos del Modelo de Prevención de Delitos. 5 De ahí que, se afirma, la Ley N° 30424 busca promover la autorregulación de las personas jurídicas en materia de prevención de riesgos penales, para lo cual, además, a través de su Reglamento, se establecen los componentes, estándares y requisitos mínimos que debe cumplir el Modelo de Prevención de Delitos para ser considerado idóneo y eximir de responsabilidad de la persona jurídica. Del análisis concordado de la regulación de la eximente de responsabilidad y las circunstancias atenuantes de la responsabilidad de la persona jurídica, se advierte aquí la existencia de un grupo de supuestos en los que el Modelo de Prevención cuenta con todos los requisitos mínimos establecidos por ley, pero el elemento relacionado con el delito cometido por la persona natural presenta defectos. Dicho grupo de casos no puede ser tratado como una eximente de responsabilidad, pero tampoco como una circunstancia atenuante, lo que revela deficiencias en la regulación actual que contravienen los principios de culpabilidad y proporcionalidad, por lo que se propone que estos casos sean tratados como eximentes incompletas de la responsabilidad de la persona jurídica. Finalmente, se propone cómo debe determinarse la sanción en estos supuestos a fin de que resulte proporcional según el nivel de desvalor del injusto culpable que se presenta en cada caso y con las circunstancias atenuantes ya reguladas en la ley.

El Decreto Legislativo Nº 1425 no ha introducido un concepto de «devengo» propiamente dicho, pero induce a determinar un hecho sustancial: ha introducido el concepto de «derecho a obtener», concepto que no tiene una referencia o característica específica. EL artículo 57, inciso a), de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo N° 1425, recoge los criterios vertidos por el Tribunal Fiscal, que a su vez fueron tomados por la NIC 18, norma contable ya derogada. La norma en mención ha incluido conceptos como «obligaciones», «derecho de hacer», «condición suspensiva» y «posibilidades de hacer o de no hacer», así como «fijar el pago de las obligaciones». Esto permite que la Administración Tributaria revise los términos y las condiciones de cada una de las operaciones que realice la empresa. Para dicho análisis, es menester considerar que será factible sustentar el hecho sustancial (económico o concreto) ante la Administración Tributaria mediante un contrato firmado. No obstante, en la enajenación de bienes, las empresas constructoras que aplican la NIIF 15 para registrar el hecho económico sobre la base de la transferencia del control del bien deberán tomar en cuenta que la mencionada norma contable prescribe que, para considerar un ingreso, primero se debe tener en cuenta el costo o gasto. Esto se debe a que las empresas de construcción venden hoy en día bienes futuros («en maqueta», «en planos» o «en proyecto») cuya construcción se ejecutará recién al año siguiente. Por esta razón, se observa lo siguiente: ¿en qué momento se considera devengado el ingreso? Uno de los problemas que presenta la aplicación del artículo 57, con su modificación efectuada por el Decreto Legislativo 1425, es la posibilidad de diferir los ingresos por efecto de las estimaciones que se puedan realizar por no recibir lo acordado entre las partes. Este análisis nos lleva a concluir que el Decreto Legislativo N° 1425 no permite desconocer, disminuir o tal vez diferir los ingresos por estimaciones. Dicha restricción lleva a que las empresas se vean afectadas en su fuente productora e incluso lleguen a efectos confiscatorios. El párrafo tercero del artículo 57 establece: «cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra». Este criterio, recogido en las resoluciones del Tribunal Fiscal, señala que el hecho sustancial generador del ingreso o del gasto se origina en el momento en que se genera la obligación de pagarlo o el derecho de adquirirlo, aun cuando no se tenga la fecha exacta o una certeza razonable de esto. Este criterio estaría alineado con el principio de capacidad contributiva y posibilitaría que los contribuyentes tributen sobre base cierta. En el sector construcción, la NIC 11 mencionaba en su momento el cambio del modelo de transferencia de riesgos y beneficios a un modelo único basado en el control de bienes y servicios al cliente, en el tratamiento de las modificaciones al contrato y en la determinación de las contraprestaciones variables. En cambio, para el impuesto a la renta (artículo 36, donde se recoge la metodología del criterio del devengo de la NIC 11), se presenta la interrogante de si estos nuevos criterios generan alguna diferencia entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario. De la revisión del Decreto Legislativo N° 1425 puede concluirse que las reglas especiales por servicios (párrafo cuarto) ‒que regulan los métodos para medir el grado de realización de los servicios, así como la definición del costo‒ no pueden ser aplicables a los contratos mencionados en el artículo 63, inciso b) de la Ley del Impuesto a la Renta. También es pertinente mencionar el párrafo seis del inciso a) del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí se indica que, cuando las transacciones involucren más de una prestación, el devengo de dichos ingresos se determinará de forma independiente en los contratos de llave en mano, que por su naturaleza se considera una única prestación. Sin embargo, por el Decreto Legislativo N° 1425, existe la obligación de separar la actividad de construcción de la obra física en aquellas actividades que implican diseño y suministro de bienes construidos. La aplicación de la NIIF 15 y del Decreto Legislativo N° 1425 resulta discordante. La NIIF 15 busca medir el grado de progreso o avance del servicio aplicando dos métodos: el método del producto y el método del recurso. En cambio, el Decreto Legislativo N° 1425 contempla tres métodos para el reconocimiento de los ingresos: el método de inspección de lo ejecutado, el método de porcentaje de ejecución total y el método del porcentaje del costo total del servicio a prestar. No obstante, ninguno de estos tres métodos refleja una adecuada medición de los ingresos. Otra disociación entre las normas anteriormente referidas se evidencia en que la NIIF 15 reconoce el importe de una contraprestación variable, mientras que el Decreto Legislativo N° 1425 no permite que se desconozcan, disminuyan o difieran ingresos a efectos de la posibilidad de no recibir la contraprestación, de las obligaciones a pagar al adquirente o de una contraprestación menor debido a servicios adicionales gratuitos o descuentos a futuro por conceptos similares. Llevada al caso de las empresas constructoras, esta disociación suscita las siguientes preguntas: ¿Los nuevos criterios recogidos en la NIIF 15 serán aplicables bajo la metodología del Decreto Legislativo N° 1425? ¿Las reglas del devengo generan un cambio en el método tributario utilizado por las empresas constructoras? Como objetivos de investigación se plantearon los siguientes supuestos: 1. Definir el concepto de «devengo» regulado en el Decreto Legislativo N° 1425 para superar los diversos criterios de interpretación. 2. Analizar las implicancias que se derivan de la aplicación del Decreto Legislativo N° 1425 al nuevo concepto tributario de «devengo» y sus efectos en los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de las empresas constructoras.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo manifestar la gran importancia que tiene la educación ambiental para nuestro país, poseedor de una gran riqueza natural, por lo que es considerado entre uno de los países con una gran diversidad en el ámbito mundial.