Una de las manifestaciones del status privilegiado del que goza el crédito laboral es su carácter persecutorio sobre los bienes del negocio (del empleador), el cual en su aplicación judicial ha llevado a que se afecte la propiedad de un tercero que adquirió de buena fe tales bienes, por la sola razón de que éstos en algún momento pertenecieron al empleador deudor. La presente investigación ha buscado exponer con detalle la problemática así generada y, en su parte final, sugerir la introducción de ciertos correctivos en la legislación vigente que procuren una solución. / One of the signs of the privileged status granted to workers claims (credits) is the attribute to persecute the employer assets. However, its implementation affects the rights of the good faith acquirer of those assets, just because they previously belonged to the employer. The purpose of this research has been to address the aforementioned problem, and, at the end, to suggest some amendments to the current related legislation in order to get a solution.

El presente trabajo de investigación surge del análisis crítico de la reciente jurisprudencia laboral peruana sobre determinación del daño moral en los despidos injustificados y la necesidad de acreditar su existencia para el otorgamiento de indemnizaciones por daños extra patrimoniales. El principal problema radica en que existe jurisprudencia contradictoria; algunas sentencias consideran que este tipo de daño debe presumirse por el solo hecho del despido injustificado, al afectar la dignidad del trabajador; otros fallos sostienen que deben acreditarse las afectaciones emocionales sufridas por el trabajador y su familia, así como el impacto negativo en su vida. Los objetivos de este trabajo de investigación son establecer qué tipo de perjuicios inmateriales pueden ser causados en un trabajador despedido de manera injustificada y cuáles merecen ser resarcidos, proponer parámetros legales para la determinación del daño moral y analizar los más recientes Plenos Laborales para determinar si son adecuadas o no las presunciones para el otorgamiento de indemnizaciones. En la investigación se plantea la discusión sobre la existencia de daños extra patrimoniales que pueden ser causados a los trabajadores que sufren despidos injustificados que ameritan una reparación pecuniaria; asimismo, se formula la posibilidad de su otorgamiento en virtud al derecho consagrado en el artículo 34 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. La principal conclusión del estudio realizado, es que una adecuada medida ante el despido injustificado es el otorgamiento de una indemnización por daño moral en cuanto sea acreditado en el proceso laboral, como una protección adicional e independiente a la tarifada, entendida tal indemnización como una reparación integral a los daños extra patrimoniales sufridos por el trabajador despedido. En ese sentido, este trabajo de investigación busca ser un aporte doctrinario que sirva de herramienta de análisis para el tratamiento legal de los daños extra patrimoniales causados en los despidos injustificados. / Trabajo de investigación

El presente trabajo académico, tiene por objeto principal analizar y determinar la eventual aplicación del impedimento para contratar con el Estado tipificado en el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros, a los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando aquellos ejercen la función docente en una institución educativa superior. Asimismo, de manera complementaria, se pretende establecer si resulta extensible la infracción administrativa por presentar información inexacta, entre otros, a la Entidad, en el marco de las contrataciones realizadas por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. Dichos objetivos se abordarán a partir de lo dispuesto en la Resolución N° 1259-2020- TCE-S1 del 26 de junio de 2020, emitida por la entonces Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en la que se emite pronunciamiento respecto al concurso de infracciones por contratar con el Estado pese a estar impedido para ello, así como por presentar información inexacta a la Entidad.

El presente Expediente trata sobre la actuación judicial de una empresa Concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que pretendió, mediante Demanda de Amparo y posterior Recurso de Agravio Constitucional, la inaplicación de una norma que a su entender afectaba su derecho a contratar, aunado al hecho de que la referida norma establecía un mandato no estipulado en el Contrato de Concesión. Luego de una serie de pronunciamientos judiciales, entre los que se discute desde admisibilidad de la demanda, los parámetros constitucionales de la referida norma, hasta un análisis de fondo sobre los fundamentos de demanda, finalmente el Tribunal Constitucional ampara la pretensión solicitada por la Concesionaria.

El caso materia de análisis versa sobre la comisión del delito de Violación Sexual en agravio de una persona con discapacidad intelectual que, a la fecha de los hechos, la agraviada de iniciales A.C.CH. tenía la edad de 27 años, y a lo largo del proceso penal se concluyó que la misma presentaba el diagnóstico de Retardo Mental Moderado y un cuadro de Esquizofrenia. El tipo penal vigente al momento de los hechos regulaba la “Violación de Persona en Incapacidad de Resistencia”, en donde de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, no se requiere que el retardo mental que presente la agraviada, sea de una intensidad regularmente grave que no le permita conocer o valorar lo que representan las prácticas sexuales para que se perfeccione el delito antes citado; esto es, solo se requiere acreditar el diagnóstico de “retardo mental” para automáticamente concluir la existencia del delito de violación sexual en agravio de una persona con discapacidad intelectual. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es poder determinar si una persona con discapacidad intelectual tiene la capacidad jurídica para poder disponer sobre su libertad sexual, y finalmente señalar que, el artículo 172° del Código penal deberá ser interpretado conforme a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. / The case that is the subject of analysis deals with the commission of the crime of Sexual Rape to the detriment of a person with intellectual disability who, at the date of the events, the victim of the initials A.C.CH. was 27 years old, and had a diagnosis of Moderate Mental Retardation and Schizophrenia. The felony at the time of the events regulated the "Sexual Abuse of a Person in Resistance Disability", where according to the interpretation of the Supreme Court, it is not required that the mental retardation presented is regular intensity serious that does not allow him to understand what sexual practices represent. On the contrary, it is only required to prove the diagnosis of "mental retardation" to automatically conclude the existence of the crime of sexual abuse to the detriment of a person with intellectual disability. In this regard, the objective of this report is determining whether a person with intellectual disabilities has the legal capacity to consent sex, and be able to dispose of their sexual freedom, and finally to point out that Article 172 of the Criminal Code must be interpreted in accordance with the Convention of Rights of Persons with Disabilities, in order to guarantee the autonomy of persons with disabilities, under the same conditions as others.

El presente informe analiza la Sentencia N° 26707-2017 Lima Sur emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. La elección de esta resolución judicial se justifica en que realiza un análisis particular y deficiente de la institución procesal de la excepción de cosa juzgada y con ello de la triple identidad. El objetivo fundamental propuesto es determinar si, independientemente del resultado, el análisis de la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 452 del Código Procesal Civil fue el correcto a la luz del ordenamiento jurídico y de los antecedentes del caso. Asimismo, la hipótesis que se formula consiste en que, si bien debió declararse infundada la excepción, el análisis requirió de mayor profundidad. Esto porque sí existe una identidad jurídica en las partes, mas no en el pedido ni en interés para obrar. En ese sentido, se realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial de la cosa juzgada y de los elementos de la triple identidad. Luego de la investigación -a partir de tres métodos jurídicos de investigación: dogmático, exegético y funcional- se concluye que la Sentencia examinada realiza un análisis deficiente de todos los elementos de la triple identidad al (i) no considerar la institución de la acumulación subjetiva de pretensiones, (ii) no precisar el pedido de ambos procesos y (iii) al realizar una evaluación deficiente del interés para obrar. / This report analyzes the Court Verdict No. 26707-2017-Lima Sur, issued by the Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente of the Supreme Court within an adverse possession process. The choice of this judicial resolution is justified because it carries out a deficient and particular analysis of the procedural institution of the exception of res judicata and, thus, the triple identity. The fundamental objective is to determine whether, regardless of the outcome, the analysis of the normative infringement by misinterpretation of article 452 of the Civil Procedure Code was correct in the light of the legal system and the background of the case. Furthermore, the hypothesis put into question is that, although the exception should have been declared unfounded, it is required a more depth analysis. This is because there is a legal identity of the parties, but not in the request or in the interest to act. In that sense, a doctrinal and jurisprudential analysis of res judicata and the elements of triple identity is carried out. Following the research, based on three legal methods of research: dogmatic, exegetical and functional, it is concluded that the examined court decision performs a deficient analysis of all the elements of the triple identity due to (i) not considering the institution of the subjective accumulation of claims; (ii) not specifying the request for both processes; and (iii) making a poor assessment of the interest in acting.

Este trabajo plantea un teorema de teoría de juegos para solucionar discrepancias referidas a vacíos en contratos o normas legales y que deban ser solucionados por los jueces o árbitros. Este teorema sustenta que, ante la existencia de dichos vacíos, los jueces o árbitros deben solucionar dichos vacíos aplicando el conocimiento común del entorno particular. Para aplicar y probar los lemas del teorema, se plantea que ante la existencia de vacíos contractuales en cláusulas de uso común (cláusulas copiadas y pegadas de otros contratos), cuyos alcances en esta tesis serán errores, incompatibilidades o contradicciones de dichas cláusulas con la transacción particular u otras cláusulas del contrato, en caso se haya acordado una cláusula arbitral, los tribunales arbitrales no deben atender a los métodos de interpretación e integración recogidos en el Código Civil peruano para decidir la interpretación o integración correcta de la cláusula de uso común. Como se desarrolla, dependiendo de cada contexto, los tribunales arbitrales deben (i) ordenar a las partes a negociar la controversia originada y la mejor interpretación para llenar el vacío de la cláusula de uso común, de acuerdo a sus propias preferencias; o (ii) solucionar la controversia y llenar el vacío, por medio del sistema de arbitraje de oferta final. Estas soluciones, a mi juicio, permiten adoptar una solución más eficiente para las partes. / Este trabajo plantea un teorema de teoría de juegos para solucionar discrepancias referidas a vacíos en contratos o normas legales y que deban ser solucionados por los jueces o árbitros. Este teorema sustenta que, ante la existencia de dichos vacíos, los jueces o árbitros deben solucionar dichos vacíos aplicando el conocimiento común del entorno particular. Para aplicar y probar los lemas del teorema, se plantea que ante la existencia de vacíos contractuales en cláusulas de uso común (cláusulas copiadas y pegadas de otros contratos), cuyos alcances en esta tesis serán errores, incompatibilidades o contradicciones de dichas cláusulas con la transacción particular u otras cláusulas del contrato, en caso se haya acordado una cláusula arbitral, los tribunales arbitrales no deben atender a los métodos de interpretación e integración recogidos en el Código Civil peruano para decidir la interpretación o integración correcta de la cláusula de uso común. Como se desarrolla, dependiendo de cada contexto, los tribunales arbitrales deben (i) ordenar a las partes a negociar la controversia originada y la mejor interpretación para llenar el vacío de la cláusula de uso común, de acuerdo a sus propias preferencias; o (ii) solucionar la controversia y llenar el vacío, por medio del sistema de arbitraje de oferta final. Estas soluciones, a mi juicio, permiten adoptar una solución más eficiente para las partes.

En los años 90 el Perú experimentó una de las más grandes reformas en el sector eléctrico, pasando de un mercado bajo características de un “monopolio estatal verticalmente integrado” a uno de “competencia mayorista”, debido a que el anterior modelo poseía numerosas deficiencias se vio por necesario abrir camino a uno que fomente la inversión privada y que pueda alinear los interés privados con los estatales mediante la regulación. Es así que nace el COES como una entidad operadora del sistema encargada principalmente de ordenar el despacho diario de energía al mínimo costo entre las generadoras y, posteriormente, determinar y valorizar las inyecciones de potencia y energía activa realizada al sistema. De esta manera, en el presente informe analizaremos el Expediente N° 66-2012-STCOSINERGMIN la cual aborda una problemática surgida en el ámbito de ejercicio de funciones del COES como operador del sistema y OSINERGMIN como Organismo Regulador del sector eléctrico. Por lo cual, recurrimos al análisis tanto de la normativa aplicable durante los hechos acontecidos como de doctrina autorizada a efectos de tener un panorama completo del caso y poder concluir que las valoraciones emitidas por el COES son actos administrativos vinculantes a CASAPALCA y que el mecanismo para hacer efectivo el derecho de crédito creado a favor de ELECTROPERÚ no es la vía de solución de controversias ejercida por OSINERGMIN. / In the 90s, Peru underwent one of the largest reforms in the electricity sector, moving from a market with the characteristics of a "vertically integrated state monopoly" to one of "wholesale competition" because the previous model had numerous deficiencies. It was necessary to open the way to one that encourages private investment and can align private and state interests through regulation. Thus, the COES was born as an operating entity of the system in charge of ordering the daily dispatch of energy at minimum cost among the generators and, later, determining and valuing the injections of power and active energy made to the system. In this way, in this report, we will analyze Resolution No. 66-2012-STC-OSINERGMIN which addresses a problem that arose in the field of exercise of functions of the COES as system operator and OSINERGMIN as Regulatory Body of the electricity sector. Therefore, we resort to the analysis of both the applicable regulations during the events that occurred and the authorized doctrine to have a complete overview of the case and to be able to conclude that the assessments issued by the COES are administrative acts binding on CASAPALCA and that the mechanism for making the credit right created in favor of ELECTROPERU effective is not the means of dispute resolution exercised by OSINERGMIN.

El presente informe jurídico tiene como objetivo realizar un análisis de los problemas jurídicos detectados en el caso de María, quien en su condición de víctima de violencia sexual, sufrió obstáculos para acceder al sistema de salud y justicia, ello a causa de la ausencia de políticas públicas y decisiones jurídicas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual. Y, sobre todo, de la indebida actuación de los servidores públicos quienes desde la etapa inicial de atención revictimizaron a María. En esa línea, se describen los hechos vinculados con la agresión sexual, que permite evidenciar el estado de inseguridad y la violencia de género existente en nuestra sociedad. Además, se detalla su estadía en el centro hospitalario de Huánuco, que permite apreciar la falta de información que recibió sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia. Y, se narra el proceso penal que se desarrolló para identificar a los responsables del ilícito penal y la reparación civil. Este contexto es relevante para analizar los derechos humanos violados por parte del Estado peruano y responder el problema principal: la responsabilidad internacional de este en materia de derechos humanos, especialmente por la violación al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como la violación al derecho a una vida libre de violencia. / The purpose of this legal report is to analyze the legal problems detected in the case of María, who, as a victim of sexual violence, suffered obstacles in accessing the health and justice system, due to the absence of public politics and legal decisions aimed at guaranteeing the fundamental rights of women victims of sexual violence. And, above all, the improper actions of public servants who, from the initial stage of care, revictimized María. In this line, the facts related to the sexual aggression are described, which allows to evidence the state of insecurity and gender violence existing in our society. In addition, her stay in the hospital in Huánuco is detailed, which shows the lack of information she received about the use of emergency oral contraception. And, it narrates the criminal process that was developed to identify those responsible for the criminal offense and the civil reparation. This context is relevant to analyze the human rights violated by the Peruvian State and to answer the main problem: the international responsibility of the Peruvian State in human rights, especially for the violation of the right to sexual and reproductive health of women victims of sexual violence, as well as the violation of the right to a life free of violence.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar y plantear una visión crítica sobre la decisión del Tribunal Fiscal llevada a cabo en torno al gravamen como “dividendos u otra forma distribución de utilidades” de los pagos recibidos por los “asociados” en el marco de un Contrato de Asociación en Participación. Ello a propósito de los fundamentos planteados por el Tribunal Fiscal en la RTF No. 02398-11-2021, cuya fuerza de observancia obligatoria establece un criterio unificado finalmente respecto al problema en cuestión. Sin embargo, el presente trabajo encuentra su justificación en las consecuencias jurídicas generadas por las conclusiones a las que arriba el Tribunal en la medida en que estas afectarán directamente a los contribuyentes que optaron por el referido contrato asociativo. De esta manera, se busca analizar los problemas jurídicos suscitados por la conceptualización del pago recibido por el asociado que hace el referido Tribunal, así como también respecto a la interpretación del derecho tributario que este realiza, atendiendo a las especiales características de esta rama del derecho. / The objective of this legal report is to analyze and propose a critical approach regarding the Tax Court ruling on the taxation as “dividends and other methods of profits distribution” of the payments received by the “associates” within the framework of a Contract of Association in Participation. This will be carried out attending to the legal arguments raised by the Tax Court in RTF No. 02398-11- 2021, whose mandatory legal enforcement finally establishes a unified criterion regarding the problem under analysis. However, this work finds its justification in the legal consequences generated by the conclusions reached by the Court insofar as these will directly affect the taxpayers who chose the aforementioned associative contract. In this way, it seeks to analyze the legal problems raised by the conceptualization of the payment received by the associate made by the aforementioned Court, as well as with respect to the interpretation of the tax law carried out, considering the special characteristics of this branch of the law.