En este trabajo examino diversas controversias suscitadas dentro un proceso constitucional de hábeas corpus promovido contra la formalización de denuncia penal ejercida por un Fiscal contra un árbitro por actos ejercidos durante el desempeño de su cargo. La relevancia jurídica apreciada en los diversos actuados del presente expediente – el cual culmina con una sentencia del Tribunal Constitucional – nos permite abordar un abanico de aspectos relacionados al Arbitraje, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Al haber identificado cuatro problemas jurídicos, en primer lugar, analizo cuáles son los derechos del investigado que le asisten en la etapa prejurisdiccional y los mecanismos de tutela con los que cuenta frente a una eventual transgresión del Fiscal en dicha fase. Asimismo, abordo el caso en concreto para determinar si el hecho denunciado contra el árbitro era lícito o no, y si durante la investigación fiscal se afectó el debido proceso del investigado. En tercer lugar, planteo que en el presente caso no correspondía amparar la demanda de hábeas corpus, partiendo de una evaluación previa en cuanto a la posibilidad de procedencia de dicha garantía constitucional contra los actos del representante Ministerio Público. Finalmente, procedo a valorar si es trascendente la teoría sobre la naturaleza del arbitraje que sea adoptada en nuestro ordenamiento para determinar la procedencia de una demanda de amparo contra un laudo arbitral. La conclusión alcanzada en este último punto es que la teoría que sea recogida no tiene repercusión respecto a la posibilidad de que un laudo pueda ser sometido a control constitucional.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor regula el deber de inocuidad mediante el cual garantiza el derecho a los consumidores de consumir alimentos que no causen daños a su salud. Sin embargo, qué sucede cuándo este deber es infringido por los proveedores y ofertan en el mercado productos qué ponen en riesgo a la salud de los consumidores. El presente trabajo académico se propone analizar cómo la Sala Especializada de Protección al Consumidor a abordado el derecho que tienen los consumidores a ingerir alimentos libres de causar daños a la salud (deber de inocuidad), y el deber de los proveedores de ofrecer alimentos inocuos en el mercado. Para tal efecto, se recurrirá a un marco normativo como son el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley y Reglamento de Inocuidad de los Alimentos, así como a Resoluciones Administrativas emitidas por el Indecopi; y, a recientes fuentes doctrinarias. Todo ello con la finalidad de demostrar la importancia de la protección de brindar alimentos inocuos/seguros a los consumidores. Asimismo, exponer el rol de las autoridades competentes en la presente materia; y, exhibir que se configura como falta grave o muy grave la reincidencia en la falta del deber de inocuidad por parte los fabricantes. / The Consumer Protection and Defense Code regulates the obligation of innocuousness by which guarantees the right of consumers to consume food that does not cause damage to their health. However, what happens when this duty is infringed by suppliers, and they offer products in the market that put the health of consumers at risk. This academic paper we propose to analyze how the Specialized Chamber of Consumer Protection has addressed the right of consumers to eat food free from causing harm to health (obligation of innocuousness), and the obligation of suppliers to offer safe food on the market. For this purpose, we will resort to a normative framework such as the Consumer Protection and Defense Code, the Food Innocuousness Law and Regulations, as well as Administrative Resolutions issued by Indecopi; and recent doctrinal sources. All this with the purpose of demonstrating the importance of the protection of providing safe food to consumers. Likewise, to expose the role of the competent authorities in this matter; and, to show that the recidivism in the lack of the duty of innocuousness on the part of the manufacturers is configured as a serious or very serious misconduct.

Una de las manifestaciones del status privilegiado del que goza el crédito laboral es su carácter persecutorio sobre los bienes del negocio (del empleador), el cual en su aplicación judicial ha llevado a que se afecte la propiedad de un tercero que adquirió de buena fe tales bienes, por la sola razón de que éstos en algún momento pertenecieron al empleador deudor. La presente investigación ha buscado exponer con detalle la problemática así generada y, en su parte final, sugerir la introducción de ciertos correctivos en la legislación vigente que procuren una solución. / One of the signs of the privileged status granted to workers claims (credits) is the attribute to persecute the employer assets. However, its implementation affects the rights of the good faith acquirer of those assets, just because they previously belonged to the employer. The purpose of this research has been to address the aforementioned problem, and, at the end, to suggest some amendments to the current related legislation in order to get a solution.

El presente trabajo de investigación surge del análisis crítico de la reciente jurisprudencia laboral peruana sobre determinación del daño moral en los despidos injustificados y la necesidad de acreditar su existencia para el otorgamiento de indemnizaciones por daños extra patrimoniales. El principal problema radica en que existe jurisprudencia contradictoria; algunas sentencias consideran que este tipo de daño debe presumirse por el solo hecho del despido injustificado, al afectar la dignidad del trabajador; otros fallos sostienen que deben acreditarse las afectaciones emocionales sufridas por el trabajador y su familia, así como el impacto negativo en su vida. Los objetivos de este trabajo de investigación son establecer qué tipo de perjuicios inmateriales pueden ser causados en un trabajador despedido de manera injustificada y cuáles merecen ser resarcidos, proponer parámetros legales para la determinación del daño moral y analizar los más recientes Plenos Laborales para determinar si son adecuadas o no las presunciones para el otorgamiento de indemnizaciones. En la investigación se plantea la discusión sobre la existencia de daños extra patrimoniales que pueden ser causados a los trabajadores que sufren despidos injustificados que ameritan una reparación pecuniaria; asimismo, se formula la posibilidad de su otorgamiento en virtud al derecho consagrado en el artículo 34 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. La principal conclusión del estudio realizado, es que una adecuada medida ante el despido injustificado es el otorgamiento de una indemnización por daño moral en cuanto sea acreditado en el proceso laboral, como una protección adicional e independiente a la tarifada, entendida tal indemnización como una reparación integral a los daños extra patrimoniales sufridos por el trabajador despedido. En ese sentido, este trabajo de investigación busca ser un aporte doctrinario que sirva de herramienta de análisis para el tratamiento legal de los daños extra patrimoniales causados en los despidos injustificados. / Trabajo de investigación

El presente trabajo académico, tiene por objeto principal analizar y determinar la eventual aplicación del impedimento para contratar con el Estado tipificado en el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros, a los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando aquellos ejercen la función docente en una institución educativa superior. Asimismo, de manera complementaria, se pretende establecer si resulta extensible la infracción administrativa por presentar información inexacta, entre otros, a la Entidad, en el marco de las contrataciones realizadas por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. Dichos objetivos se abordarán a partir de lo dispuesto en la Resolución N° 1259-2020- TCE-S1 del 26 de junio de 2020, emitida por la entonces Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en la que se emite pronunciamiento respecto al concurso de infracciones por contratar con el Estado pese a estar impedido para ello, así como por presentar información inexacta a la Entidad.

El presente Expediente trata sobre la actuación judicial de una empresa Concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que pretendió, mediante Demanda de Amparo y posterior Recurso de Agravio Constitucional, la inaplicación de una norma que a su entender afectaba su derecho a contratar, aunado al hecho de que la referida norma establecía un mandato no estipulado en el Contrato de Concesión. Luego de una serie de pronunciamientos judiciales, entre los que se discute desde admisibilidad de la demanda, los parámetros constitucionales de la referida norma, hasta un análisis de fondo sobre los fundamentos de demanda, finalmente el Tribunal Constitucional ampara la pretensión solicitada por la Concesionaria.

El caso materia de análisis versa sobre la comisión del delito de Violación Sexual en agravio de una persona con discapacidad intelectual que, a la fecha de los hechos, la agraviada de iniciales A.C.CH. tenía la edad de 27 años, y a lo largo del proceso penal se concluyó que la misma presentaba el diagnóstico de Retardo Mental Moderado y un cuadro de Esquizofrenia. El tipo penal vigente al momento de los hechos regulaba la “Violación de Persona en Incapacidad de Resistencia”, en donde de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, no se requiere que el retardo mental que presente la agraviada, sea de una intensidad regularmente grave que no le permita conocer o valorar lo que representan las prácticas sexuales para que se perfeccione el delito antes citado; esto es, solo se requiere acreditar el diagnóstico de “retardo mental” para automáticamente concluir la existencia del delito de violación sexual en agravio de una persona con discapacidad intelectual. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es poder determinar si una persona con discapacidad intelectual tiene la capacidad jurídica para poder disponer sobre su libertad sexual, y finalmente señalar que, el artículo 172° del Código penal deberá ser interpretado conforme a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. / The case that is the subject of analysis deals with the commission of the crime of Sexual Rape to the detriment of a person with intellectual disability who, at the date of the events, the victim of the initials A.C.CH. was 27 years old, and had a diagnosis of Moderate Mental Retardation and Schizophrenia. The felony at the time of the events regulated the "Sexual Abuse of a Person in Resistance Disability", where according to the interpretation of the Supreme Court, it is not required that the mental retardation presented is regular intensity serious that does not allow him to understand what sexual practices represent. On the contrary, it is only required to prove the diagnosis of "mental retardation" to automatically conclude the existence of the crime of sexual abuse to the detriment of a person with intellectual disability. In this regard, the objective of this report is determining whether a person with intellectual disabilities has the legal capacity to consent sex, and be able to dispose of their sexual freedom, and finally to point out that Article 172 of the Criminal Code must be interpreted in accordance with the Convention of Rights of Persons with Disabilities, in order to guarantee the autonomy of persons with disabilities, under the same conditions as others.

El presente informe analiza la Sentencia N° 26707-2017 Lima Sur emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. La elección de esta resolución judicial se justifica en que realiza un análisis particular y deficiente de la institución procesal de la excepción de cosa juzgada y con ello de la triple identidad. El objetivo fundamental propuesto es determinar si, independientemente del resultado, el análisis de la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 452 del Código Procesal Civil fue el correcto a la luz del ordenamiento jurídico y de los antecedentes del caso. Asimismo, la hipótesis que se formula consiste en que, si bien debió declararse infundada la excepción, el análisis requirió de mayor profundidad. Esto porque sí existe una identidad jurídica en las partes, mas no en el pedido ni en interés para obrar. En ese sentido, se realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial de la cosa juzgada y de los elementos de la triple identidad. Luego de la investigación -a partir de tres métodos jurídicos de investigación: dogmático, exegético y funcional- se concluye que la Sentencia examinada realiza un análisis deficiente de todos los elementos de la triple identidad al (i) no considerar la institución de la acumulación subjetiva de pretensiones, (ii) no precisar el pedido de ambos procesos y (iii) al realizar una evaluación deficiente del interés para obrar. / This report analyzes the Court Verdict No. 26707-2017-Lima Sur, issued by the Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente of the Supreme Court within an adverse possession process. The choice of this judicial resolution is justified because it carries out a deficient and particular analysis of the procedural institution of the exception of res judicata and, thus, the triple identity. The fundamental objective is to determine whether, regardless of the outcome, the analysis of the normative infringement by misinterpretation of article 452 of the Civil Procedure Code was correct in the light of the legal system and the background of the case. Furthermore, the hypothesis put into question is that, although the exception should have been declared unfounded, it is required a more depth analysis. This is because there is a legal identity of the parties, but not in the request or in the interest to act. In that sense, a doctrinal and jurisprudential analysis of res judicata and the elements of triple identity is carried out. Following the research, based on three legal methods of research: dogmatic, exegetical and functional, it is concluded that the examined court decision performs a deficient analysis of all the elements of the triple identity due to (i) not considering the institution of the subjective accumulation of claims; (ii) not specifying the request for both processes; and (iii) making a poor assessment of the interest in acting.

La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara afrenta de los principios procesales del modelo actual. En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad de la víctima.

La integración migratoria es un proceso dirigido al reconocimiento, valoración y adaptabilidad entre las personas migrantes y las sociedades de acogida. Para ello, resulta necesario identificar los actores y dimensiones involucradas a fin de lograr una cohesión social basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, así como la prevención y eliminación progresiva de la xenofobia y discriminación. Asimismo, se requiere la aplicación de un enfoque inclusivo en el cual se promueva la plena participación de la persona migrante en los ámbitos políticos, sociales y comunitarios. Por último, se destaca que la aplicación de la integración migratoria no es ajena a nuesta región, sin embargo, resulta necesario otorgar efectividad a los actuales compromisos internacionales. El caso del contexto peruano da cuentas de la inaplicación de una política migratoria dirigida a la integración, pues resulta evidente la formulación progresiva de proyectos de ley dirigidos a la criminalización, fomento de la irregularidad migratoria y xenofobia institucional por parte de los principales poderes del Estado. En ese sentido, se infiere que el Estado peruano tiene graves problemas relacionados a la integración migratoria porque cuenta con una política migratoria integral basada en el reconocimiento de los actores involucrados, así como los fines propios de una integración inclusiva. / Trabajo académico