La indebida aplicación del artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal genera que las municipalidades en aquellos casos donde dos o más personas se disputan la titularidad de un predio como propietarios o poseedores y solicitan su inscripción como contribuyentes, procedan al reconocimiento de ambos sujetos como deudores tributarios del Impuesto Predial, amparándose indebidamente en la citada norma. El citado actuar tiene como consecuencia que las municipalidades dirijan su acción de cobro a dos o más sujetos de forma simultánea, lo que conlleva a un doble cobro del impuesto o un doble pago por parte de más de un supuesto deudor tributario, lo que no resulta arreglado a ley. Si bien existen diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal en relación a nuestra problemática, no obstante, la jurisprudencia no ha definido cuál es la forma de otorgar la calidad de contribuyente cuando hay dos o más personas que afirman ser deudores tributarios directos, y entre los cuales existe un conflicto de propiedad. En ese sentido, resulta necesario plantear alternativas para hacer frente a la citada problemática, determinando que más allá de la verificación de los medios probatorios presentados por las partes, es necesaria la adopción de medidas legislativas, dado que en nuestra legislación existe un sistema consensual de transferencia de propiedad inmobiliaria, por lo que no hay reglas claras para determinar quién es el propietario.

A efectos de imputar la impuntualidad como falta grave, causa justa de despido, el legislador peruano ha previsto que deben concurrir dos elementos: (i) la reiterencia en el tiempo del incumplimiento al horario de trabajo por parte del trabajador; y (ii) la imposición de sanciones, entiéndase amonestaciones escritas y suspensiones, previas al despido por la misma conducta infractora. Sin embargo, en este supuesto se ha omitido brindar un parámetro objetivo para delimitar cuando estamos ante una conducta infractora reiterada, a diferencia de la causal referida al ausentismo laboral, lo que a mi consideración no es equiparable a la existencia de sanciones previas al despido. En tal sentido, el presente trabajo pretende demostrar que, si bien los elementos para configurar la falta grave referida a la impuntualidad reiterada, contenida en el inciso h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se encuentran relacionados entre sí, estos son independientes en cuanto a su valoración y comprobación fáctica, siendo que el primero de ellos se encuentra sujeta a la discrecionalidad del empleador dado un problema de vaguedad en la enunciación del supuesto de hecho.

La transparencia constituye principio esencial dentro de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que a su vez forma parte del gran principio denominado Buen Gobierno, que sirve como orientador a las actuaciones de las entidades de la Administración Pública para el cumplimiento de sus objetivos, siendo su finalidad garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, tal principio se materializa a través del derecho de acceso a la información pública, el mismo que cuenta con herramientas por parte del Estado para conocer información que tiene carácter público y que la ciudadanía pueda ejercer un rol fiscalización en la gestión pública. No obstante, resulta importante analizar si estas herramientas, para hacer efectivo el mencionado derecho fundamental, terminan siendo eficaces, o por el contrario, debido a la burocracia estatal se termina desnaturalizando la transparencia en el Estado. Por tales motivos, el presente trabajo se centra en el análisis del principio de buen gobierno, específicamente de los subprincipios de transparencia y eficacia, y su concordancia con los mecanismos procesales y procedimentales para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; del mismo modo, se realiza un análisis sobre la eficacia del proceso de hábeas data y del procedimiento recursivo ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como resultado, se tiene que el principio de Buen Gobierno se encuentra garantizado con el rol que cumple el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la resolución de controversias en materia de acceso a la información pública, debido a que con la celeridad de sus procedimientos los ciudadanos pueden obtener un resultado más eficaz en protección del citado derecho fundamental.

Los estereotipos de género son una de las principales causas de la violencia que sufre la mujer en nuestro país; sin embargo, no toda la sociedad es consciente de su existencia, magnitud y los perjuicios que pueden generar. Por ende, los objetivos del trabajo son los siguientes: El objetivo principal: Analizar el nivel de eficacia de las acciones tomadas por la autoridad de protección al consumidor para combatir la discriminación por género en el ámbito de consumo y, proponer medidas que amplifiquen las potencialidades actuales del sistema de consumidor. Los objetivos específicos: i) identificar el espectro total de las prácticas que perpetuan estereotipos realizadas por los proveedores de bienes o servicios que afectan los derechos de las consumidoras; ii) demostrar que existen prácticas lesivas al mandato de no discriminación que la autoridad desconoce y; por ende, no fiscaliza ni sanciona; ii) Identificar métodos eficaces para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de la consumidora sin trasgredir los derechos de otros actores del mercado. El supuesto es el siguiente: ¿Cuál es el nivel de eficacia de las actuales medidas de prevención y erradicación de la discriminación en materia de protección al consumidor y, cómo pueden potentenciarse las mismas, sin trasgredir los fundamentos económicos constitucionales? La conclusión propuesta es, si bien es cierto, se han advertido aspectos positivos por parte de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Sala de Protección al Consumidor, que estarían contribuyendo con la prevención y erradicación de los estereotipos de género que fomentan la discriminación estructural contra las mujeres. Es recomendable capacitar a los funcionarios que ven estos casos en género y discriminación y, no sólo desde una perspectiva de mercado.

El presente trabajo de investigación busca plasmar un análisis, a través del desarrollo de distintos casos, de la estrecha interpretación que se le brinda al concepto vinculado a la actividad empresarial del Estado en el Perú. Para dicho objetivo, se ha realizado un análisis sistemático sobre el concepto del principio de subsidiariedad brindado por las normas respectivas y distintas resoluciones del Indecopi, buscando así persuadir al lector del verdadero significado de dicho principio. Realizado dicho análisis, se concluye que en nuestro ordenamiento la interpretación del principio de subsidiariedad ha sido analizado y aplicado solo desde un punto de vista económico obviándose el lado solidario del principio.

Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.

La presente investigación desarrolla una de las grandes dificultades del Registro en nuestro ordenamiento jurídico desde la óptica del Patrimonio Cultural de la Nación; y es, en el marco del Registro de Bienes Inmuebles, ¿cómo hacemos que la realidad registral refleje la realidad extrarregistral? Considerando además que, en este caso, registrar la condición de cultural de un bien inmueble acarrea diversos límites al ejercicio de la propiedad. Partiendo de esta disyuntiva, podemos identificar dos objetivos abordados a lo largo de este informe, a saber, i) la importancia de registrar el Patrimonio Cultural de la Nación en un registro integrado, y ii) el nuevo rol que deberán asumir nuestras autoridades públicas y el mismo Registro frente a esta realidad. En primer lugar, es obligación del Estado proteger las herencias culturales de nuestra Nación como vehículo para promover la paz, el desarrollo social, ambiental y economía sostenible; para estos fines, nuestras normas han recogido una presunción de declaración de cultural de un bien inmueble que tiene determinadas características, pero ello no garantiza su adecuada protección y difusión ya que la identificación y el deber de iniciar el procedimiento de declaración de su condición de cultural recaerá en el sujeto privado, pudiendo producirse intereses perversos como la destrucción del bien. Frente a ello, nuestras autoridades deberán asumir un rol directriz en la gestión de los bienes culturales inmuebles, para lo cual deberá dotarse de diversas herramientas; por ejemplo, al igual que en Colombia, deberán crear un plan de desarrollo sostenible del bien cultural inmueble que deberá estar inscrito en la partida registral del inmueble, adicionalmente, al igual que en Italia, podrían exigir su inscripción para gozar de sus beneficios tributarios. Estas reformas se traducirán en una mejor posición del bien frente a su tráfico jurídico.

La implementación de la innovación en tecnología en la publicidad comercial ha tenido un gran impacto tanto desde el punto de vista tecnológico, social, así como en su aplicación normativa. Además de ello, debido a la tasa de discriminación social existente hacia un grupo determinado de personas (quienes vienen social e históricamente vulneradas), nace nuestro interés por desarrollar el tema de la discriminación en la publicidad comercial en base a las normas de la Ley de Represión de la Competencia Desleal - Ley N° 1044, específicamente en base al Principio de Adecuación Social (artículo 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal). No obstante ello, consideramos que la ambigüedad de la norma termina generando un efecto adverso al esperado y conlleva generalmente a una mala aplicación de la misma por parte de la Autoridad (como el caso de publicidad discriminatoria de Saga Falabella), ya que lo que se busca sancionar el citado artículo no es concretamente la difusión de una publicidad sexista, discriminatorio o contraria al principio de adecuación social en general, sino que la misma tenga el efecto de inducir a sus destinatarios a cometer actos de dicho carácter. Por tanto, debido a que el principal problema del principio de Adecuación Social es su ambigüedad en la aplicación e interpretación por parte de Indecopi, consideramos que su correcta interpretación debe ser restrictiva y funcional.

Recientemente vemos cómo la teoría de género viene incorporándose en el estudio del derecho y en la implementación de políticas públicas. Cada vez más abordamos problemas que antes no nombrábamos o nombrábamos de otro modo. El derecho se torna insuficiente, tiene que justificar, tiene que definir ámbitos que hasta hace poco ignoraba. Lo que no se nombra no existe, y sí. Pero ya se nombra, ahora hace falta que el lenguaje jurídico y el sistema jurídico incorpore asuntos que en muchos casos corresponden al ámbito más íntimo del ser humano, como la sexualidad, por ejemplo. Porque el feminismo y la teoría de género nos enseña también, que lo personal es político. Necesitamos de políticas públicas que aborden temas como el aborto, la educación sexual integral o la violencia obstétrica, para eso es necesario dotar de un amparo legal, jurídico cada uno de estos conceptos. Tenemos, por lo pronto, lo que se ha venido a llamar derechos sexuales y reproductivos, que, como veremos, no se trata de un solo derecho, sino de dos, diferentes, ambos con un potencial enorme para justificar y amparar legalmente temas como los antes señalados. Este trabajo solo dará cuenta de las limitaciones de nuestro sistema jurídico cuando de los derechos sexuales y reproductivos se trata y de la necesidad de un desarrollo teórico más completo e individualizado de estos.

La maternidad subrogada gestacional altruista es una Técnica de Reproducción Asistida (TERA) que permite a las personas en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como en su derecho a fundar una familia, recurrir a ellas con la finalidad de procrear, principalmente, debido a problemas de infertilidad. Los diversos avances científicos han causado que en diversos países los legisladores se involucren en establecer parámetros legales con la finalidad de coadyuvar en esta problemática. En nuestro país solo hay una norma vinculada a la temática y es el artículo 7 de la Ley General de Salud (Ley 26842). Aquel artículo es la única normativa que regula los casos de maternidad subrogada en el Perú, la cual, si bien no prohíbe taxativamente esta práctica, genera diversas interpretaciones. Ello se incrementa a raíz de que existen vacíos legales en cuanto a la normativa vinculada al tema. Por ello, la finalidad de este artículo es realizar una propuesta de reforma del artículo 7 de la Ley General de Salud referente a la maternidad subrogada. / Altruistic gestational surrogacy is an Assisted Reproduction Technique (TERA) that allows people in the exercise of their sexual and reproductive rights, as well as their right to found a family, to resort to them in order to procreate, mainly, due to infertility problems. The various scientific advances have caused legislators in several countries to become involved in the establishment of legal parameters in order to contribute to this problem. In our country there is only one regulation linked to the subject and that is article 7 of the General Health Law (Law 26842). That article is the only regulation that regulates surrogacy cases in Perú, which, although it does not strictly prohibit this practice, generates different interpretations. This increases due to the fact that there are legal gaps in the regulations related to the subject. For this reason, the purpose of this article is to make a proposal to reform article 7 of the General Health Law regarding surrogacy.