El presente informe jurídico tiene como objetivo principal analizar la Resolución N° 10 correspondiente al Expediente 319-2016-0-1817-SP-CP-01 cuyo problema principal es el siguiente: ¿La ausencia o defectuosa valoración probatoria por parte del Tribunal Arbitral sobre las observaciones formuladas por EXALMAR a la pericia de oficio constituye una causal de anulación de laudo por defecto de motivación? Por ello, resulta imprescindible determinar en qué consiste y cómo debería ser la revisión ex-post de las Salas Comerciales en las anulaciones de laudos bajo la causal de motivación, pues el control judicial no consiste en analizar el tema de fondo por no ser una segunda instancia en el arbitraje. Sin embargo, ello no los exime a que exista un control judicial en donde se verifique la existencia de la motivación con la finalidad de salvaguardar las garantías y derechos contenidos en la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso en el arbitraje. En ese sentido, se concluyó que en la revisión judicial se debe identificar las premisas fácticas y normativas de la decisión arbitral, así como la existencia del fundamento que sostiene cada una de ellas, para garantizar un adecuado control externo de la motivación en laudos arbitrales sin ingresar a valorar sustantivamente la controversia, lo cual no tiene lugar en un recurso de anulación por no ser una segunda instancia como la apelación en el marco de un proceso judicial de inicio a fin. / The main objective of this legal report is to analyze Resolution No. 10 corresponding to Case File 319-2016-0-1817-SP-CP-01 whose main problem is the following: Is the absence or defective evidentiary assessment by the Court Arbitration on the observations filed by EXALMAR to the technical expertise means a cause of nullity of an arbitral award due to lack of motivation? Therefore, it is essential to determine what the ex-post review of the Superior Court consists of and how should be the annulments of arbitral awards due to lack of motivation, because judicial control does not consist of analyzing the merits of the dispute because it is not a second instance in arbitration. However, this does not exempt them from having a judicial control where the existence of the motivation is verified to safeguard the guarantees and rights contained in effective judicial protection and due process in arbitration. In this sense, it was concluded that the judicial review must identify the factual and normative premises of the final decision, as well as the existence of the basis that supports each of them, to guarantee an adequate external control of the motivation in arbitral awards without enter to substantively assess the controversy, which does not take place in an annulment because it is not a second instance such as an appeal within the framework of a judicial process from beginning to end.

El trabajo es una de las principales fuentes de subsistencia de las personas. Por esta razón el ordenamiento jurídico le dio una regulación especial, escindiéndole del Derecho Civil, en base a esto se considera que en el ámbito laboral existe una cultura de la evasión que lleva a que las empresas asuman la premisa incuestionable de que recurrir a la formalidad civil para encubrir un contrato de trabajo es la vía adecuada para ahorrar costos; la presente investigación sostiene que la “planificación de personal” no solo fortalece la eficiencia de la empresa en términos de producción, sino que también se convierte en una herramienta importante para evitar contingencias laborales, es en este sentido, es así que mediante el presente trabajo se busca sustentar la conexión entre un sistema muy poco utilizado en nuestro país: la planificación de personal; y un problema que está aumentado notablemente en nuestro sistema empresarial: la contratación laboral fraudulenta vía el contrato de locación de servicios, concluyendo que el lector va a tener las herramientas necesarias para determinar una correcta contratación, ya sea civil o laboral en base a una adecuada planificación laboral. / Trabajo de investigación

Este trabajo plantea un análisis de la figura del Establecimiento Permanente, específicamente para el caso de los denominados Establecimientos Permanentes de servicios en base a la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1424. Como se desarrolla a lo largo de la tesis esta nueva regulación, en mi opinión apresurada por nuestro legislador, trajo consigo en lugar de soluciones en la regulación interna del Establecimiento Permanente algunos problemas en su interpretación y aplicación, los cuales serán analizados a lo largo de este trabajo tomando como base el origen histórico de esta figura jurídico-tributaria, así como su evolución a través de los pronunciamientos de la OCDE. Asimismo, consideramos que toda vez que la introducción del artículo 14-B a través del mencionado Decreto tuvo como objetivo el alineamiento de nuestra legislación con las directrices de la OCDE es necesario tomar estos pronunciamiento como un contexto interpretativo para identificar si este intento de unificación o alineamiento está facilitando la aplicación de la figura jurídico- tributaria del Establecimiento Permanente o si, por el contrario, está creando una figura dentro de nuestra legislación interna con vacíos en su interpretación y regulación. Si bien consideramos que estos problemas serán materia de pronunciamiento por los organismos correspondientes, a través de este trabajo intentaremos dar respuesta a alguno de ellos en base a su origen histórico y evolución, sin perjuicio de que sean puestos en debate posteriormente

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar y exponer la situación de las personas LGBTI en Perú, en base al caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, por lo cual, se profundizará en los datos, doctrina y jurisprudencia, así como los argumentos y el razonamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos empleó para resolver el caso. Las principales conclusiones del trabajo son que, este caso es sumamente importante ya que es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la tortura y violencia por parte de agentes estatales hacia una persona LGBTI. La Corte declara al Estado peruano como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal y derecho a las garantías judiciales en perjuicio de Azul Rojas Marín, así como la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la madre de Azul Rojas. Asimismo, la Corte declara el incumplimiento de diversas obligaciones y ordena diversas reparaciones, siendo una de las principales el desarrollo de un estándar de debida diligencia especial para la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI; no obstante, la Corte no tiene en cuenta el enfoque interseccional y no profundiza acerca del contexto peruano de violencia contra el colectivo mencionado, siendo esto importante para justificar el estándar de debida diligencia especial que se propone en la sentencia. / The main objective in this study is to analyze and expose the situation of LGBTI people in Perú, based on the case Azul Rojas Marín et al. V. Perú, for which it will deepen in data, doctrine, and jurisprudence, as the arguments and the reasoning that the Inter-American Court of Human Rights use to resolve the case. The final conclusions of the work are that this case is extremely relevant because is the first time that the Inter-American Court of Human Rights has ruled on torture and violence by state agents against LGBTI people. The Court declares the Peruvian State responsible for the violation of the right to equality and non-discrimination, personal liberty, personal integrity, and judicial guarantees to detriment of Azul Rojas Marín, as well as the violation of the right to personal integrity to detriment of Azul Roja’s mother. In addition, the Court declares that the Peruvian State failed to comply with international obligations and decrets several means of legal redress, one of the main ones being the development of a special due diligence standard for the investigation and justice administration in cases of violence against LGBTI people. However, the Court does not consider the intersectional approach and does not deepen into the Peruvian context of violence against the LGBTI people, this being important to justify the special due diligence standard proposed in the judgment.

El presente trabajo analiza la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 00009-2014-AI/TC que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 5 de la Ley N.° 29720, que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales. Para ello utilizaremos el método deductivo y descriptivo, comenzando por analizar los argumentos centrales del Tribunal Constitucional desde la titularidad de los derechos fundamentales hasta el núcleo duro del derecho a la intimidad en su dimensión económica y su afectación en el caso concreto. Este último análisis se dará desde el test de proporcionalidad como herramienta casuística para evaluar la constitucionalidad de un eventual conflicto de derechos fundamentales. Con ello, determinaremos si la conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional respecto al subprincipio de idoneidad es correcta pues, en sus palabras, no existe una relación entre la medida legislativa analizada y el fin de la transparencia del mercado. Sin embargo, luego del análisis de la aplicación de los subprincipios del test de proporcionalidad en la presente sentencia (específicamente, del de idoneidad y necesidad), consideramos que, a pesar de que el Tribunal Constitucional llegó a una decisión correcta en mayoría, debe aplicar criterios más rigurosos al momento de ponderar entre derechos fundamentales. Por ello, finalizamos el presente trabajo con una incipiente propuesta consistente en el análisis de intensidades en el subprincipio de idoneidad y en el análisis de las perspectivas en el subprincipio de necesidad, con la finalidad de incrementar el estándar argumentativo actualmente empleado para el test de proporcionalidad. / The following study reviews the ruling of the Constitutional Tribunal in Case N.° 00009- 2014-AI/TC, which declares the unconstitutionality of article 5 of Law N.° 29720. To do so, we will use the deductive and descriptive method, starting by a general study of the Peruvian unconstitutionality process and its main characteristics (parameter of control, object of control, effects of the judgment and basic principles of constitutional interpretation) and then delving into the central arguments of the claim and of the Constitutional Court that underpinned the decision. To do so, we will use the deductive and descriptive method, starting by analysing the main arguments of the Constitutional Tribunal from the entitlement of fundamental rights to the right to be alone in its economic dimension and the specific impacts in this case. This analysis will be based on the balancing test as a case-by-case tool for assessing the constitutionality of conflict between constitutional rights. In Doing so, we will examine the test carried out by the Constitutional Tribunal in the decision, with the aim of determining whether the conclusion it reached regarding the sub-principle of adequacy is correct, since, in its words, there is no correspondence between the legislative measure in question and market transparency as an end. However, after having analysed the application of the subprinciples of the balancing test in this ruling (specifically, the adequacy and necessity), we believe that, even though the Constitutional Tribunal reached a correct ruling in the majority, it should adopt more rigorous standards when weighing between fundamental rights. For this reason, we conclude this paper with an incipient proposal consisting of the analysis of intensities in the subprinciple of adequacy and the analysis of perspectives in the subprinciple of necessity, with the purpose of raising the argumentative standard currently used for the balancing test.

La presente investigación busca analizar si los subsidios y las condonaciones provenientes del Estado que reciben las empresas se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta. Nuestra Ley del Impuesto a la Renta vigente grava a las empresas por la adquisición de ingresos provenientes de operaciones con terceros. En el presunto ejercicio de la potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo estableció un desarrollo restrictivo sobre el concepto de operaciones con terceros. A partir de esta definición restrictiva, los subsidios y condonaciones estatales que reciben las empresas no se gravarían con el Impuesto a la Renta pues provienen del Estado. La investigación busca analizar la interpretación sobre los “ingresos provenientes de operaciones con terceros” prevista en la Ley del Impuesto a la Renta y analizar la validez constitucional de la norma del Reglamento que desarrolla el concepto de operaciones con terceros. Este trabajo desarrolla el contexto económico y social en el que se incorpora a la Ley del Impuesto a la Renta el supuesto gravado de ingresos provenientes de operaciones con terceros; aplica los métodos de interpretación de las normas jurídicas; indaga en la doctrina peruana y extranjera para conocer el concepto de renta; analiza las interpretaciones de la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial respecto de este problema; revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para desarrollar el alcance de los principios constitucionales de reserva de ley, capacidad contributiva e igualdad; y muestra el tratamiento que se otorga en otros países a estos ingresos. Nuestra conclusión es que el supuesto de “ingresos provenientes de operaciones con terceros”, previsto en la Ley del Impuesto a la Renta, sí incluye a los subsidios y las condonaciones estatales como ingresos gravados. Por lo tanto, la norma del Reglamento vulnera el principio de reserva de ley porque modifica el aspecto material al excluir ingresos gravados; asimismo, y el principio de igualdad porque otorga a las empresas que perciben estos ingresos un tratamiento privilegiado que no cumple con ser excepcional ni proporcional

La constante evolución de herramientas, de las que se valen las organizaciones delictivas para defraudar a los propietarios de bienes inmuebles, en los últimos años ha impactado de manera significativa en la seguridad jurídica y en la efectiva protección del derecho de propiedad. La respuesta del Estado a esta problemática se dio mediante la promulgación de la Ley Nº 30313, que fue materia de diversos cuestionamientos, uno de ellos recae en lo señalado por el artículo 5º: La información contenida en las inscripciones y anotaciones preventivas que han sido canceladas, no perjudica al tercero en los términos establecidos en el artículo 2014 del Código Civil (…). El objetivo general del trabajo fue demostrar que esta supuesta indemnidad jurídica no se cumple, y que el tercero registral sí se encuentra afectado por el asiento cancelatorio. Para tal fin se revisó el procedimiento de cancelación administrativa en sede registral por los supuestos de falsificación documentaria o suplantación de identidad contrastando con lo establecido por la doctrina nacional y extranjera respecto a los principios rectores del sistema registral los cuales se han visto modificados por la normativa referida, por lo que se concluye que efectivamente desde la norma, el asiento cancelatorio, produce una afectación real al derecho del tercero registral. / The constant evolution of tools, which criminal organizations use to defraud property owners, in recent years has had a significant impact on legal security and the effective protection of property rights. The State's response to this problem was given through the enactment of Law No. 30313, which was the subject of various questions, one of them falls on what was pointed out by: The information contained in the inscriptions and preventive annotations that have been canceled does not harm the outsider in the terms established in article 2014 of the Civil Code (…). The general objective of the work was to demonstrate that this supposed legal indemnity is not fulfilled, and that the outsider registry is affected by the cancellation entry. To this end, the administrative cancellation procedure at the registry office was reviewed for cases of documentary falsification or identity theft, contrasting with what is established by national and foreign doctrine regarding the governing principles of the registry system, which have been modified by the regulations. Referred, for which it is concluded that effectively from the norm, the cancellation entry, produces a real affectation to the right of the third party registry.

El presente trabajo académico tiene como objetivo principal desarrollar los alcances de la tipificación de infracciones y sanciones administrativas como parte de una de las manifestaciones del principio de tipicidad o taxatividad en el marco del procedimiento administrativo sancionador. Frente a ello, desarrollaremos las diferentes opiniones que posee la doctrina sobre la potestad sancionadora y como esta se vincula con la reserva de ley (sobre la tipificación de reglamentos por norma infralegal) y muestra su flexibilización frente al Derecho Administrativo Sancionador. Así mismo, en base al análisis de los principios de legalidad y tipicidad o taxatividad, determinaremos las nociones constitucionales que abarcan cada uno de estos principios rectores, así como las diferencias que presentan en su desarrollo, específicamente, dentro del ámbito sancionador. Por último, se desarrollará la habilitación normativa que posee el Poder Ejecutivo y como esta hace esto plausible en su potestad reglamentaria al momento de elaborar reglamentos; en esta línea, evidenciaremos cómo esta facultad normativa del Ejecutivo se expresa a través del principio de tipicidad en sus dos manifestaciones; por un lado, la colaboración reglamentaria y, por otro, la tipificación reglamenta, siendo ambos particularmente diferentes, pero que responden a los mismos motivos de elaboración; en especial, la tipificación reglamentaria por fundamentarse en razón a la complejidad de la tecnicidad en algunas materias y la necesidad de atender el dinamismo de una actividad.

El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN, a propósito de la Resolución de Gerencia N° 063-2009-GG-OSITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2009, que versa sobre las infracciones cometidas por COVIPERÚ S.A. Para ello, se realiza una breve descripción jurídica sobre el principio de razonabilidad en el Derecho y su desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, uno de los objetivos del presente artículo es buscar una reflexión jurídica sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual contiene intrínsecamente al principio de razonabilidad, en la actividad de fiscalización que realiza el OSITRAN. El presente trabajo académico se justifica en el pronunciamiento administrativo que emite el OSITRAN, en mérito al ejercicio de su potestad sancionadora durante la aplicación del principio de razonabilidad en el momento de la graduación e imposición de una sanción pecuniaria, como una multa. De este modo, el objetivo del presente artículo es realizar un análisis sobre la sanción que impone OSITRAN y de cómo se realiza la aplicación de los criterios de graduación para la imposición de una sanción. Además, si el OSITRAN cumple con la aplicación del principio de razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto en nuestro marco normativo Finalmente, después de realizado el referido análisis se obtiene como una de la principales conclusiones del presente artículo que no hay una aplicación exhaustiva del principio de razonabilidad por parte del OSITRAN, durante la imposición de la sanción en la Resolución de Gerencia N° 063-2009-GG-OSITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2009.

El caso materia de análisis del presente informe jurídico aborda dos temas fundamentales del Derecho Registral, como son la prioridad y la calificación. La resolución Nº 757-2008- SUNARP-TR-L se emite a propósito de la apelación de una observación realizada por una registradora pública sobre un título que pretendía inscribir la adjudicación de un inmueble producto de la ejecución de una hipoteca. El conflicto se centra en el hecho de que de manera posterior a la inscripción de la hipoteca se inscribe: 1) la anotación de una demanda de declaración de heredero y petición de herencia; y, 2) la inscripción del heredero como copropietario del inmueble. No obstante lo indicado por la registradora, el Tribunal Registral revoca la observación y ordena la inscripción de la adjudicación del inmueble. Al respecto, el presente informe concluye que la adjudicación del inmueble producto de la ejecución de la hipoteca no es un título incompatible con lo anteriormente registrado en la partida, incluso cuando previo a ello se haya anotado la demanda de declaratoria de heredero y petición de herencia y, como consecuencia, se inscribiera la copropiedad de un nuevo titular, pues la titularidad del bien puede recaer sobre un sujeto distinto al constituyente de la hipoteca y aún así subsistir la garantía y, por ende, el derecho del acreedor hipotecario de ejecutar el bien, producto de lo cual se adquiere en virtud de subasta pública el inmueble. Finalmente, en cuanto a la calificación registral se aborda el tema de la calificación de documentos judiciales, concluyéndose que al amparo de la normativa aplicable, el pronunciamiento del juez debe aplicarse y, por ende, proceder con la inscripción de lo que este indique.